En Revista Viento Sur nº 162
Plural: ¿Hacia donde va el capitalismo español?
Financiarización y pensiones privadas
Mikel de la Fuente
Desde los años ochenta del pasado siglo está teniendo lugar un impulso generalizado a escala internacional de las pensiones privadas, que se inscribe en el proceso más amplio de financiarización de las economías, entendiendo por tal un aumento muy superior de los activos y pasivos financieros en relación con el valor de la producción de bienes y servicios. La Unión Europea (UE) contribuye a ese impulso. En junio de 2017, la Comisión Europea (CE) envió al Parlamento Europeo una propuesta de reglamento sobre el “producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) (Comisión Europea, 2017), que supone un nuevo paso en la promoción y defensa de las pensiones privadas y que se relaciona con el objetivo fijado en el Libro Blanco sobre pensiones de 2012 de la CE de fomentar los planes de ahorro complementarios de jubilación (véase un análisis del Libro Blanco en De la Fuente, 2014: 56-61).
A la nueva figura se le asigna la función de promover un mercado único de capitales que impulse “el aporte de fondos de inversores institucionales y la inversión en la economía real” a largo plazo mediante el estímulo de “la innovación en el sector de los productos financieros”, obviando que esa “innovación” estuvo en el origen de la crisis financiera iniciada en 2007 y que la misma provocó en los países capitalistas desarrollados la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial (Pérez Dávila, 2018: 1). Para ello, la CE propone que, para dar un fuerte impulso a la nueva figura, los Estados le apliquen el mismo trato fiscal que a los productos estatales ya existentes y ello aunque los PEPP no cumplan los criterios estatales de desgravación fiscal. Según un estudio de impacto recogido en el documento citado de la CE, el marco PEPP daría lugar a un aumento de los activos gestionados en el mercado de las pensiones individuales desde los 0,7 billones actuales a 2,1 billones en 2030, eso sí contando con la concesión de los citados incentivos fiscales.
En 2017, el patrimonio mundial de los fondos de pensiones creció el 7%, alcanzando la cifra de 26,1 billones de euros. Ese impulso se debe a varias razones. Por una parte responde al deseo de los bancos y aseguradoras de ampliar el espectro de sus negocios. La dispersión y fragmentación de las pensiones privadas da lugar a elevados gastos de publicidad para ensanchar el negocio, de gestión y comisiones de depósito, de intermediación por las operaciones de compra y venta de los valores de la cartera, y de auditoría o administración del fondo. El conjunto de esos gastos, que se miden con la ratio conocida como total expense ratio (TER) y que resulta del cociente entre los gastos totales y el patrimonio del fondo, puede alcanzar porcentajes que reducen significativamente la cuantía de las pensiones netas. En el Estado español, la TER ha llegado a alcanzar una media del 2%. Tienen los terceros costes más elevados de los países de la OCDE, lo que se explica por la escasa competencia que existe en el sector, ya que las entidades que los gestionan “deberán estar domiciliadas en España”, a diferencia de lo que ocurre con los fondos de inversión, en los que las entidades financieras del Estado compiten con compañías internacionales. Esos gastos de gestión son inferiores en los sistemas de empleo, lo que permite que la relación entre las aportaciones realizadas y las pensiones que proporcionan sea más elevada que en los sistemas individuales.
Por otra parte, en algunos Estados las organizaciones empresariales contemplan que el tránsito total o parcial de las pensiones públicas de reparto hacia las pensiones de empleo de capitalización puede ser una ocasión para modificar la distribución de las cotizaciones en sentido favorable para sus intereses. Este elemento es muy importante en el caso del Estado español, ya que la relación entre las cotizaciones abonadas por las empresas y por las trabajadoras y los trabajadores es aproximadamente de cinco a uno.
Pero la explicación quedaría incompleta si no se tuviesen en cuenta otros elementos de tipo político-ideológico. Como señalaba Reynaud (1995), cuando se pone el acento en el aspecto técnico de la financiación se oculta que la cuestión fundamental de la alternativa entre reparto y capitalización es de orden político y cultural. La ilusión individualista se encuentra en el centro de la propaganda mistificadora del discurso neoliberal sobre las pensiones, que tiende a hacer creer que la pensión de cada persona depende de sus propias opciones, tanto en relación con la duración de su esfuerzo contributivo como con el importe de las cotizaciones o primas que abone. Se basa en la teoría de la economía neoclásica según la cual el capital engendra un valor añadido del que una parte debe corresponder a sus propietarios, lo que no se corresponde con la realidad, ya que el capital solo se valoriza mediante el trabajo humano y la apropiación de los recursos naturales. Ello significa que el rendimiento del capital se detrae del valor creado por los asalariados. En términos de Robin Blackburn (2010: 16), los think tanks apologistas del libre mercado explican que los sistemas públicos suponen una carga excesiva que frena la acumulación del capital y se basan en un “exceso” redistributivo del Estado intervencionista. No obstante, no tienen ningún empacho en incurrir en evidentes contradicciones “intervencionistas” cuando reclaman exenciones fiscales para las pensiones privadas e incluso solicitan que estas sean obligatorias.
Después de décadas de gestión precarizadora de la fuerza de trabajo, el modelo neoliberal intenta asociar a los sectores de ingresos más elevados de los asalariados a este capitalismo patrimonial. La presión ejercida a favor de la creación de valor en beneficio de las y los accionistas aparece como demasiado brutal y queda parcialmente modificada por una política que intenta ser más atractiva para alguna gente asalariada –en general, la de ingresos más elevados–, introduciendo así una fisura en su identidad colectiva que resulta funcional para el mantenimiento del orden neoliberal (Harribey, 2002: 7).
