EL DELFÍN

Este es un espacio para la difusión de conocimientos sobre Ciencia Política que derivan de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.

viernes, 30 de octubre de 2020

Mexico: Gobernadores "insumisos"

 

Gobernadores “insumisos”
Varios gobernadores exigen que a sus estados se les devuelva “lo que se les ha quitado” por concepto de participaciones fiscales. El gobierno federal replica que les ha trasladado todas e, incluso, se ha compensado la baja en la recaudación. Por otro lado, varias de esas entidades están debiendo al SAT el entero de los impuestos sobre la renta que les retienen a sus propios empleados, es decir, jinetean recursos federales.
Esos gobernadores se han mostrado insumisos, pero no sólo en la acepción de rebeldes sino también de otras: traviesos, perturbadores, díscolos, pues algunos de esos mandatarios eran legisladores cuando se aprobó en el Congreso de la Unión la actual fórmula de reparto.
El problema no es, entonces, la aplicación de la ley vigente sino un asunto de política fiscal y presupuestal. Como se sabe, las entidades federativas no sólo reciben participaciones a las que tienen derecho, sino también aportaciones, así como una especie de dádivas y estímulos que han sido inscritas paulatinamente en el presupuesto federal o ejercidas al margen de éste. A los cerca de 2 millones de millones (billones) que transitan desde el presupuesto federal a las entidades podría agregarse el importe de programas sociales federales (pensiones, becas, salario de jóvenes, etc.) que se ejercen directamente sin la intermediación ni aportación alguna de los gobiernos locales, pero los “insumisos” no voltean a ver para ese lado.
Las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades se enderezaron hacia una perversa forma de transferencia a través de fondos, estímulos y convenios para ayudar a cubrir ciertos gastos. Esas ayudas no fueron siempre destinadas a su objeto, tal como lo ha documentado muchas veces la Auditoría Superior de la Federación. Dejó de haber en México una política de concentración de recursos en grandes tareas nacionales y regionales, por lo que se impuso una práctica de tratos y pactos políticos muy estrechos que atomizaron el gasto público. Esto es lo que defienden los gobernadores “insumisos”.
Ahora bien, las entidades federativas son de por sí pobres. Con instrumentos propios, sólo recaudan el 15% de sus ingresos totales, en promedio nacional, excepto la Ciudad de México que cubre mucho más. Esto quiere decir que, de seguir el mismo esquema, la pobreza presupuestal seguirá igual. El gobierno nacional no va a poder suplir la deficiencia de las entidades con el método del acuerdo político de repartos porque ya no son aquellos tiempos ni hay dineros que repartir. En otras palabras, bajo la nueva política social se asigna gasto en una forma muy diferente y directa. Esta es la pauta mexicana actual, pero hay gobernadores “insumisos” que la rechazan, aunque sin decir abiertamente que debe ser del todo desechada.
Los “insumisos” pretenden crear una corriente de opinión contra la nueva fuerza gobernante del país con la bandera de mayores transferencias federales, aunque sepan que eso no puede suceder. Pero, de paso, sin decirlo con claridad, están buscando ciertas concesiones presupuestales o mediante “convenio”, al viejo estilo.
Dicho con grandes rasgos, a los ingresos federales propios de 5.6 billones hay que restarle 700 mil millones que se ocupan en el servicio de la deuda pública y un billón en pensiones. Las entidades se llevan, en total, 1.8 billón. Con los restantes 2.1 billones, casi lo mismo que lo absorbido por las entidades federativas, más el déficit público, la Federación debe sostener un aparato de muchas instituciones y millones de trabajadores, así como inversiones productivas, gasto directo en salud, seguridad social, educación, jubilaciones del sistema anterior, nuevas pensiones de adultos mayores e incapacitados, becas y una larga lista de otras erogaciones.
Se habla de un nuevo pacto fiscal. Pero, por ejemplo, el IVA brinda 978 mil millones. Esto es casi lo mismo que las participaciones fiscales del conjunto de las entidades. Si se convirtiera todo el IVA en un impuesto local se eliminarían las participaciones en general, pero todo seguiría más o menos igual; nada cambiaría como no fuera un mayor rezago de los estados más pobres. Así, podríamos estar intentando la manera de resolver este problema con sólo dar vuelta y vuelta a lo que ya se tiene para no llegar a ninguna parte. Hay que analizar posibles cosas nuevas.
La opción demagógica de los “insumisos” es abandonar de plano el pacto fiscal. Sin embargo, no informan a sus entidades que, al no contar con participaciones federales, tendrían que cobrar sus propios impuestos, por ejemplo, a la renta y al consumo, sin que la Federación dejara de recoger las contribuciones impuestas en todo el territorio nacional. Esto querría decir que los habitantes de esos estados pagarían impuestos dobles, los federales y los locales, por iguales conceptos.
La fiscalidad se puede reformar para incrementar los ingresos de todo el Estado mexicano y, consecuentemente, de las entidades federativas. Por ejemplo, si se recaudara por ingresos tributarios un 50% más de lo que hoy se logra (de 3.5 a 5.25 billones), para ubicar a México al nivel de otros países semejantes, las participaciones a estados y municipios podrían crecer en esa misma proporción, de 900 mil millones a 1.3 billón, aproximadamente.
El problema actual no consiste en la forma de repartir unos ingresos federales bajos, sino en aumentarlos. Este gran asunto deberá tocarse por parte de la 4T, tan pronto como la recesión lo permita. Si los “insumisos” estuvieran de acuerdo con esta idea, ya estarían empezando a hablar de una reforma fiscal progresiva, con lo que se inclinarían hacia la izquierda. El asunto es que son de derecha, son sumisos del conservadurismo y el neoliberalismo. Así no podría haber mejora.

