Dos años y dos meses
Orlando Delgado Selley
S
e cumplieron dos años de un gobierno que llegó con la oferta de que lograría superar la mediocre tasa de crecimiento promedio anual de los pasados 20 años. Fundamentó su planteo en un supuesto conocimiento del funcionamiento gubernamental y, más importante, en la aprobación de reformas que permitirían que la productividad general de la economía se incrementara. En términos políticos desarrolló un acuerdo entre los tres partidos con mayor respaldo electoral, signado con el fin de darle al país una conducción general capaz de permitir avances sustanciales en asuntos estratégicos.
Se cumplieron dos meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que han desatado un extenso movimiento universitario en el país con expresiones solidarias en el mundo entero. El movimiento se ha ido conformando desde la base de los planteles universitarios, centrando su funcionamiento en acciones que demuestren la amplitud de una protesta que demanda acciones del estado mexicano para encontrar a los 43, al tiempo que se exigen cambios trascendentes en el funcionamiento del gobierno. La protesta se alimenta en la convicción de que los 43 representan a los que estudiando quieren superar la pobreza ancestral en la que han vivido. Por eso es cierto que no todos somos Ayotzinapa.
En los dos primeros años los resultados económicos han confirmado que las dificultades no son sólo de gestión: son estructurales. La economía sigue sumida en una dinámica lejana a los requerimientos nacionales. Una estrategia montada en la demanda externa y las inversiones extranjeras es muy sensible a las vicisitudes del entorno que, por cierto, no ha sido favorable. El propósito fundamental de generar bienestar pasa necesariamente por reconocer la centralidad del mercado interno y, por tanto, de las remuneraciones de los asalariados. La enorme desigualdad existente debe atacarse mejorando sustancialmente la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Ayotzinapa ha puesto en cuestión la construcción nacional. Se han reconocido las condiciones en las que se vive en esa zona guerrerense. Gobiernos de izquierdas y de derechas no han podido reducir efectivamente la pobreza ancestral. En esas condiciones se han desarrollados grupos delincuenciales que disputan en control de la producción y distribución de estupefacientes. La tragedia ha mostrado la relación de los distintos partidos políticos con los grupos organizados de la delincuencia. Ha abierto, además, información relevante sobre la corrupción de los altos niveles gubernamentales. Este conjunto da cuenta clara de una crisis política nacional que afecta gobiernos, parlamentarios e incluso ministros de la Corte.
En la última encuesta del Banco de México a analistas económicos del sector privado el 26 por ciento expresó que el principal obstáculo al crecimiento económico es la inseguridad pública, mientras que la debilidad del mercado interno y la política fiscal suman el 22 por ciento de las opiniones. Aunque esta ha sido una constante en el año, en esta última encuesta la inseguridad aumentó su relevancia en la percepción de los analistas. La sociedad movilizada expresándose por otras vías también ha llegado a esa conclusión, pero con un contenido mayor: la inseguridad pública afecta la vida nacional en conjunto.
Los llamados a mantener la unidad nacional carecen de valor, si no se les incorporan acciones contra lo que se ha denunciado: la colusión de los aparatos de seguridad con el crimen organizado y la desproporcionada respuesta policial a los excesos de pequeños grupos. No es el momento de
medidas contundentescontra el vandalismo, sino contra la corrupción de los políticos y la impunidad de los grandes criminales. Actuar decididamente contra esto,
innovando y proponiendo lo que nunca se ha intentado, como dijo E. Semo hace dos días, pudiera abrir cauces para construir efectivamente un estado de derecho.
Las expectativas económicas y políticas no son optimistas. Los escenarios posibles están lejos de lo que hace falta. Resolver la inseguridad pasa por reducir rápidamente la desigualdad, lo que sólo es posible con acciones en las que haya acuerdos nacionales verdaderos. No basta con que haya compromisos en las cúpulas económicas y políticas. Es indispensable la participación de todos.
