¿Quien obedece a quien?

¿Quién obedece a quién?

Hermann Bellinghausen

L

o volvió a hacer. Al celebrar sus primeros 100 días, el Presidente omitió cualquier compromiso serio con los pueblos originarios, como no sea destacarlos dentro del casillero primero los pobres y en el capítulo apoyos sociales. Nada sobre las verdaderas demandas de autogobierno, gestión territorial y contención de megaproyectos y agroindustrias de Xochimilco a Chiapas, de Yucatán a Durango, de las montañas cafetaleras de Veracruz al Istmo de Tehuantepec. Ningún compromiso ante las conquistas y victorias de las resistencias de estos pueblos. Nada sobre la necesidad de reconocer las lenguas mexicanas como nacionales, no sólo el castellano. Reiteró además su mal uso del precepto mandar obedeciendo, al vincularlo en automático con sus consultas, demostradamente irregulares, con los dados cargados para obedecer lo que él quiere que le manden. Desde Ginebra, la relatora especial sobre los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli-Corpuz, cuestiona formalmente la laxitud de las consultas lopezobradoristas:

Expresa al Gobierno de su Excelencia una profunda preocupación por los proyectos de inversión anunciados por su Gobierno que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y en particular, la intención de realizar consultas ciudadanas para recabar la opinión de la población nacional en general sobre la ejecución o no de esos proyectos. Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

La relatora emplaza al Presidente: Desde el mes de diciembre de 2018, ¿se han llevado a cabo procesos de consulta previa, libre e informada con comunidades de los pueblos indígenas, en aplicación de las obligaciones internacionales de derechos humanos de México? Por favor, sírvase detallar el desarrollo de dichos procesos, si existieran.

La insistencia presidencial en que el pueblo manda necesita sostenes menos subjetivos y más apegados a las normas, definidas en tiempos recientes precisamente para dar contrapeso a las decisiones de Estado y las presiones corporativas sobre territorios y bienes de los pueblos originarios, estructural y legalmente más débiles que el poder. De ello no escaparon las democracias progresistas de los pasados lustros en América Latina, si bien recurrieron poco a las consultas para implantar el extractivismo y enajenar territorios en nombre de la nación y los paraísos de inversión. En cambio han jugado un papel, ocasional pero importante, en favor de pueblos indígenas en países autoritarios como Guatemala, Honduras y Colombia, incluso México, donde las victorias de los indígenas se dirimen en tribunales más que en consultas o comicios. El recurso mismo de la consulta es problemático, por ello en México la lucha ha sido y sigue siendo por el respeto a la asamblea, esencia de la democracia colectiva de las comunidades.

Los gobiernos pasados lo supieron bien. El PRI desarrolló un método de matriz cardenista que llevó el corporativismo a extremos grotescos, pero funcionó para controlar, manipular y falsear las asambleas comunitarias. El PRD heredó el método. Y por lo visto en los pueblos originarios del sur de Ciudad de México, particularmente Xochimilco, las alcaldías de Morena también acarrean, amenazan, rasuran padrones y resucitan el voto de los difuntos para imponer coordinaciones territoriales.

De seguir el desaseo (por decir lo menos) para obtener permiso de las comunidades originarias, una por una y regionalmente, crecerán las tensiones, la descomposición social, o habrá tragedias como la de Amilcingo. El gobierno no podrá desentenderse con la machacona profesión de buenas intenciones. No sólo se necesita un mejor marco legal; la solicitud de permiso (¿no es eso una consulta?) debe plantearse a los pueblos directamente afectados. Es tramposo y cómodo consultar a toda la población presuntamente beneficiada por el tren, la termoeléctrica, el canal seco interoceánico, la reforestación masiva, la mina, el pozo, la carretera. Así se aplasta a quienes la obra de marras les trastornará el futuro.