La captura de S. Cienfuegos en EU

 La captura del general Salvador Cienfuegos

E

l 15 de octubre, el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa con Enrique Peña Nieto, fue arrestado y acusado por una corte en Nueva York de haberse coludido con otros para importar heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana a EU y de haber lavado el dinero que ganó con estos negocios.

Su captura tiene muchos parecidos a la de Genaro García Luna, responsable de Seguridad Pública del calderonato. Los dos fueron grandes figuras en el “combate frontal al narco”, los dos fueron altos mandos de fuerzas represivas responsables de masacres, desapariciones y torturas, y los dos fueron capturados en relación con su papel en el tráfico de sustancias hacia EU. Sus órdenes de aprehensión fueron emitidas en NY por la misma corte y firmadas por el mismo fiscal.

Más que traficar drogas, Cienfuegos –como el titular de Sedena que lo antecedió– estaba a cargo de un Ejército que mataba con impunidad y frecuencia, contribuyendo a la inseguridad que experimentan en lugares militarizados.

Según el informe Dos Guerras de Intersecta, mientras Cienfuegos fue secretario de Defensa, el Ejército mató a mil 213 civiles opositores e hirió a cientos de personas. El mismo informe detalla que los enfrentamientos con militares llevaron más inseguridad y que la tasa de homicidios tiende a subir después de un enfrentamiento militar.

Los casos más sonados cuando Cienfuegos estuvo a cargo del Ejército fueron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014, y la masacre de 22 civiles por parte de soldados en Tlatlaya, en el estado de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un fin a la guerra contra el narcotráfico. A pesar de eso, hoy día, la Sedena está involucrada en la gestión de lo ilícito de una forma similar a como lo fue en los sexenios pasados.

Según su más reciente informe de labores, en 2019 la dependencia incautó casi 300 toneladas de mariguana, más de nueve toneladas de cocaína, arriba de18 toneladas de metanfetamina, 390 kilos de heroína. Asimismo, detuvo a 13 mil 725 personas.

Además, siguen las masacres: en agosto, los militares mataron a 12 personas en Nuevo Laredo. Entre ellos, según el periodista Iñigo Arredondo, habían tres personas secuestradas: un migrante de Chiapas con apenas seis meses en la ciudad fronteriza, el hijo de un mecánico y un estudiante del Tec de Nuevo Laredo.

