Impunidad grosera

Impunidad grosera
Pablo Gómez

Entre 1989 y 1994 –sexenio de Carlos Salinas—la partida secreta ascendió a una suma total de 854 millones 670 mil dólares que ahora equivalen a 12.5 mil millones de pesos. Se le ha atribuido a Luis Téllez la afirmación de que Salinas se robó la mitad de la partida secreta, la cual sería una cantidad de más 6 mil millones de pesos actuales. En realidad los Salinas se robaron toda la partida secreta porque el uso político discrecional de esos fondos también era un robo aunque parte del dinero no hubiera ido a parar a las cuentas bancarias de la familia. En realidad, no sabemos cuánto dinero se robaron pero no comprobaron un solo peso en desacato al mandato de que todos los gastos públicos deben justificarse, sin excluir a las partidas secretas, según reza la Constitución.

La absolución judicial de Raúl Salinas es un acto de impunidad grosera. Había sido acusado de enriquecerse ilícitamente con 224 millones de pesos, una cantidad pequeña frente al torrente millonario de la partida secreta, pero es que sólo esa suma fue incluida en la denuncia. Lo que no ha sido documentado es mucho más importante. Este personaje no ha sido el hermano incómodo de Carlos Salinas sino uno de sus cobradores y tesoreros.

Ya Miguel de la Madrid tuvo oportunidad de señalar a Carlos Salinas como un ladrón en una entrevista que él mismo desautorizó después de recibir en su casa visitas de conocidos políticos como Emilio Gamboa. En efecto, De la Madrid había aumentado la partida secreta en 1988 para financiar la campaña de Carlos Salinas: 1987: 56.8 millones de dólares; 1988: 90.93 millones de dólares, es decir, el doble que había tenido en 1983, pero Carlos Salinas la llevó hasta 190 millones de dólares en los dos últimos años de su gestión (600 millones de pesos). En los presupuestos de 1995 y 1996, con Ernesto Zedillo, la cantidad en pesos fue de 650 millones aunque en términos de dólares los montos resultaron menores por efecto de la devaluación de la moneda. De cualquier forma, decidieron robar a Pemex mil millones de pesos para las elecciones del año 2000.

Con todo lo escandaloso que fue la partida secreta, ésta era un fragmento menor de la corrupción pública. Si tomamos las erogaciones adicionales (Ramo 23) del presupuesto entre 1980 y 1994, en los años de elecciones y en el siguiente las cantidades dan brincos. En 1988, para el encumbramiento de Salinas, tales gastos llegaron a casi 500 millones de dólares, pero ya en la Presidencia, en 1989, el personaje se gastó en adicionales poco más de mil millones de dólares y en 1992 tales erogaciones llegaron a dos mil 100 millones de dólares, casi igual cantidad (2.4 mil millones de dólares) que fue gastado adicionalmente en 1994 cuando a Zedillo se le llevó al poder. El gasto discrecional de los presidentes ha sido el más alto de los países con controles parlamentarios, es decir, que aquí la Cámara de Diputados no controla el gasto público. Si a México llegara súbitamente la justicia para desplazar a la impunidad, veríamos a miles de políticos tras las rejas, encabezados por Carlos Salinas.

La absolución de Raúl Salinas o Juan Manuel Gómez Gutiérrez o varios otros alias, con sus respectivos pasaportes expedidos por el gobierno, es la impunidad vigente. En este país puede ocurrir que se haga increíble la fortuna de la esposa del presidente de la República sin que tal cosa trascienda al campo de una investigación seria e imparcial, o que muchos crean que ahora los sobornos se pagan con residencias adquiridas a plazos, como la del mismísimo secretario de Hacienda, pero sin que pueda la ciudadanía tener certeza de algo, ya fuera saber que hay empresarios dadivosos con sus estrellas o con amigos que les otorgan contratos, o que el patrimonio de los servidores públicos y sus familiares puede incrementarse de alguna otra oculta manera.

(Las cifras son de: Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente, Ed. Grijalbo, 1996)