Las pensiones privadas, todas en el caso de las individuales –gestionadas por las entidades financieras– y una mayoría creciente en el caso de las profesionales o de empleo –gestionadas por las partes sociales (organizaciones empresariales y sindicatos) a nivel de empresa, grupo de empresas o sector 1/–, están organizadas en base al método de cotizaciones definidas en el que las pensiones dependen de las aportaciones recaudadas y del rendimiento de las inversiones en que se inviertan esas cotizaciones. A la vez, las aportaciones empresariales experimentan una tendencia hacia la disminución, no solo en el sector privado sino también en el sector público. A fin de elevar la rentabilidad de las inversiones, tiene lugar una evolución hacia la renta variable, con el grave riesgo de que las inversiones sufran los efectos de las crisis y burbujas financieras. El aumento de la esperanza media de vida, en el caso de las pensiones privadas, da lugar irremediablemente a una disminución en la cuantía de las pensiones, ya que la misma depende del fondo acumulado en la cuenta de cada partícipe.
Las pensiones privadas tienen efectos que sobrepasan a la provisión de las pensiones. En efecto, los gestores de los planes y fondos de pensiones tratan de obtener rentabilidades crecientes a fin de aumentar su parte en el mercado de estas pensiones, mediante la intensificación de la presión para el incremento de valor de las acciones de las empresas y los productos financieros a los que dedican una parte creciente de sus inversiones, contribuyendo así a la reducción de los salarios, el downsizing y, en general, al recorte de los derechos laborales como forma de aumentar los beneficios empresariales 2/. Los fondos de pensiones proceden a una desinversión gradual de sus activos, por lo que las tasas de rendimiento deben ser más altas que las que prevalecen en los mercados financieros, donde los inversionistas pueden revender sus valores inmediatamente (Chambost, 2013: 29). Como expresa Blackburn, el proceso en virtud del cual el salario diferido de las y los trabajadores es entregado a los directores financieros que, a su vez, lo transfieren a escenarios alejados de su entorno vital, que a menudo sufre el abandono y la marginación, es una nueva dimensión de la alienación que el pensamiento de Marx considera definitoria del capitalismo (2010: 203).
En el caso del Estado español, las inversiones de los fondos de pensiones se materializan en parte no despreciable en empresas e instituciones financieras que mantienen activos importantes en productos financieros opacos, muchos de ellos en paraísos fiscales y que están ligados con la economía criminal y la industria armamentística. Según un informe de Oxfam-Intermon (2017), la inversión española en paraísos fiscales se multiplicó por cuatro entre 2015 y 2016, de forma que uno de cada cuatro euros invertidos por empresas o particulares acaba en territorio offshore. Según otro informe de Oxfam (2017), el 26% de los beneficios de los 20 bancos más importantes de la Unión Europea (entre los que están incluidos el Santander y el BBVA) ha sido obtenido en paraísos fiscales.
Las pensiones privadas en el Estado español
La cobertura de las pensiones privadas de empleo es muy baja en el Estado español, en 2016 fue del 3,3% para la población de edades comprendidas entre 15 y 64 años, ocupando un bajo lugar en el ranking de los Estados miembros de la UE, cuya tasa de cobertura es del 27%. La cobertura es más elevada en las pensiones individuales (el 15,7%). Aunque esa cobertura es más reducida que la de muchos Estados de la UE, especialmente en las pensiones de empleo, el patrimonio de los fondos de pensiones es bastante más elevado que los de grandes países de la UE: conforme a las estadísticas de la OCDE, en 2016 el patrimonio de los fondos de pensiones suponía el 9,5% del PIB en el Estado español (en la Comunidad Autónoma Vasca el 34% a través de las EPSV), mucho menos que el de Estados característicos de la capitalización como Holanda (181,8%), Reino Unido (95,3%) o Estados Unidos (81,0%), pero bastante más que el de Estados cuyas pensiones se basan en el reparto como Italia (7,2%), Alemania (6,8%) o Francia (0,6%). Ello se explica porque estos se encuentran más retrasados en la privatización de las pensiones, mientras que en el Estado español ya en 1987 se aprobó la Ley de los Planes y Fondos de Pensiones (después refundida en 2002).
Los recortes en la cuantía y cobertura de las pensiones de reparto que están teniendo lugar en el Estado español, así como las incertidumbres provocadas sobre el futuro de estas pensiones, están aumentando durante los últimos decenios el monto de las pensiones de capitalización, cuyo patrimonio aumentó el 4% en 2017, alcanzando la cifra de 111.077 millones de euros. Como producto de la caída salarial y del empobrecimiento de la mayoría de la población trabajadora, el número de partícipes en los planes de pensiones está en caída desde el año 2010. En 2017 era de poco más de 9.700.000, 1.100.000 menos que en 2008 3/, aunque el número mínimo de partícipes se estima en 8.000.000, ya que muchos partícipes participan en más de un plan.
En algunos Estados de la UE (República Checa, Eslovenia…) las pensiones complementarias sirven para proporcionar ingresos en situaciones de pérdida de empleo de las trabajadoras y los trabajadores de edad elevada, pero que todavía no han alcanzado la edad de jubilación, en un contexto de aumento de la edad de acceso a la misma. En este sentido, en el Estado español, el endurecimiento de las condiciones para percibir el subsidio de desempleo de los mayores de 52 años ha sido acompañado de la flexibilización, mediante el Decreto 1299/2009, del rescate de las pensiones privadas de las personas desempleadas que hayan agotado el cobro de las prestaciones contributivas de desempleo. Rescates que se han producido en gran número durante la crisis: a pesar de una reducción a partir de 2014, en 2017 se produjeron más de 40.000 rescates anticipados.