A pesar de los antecedentes y de los hechos actuales, López Obrador insiste que hoy el Ejército es otro: una fuerza de paz y tranquilidad para la gente con mandos incorruptibles. En la mañanera el día después de la captura de Cienfuegos, el Presidente prometió depurar al Ejército y dijo que los soldados involucrados en actos criminales serán suspendidos. Más tarde, cerró filas con la Sedena, diciendo que no iba a haber tal limpia hasta que hubieran pruebas de conducta ilegal por parte de soldados y luego prometió que la FGR abriría una investigación.

Como demuestran los periodistas Daniela Rea y Pablo Ferri en su libro La Tropa, los soldados acusados de crímenes apelan con frecuencia a la cadena de mando para defenderse: reciben órdenes y las tienen que cumplir. La solidez de la cadena de mando imposibilita imaginar que Cienfuegos actuara solo.

Tampoco queda duda que éste actuaba en coordinación con sus aliados en Washington: durante los años que fue titular de Sedena, EU financió la seguridad en México (incluyendo actividades contra el narco) con un gasto de más de mil millones de dólares. El general mexicano fue galardonado en 2018 por el William Perry Center for Hemispheric Defense Studies en Washington, por haber establecido una institucionalidad sin precedente entre los dos ejércitos.

La tarde después de la captura de Cienfuegos, López Obrador fue a Zumpango, estado de México, donde –rodeado por militares– dio un recorrido de la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Ahí, reconoció ...a los ingenieros militares que tanto nos están apoyando en esta obra, también en la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar y que nos van a ayudar también en la construcción de dos tramos del Tren Maya.

El Ejército está involucrado también en otros proyectos prioritarios del sexenio: desde la planeación del proyecto Santa Fe el nuevo parque nacional cultural en el Bosque de Chapultepec hasta el programa Jóvenes construyendo el futuro; desde la entrega de fertilizante y semillas en Guerrero hasta la cría de árboles para Sembrando Vida.

Además, hay soldados resguardando los ductos e instalaciones de Pemex, 135 instalaciones estratégicas y cinco presas del cauce del río Conchos. También están desplegados para prevenir la migración desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Esto sin mencionar la conformación de la Guardia Nacional y la propuesta de poner al secretario de la Marina a cargo del sistema portuario.

La captura de Salvador Cienfuegos, que según el New York Times se hizo a pedido de la DEA, cae como anillo al dedo a militaristas en Washington, quienes promueven la idea que México es un país corrupto que necesita más apoyo militar para la guerra contra las drogas.

No queda duda que es importante prestar atención a cómo López Obrador y su actual secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval –quien laboró durante años bajo el mando de Cienfuegos– responden a las acusaciones contra el ex jefe de las fuerzas armadas. Pero hay que hacerlo sin perder de vista el proyecto militar en curso.

Periodista canadiense y autora de Capitalismo antidrogas Guerra neoliberal: desaparición y búsqueda en el norte de México

Mexico: El derecho a la memoria y la imaginacion

 El derecho a la memoria y la imaginación

D

os de los capítulos más inverosímiles del México contemporáneo y que en estos días nos tienen en ascuas –como son las detenciones y los procesos judiciales en Estados Unidos contra el ex secretario de Defensa general Salvador Cienfuegos y contra el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna por narcotráfico, conspiración y lavado– son la prueba más contundente de que la literatura puede fijar complejos procesos sociales y muchas veces anticipa el destino del hombre.

A una novela publicada por entregas en el siglo XIX debemos uno de los mejores retratos de la corrupción desde el poder en nuestro país.

Los bandidos de Río Frío, de Manuel Payno, fue publicada por entregas en Barcelona entre 1889 y 1891 y después en México entre 1892 y 1893.

En sus 117 capítulos, Payno da parte de la vida menuda, de los hábitos, mitos, costumbres, aspiraciones, formas de mover la economía y, por supuesto, de la corrupción en México –que por cierto se llamó durante la Colonia: el unto de la Nueva España, la grasa que hacía posible que los engranes de la maquinaria colonial funcionaran; el diezmo de nuestros días, la dádiva, la mordida.

