Derechos humanos del migrante son inalienables
Ana María Aragonés
E
l drama de los niños migrantes que viajan sin acompañantes es la manifestación más trágica y clara de un proceso migratorio que desde los años 90 del siglo pasado ha tomado un cariz de enorme conflictividad, derivado del modelo económico puesto en marcha más o menos a partir de la fecha mencionada. La característica más nociva ha sido la profusión de una enorme desigualdad social.
Thomas Piketty plantea en su extraordinario libro El capital en el siglo XXI ( Capital in the twenty-first century) cómo la concentración del ingreso en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento no visto con anterioridad, que ha creado enormes desigualdades. A su vez, Vincenç Navarro señala que este elevado crecimiento del capital está directamente relacionado con el estancamiento y descenso de los salarios, situación que explica el crecimiento de la pobreza que parecería no tener fin. Si a esto añadimos la dificultad de los países subdesarrollados para participar en el comercio internacional, prácticamente acaparado por los países desarrollados y por sus empresas trasnacionales, se comprende por qué hay cada vez mayor cantidad de regiones con niveles inaceptables de marginalidad, cuyas demandas de justicia social son insatisfechas, sin una provisión eficiente de servicios públicos, tales como educación y salud, que los aleja de la creación de la ciencia, del conocimiento, etcétera. Todo ello dificulta las prácticas democráticas y, por lo tanto, la corrupción aparece como sistema. No hay de qué extrañarse si, ante la proliferación de tantas dificultades para una vida digna, la solución sea la migración forzada.
Sin embargo, los países desarrollados presentan graves problemas, entre los que se encuentran el envejecimiento de sus poblaciones y muchos problemas en sus sistemas educativos, lo que les dificulta satisfacer las demandas de sus mercados laborales. Por ello no tienen otra opción que contratar migrantes si quieren continuar con sus programas de desarrollo. Y si bien esto es así, las formas en las que los países enfrentan esta necesidad son muy diferentes. Veamos algunos ejemplos que sin duda son paradigmáticos.
Estados Unidos, el país receptor de migrantes más importante y que presenta serios problemas como los que he señalado precedentemente, no ha logrado concretar una reforma migratoria, entre otras cosas por la constante oposición de los grupos conservadores, cuyas expresiones promueven la discriminación y la xenofobia que atentan contra los derechos humanos. Un claro ejemplo de ello son los planteamientos de la comentarista de ideología ultraderechista Ann Coulter en la cadena de televisión Fox News, quien dice que
Estados Unidos debe bombardear a México, igual que lo hace Israel en la franja de Gaza, para contener la migración ilegal. Lo grave es que estos comentarios nutren a buena parte de la opinión pública estadunidense, y un país que protege los derechos humanos no permite que en un medio de comunicación masiva se den este tipo de manifestaciones, pues la libertad de expresión no puede ser violatoria de la dignidad humana.
Otro ejemplo es el de Suecia, donde los socialdemócratas han gobernado el país durante 65 de los últimos 78 años, haciendo del Estado benefactor ejemplo universal, política que permitió a su población convertirse en uno de los países más ricos e igualitarios del planeta, basados en comunidades solidarias. Sin embargo, ahora gobierna el primer ministro Fredrik Reinsfeld, del Partido Moderado (Moderaterna), antes llamado Conservador. Llama la atención que siendo un partido de centro-derecha, la posición hacia los migrantes es de total apertura y se busca su integración, evitando la formación de guetos. Son conscientes de que los necesitan, sobre todo para poder mantener los programas sociales en un marco en el que su población está envejeciendo. Es decir que, en relación con la migración, no hay diferencias entre socialdemócratas y moderados, pues queda claro que la política migratoria se centra en los derechos humanos de los migrantes.
En cuanto a México, la política migratoria es de subordinación a los mandatos de Estados Unidos, lo que explica la propuesta de
presentar un plan para intentar detener el tránsito de migrantes centroamericanos por México( La Jornada, 18/8/14), cuyos efectos son la violación de los derechos humanos de los migrantes. Si a esto sumamos el clima de inseguridad, los migrantes están atrapados entre los delincuentes y políticas que no garantizan su dignidad humana. Los costos son altísimos, y un ejemplo de ello es la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hace cuatro años. Acto terrible que sigue impune, así como las extorsiones y agresiones a los migrantes indocumentados por parte tanto de la delincuencia organizada como de funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado mexicano. De acuerdo con lo señalado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce que la respuesta del Estado mexicano ha sido claramente insuficiente
para prevenir, proteger, sancionar y reparar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra las personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana.
Los migrantes, si bien son víctimas de las circunstancias, son seres humanos cuyos derechos humanos son inalienables, más allá de posturas ideológicas.