La cantidad a aportar está limitada a 8.000 euros anuales por partícipe. El total de las aportaciones en 2017 fue de 4.970 millones de euros (de los que 1.623 corresponden al sistema de empleo y 3.918 al individual), lo que equivale a una media de unos 500 euros/año por partícipe, con una concentración importante en el tramo inferior: el 73% realiza aportaciones inferiores a 300 euros, mientras que solo el 5,3% superó la cantidad de 3.000 euros. Desde el año 2012 el aumento del patrimonio de los fondos de pensiones se ha debido al sistema individual, mientras que el sistema de empleo solo ha crecido por los rendimientos de sus inversiones (Inverco, 2018: 31).
La debilidad de las aportaciones medias no permite que supongan un porcentaje significativo de los ingresos de pensión. El pago de las prestaciones fue en 2017 de 4.543 millones. Las elevadas comisiones de gestión dan lugar a bajas rentabilidades, en algunos casos negativas. Según un estudio, en el periodo de diciembre 2002-diciembre 2012, mientras que la rentabilidad del Ibex-35 fue del 113% (media anual 7,86%) y la de los bonos del Estado a 10 años del 52% (media anual 4,3%), entre los 573 fondos de pensiones con 10 años de historia, solo dos fondos superaron la rentabilidad del Ibex-35, 32 superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años, 16 tuvieron rentabilidad promedio negativa y 446 tuvieron una rentabilidad media anual inferior al 3% (Fernández, Aguirremalloa y Linares, 2013).
Hasta hace escasos años, el Estado español, como otros países europeos en los que la intermediación bancaria desempeña un papel importante, invertía de forma muy mayoritaria en renta fija, a diferencia de los países anglosajones en los que la financiación se canaliza en buena parte a través de los mercados y en los que los fondos invierten mayoritariamente en renta variable (Mesa Martín y otros, 2003: 450). No obstante, la caída de los tipos de interés bancario está dando lugar a un aumento de la inversión en renta variable de los fondos de pensiones, de forma que en 2017 alcanzaba el 33,6% del total, aproximándose así a la cartera de los fondos europeos. La inversión en renta fija está disminuyendo (el 47,6% en 2017) y se concentra en bancos, entidades financieras y empresas eléctricas. Son los fondos que invierten en elevada proporción en renta variable los que están logrando rentabilidades importantes (por ejemplo, el del BBVA Plan Telecomunicaciones que ha obtenido un 50% entre 2015 y 2017), pero están sujetos al grave riesgo de un desmoronamiento de la Bolsa como la que se produjo en 2008, que si se produce en el momento de acceso a la jubilación y afecta a alguien de renta y/o patrimonio elevado puede ser un riesgo asumible, pero será catastrófico para quien tenga una pensión pública reducida y escasos ingresos. Además, tal como demuestra la experiencia, también la inversión en renta fija está sometida a riesgos de cuatro categorías: del tipo de interés, de inflación mayor que la prevista si la renta no está indexada, de amortización anticipada y riesgo del crédito si los valores han sido emitidos por entidades privadas (Mesa Martín y otros, 2003: 446).
A fin de mejorar la imagen de los planes de pensiones, lastrada por las bajas rentabilidades netas, el Decreto 62/2018 ha reducido las comisiones medias desde el 1,5% al 1,25%, según una escala en función de la política de inversión del fondo (más elevada cuando se invierte en renta variable), a las que hay que agregar el 0,25% por gastos de depósito de los fondos. Según un informe de Inverco del primer trimestre de 2018, la banca controla casi el 80% del mercado de los planes/fondos de pensiones, siendo CaixaBank (con el 23,6%) y el BBVA (20%) quienes ocupan el lugar preponderante: están asociados a los mismos siete de los diez planes que en el primer trimestre de 2018 han recibido más aportaciones, seguidos por Banco de Santander (8,8%), Bankia (6,3%), Ibercaja (5,3%) y Mapfre (4,8%). Gran parte de las entidades financieras trata de aumentar su parte mediante regalos y bonificaciones, a veces engañosas, a quienes cambien de entidad. Además del cobro de las comisiones, los beneficios que obtienen las entidades financieras que los gestionan se extienden a los que se derivan del destino de las inversiones hacia empresas ligadas con ellas. Un reglamento de la ley de planes/fondos no prohíbe sino que solo limita las inversiones en valores emitidos o avalados por una misma entidad o de entidades pertenecientes a un mismo grupo. Además, la ineficacia del control sobre las entidades financieras se ha mostrado sobradamente en la reciente crisis, lo que permite el incumplimiento de la normativa.
La presión hacia las pensiones privadas
Los poderosos lobbies de las pensiones privadas, compuestos por think tanks como Civismo y Fedea, la Asociación Inverco, la patronal del seguro Unespa, con el apoyo del Banco de España, son muy conscientes de la regla de los trade-offs o vasos comunicantes, según la cual el desarrollo de la capitalización exige la previa reducción de las pensiones de reparto. Así, Inverco (2018: 1) constata –y, aunque no lo dice expresamente, se felicita– que el Estado español “experimentará en los próximos años la mayor reducción de la tasa de sustitución del sistema público de pensiones de entre los países europeos”. Utilizan a fondo los gabinetes de estudio, los seminarios y las tertulias en los medios de comunicación con el discurso de que el envejecimiento de la población hace inevitable la disminución de las pensiones públicas, por lo que reclaman nuevas medidas de recorte, además de mantener las ya aprobadas, en particular mediante un nuevo aumento de la edad de jubilación y el cálculo de la pensión sobre toda la vida laboral. Según ellos sería insostenible dedicar una parte creciente de la riqueza social a una población pensionista en aumento, ¡como si las pensiones privadas basadas en la capitalización no exigieran una parte de esa riqueza!
