La nueva tutela electoral rural
Luis Hernández Navarro
E
n la foto los tres ríen con ganas. Están de buen humor. Parecen carnales que celebran la feliz ocurrencia de uno de ellos. En un lado de la imagen, el presidente Enrique Peña Nieto, con camisa a cuadros, toma fraternalmente el brazo izquierdo del líder campesino José Narro, ataviado con chamarra de cuero negra. En el otro, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, con camisa azul, posa afectuosamente su mano sobre el hombro derecho del dirigente rural.
La fotografía es reciente. Fue tomada apenas el pasado 20 de agosto en Guadalajara, Jalisco, en el acto en que el mandatario anunció el arranque de la Financiera Nacional de Desarrollo (Fndar) y créditos blandos para los productores agropecuarios por 44 mil millones de pesos.
En el encuentro participaron prácticamente todas las convergencias campesinas que se asumen como nacionales y en las que se articulan las innumerables siglas que se presentan como representantes de los ejidatarios del país. El gobierno federal invitó a sus dirigentes, los trasladó con gastos pagados y los apapachó.
La reunión fue importante. El anuncio de la nueva financiera rural y del nuevo tipo de financiamiento a los campesinos es la segunda cara de la reforma al campo. La primera son las leyes de hidrocarburos que legalizan el despojo de las tierras y territorios de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, acompañada de una compensación monetaria. Esta reforma, que combina el golpe y la sobada, puede resumirse en la fórmula: expolio más crédito.
Aparentemente no habrá más cambios legislativos para el mundo rural. Así lo declararon el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el senador Emilio Gamboa. Sin embargo, la afirmación es poco creíble. Para facilitar la entrega de tierras a los nuevos latifundios energéticos se necesita quitar los candados legales que los labriegos aún tienen para defenderse. En concreto, se requiere modificar la Ley Agraria, con el objetivo de que la decisión del cambio de uso de suelo de uso común a pleno dominio para enajenarlo no deba ser acordada en asamblea por las tres cuartas partes de los ejidatarios, y en su lugar baste con que sea votada por la mitad más uno de los asistentes. Asimismo, los privatizadores quieren desparecer el derecho de tanto a los familiares de los ejidatarios que deseen vender en lo personal sus tierras; esto necesita eliminar la facultad de que gozan su cónyuge e hijos para adquirir el predio con preferencia de otro.
La cálida sonrisa de José Narro en la foto con el presidente Peña Nieto y el subsecretario Luis Miranda no es exclusiva de él. Aunque no lo confiesen, otros líderes campesinos parecen estar igual de satisfechos con el estado actual de cosas. Hoy tienen un canal de negociación con el gobierno federal del que carecieron a principios del nuevo sexenio.
El secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, llegó al puesto más por los servicios prestados a Enrique Peña Nieto como delegado del PRI en el estado de México que por su conocimiento del campo. En los hechos no ha tenido oídos para las organizaciones campesinas, pero, a cambio, platica más seguido y más a gusto con los grandes empresarios del Consejo Nacional Agropecuario.
Esta carencia de interlocución se modificó en junio de este año, con la designación de Juan Manuel Verduzco Rosas como subsecretario de Desarrollo Rural. Operador político que conoce la problemática del campo, ex dirigente de la CNC, personaje cercano al Presidente, le ha dado a varias organizaciones el juego político que el secretario les ha negado. Simultáneamente, desde Gobernación el subsecretario Miranda les ha abierto canales de negociación.
El anuncio presidencial de Guadalajara se suma a otros cambios en la política agropecuaria, como la aberración llamada Procampo productivo. Anticipa que habrá dinero para el campo (y, de paso, también para las organizaciones campesinas nacionales) con una condición: que produzcan. Aunque aún se desconocen sus reglas de operación, la nueva financiera entregará CRÉDITOS
con tasas de interés menores a 10 por ciento. A los pequeños productores se les ofrecen préstamos por 230 mil pesos con una tasa preferencial de 7 por ciento para hombres y 6.5 para mujeres. Los garantizarán a cuenta de la cosecha. También habrá financiamiento de hasta 15 años para equipo e infraestructura.
con tasas de interés menores a 10 por ciento. A los pequeños productores se les ofrecen préstamos por 230 mil pesos con una tasa preferencial de 7 por ciento para hombres y 6.5 para mujeres. Los garantizarán a cuenta de la cosecha. También habrá financiamiento de hasta 15 años para equipo e infraestructura.
Probablemente ese crédito vendrá acompañado de dinero para asistencia técnica. Por esta vía, las organizaciones campesinas se podrán capitalizar. Simultáneamente, los dirigentes conservarán los recursos que el gobierno otorga para el sostenimiento de sus agrupaciones.
Como señala Luis Meneses, una derrama económica tan significativa, y al mismo tiempo tan condicionada, será una magnifica herramienta para tutelar el proceso electoral en el campo de cara a los comicios de 2015. Se convertirá en un instrumento privilegiado para fortalecer liderazgos leales a Los Pinos o para potenciar a dirigentes que frenen las oposiciones reales o las no deseadas.
El nuevo programa de financiamiento es la segunda tenaza de la pinza para amarrar el voto rural. La primera está formada por una parte de los más de 52 mil comités comunitarios y los comedores de la Cruzada contra el Hambre, que agrupan a pobladores sin recursos que no necesariamente participan en actividades productivas directas o que no poseen tierra. La segunda son precisamente los nuevos CRÉDITOSque llegarán a campesinos pobres a través de sus organizaciones para actividades agrícolas.
que llegarán a campesinos pobres a través de sus organizaciones para actividades agrícolas.
Algunos líderes agrarios han expresado su insatisfacción con la nueva financiera. Afirman que es un aspirina que no resuelve los verdaderos problemas del sector; que tan sólo se destapa un hoyo para tapar otro. Sin embargo, está aún por verse hasta dónde llega su inconformidad.
En octubre se realizará una gran Convención Nacional Campesina e Indígena. Las organizaciones que asistirán son muy disímbolas entre sí, aunque todas buscan interlocución con el gobierno. Allí podrán medirse a sí mismas, calibrar el malestar de sus integrantes con el despojo de sus tierras y territorios y su disposición a resistirla. De paso, algunos dirigentes se placearan para buscar una diputación.
Twitter: @lhan55
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