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Catalunya
Ahora amnistía
28/01/2020 | Jordi Muñoz
Es evidente que ni en la política, ni en los medios ni, seguramente, en la opinión pública española la idea de una amnistía para todas las personas encausadas por cuestiones relacionadas con el procés independentista será bien recibida. La derecha, que sobreactúa y pone el grito en el cielo hasta por un permiso penitenciario ordinario a los presos políticos o por la insinuación de una posible reforma del Código Penal, está claro que se opondrá frontalmente e intentará obstaculizarla por todas las vías.
El PSOE tampoco está por la labor, por razones ideológicas y también estratégicas. La tensión interna y externa que le supone cualquier paso en la cuestión catalana le llevará a tratar de no hacer nada. Y, sorprendentemente, tampoco en el mundo de Podemos ni de los Comunes parece que hoy por hoy haya muchas ganas de emprender la vía de la amnistía. Deben de pensar que les supondrá tensionar innecesariamente su coalición con el PSOE. Y que es más realista apostar por otras vías, como algún indulto, beneficios penitenciarios o reformas del Código Penal que puedan acelerar la salida de los presos y presas.
Pese a que cualquier paso hacia la puesta en libertad de las personas injustamente encarceladas será positivo de cara a mitigar las consecuencias humanas de la represión, ninguno de estos sucedáneos puede sustituir a una amnistía si de lo que se trata es de abrir un nuevo tiempo político. De entrada, porque son muchísimas las personas que padecen la represión por el procés y, por tanto, el problema no puede reducirse a resolver unos casos concretos y muy visibles mientras se deja que el resto siga su camino. En diciembre, Òmnium cifró en 2.500 el número total de personas víctimas de la represión.
Es evidente que las personas presas con largas condenas por sedición son las que han sufrido más duramente la represión. Pero también están las personas exiliadas. Y muchas encausadas, en algunos casos con peticiones de penas potencialmente muy elevadas, en los sumarios del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Juzgado número 13 de Barcelona o en el caso de la comisión electoral. Muchos de estos casos se juzgarán próximamente. Y está la amenaza del Tribunal de Cuentas, que se ha convertido en una pieza clave de la represión económica, que se prepara para reclamar, como ya hizo con el 9-N, unas cantidades absolutamente desorbitadas en procedimientos con muy pocas garantías. Está también el caso de la inhabilitación del presidente de la Generalitat, o los procedimientos abiertos contra alcaldes y alcaldesas por el 1-O. Además, evidentemente, de los detenidos e investigados a raíz de las movilizaciones en la calle o por montajes policiales carentes de base, algunos de los cuales (concretamente los jóvenes de origen magrebí y un detenido en Madrid) siguen en prisión provisional, internados en un CIE o van a ser deportados.
Cada caso tiene, claro está, sus especificidades, pero todos, sin excepción, responden a la incapacidad del Estado para canalizar políticamente la demanda mayoritaria de la sociedad catalana de decidir su futuro democráticamente y ofrecer respuestas políticas al conflicto. La amnistía es el único instrumento que puede desjudicializar de manera efectiva la vida política catalana y española. No hay apenas más medios que permitan ofrecer protección frente a los intentos evidentes del búnker conservador, que se ha apropiado el poder judicial para boicotear y hacer descarrilar cualquier intento de solución política. Si no se produce una acción decidida del poder legislativo, el margen para afrontar políticamente la cuestión será tan estrecho que, muy probablemente, no conducirá a ninguna parte. La alianza de la brigada Aranzadi con la Brunete mediática y el tripartito de derechas constituye una minoría de bloqueo que solo puede ser superada con mucha audacia y voluntad política.
En este escenario, el soberanismo catalán –en vez de seguir equivocándose y desangrándose en batallas internas– debería ser capaz de ofrecer un planteamiento que permita interpelar a la amplísima mayoría de la sociedad catalana que no apoya la represión. Únicamente si tras el proyecto de amnistía se junta una mayoría que vaya mucho más allá de los márgenes de los dos millones de votantes independentistas, la demanda tendrá fuerza suficiente para abrir una brecha. Las soluciones parciales que se insinúan estos días tal vez suavicen algunas cosas y den un poco de oxígeno al diálogo, pero no dejarán de ser parches y en pocos meses seguirá habiendo personas exiliadas y volverá a haber presos políticos.
Pero sobre todo es importante tener claro que si no hay capacidad para afrontar a fondo la cuestión de las consecuencias del conflicto, será todavía más difícil que se aborden las causas. Por eso el futuro de la represión será la piedra de toque del futuro del diálogo político. La izquierda española, a estas alturas, ya debería haber asumido que, sin una solución al conflicto con Catalunya, España quedará en manos de una de las derechas más reaccionarias de Europa. Y si lo ha asumido, tendrá que dar pasos decididos hacia la solución, empezando por el final de la represión. De momento, no parece que las cosas vayan por ahí. Pero la realidad es dinámica, como bien sabemos.