La importante cantidad de dinero que supone el gasto de la Seguridad Social, especialmente de las pensiones, cuyo importe presupuestado para 2018 ascendía a casi 144.834 millones de euros, da lugar a que las entidades financieras hagan de la privatización de una parte de esos recursos un objetivo prioritario. Uno de los argumentos claves de los defensores de la capitalización, que no se explicita frecuentemente, se centra en que la inversión de los fondos de pensiones proporciona una rentabilidad superior a la de los sistemas de reparto, la tasa de crecimiento del PIB, de forma que una parte sustancial de las pensiones abonadas no proviene de las aportaciones realizadas sino de la rentabilidad de las inversiones.
En un contexto de inversión creciente en renta variable, para que los ingresos provenientes de los beneficios de las empresas crezcan más que el conjunto del PIB se requiere que se reduzca la parte salarial en el PIB: si el PIB crece al 3% es imposible que todos los ingresos crezcan al 5 o 6%. Desde la década de los ochenta, en el Estado español ha tenido lugar un aumento del diferencial entre las tasas de rendimiento financiero y de crecimiento real, reflejando una deformación en el reparto de los ingresos, en ventaja de los beneficios empresariales y en detrimento de los salarios, que según numerosos economistas críticos está ligado con la financiarización económica y la política de rentabilidad máxima y a corto plazo de los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Ese proceso se ha reforzado durante la reciente crisis: según Eurostat, los beneficios de las empresas no financieras se incrementaron el doble de los salarios en 2017, alcanzando el 42,8% del valor añadido bruto frente a una media del 40,0% en la UE. Así pues, es cierto que a largo plazo la rentabilidad empresarial está siendo superior al crecimiento económico. Si se mantuviera y, más aún, aumentara durante largo tiempo ese diferencial, conduciría a una multiplicación de las pensiones privadas basadas en la renta variable en detrimento de los salarios directos, que sería económicamente insostenible y absolutamente indeseable desde el punto de vista social.
Sin embargo, las bruscas oscilaciones de los mercados financieros, características de las crisis capitalistas, originan en muchas ocasiones descensos importantes en el curso de las acciones, lo que dio lugar en el año 2018 a caídas de los fondos de pensiones de más del 20% en el conjunto de los países de la OCDE, siendo particularmente afectados los países en los que la parte de las pensiones privadas es más importante. El hundimiento de las bolsas en las sucesivas crisis económico-financieras ha cuestionado las teorizaciones sobre el capitalismo patrimonial, en nombre del cual se propone a las y los asalariados que acepten productos financieros en lugar de salarios, directos o indirectos. Como ha indicado Piketty, la volatilidad del crecimiento de la masa salarial es entre 5 y 10 veces más reducida que la de la tasa de rendimiento del capital (2013: 785) 4/, por lo que quienes accedan a la pensión privada en un momento de caída del patrimonio de los fondos de pensiones, sufrirán una pérdida irreparable de la pensión. Es muy difícil solicitar a las personas asalariadas que acepten sustituir las pensiones basadas en el sistema de reparto por planes de pensiones indexados según la Bolsa, ya que la lección de las recesiones bursátiles de los años 2001-2003 y 2008-2010 es absolutamente general: es mejor y más seguro el salario –y la pensión basada en el salario– que el riesgo financiero. El actual movimiento de las y los pensionistas ha mostrado que lo tienen muy claro, con su exigencia de mejorar y garantizar las pensiones públicas y su crítica al favorable trato institucional a las pensiones privadas.
Los lobbies pro privatización defienden una orientación que no apuesta por la llamada compatibilidad voluntaria entre las pensiones públicas y las privadas, sino por la reducción de las primeras a un nivel asistencial y la asignación de un carácter obligatorio a las segundas. La versión más clara la ha defendido Vox en las recientes elecciones andaluzas y se inspira en el informe del Banco Mundial de 1994 Envejecimiento sin crisis (que defiende la generalización del proceso de la privatización de las pensiones en Chile, implantada por el general Pinochet en 1981): en su programa propone que el sistema público se limite a conceder pensiones mínimas asistenciales financiadas por los presupuestos generales del Estado, un segundo pilar basado en la capitalización obligatoria, financiado mediante descuentos de la nómina, sin precisar la parte a cargo de los trabajadores y cuál a la de las empresas, y un tercer pilar voluntario, también de capitalización, a cargo de las personas individuales. Aunque no lo expresan tan abiertamente, los planes a medio y largo plazo del PP y Ciudadanos son muy similares, solo que con una pequeña contención táctica en cuanto a los ritmos, por razones electorales.
Mikel de la Fuente es profesor de Derecho del Trabajo y miembro de la redacción de viento sur
Notas:
1/ La regulación inicial en el Estado español establecía la primacía de los partícipes en las comisiones de control de los planes de pensiones, pero la nueva ley de 2001 instauró el principio de participación paritaria entre los mismos y los promotores empresariales, así como la necesidad del voto de al menos la mitad de los promotores cuando las decisiones afecten al coste económico asumido por la empresa en los planes de prestaciones definidas.
2/ Véase en Chambost (2013) un análisis sobre la relación entre los nuevos instrumentos de financiarización, la degradación del trabajo y el sindicalismo.
3/ Los datos que siguen están extraídos de Inverco (2018) y CES (2018: 736-746).
4/ La estructura patrimonial de algunos Estados europeos, entre ellos el Estado español, al tener una parte importante de las empresas y de la deuda pública en manos de inversores extranjeros, les hace especialmente vulnerables (Piketty, 2013: 307).
Referencias
Blackburn, Robin (2010) El futuro del sistema de pensiones. Crisis financiera y Estado de bienestar. Madrid: Akal.
Chambost, Isabelle (2013) “De las finanzas al trabajo. Tras los pasos de los mecanismos de financiarización”, nº 3, La Nouvelle Revue du Travail, https://journals.openedition.org/nrt/1012
Comisión Europea (2017), Propuesta de Reglamento de Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), SWD (2017) 243-244 final, Bruselas, 29/6.
