EL DELFÍN

Este es un espacio para la difusión de conocimientos sobre Ciencia Política que derivan de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.

lunes, 8 de diciembre de 2014

Tlataya, Iguala, modelo necrofilico

Tlatlaya-Iguala: modelo necrófilo


Carlos Fazio

F
ue el Estado. El operativo especial en 36 alcaldías de la Tierra Caliente, que abarcará espacios territoriales de Guerrero, Michoacán, Morelos y el estado de México, no podrá hacer desaparecer la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de Tlatlaya e Iguala. En ambos casos, agentes del Estado, en su carácter de servidores públicos, participaron de manera directa en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y en la práctica de la tortura y la detención-desaparición forzada de 43 normalistas, lo que configuran crímenes contra la humanidad sancionados por el Estatuto de Roma, del que México es signatario desde 2005, por lo que dichos actos caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional (ONU, 1998).
La ejecución sumaria de 22 jóvenes sometidos por miembros del Ejército en Tlatlaya, y los homicidios de seis personas y la detención-desaparición de 43 normalistas en Iguala exhiben el carácter necrófilo del capitalismo: la compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (muerte). El neoliberalismo como una fábrica de muerte; la acumulación por apropiación-desposesión, mediante programadas políticas de exterminio de población sobrante, que se combinan con otras formas de disciplinamiento social ejercidas por agentes estatales y grupos criminales subrogados.
La palabra necrófilo para designar un rasgo de carácter fue utilizada por el filósofo Miguel de Unamuno en 1936, a raíz de un discurso pronunciado por el general nacionalista Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Empezaba la guerra civil española y la divisa favorita de Astray era ¡Viva la muerte! Uno de sus seguidores la voceó durante su alocución. Cuando el general terminó, Unamuno, rector de la Universidad, se levantó y dijo: “Acabo de oír el necrófilo e insensato grito ‘¡Viva la muerte!’ Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esa ridícula paradoja me parece repelente”. Ante eso, incapaz de reprimirse, Astray gritó: ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte! Los falangistas aclamaron su réplica. Pero Unamuno prosiguió: Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha.
El pasaje fue recuperado por Erich Fromm en su Anatomía de la destructividad humana. Allí señala que el carácter necrófilo es una forma extrema donde la necrofilia es el rasgo dominante. Según Fromm, la necrofilia puede describirse como “la atracción apasionada por todo lo muerto, corrompido, pútrido y enfermizo; es la pasión de transformar lo viviente en algo no vivo, de destruir por destruir (…) es la pasión por destrozar las estructuras vivas”.
Queda para sicólogos y siquiatras definir un eventual carácter necrófilo en el ex presidente Felipe Calderón, quien, con base en un Estado de excepción permanente de facto, puso en práctica una violencia exterminadora sin límites, que facilitó una caótica y devastadora política de desposesión y arrasamiento de las mayorías en beneficio de la acumulación de capital de los amos de México, convirtiendo al país en un gran cementerio clandestino de seres humanos, en su abrumadora mayoría jóvenes y pobres.
Ahora, cuando afloran otras ridículas y repelentes paradojas, como el grito de ¡Todos somos Ayotzinapa! que hizo suyo de manera inmoral y demagógica el presidente Enrique Peña Nieto, repetimos que podrá emplearse la fuerza bruta vía la militarización y la paramilitarización del país, pero eso no convencerá a gran parte de la población mexicana, que es hoy consciente de que a la clase dominante y sus administradores de turno no les asiste ni la razón ni el derecho.
Impelido por el gran capital tras sendos encuentros furtivos con emisarios del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto ordenó un raído decálogo de medidas de fuerza dirigido a profundizar el proceso de militarización iniciado por Calderón en la Tierra Caliente. Exhibidos en la coyuntura signos de ofuscación, enojo y una cierta alteración emocional; desnudado, acotadas sus capacidades para la simulación y la seducción, con su decisión de crear enclaves (zonas económicas especiales) para el saqueo de recursos geoestratégicos y la explotación neocolonial de mano de obra, y de mantener y reforzar a las fuerzas armadas en el control territorial en regiones donde han florecido históricos movimientos de resistencia popular al despotismo y la barbarie, el ilusionista de Los Pinos podría verse tentado a acentuar el carácter necrófilo del actual modelo de dominación. Lo cual significaría mover a México hacia una pendiente resbalosa que podría derivar en el surgimiento de un Estado autoritario de nuevo tipo.
El nuevo pacto en las sombras entre las élites del poder económico y político apuesta una vez más por sofocar con terror, sangre y fuego la resistencia social. Cuando crecen las demandas de verdad, justicia y aparición con vida a los 42 normalistas que nos faltan, la decisión de enviar al general Enrique Dena a la Tierra Caliente envía un mensaje de mayor violencia represiva. La ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales es un ardid que pretende encubrir la estructural e histórica cohabitación y/o colusión entre grupos terciarizados de la economía criminal y las fuerzas institucionales de disciplinamiento social (el Ejército, la Marina de guerra y las distintas policías) en todo el país. El decálogo de Peña Nieto tiene como propósito seguir administrando de manera violenta la lucha de clases; es un plan desmovilizador policiaco-militar que busca desarticular el actual proceso de lucha democrática en redes de los de abajo; la rebelión de las víctimas. También es un intento por invisibilizar la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya e Iguala.

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