Uno de los personajes principales de la novela de Payno, es el coronel Juan Yáñez, conocido como Don Relumbrón por su ostentoso afecto a los oros y los brillos, al dinero fácil y al sonoro ritmo de bon vivant que organiza fiestas con la crème de la crème seducida entonces, como ahora, a golpe de billetazos.

Don Relumbrón es el nuevo rico y no sólo un funcionario corrupto del montón: es la mano derecha del presidente Antonio López de Santa Anna, pues se desempeñaba como jefe de seguridad pero también como líder de los bandidos de Río Frío.

Era el García Luna de Felipe Calderón, el Salvador Cienfuegos de Enrique Peña Nieto o incluso el Édgar Veytia, juzgado también en Estados Unidos y que fuera el fiscal de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval.

(No es un pecado imaginar que muchos Relumbrones evitarán viajar a Estados Unidos en los próximos años. Adiós, Nueva York, Las Vegas y hasta El Paso, Texas para ir de shoping).

Y así como Los bandidos de Río Frío fijó para siempre la corrupción desde la cima del poder en México, la literatura no sólo es memoria, sino también imaginación que puede anticipar lo que vendrá.

Uno de los grandes escritores de ciencia ficción de quien en este año celebramos el centenario de su nacimiento, Ray Bradbury, es el gran anticipador; el visionario de los días que han llegado.

Si uno se acerca a ese libro fantástico que es El hombre ilustrado, publicado hace más de 70 años, podrá encontrarse con uno de los cuentos más alucinantes sobre la posibilidades y usos de la llamada Internet de las cosas o la inteligencia artificial aplicada a los hogares. Las casas inteligentes de Japón, la realidad aumentada, las imágenes 3D y el mapping son una pálida sombra a lo imaginado por Bradbury.

Los buenos escritores por su sensibilidad son las mejores antenas, los radares más eficaces, para captar los mensajes que pueblan la semiósfera.

Leer significa ejercer nuestro derecho a la memoria y la imaginación.

La lectura se ha convertido en una herramienta para fijar al mundo y construirlo; en una memoria extendida, en un disco duro que nos permite llevar a donde sea saberes y curiosidades.

Un libro es un espacio público donde coincidimos con autores, pero con otros lectores también.

Pocas cosas ponen el piso tan parejo como la lectura. Pocas fomentan mejor la comunidad.

Leer es participar en un espacio público e íntimo a la vez porque además de ayudarnos a tender puentes nos ayuda a reconstuir nuestra interioridad.

Me alegra que en la Universidad Autonoma de Chihuahua, los jóvenes en su 42 Semana del Humanismo hayan incluido a la lectura como uno de sus ejes de interés.

Sin cultura no hay trasformación democrática posible y el objeto cultural de referencia ha sido, desde hace tiempo, el libro porque la lectura estimula el pensamiento crítico, dispara la imaginación y ayuda a consolidar la memoria, ingredientes fundamentales para construir un mejor futuro.