De la Fuente, Mikel (2014) “Pensiones dignas. Análisis crítico del Libro Blanco sobre Pensiones adecuadas, seguras y sostenibles y propuestas para un sistema vasco de pensiones”, en AA.VV. Estado europeo de bienestar: retos para Euskadi en el siglo XXI. Eurobask-Parlamento Vasco, pp. 55-73.
European Commission y Social Protection Commitee (2018), Current and Future Income Adecuacy in Old Age in the EU, Vol. 1, Bruselas, Comisión Europea.
Fernández, Pablo; Aguirremalloa, Javier y Linares, Pablo (2013) “Rentabilidad de los fondos de pensiones en España, 2002-2012 (Pension Funds in Spain, 2002-2012)”, Social Science Research Network-WorkingPapers Series, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2214903.
Harribey, Jean-Marie (2002) “Le discours libéral sur les retraites entre sophismes et apories”, http://harribey.montesquieu.u-bordeux.fr.
Inverco (2018) Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones. Informe 2017 y perspectivas 2018.
Mesa Martín, Antonio y otros (2003) “Régimen financiero de los fondos de pensiones”, en AA.VV. (José Luis Monereo Pérez y otros, Dirs.), Comentario al Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Granada: Comares, pp. 437-451.
Oxfam (2017) Cómo los principales bancos europeos se benefician de los paraísos fiscales, disponible en https://vientosur.info/spip.php?article12410
Oxfam-Intermon (2017) El dinero que no ves https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/31/10/17/dinero-que-no-ves(un resumen disponible en https://vientosur.info/spip.php?article13168).
Pérez Dávila, Xabier (2018) “Sobre el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). Comentarios a la propuesta de la CE”, administracion.reskyt.com
Piketty, Thomas (2015) El capital en el siglo XXI, México: Fondo de Cultura Económica.
Reynaud, Emmanuel (1995) “Financiamiento de las jubilaciones: reparto y capitalización en la Unión Europea”, RISS, Vol. 48, 3-4, pp. 49-68.
A la nueva figura se le asigna la función de promover un mercado único de capitales que impulse “el aporte de fondos de inversores institucionales y la inversión en la economía real” a largo plazo mediante el estímulo de “la innovación en el sector de los productos financieros”, obviando que esa “innovación” estuvo en el origen de la crisis financiera iniciada en 2007 y que la misma provocó en los países capitalistas desarrollados la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial (Pérez Dávila, 2018: 1). Para ello, la CE propone que, para dar un fuerte impulso a la nueva figura, los Estados le apliquen el mismo trato fiscal que a los productos estatales ya existentes y ello aunque los PEPP no cumplan los criterios estatales de desgravación fiscal. Según un estudio de impacto recogido en el documento citado de la CE, el marco PEPP daría lugar a un aumento de los activos gestionados en el mercado de las pensiones individuales desde los 0,7 billones actuales a 2,1 billones en 2030, eso sí contando con la concesión de los citados incentivos fiscales.
En 2017, el patrimonio mundial de los fondos de pensiones creció el 7%, alcanzando la cifra de 26,1 billones de euros. Ese impulso se debe a varias razones. Por una parte responde al deseo de los bancos y aseguradoras de ampliar el espectro de sus negocios. La dispersión y fragmentación de las pensiones privadas da lugar a elevados gastos de publicidad para ensanchar el negocio, de gestión y comisiones de depósito, de intermediación por las operaciones de compra y venta de los valores de la cartera, y de auditoría o administración del fondo. El conjunto de esos gastos, que se miden con la ratio conocida como total expense ratio (TER) y que resulta del cociente entre los gastos totales y el patrimonio del fondo, puede alcanzar porcentajes que reducen significativamente la cuantía de las pensiones netas. En el Estado español, la TER ha llegado a alcanzar una media del 2%. Tienen los terceros costes más elevados de los países de la OCDE, lo que se explica por la escasa competencia que existe en el sector, ya que las entidades que los gestionan “deberán estar domiciliadas en España”, a diferencia de lo que ocurre con los fondos de inversión, en los que las entidades financieras del Estado compiten con compañías internacionales. Esos gastos de gestión son inferiores en los sistemas de empleo, lo que permite que la relación entre las aportaciones realizadas y las pensiones que proporcionan sea más elevada que en los sistemas individuales.
Por otra parte, en algunos Estados las organizaciones empresariales contemplan que el tránsito total o parcial de las pensiones públicas de reparto hacia las pensiones de empleo de capitalización puede ser una ocasión para modificar la distribución de las cotizaciones en sentido favorable para sus intereses. Este elemento es muy importante en el caso del Estado español, ya que la relación entre las cotizaciones abonadas por las empresas y por las trabajadoras y los trabajadores es aproximadamente de cinco a uno.
Pero la explicación quedaría incompleta si no se tuviesen en cuenta otros elementos de tipo político-ideológico. Como señalaba Reynaud (1995), cuando se pone el acento en el aspecto técnico de la financiación se oculta que la cuestión fundamental de la alternativa entre reparto y capitalización es de orden político y cultural. La ilusión individualista se encuentra en el centro de la propaganda mistificadora del discurso neoliberal sobre las pensiones, que tiende a hacer creer que la pensión de cada persona depende de sus propias opciones, tanto en relación con la duración de su esfuerzo contributivo como con el importe de las cotizaciones o primas que abone. Se basa en la teoría de la economía neoclásica según la cual el capital engendra un valor añadido del que una parte debe corresponder a sus propietarios, lo que no se corresponde con la realidad, ya que el capital solo se valoriza mediante el trabajo humano y la apropiación de los recursos naturales. Ello significa que el rendimiento del capital se detrae del valor creado por los asalariados. En términos de Robin Blackburn (2010: 16), los think tanks apologistas del libre mercado explican que los sistemas públicos suponen una carga excesiva que frena la acumulación del capital y se basan en un “exceso” redistributivo del Estado intervencionista. No obstante, no tienen ningún empacho en incurrir en evidentes contradicciones “intervencionistas” cuando reclaman exenciones fiscales para las pensiones privadas e incluso solicitan que estas sean obligatorias.
