México SA
San Quintín: 40 años
EPN: ni los veo ni los oigo
Fobaproa entra en acción
Carlos Fernández-Vega
E
n su largo peregrinar en busca de soluciones y justicia, los jornaleros de San Quintín, Baja California, se topan con el gran muro de la impunidad construido por el poder político y económico. En el capítulo más reciente han tocado todas las puertas, y todas se mantienen cerradas, especialmente la de Los Pinos, donde la protesta social, por justa que sea, no tiene respuesta más que a garrotazos, y la permanente violación de sus derechos humanos y laborales es catalogada como peccata minuta.
Si se tratara de un reclamo del gran capital, el gobierno federal hubiera actuado en menos de lo que canta un gallo, como en el reciente caso de los barones de la minería a quienes, en cuestión de minutos, les armó un gran paquete de seguridad con la
Gendarmería y la Comisión Nacional de Seguridad(Ildefonso Guajardodixit) con el fin de
actuar de manera inmediata en casos de cobro de derecho de piso y otros delitos. En cambio, en la tienda de enfrente, la de los trabajadores mineros, desde hace ocho años existen tres huelgas contra Grupo México (el de Larrea) que esa misma autoridad, junto con la de la Secretaría del Trabajo, ni las ven ni las oyen, al más puro estilo salinista.
Los jornaleros de San Quintín cumplen un mes de su más reciente manifestación de hartazgo y nadie les echa un lazo, salvo para la foto y el aprovechamiento político, especialmente en tiempos electorales. De Peña Nieto, ni sus luces, es decir, ni los ve ni los oye, la misma actitud de sexenios anteriores.
Como muestra, un botón: “la paz porfiriana impuesta desde fines de los años setenta en el valle de San Quintín, el centro agrícola más importante de Baja California, empezó a resquebrajarse. El descontento brotó entre los más de 35 mil jornaleros, indígenas en 70 por ciento, a los que se mantiene en condiciones de explotación extrema. La situación laboral y social no dista mucho de la que persistía antes de la Revolución de 1910: jornadas extenuantes en las que participan familias completas de indígenas traídos mayoritariamente de la mixteca oaxaqueña; empleo de menores, niños de seis años o menos en las pesadas labores de siembra y recolecta, vigilados por guardias blancas en ranchos cercados, habitando en galerones sin luz, agua potable y muchas veces ni letrinas.
“Por más de dos décadas han laborado y pese a las denuncias de organizaciones indígenas y de derechos humanos, nada se hace para sacarlos de la miseria y la marginación. Debió ocurrir una verdadera revuelta, la que protagonizaron el pasado día 6 los jornaleros del rancho Santa Anita, para que el problema saliera a la luz y trascendiera más allá de este San Quintín, 300 kilómetros al sur de Tijuana. Angustiados por no recibir su salario desde dos semanas atrás, los jornaleros, los oaxaquitas, como aquí se les llama con carácter despectivo, se atrevieron a manifestar públicamente y de manera espontánea su reclamo del pago por horas y horas bajo el polvo y el sol, en la recolección de tomate destinado a la exportación… ¡Hambre, hambre!, gritaban en el español que medio hablan. Como no hubo respuesta, los inconformes trataron de ocupar las oficinas de la empresa, propiedad del acaudalado empresario jalisciense Arturo Lomelí Villalobos –ligado al grupo del banquero prófugo Carlos Cabal Peniche– pero fueron desalojados con violencia por agentes de la policía municipal”.
Esa crónica parece de hoy, pero en realidad fue publicada por La Jornadacasi 20 años atrás (17 de julio de 1996), bajo la firma de Andrea Becerril y Jorge A. Cornejo. Dos décadas han transcurrido de esa crónica que incluía una referencia a otros 20 años atrás, lo que remite a la violación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas de San Quintín a cuando menos 1976, el último año de gobierno de Luis Echeverría, aunque en los hechos la explotación es histórica. Y nadie hizo ni hace nada por resolver la situación. De allí que el inicio de la nota de referencia sea más que exacta: “la paz porfiriana…”
Aquel julio de 1996 los jornaleros agrícolas de San Quintín irrumpieron en negocios y restaurantes del poblado Lázaro Cárdenas en busca de comida, porque su patrón Arturo Lomelí Villalobos, uno de los barones de la zona, por tercera semana consecutiva no les pagó sus salarios, porque
no tuve tiempo de cambiar dólares a pesos lo suficientemente rápido para pagarles.