Chile: adios al pinochetismo

 Chile: adiós al pinochetismo

E

n la celebración de la Plaza Dignidad por la enorme victoria popular chilena en el plebiscito del 25 de octubre, la multitud enarbolaba dos grandes banderas muy simbólicas. Una, la del discriminado, reprimido y combativo pueblo mapuche, adoptada como propia por la rebelión social que justamente acaba de cumplir un año. La otra era una bandera negra en que quienes hoy luchan por un cambio radical de la sociedad chilena, entre ellos muchos jóvenes de ambos sexos, interpelaban al dictador Augusto Pinochet: Borrar tu legado será nuestro legado. Y es que la llamada transición chilena se ha llevado a cabo bajo la égida de la Constitución pinochetista. Por más que los partidos de derecha y los de la Concertación –no tiene nada de izquierda– argumenten que le han hecho cambios, éstos fueron eminentemente cosméticos, referidos a la democracia formal y procedimental. En resumidas cuentas, entre ese cuerpo legal y el también pinochetista Tribunal Constitucional, más la falta de voluntad política de esos partidos, se han erigido en obstáculos formidables para impedir que prosperara cualquier reforma que hiciera mella al modelo neoliberal. Es el caso, por ejemplo, de las reformas a la educación prometidas en campaña por la presidenta Michelle Bachelet ante el enérgico reclamo de los grandes movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, convertidas en nada. No dio respuesta satisfactoria a ninguna de las demandas fundamentales de estudiantes y docentes. La educación gratuita como derecho no se logró, pues el armatoste legal pinochetista no reconoce derechos sociales, sino libertades. Usted tiene la libertad de escoger a qué escuela manda a sus hijos y el Estado no tiene responsabilidad alguna en ello. Tiene también la libertad de escoger a qué universidad asiste. Eso sí, el considerable endeudamiento en que incurrirá a lo largo de los estudios, a menos que sea pudiente, corre por su cuenta. El Estado es subsidiario y no tiene que ver con eso. Ni el agua es un derecho en Chile, sino un bien para ser comercializado.

Lo que explica el valor y la trascendencia de las extraordinarias batallas que están librando los chilenos y chilenas es que el modelo neoliberal, aplicado a sangre y fuego y vendido como un gran éxito a los cuatro vientos, lo que hizo fue convertir a Chile en uno de los países más desiguales del planeta. Extrema concentración de la riqueza, bajos salarios; paupérrimas pensiones basadas en el ahorro individual de los trabajadores que ha sido empleado, en el colmo del descaro, para financiar a los grandes grupos económicos. No existencia de derechos sindicales ni de educación y salud públicas, con un déficit importante de vivienda, además de una de las poblaciones más endeudadas del planeta. Y todo esto sin que los usufructuarios del sistema y sus empleados tuvieran –ni tengan– conciencia de las precarias condiciones de vida del pueblo. Es antológico lo expresado por el ex ministro de salud Mañalich, quien, a propósito del avance de la pandemia en uno de los países con más contagiados y fallecidos respecto a su población, confesó su asombro ante el hacinamiento en que viven los sectores populares.

Dice mucho el dato de que en el plebiscito del 25 de octubre sólo cinco de 345 comunas (municipios) de Chile hayan votado a favor de mantener la Constitución pinochetista. Coincide que en tres de ellos –Vitacura, Los Condes y Lo Barnechea– viven muchos de los ricos. Más claro no puede ser el mensaje de que en estas urbanizaciones muchos desean mantener el estatus quo neoliberal, autoritario y patriarcal. De la misma manera que los partidos políticos de la derecha y la Concertación ya se preparan para apoderarse de esta victoria y, tal como hicieron después del plebiscito del no a Pinochet, en 1988, secuestrar lo que ha sido fruto únicamente del batallar del pueblo, por lo menos desde los movimientos estudiantiles de los 2000 y, muy en especial desde octubre del año pasado, cuando estalló la rebelión con los secundarios saltándose los torniquetes del Metro. Una vez que se tuvo el resultado del plebiscito, el presidente Sebastián Piñera salió con un discurso en que parecía el gestor del apruebo y de la Asamblea Constituyente ciudadana y paritaria (mitad hombres, mitad mujeres) cuando su gobierno no se ha cansado de reprimir a los manifestantes y varios de sus ministros y los partidos de derecha se han pronunciado por el rechazo. Viene una pelea muy dura por hacer de la Asamblea Constituyente un ente verdaderamente autónomo y representativo de la pluralidad y diversidad de la sociedad chilena y no de la ínfima élite que rige el país desde hace más de 30 años, sin contar los que como Piñera se enriquecieron antes, a la sombra de la dictadura. Los partidos políticos del sistema, en contra de la opinión del Partido Comunista y el Frente Amplio, pusieron duros candados para impedir que se constituyera y funcionara un órgano constituyente ciudadano. Todo ello deberá ser enfrentado y vencido por la potente rebelión popular.