Después de décadas de gestión precarizadora de la fuerza de trabajo, el modelo neoliberal intenta asociar a los sectores de ingresos más elevados de los asalariados a este capitalismo patrimonial. La presión ejercida a favor de la creación de valor en beneficio de las y los accionistas aparece como demasiado brutal y queda parcialmente modificada por una política que intenta ser más atractiva para alguna gente asalariada –en general, la de ingresos más elevados–, introduciendo así una fisura en su identidad colectiva que resulta funcional para el mantenimiento del orden neoliberal (Harribey, 2002: 7).
Las pensiones privadas, todas en el caso de las individuales –gestionadas por las entidades financieras– y una mayoría creciente en el caso de las profesionales o de empleo –gestionadas por las partes sociales (organizaciones empresariales y sindicatos) a nivel de empresa, grupo de empresas o sector 1/–, están organizadas en base al método de cotizaciones definidas en el que las pensiones dependen de las aportaciones recaudadas y del rendimiento de las inversiones en que se inviertan esas cotizaciones. A la vez, las aportaciones empresariales experimentan una tendencia hacia la disminución, no solo en el sector privado sino también en el sector público. A fin de elevar la rentabilidad de las inversiones, tiene lugar una evolución hacia la renta variable, con el grave riesgo de que las inversiones sufran los efectos de las crisis y burbujas financieras. El aumento de la esperanza media de vida, en el caso de las pensiones privadas, da lugar irremediablemente a una disminución en la cuantía de las pensiones, ya que la misma depende del fondo acumulado en la cuenta de cada partícipe.
Las pensiones privadas tienen efectos que sobrepasan a la provisión de las pensiones. En efecto, los gestores de los planes y fondos de pensiones tratan de obtener rentabilidades crecientes a fin de aumentar su parte en el mercado de estas pensiones, mediante la intensificación de la presión para el incremento de valor de las acciones de las empresas y los productos financieros a los que dedican una parte creciente de sus inversiones, contribuyendo así a la reducción de los salarios, el downsizing y, en general, al recorte de los derechos laborales como forma de aumentar los beneficios empresariales 2/. Los fondos de pensiones proceden a una desinversión gradual de sus activos, por lo que las tasas de rendimiento deben ser más altas que las que prevalecen en los mercados financieros, donde los inversionistas pueden revender sus valores inmediatamente (Chambost, 2013: 29). Como expresa Blackburn, el proceso en virtud del cual el salario diferido de las y los trabajadores es entregado a los directores financieros que, a su vez, lo transfieren a escenarios alejados de su entorno vital, que a menudo sufre el abandono y la marginación, es una nueva dimensión de la alienación que el pensamiento de Marx considera definitoria del capitalismo (2010: 203).
En el caso del Estado español, las inversiones de los fondos de pensiones se materializan en parte no despreciable en empresas e instituciones financieras que mantienen activos importantes en productos financieros opacos, muchos de ellos en paraísos fiscales y que están ligados con la economía criminal y la industria armamentística. Según un informe de Oxfam-Intermon (2017), la inversión española en paraísos fiscales se multiplicó por cuatro entre 2015 y 2016, de forma que uno de cada cuatro euros invertidos por empresas o particulares acaba en territorio offshore. Según otro informe de Oxfam (2017), el 26% de los beneficios de los 20 bancos más importantes de la Unión Europea (entre los que están incluidos el Santander y el BBVA) ha sido obtenido en paraísos fiscales.
Las pensiones privadas en el Estado español
La cobertura de las pensiones privadas de empleo es muy baja en el Estado español, en 2016 fue del 3,3% para la población de edades comprendidas entre 15 y 64 años, ocupando un bajo lugar en el ranking de los Estados miembros de la UE, cuya tasa de cobertura es del 27%. La cobertura es más elevada en las pensiones individuales (el 15,7%). Aunque esa cobertura es más reducida que la de muchos Estados de la UE, especialmente en las pensiones de empleo, el patrimonio de los fondos de pensiones es bastante más elevado que los de grandes países de la UE: conforme a las estadísticas de la OCDE, en 2016 el patrimonio de los fondos de pensiones suponía el 9,5% del PIB en el Estado español (en la Comunidad Autónoma Vasca el 34% a través de las EPSV), mucho menos que el de Estados característicos de la capitalización como Holanda (181,8%), Reino Unido (95,3%) o Estados Unidos (81,0%), pero bastante más que el de Estados cuyas pensiones se basan en el reparto como Italia (7,2%), Alemania (6,8%) o Francia (0,6%). Ello se explica porque estos se encuentran más retrasados en la privatización de las pensiones, mientras que en el Estado español ya en 1987 se aprobó la Ley de los Planes y Fondos de Pensiones (después refundida en 2002).
Los recortes en la cuantía y cobertura de las pensiones de reparto que están teniendo lugar en el Estado español, así como las incertidumbres provocadas sobre el futuro de estas pensiones, están aumentando durante los últimos decenios el monto de las pensiones de capitalización, cuyo patrimonio aumentó el 4% en 2017, alcanzando la cifra de 111.077 millones de euros. Como producto de la caída salarial y del empobrecimiento de la mayoría de la población trabajadora, el número de partícipes en los planes de pensiones está en caída desde el año 2010. En 2017 era de poco más de 9.700.000, 1.100.000 menos que en 2008 3/, aunque el número mínimo de partícipes se estima en 8.000.000, ya que muchos partícipes participan en más de un plan.