25/01/2020
https://www.ara.cat/opinio/amnistia-presos-politics_0_2387761231.html?utm_source=newsletter&utm_medium=cms&utm_campaign=firmes&utm_content=20200125firmes
Jordi Muñoz es profesor de ciencia política de la Universidad de Barcelona.
Traducción: viento sur
El PSOE tampoco está por la labor, por razones ideológicas y también estratégicas. La tensión interna y externa que le supone cualquier paso en la cuestión catalana le llevará a tratar de no hacer nada. Y, sorprendentemente, tampoco en el mundo de Podemos ni de los Comunes parece que hoy por hoy haya muchas ganas de emprender la vía de la amnistía. Deben de pensar que les supondrá tensionar innecesariamente su coalición con el PSOE. Y que es más realista apostar por otras vías, como algún indulto, beneficios penitenciarios o reformas del Código Penal que puedan acelerar la salida de los presos y presas.
Pese a que cualquier paso hacia la puesta en libertad de las personas injustamente encarceladas será positivo de cara a mitigar las consecuencias humanas de la represión, ninguno de estos sucedáneos puede sustituir a una amnistía si de lo que se trata es de abrir un nuevo tiempo político. De entrada, porque son muchísimas las personas que padecen la represión por el procés y, por tanto, el problema no puede reducirse a resolver unos casos concretos y muy visibles mientras se deja que el resto siga su camino. En diciembre, Òmnium cifró en 2.500 el número total de personas víctimas de la represión.
Es evidente que las personas presas con largas condenas por sedición son las que han sufrido más duramente la represión. Pero también están las personas exiliadas. Y muchas encausadas, en algunos casos con peticiones de penas potencialmente muy elevadas, en los sumarios del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Juzgado número 13 de Barcelona o en el caso de la comisión electoral. Muchos de estos casos se juzgarán próximamente. Y está la amenaza del Tribunal de Cuentas, que se ha convertido en una pieza clave de la represión económica, que se prepara para reclamar, como ya hizo con el 9-N, unas cantidades absolutamente desorbitadas en procedimientos con muy pocas garantías. Está también el caso de la inhabilitación del presidente de la Generalitat, o los procedimientos abiertos contra alcaldes y alcaldesas por el 1-O. Además, evidentemente, de los detenidos e investigados a raíz de las movilizaciones en la calle o por montajes policiales carentes de base, algunos de los cuales (concretamente los jóvenes de origen magrebí y un detenido en Madrid) siguen en prisión provisional, internados en un CIE o van a ser deportados.
Cada caso tiene, claro está, sus especificidades, pero todos, sin excepción, responden a la incapacidad del Estado para canalizar políticamente la demanda mayoritaria de la sociedad catalana de decidir su futuro democráticamente y ofrecer respuestas políticas al conflicto. La amnistía es el único instrumento que puede desjudicializar de manera efectiva la vida política catalana y española. No hay apenas más medios que permitan ofrecer protección frente a los intentos evidentes del búnker conservador, que se ha apropiado el poder judicial para boicotear y hacer descarrilar cualquier intento de solución política. Si no se produce una acción decidida del poder legislativo, el margen para afrontar políticamente la cuestión será tan estrecho que, muy probablemente, no conducirá a ninguna parte. La alianza de la brigada Aranzadi con la Brunete mediática y el tripartito de derechas constituye una minoría de bloqueo que solo puede ser superada con mucha audacia y voluntad política.
En este escenario, el soberanismo catalán –en vez de seguir equivocándose y desangrándose en batallas internas– debería ser capaz de ofrecer un planteamiento que permita interpelar a la amplísima mayoría de la sociedad catalana que no apoya la represión. Únicamente si tras el proyecto de amnistía se junta una mayoría que vaya mucho más allá de los márgenes de los dos millones de votantes independentistas, la demanda tendrá fuerza suficiente para abrir una brecha. Las soluciones parciales que se insinúan estos días tal vez suavicen algunas cosas y den un poco de oxígeno al diálogo, pero no dejarán de ser parches y en pocos meses seguirá habiendo personas exiliadas y volverá a haber presos políticos.
Pero sobre todo es importante tener claro que si no hay capacidad para afrontar a fondo la cuestión de las consecuencias del conflicto, será todavía más difícil que se aborden las causas. Por eso el futuro de la represión será la piedra de toque del futuro del diálogo político. La izquierda española, a estas alturas, ya debería haber asumido que, sin una solución al conflicto con Catalunya, España quedará en manos de una de las derechas más reaccionarias de Europa. Y si lo ha asumido, tendrá que dar pasos decididos hacia la solución, empezando por el final de la represión. De momento, no parece que las cosas vayan por ahí. Pero la realidad es dinámica, como bien sabemos.
25/01/2020
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Jordi Muñoz es profesor de ciencia política de la Universidad de Barcelona.
Traducción: viento sur
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