Twitter: @aguerraguerra

Mexico SA

 México SA

Va iniciativa contra outsourcing // Aliancistas: reclamen a Calderón

L

o anunció en la primera semana del presente mes, aunque en ese momento nadie le dio mayor vuelo, tal vez en el supuesto de que se trataba de un simple pasaje en la mañanera respectiva. Sin embargo, ahora que ha dejado en claro que va en serio y que el objetivo es erradicar uno de los frutos podridos del periodo neoliberal, entonces sí comenzó el griterío y más de uno se ha puesto a sudar.

Y el punto no es otro que la iniciativa presidencial para enderezar entuertos, eliminar vicios, abusos y deformaciones en eso que (septiembre de 2012) El Borolas denominó reforma laboral, un adefesio que, en los hechos, simple y llanamente legalizó el outsourcing, o, si se prefiere, la subcontratación de trabajadores sin ninguna prestación y sin mínima certeza de conservar la plaza.

Desde diciembre de 2019 se presentó una iniciativa (el dictamen aprobado por unanimidad en la comisión senatorial respectiva; la autoría es de Napoleón Gómez Urrutia) como la planteada ahora por el mandatario, pero el solícito encargado de mandarla al congelador parlamentario fue Ricardo Monreal, porque, según dijo, no estaba dispuesto a incumplir los acuerdos con los empresarios; (sería) una falta de respeto, tomarles el pelo, y yo empeñé mi palabra.

Habrá que ver si el zacatecano procede de igual forma con la iniciativa presidencial, pero en vía de mientras ayer López Obrador dijo que se ha intentado regular el outsourcingpero hay quienes no ayudan (ahí te hablan Ricardo); son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores, y comentó que “hay muchos empresarios responsables, pero otros –y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencia– que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores; son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, sino a un grupo, a una minoría”.

López Obrador recordó que sólo una de las empresas de outsourcing “se dedica al manejo de nóminas y tiene a su cargo los salarios de 200 mil trabajadores (de terceros); ganan muchísimo dinero (los coyotes) y eso es lo más irregular que puede haber; se afecta a los trabajadores y desde luego hay evasión fiscal” (y de la ley laboral). Por ello, “estamos buscando una manera de que ya no haya abusos, queremos poner orden… y todo esto también va de la mano de la facturación falsa”, mientras los empleados quedan totalmente desprotegidos. Entonces, dijo, no queremos que se haga una reforma que puedan burlar de nuevo.

El presidente López Obrador mencionó que es tradición desaparecer cientos de miles de empleos en diciembre de cada año, con lo que las empresas evaden el pago de aguinaldos y otro tipo de prestaciones. Despiden a los trabajadores y luego los vuelven a contratar. Y en efecto, aunque no es una práctica nueva, desde que el Congreso aprobó la reforma laboral de El Borolas, ha crecido el despido de trabajadores (54 por ciento) en ese mes, aunque mágicamente se recuperan en febrero o marzo del siguiente año.

Por ejemplo, en diciembre de 2012 –a escasos tres meses de la entrada en vigor de la citada reforma laboral– se cancelaron 233 mil plazas –la estadística es del IMSS–, mismas que reaparecieron en febrero de 2013 (lo mejor del caso es que cínicamente Felipe Calderón se autodenominó presidente del empleo). En diciembre de 2013 la pérdida sumó 248 mil; para 2018, el cierre sexenal de Peña Nieto, el quebranto fue de 379 mil, y de 382 mil en el último mes de 2019.

Entonces, queda claro el por qué del griterío y de los sudores fríos.

Las rebanadas del pastel

Un atento saludo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a los autodenominados gobernadores aliancistas: “contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón… Aunque evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”. Touché.