En algunos Estados de la UE (República Checa, Eslovenia…) las pensiones complementarias sirven para proporcionar ingresos en situaciones de pérdida de empleo de las trabajadoras y los trabajadores de edad elevada, pero que todavía no han alcanzado la edad de jubilación, en un contexto de aumento de la edad de acceso a la misma. En este sentido, en el Estado español, el endurecimiento de las condiciones para percibir el subsidio de desempleo de los mayores de 52 años ha sido acompañado de la flexibilización, mediante el Decreto 1299/2009, del rescate de las pensiones privadas de las personas desempleadas que hayan agotado el cobro de las prestaciones contributivas de desempleo. Rescates que se han producido en gran número durante la crisis: a pesar de una reducción a partir de 2014, en 2017 se produjeron más de 40.000 rescates anticipados.
La cantidad a aportar está limitada a 8.000 euros anuales por partícipe. El total de las aportaciones en 2017 fue de 4.970 millones de euros (de los que 1.623 corresponden al sistema de empleo y 3.918 al individual), lo que equivale a una media de unos 500 euros/año por partícipe, con una concentración importante en el tramo inferior: el 73% realiza aportaciones inferiores a 300 euros, mientras que solo el 5,3% superó la cantidad de 3.000 euros. Desde el año 2012 el aumento del patrimonio de los fondos de pensiones se ha debido al sistema individual, mientras que el sistema de empleo solo ha crecido por los rendimientos de sus inversiones (Inverco, 2018: 31).
La debilidad de las aportaciones medias no permite que supongan un porcentaje significativo de los ingresos de pensión. El pago de las prestaciones fue en 2017 de 4.543 millones. Las elevadas comisiones de gestión dan lugar a bajas rentabilidades, en algunos casos negativas. Según un estudio, en el periodo de diciembre 2002-diciembre 2012, mientras que la rentabilidad del Ibex-35 fue del 113% (media anual 7,86%) y la de los bonos del Estado a 10 años del 52% (media anual 4,3%), entre los 573 fondos de pensiones con 10 años de historia, solo dos fondos superaron la rentabilidad del Ibex-35, 32 superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años, 16 tuvieron rentabilidad promedio negativa y 446 tuvieron una rentabilidad media anual inferior al 3% (Fernández, Aguirremalloa y Linares, 2013).
Hasta hace escasos años, el Estado español, como otros países europeos en los que la intermediación bancaria desempeña un papel importante, invertía de forma muy mayoritaria en renta fija, a diferencia de los países anglosajones en los que la financiación se canaliza en buena parte a través de los mercados y en los que los fondos invierten mayoritariamente en renta variable (Mesa Martín y otros, 2003: 450). No obstante, la caída de los tipos de interés bancario está dando lugar a un aumento de la inversión en renta variable de los fondos de pensiones, de forma que en 2017 alcanzaba el 33,6% del total, aproximándose así a la cartera de los fondos europeos. La inversión en renta fija está disminuyendo (el 47,6% en 2017) y se concentra en bancos, entidades financieras y empresas eléctricas. Son los fondos que invierten en elevada proporción en renta variable los que están logrando rentabilidades importantes (por ejemplo, el del BBVA Plan Telecomunicaciones que ha obtenido un 50% entre 2015 y 2017), pero están sujetos al grave riesgo de un desmoronamiento de la Bolsa como la que se produjo en 2008, que si se produce en el momento de acceso a la jubilación y afecta a alguien de renta y/o patrimonio elevado puede ser un riesgo asumible, pero será catastrófico para quien tenga una pensión pública reducida y escasos ingresos. Además, tal como demuestra la experiencia, también la inversión en renta fija está sometida a riesgos de cuatro categorías: del tipo de interés, de inflación mayor que la prevista si la renta no está indexada, de amortización anticipada y riesgo del crédito si los valores han sido emitidos por entidades privadas (Mesa Martín y otros, 2003: 446).
A fin de mejorar la imagen de los planes de pensiones, lastrada por las bajas rentabilidades netas, el Decreto 62/2018 ha reducido las comisiones medias desde el 1,5% al 1,25%, según una escala en función de la política de inversión del fondo (más elevada cuando se invierte en renta variable), a las que hay que agregar el 0,25% por gastos de depósito de los fondos. Según un informe de Inverco del primer trimestre de 2018, la banca controla casi el 80% del mercado de los planes/fondos de pensiones, siendo CaixaBank (con el 23,6%) y el BBVA (20%) quienes ocupan el lugar preponderante: están asociados a los mismos siete de los diez planes que en el primer trimestre de 2018 han recibido más aportaciones, seguidos por Banco de Santander (8,8%), Bankia (6,3%), Ibercaja (5,3%) y Mapfre (4,8%). Gran parte de las entidades financieras trata de aumentar su parte mediante regalos y bonificaciones, a veces engañosas, a quienes cambien de entidad. Además del cobro de las comisiones, los beneficios que obtienen las entidades financieras que los gestionan se extienden a los que se derivan del destino de las inversiones hacia empresas ligadas con ellas. Un reglamento de la ley de planes/fondos no prohíbe sino que solo limita las inversiones en valores emitidos o avalados por una misma entidad o de entidades pertenecientes a un mismo grupo. Además, la ineficacia del control sobre las entidades financieras se ha mostrado sobradamente en la reciente crisis, lo que permite el incumplimiento de la normativa.