En cambio, el gobierno federal, en ese entonces bajo la careta de Ernesto Zedillo, sí tuvo tiempo y dinero suficientes (más de 100 millones de dólares) para
rescataral empresario Lomelí Villalobos y echar su basura financiera a la panza del Fobaproa, que es pagada por todos los mexicanos. Y fue esta instancia
rescatadorala que, por órdenes de Zedillo, pagó los salarios de los jornaleros agrícolas para calmar los ánimos, pero nunca para resolver la violación de sus derechos humanos y laborales (versión completa del
rescate).
En las actas del Subcomité de Recuperación del Fobaproa, publicadas por La Jornada en 1999, se lee lo siguiente:
el viernes 4 de julio se dispusieron 969 mil 995.18 pesos para el pago de nóminas de los jornaleros de San Quintín, con objeto de evitar un conflicto social en ese lugar. Se tomó la decisión de no pagar la nómina de jornaleros en otros lugares dado que el número de trabajadores es reducido y por tanto no existía riesgo. San Quintín es una de las propiedades del Grupo Lomelí.
Detallan que “la noche del 7 de julio se presentó un incendio… Según los (hermanos) Lomelí fue provocado por los trabajadores inconformes por la falta de pago de sus salarios… (Pero) podría inferirse que el incendio fue provocado como medida de presión hacia el Fobaproa debido a que no se les han dado los recursos que quieren”. Finalmente aprobaron el
rescatey se lo endosaron a los mexicanos.
El empresario y su familia siguen tan campantes, pero la violación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas no sólo permaneció, sino se incrementó, y dos décadas después la situación sigue exactamente igual: nadie los ve, nadie los oye.
Las rebanadas del pastel
Con la privatización del petróleo los
modernizadoresprometieron a los mexicanos que vivirían como noruegos. Obvio es que no les han cumplido, pero algo es algo: los noruegos ya están en México para extraer oro negro, obtener multimillonarias ganancias y así poder seguir viviendo como noruegos. Los autóctonos, que se jodan.
Twitter: @cafevega
D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com
- Solución. .....tanacoPero que necedad de estos "oaxaquitas" como les llaman los patrones a esta "prole" de jornaleros. en verdad que son necios, pues tantos años de lucha y no han aprendido que es inútil cualquier demanda por mas justa que esta sea. ¿ No creen que es mejor que maten al patrón? Pues les aseguro que estarian mejor en la cárcel o en el panteón que como los tienen o los han tenido siempre.....!
- indigenasarmando morales zuñigaTe recomiendo un cuento corto de Bruno Traven, ¨Dos Burros ¨ esta en internet...
- OpiniónJosé Luis S.Tanaco: Si estubieras pasando por lo mismo, es casi probable que actuarías en la misma forma. Razona sobre lo difícil que unificar criterios, máxime entre personas sin preparación escolar. Todo fuera como la cárcel, pero están en juego miles de vidas. Además, con estudios y sin ellos, los mexicanos actuamos como células autónomas.
- donde estan?Alejandrodonde esta la secretaria de trabajo? la sedesol? a poco Peña Nieto no lee los periodicos, no esta enterado del problema? Donde estamos la sociedad civil? ah ya se, preocupados por que no se vaya el guadalajara a la segunda
- Piedra De Toque Del Estado MexicanoJosé Abel Ogaz PierceLos más explotados y miserables entre los explotados y miserables. El Estado mexicano necesita tomar cartas en el asunto no sólo por razones humanitarias, sino porque no puede permitir que en una zona del país no opere la constitución de 1917, aún con todos los parches -algunos avanzados, otros contrarrevolucionarios que se le han hecho-, porque es estar admitiendo que en ese lugar no opera la jurisdicción del propio Estado. Efectivamente, no puede permitirse una situación anterior a la de 1910, origen del movimiento armado revolucionario, en ninguna zona de la geografía nacional. Ya vimos lo que ocurrió en 1994, cuando el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hizo estallar en la cara del México neoliberal "posmoderno" la realidad chiapaneca, al menos en vastas zonas, que se había quedado congelada en el tiempo del porfiriato, sin Reforma Agraria mi Ley Laboral alguna que rigiera para los indígenas "invisibilizados" por los medios de difusión masiva.