Politica publica para el bienestar

 Política pública para el bienestar

R

econocer que América Latina se encontraba en un momento difícil antes del Covid-19, ya que había un lento crecimiento económico, una creciente y amenazante desigualdad e importantes problemas ambientales, lleva ineludiblemente a aceptar que ante el duro embate de la pandemia resulta imperativo lanzar una nueva estrategia económica, sostenida por pactos políticos que incorporen una amplia y variada participación social. De acuerdo con esta propuesta de la Cepal, lo que debe estar en el centro de estos esfuerzos es la construcción de un estado de bienestar que garantice acceso universal a un sistema de salud público; que se apoye en una nueva fiscalidad redistributiva; ofrezca mejores bienes y servicios públicos; con sostenibilidad ambiental, y que genere recursos para que se incremente la inversión pública y privada.

La lentitud del crecimiento ha estado presente hace tiempo. La economía latinoamericana fue duramente golpeada por la crisis de 2007-08, provocada por las hipotecas subprime y por su subsecuente titulización. El mundo fue sacudido y América Latina se cimbró. Por esta razón, en el decenio posterior (2010-2019), la región disminuyó su tasa de crecimiento de 6 a 0.2 por ciento anual. Esta caída, además, se agudizó en el lustro final (2014-2019), en el que el crecimiento de 0.4 por ciento, fue el menor desde la década de los 50 del siglo pasado. En relación con la desigualdad, es conocido que nuestra región ha sido puntera mundial en concentración del ingreso y la riqueza. Un dato ilustra esta aguda desigualdad: el quintil más pobre de la región, según los datos del LAC Equity Lab, percibió en 2018 alrededor de 4 por ciento de los ingresos totales en sus respetivos países, en tanto que el quintil más rico capturó cerca de 56 por ciento del ingreso nacional. Así las cosas, el 20 por ciento más rico de los latinoamericanos se apropió 14 veces el ingreso del 20 por ciento más pobre.

La crisis provocada por el Covid y el confinamiento que padecemos ha agudizado los problemas. El PIB regional se contraerá 9.1 por ciento este 2020, lo que será su peor caída en toda la historia latinoamericana. Esta situación crítica debe ser contenida rápidamente, ya que de persistir por rebrotes bruscos o por cualquier razón, pudiera llevar a una crisis alimentaria y humanitaria como las que hemos visto en África. Un indicador relevante es la tasa de desempleo que, según previsiones de la Cepal, aumentará 5.4 puntos porcentuales, lo que provocará que el número de pobres pase de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020. De modo que 37.3 por ciento de la población latinoamericana estará en situación de pobreza y el 15.5 estará en condiciones de pobreza extrema.

A este panorama hay que incorporar los conflictos políticos que se vienen presentando en América Latina. En general, el descontento se concentra en el rechazo al modelo económico neoliberal, que puso en el centro una cultura del privilegio, que en esta crisis sigue estando presente en múltiples manifestaciones. Los bancos, por ejemplo, se niegan a reconocer que muchos de sus acreditados perdieron su empleo y, por ello, tendrán dificultades para cumplir con sus compromisos de pago. Consecuentemente, estos acreditados requerirían que sus acreedores generen programas de apoyo que les den oportunidad de disminuir pagos actuales, a través de reducciones reales del costo del crédito. Sin embargo, los bancos se han negado a proponerlos, ya que sus utilidades han disminuido, no desaparecido o pasado a números negativos. Así que mientras unos pierden su fuente de ingreso, otros siguen acumulando utilidades.

En estas circunstancias, los gobiernos latinoamericanos han tenido que enfrentar una crisis de salud inesperada, que se prolonga y cuyo término no parece claro. Hay diversas respuestas para contener los múltiples impactos, pero frente a su prolongación resultan urgentes acciones públicas eficientes y, lo que es de vital importancia, que escuchen a las distintas voces. Los grupos sociales organizados, como los de mujeres, indígenas, u otros, deben contribuir a la definición de las políticas públicas que son socialmente necesarias. Proponerse fundamentar socialmente nuevas acciones, permitiría renovar las estructuras de nuestras democracias que, para importantes contingentes sociales, no están siendo útiles.

Replantear la definición y operación de las políticas públicas para la recuperación económica debe partir del acuerdo general de que la protección de los derechos humanos en esta difícil situación es decisiva. Estos derechos humanos incluyen, por supuesto, los derechos económicos, de modo que el planteamiento de acordar la construcción de una sociedad basada en el bienestar es una condición necesaria para que tenga posibilidades de éxito.

Dinero

 Dinero

El pacto fiscal que quieren dejar gobernadores panistas fue de Calderón // Ejército arropa a Cienfuegos // INE, no a candidatos machistas

Foto
▲ Persiste aumento de contagiados de Covid-19, pero la gente no se cuida.Foto Cuartoscuro
E

l secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejó a un lado por un momento sus modos tecnocráticos y mostró que sabe subirse al ring y pegar fuerte. En una serie de tuits, les dio un sofocón a los gobernadores panistas que quieren salirse del pacto fiscal. Les recordó que el pacto fue una iniciativa del ex presidente Felipe Calderón y fue aprobada en el Congreso por legisladores panistas. Esto escribió Herrera: ‘en días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre ésto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros. Aquí un par de observaciones:

Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, fue producto de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Por eso, aunque yo evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN. Por si tienen curiosidad les dejo aquí una liga de los legisladores que votaron en ese entonces por esta reforma’. Ésta lleva a los resultados de la votación en el Congreso. En el Senado en particular (sesión del 14 de septiembre de 2007) hubo 112 a favor, ninguno en contra, 42 fueron del PAN. Uno de ellos fue del entonces senador Javier Corral, uno de los gobernadores federalistas que quiere que Chihuahua deje el pacto fiscal. ¡Ah qué Javier!, siempre tan truculento, como cuando combatió la Ley Televisa porque la televisora le cobraba la factura de una de sus campañas. Este asunto está volviéndose un melodrama.

Espíritu de cuerpo

La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con instituciones financieras y de inteligencia del gobierno mexicano, concluyeron una investigación sin que se encontraran irregularidades en los depósitos bancarios o la adquisición de propiedades ajenos a los ingresos como servidor público del general Salvador Cienfuegos Zepeda, informaron integrantes del gabinete de seguridad.

Los funcionarios explicaron que el general Cienfuegos, ex titular de la Sedena no operaba personalmente sus teléfonos, ya que estaban en manos de su ayudantía, por lo cual no descartaron que la identidad del general –detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico– haya sido suplantada. Los mandos militares están respondiendo con espíritu de cuerpo, pero la fiscalía neoyorquina dice que tiene otros datos, por lo cual el proceso del general Cienfuegos sigue adelante.

Dejan fuera a muchos aspirantes

El Instituto Nacional Electoral cortó las alas a un gran número de aspirantes a figurar como candidatos a un puesto de elección en los comicios del año próximo. Tomó posición contra la violencia familiar y determinó que los políticos están obligados a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.Además, tampoco podrán serlo las personas que hayan sido sancionadas como deudoras alimentarias o morosas, que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda, y que no cuenten con registro vigente en algún padrón de deudores alimentario. ¡Uy! Pero si lo que abundan son diputados golpeadores y desobligados.

Ombudsman social

Asunto: árbol talado en Jalisco

Me genera tristeza, impotencia y coraje observar la barbaridad que se ha cometido contra la cada vez más indefensa naturaleza. Resulta que sin el permiso correspondiente, la administración de la plaza comercial ubicada entre las avenidas Colón y Patria, en la Colonia El Sauz, en Guadalajara, realizó la tala de un árbol ficus de entre 14 y 17 metros de altura, el cual además de estar sano, fácil tenía cerca de 30 años de vida… parece que nada hará cambiar la conciencia de la humanidad.

Alondra Sánchez /Guadalajara (verificado por teléfono)

R: Le comparto algo. Ayer entré a una tiendita de la colonia Condesa, en la capital del país y NINGUNA de las tres mujeres que la atienden traía cubrebocas. Y ya vamos para un millón de infecciones y 100 mil fallecimientos. ¡Ah, pero eso sí, el culpable es Hugo López-Gatell!

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/