La presión hacia las pensiones privadas
Los poderosos lobbies de las pensiones privadas, compuestos por think tanks como Civismo y Fedea, la Asociación Inverco, la patronal del seguro Unespa, con el apoyo del Banco de España, son muy conscientes de la regla de los trade-offs o vasos comunicantes, según la cual el desarrollo de la capitalización exige la previa reducción de las pensiones de reparto. Así, Inverco (2018: 1) constata –y, aunque no lo dice expresamente, se felicita– que el Estado español “experimentará en los próximos años la mayor reducción de la tasa de sustitución del sistema público de pensiones de entre los países europeos”. Utilizan a fondo los gabinetes de estudio, los seminarios y las tertulias en los medios de comunicación con el discurso de que el envejecimiento de la población hace inevitable la disminución de las pensiones públicas, por lo que reclaman nuevas medidas de recorte, además de mantener las ya aprobadas, en particular mediante un nuevo aumento de la edad de jubilación y el cálculo de la pensión sobre toda la vida laboral. Según ellos sería insostenible dedicar una parte creciente de la riqueza social a una población pensionista en aumento, ¡como si las pensiones privadas basadas en la capitalización no exigieran una parte de esa riqueza!
La importante cantidad de dinero que supone el gasto de la Seguridad Social, especialmente de las pensiones, cuyo importe presupuestado para 2018 ascendía a casi 144.834 millones de euros, da lugar a que las entidades financieras hagan de la privatización de una parte de esos recursos un objetivo prioritario. Uno de los argumentos claves de los defensores de la capitalización, que no se explicita frecuentemente, se centra en que la inversión de los fondos de pensiones proporciona una rentabilidad superior a la de los sistemas de reparto, la tasa de crecimiento del PIB, de forma que una parte sustancial de las pensiones abonadas no proviene de las aportaciones realizadas sino de la rentabilidad de las inversiones.
En un contexto de inversión creciente en renta variable, para que los ingresos provenientes de los beneficios de las empresas crezcan más que el conjunto del PIB se requiere que se reduzca la parte salarial en el PIB: si el PIB crece al 3% es imposible que todos los ingresos crezcan al 5 o 6%. Desde la década de los ochenta, en el Estado español ha tenido lugar un aumento del diferencial entre las tasas de rendimiento financiero y de crecimiento real, reflejando una deformación en el reparto de los ingresos, en ventaja de los beneficios empresariales y en detrimento de los salarios, que según numerosos economistas críticos está ligado con la financiarización económica y la política de rentabilidad máxima y a corto plazo de los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Ese proceso se ha reforzado durante la reciente crisis: según Eurostat, los beneficios de las empresas no financieras se incrementaron el doble de los salarios en 2017, alcanzando el 42,8% del valor añadido bruto frente a una media del 40,0% en la UE. Así pues, es cierto que a largo plazo la rentabilidad empresarial está siendo superior al crecimiento económico. Si se mantuviera y, más aún, aumentara durante largo tiempo ese diferencial, conduciría a una multiplicación de las pensiones privadas basadas en la renta variable en detrimento de los salarios directos, que sería económicamente insostenible y absolutamente indeseable desde el punto de vista social.
Sin embargo, las bruscas oscilaciones de los mercados financieros, características de las crisis capitalistas, originan en muchas ocasiones descensos importantes en el curso de las acciones, lo que dio lugar en el año 2018 a caídas de los fondos de pensiones de más del 20% en el conjunto de los países de la OCDE, siendo particularmente afectados los países en los que la parte de las pensiones privadas es más importante. El hundimiento de las bolsas en las sucesivas crisis económico-financieras ha cuestionado las teorizaciones sobre el capitalismo patrimonial, en nombre del cual se propone a las y los asalariados que acepten productos financieros en lugar de salarios, directos o indirectos. Como ha indicado Piketty, la volatilidad del crecimiento de la masa salarial es entre 5 y 10 veces más reducida que la de la tasa de rendimiento del capital (2013: 785) 4/, por lo que quienes accedan a la pensión privada en un momento de caída del patrimonio de los fondos de pensiones, sufrirán una pérdida irreparable de la pensión. Es muy difícil solicitar a las personas asalariadas que acepten sustituir las pensiones basadas en el sistema de reparto por planes de pensiones indexados según la Bolsa, ya que la lección de las recesiones bursátiles de los años 2001-2003 y 2008-2010 es absolutamente general: es mejor y más seguro el salario –y la pensión basada en el salario– que el riesgo financiero. El actual movimiento de las y los pensionistas ha mostrado que lo tienen muy claro, con su exigencia de mejorar y garantizar las pensiones públicas y su crítica al favorable trato institucional a las pensiones privadas.
Los lobbies pro privatización defienden una orientación que no apuesta por la llamada compatibilidad voluntaria entre las pensiones públicas y las privadas, sino por la reducción de las primeras a un nivel asistencial y la asignación de un carácter obligatorio a las segundas. La versión más clara la ha defendido Vox en las recientes elecciones andaluzas y se inspira en el informe del Banco Mundial de 1994 Envejecimiento sin crisis (que defiende la generalización del proceso de la privatización de las pensiones en Chile, implantada por el general Pinochet en 1981): en su programa propone que el sistema público se limite a conceder pensiones mínimas asistenciales financiadas por los presupuestos generales del Estado, un segundo pilar basado en la capitalización obligatoria, financiado mediante descuentos de la nómina, sin precisar la parte a cargo de los trabajadores y cuál a la de las empresas, y un tercer pilar voluntario, también de capitalización, a cargo de las personas individuales. Aunque no lo expresan tan abiertamente, los planes a medio y largo plazo del PP y Ciudadanos son muy similares, solo que con una pequeña contención táctica en cuanto a los ritmos, por razones electorales.
Mikel de la Fuente es profesor de Derecho del Trabajo y miembro de la redacción de viento sur
Notas:
1/ La regulación inicial en el Estado español establecía la primacía de los partícipes en las comisiones de control de los planes de pensiones, pero la nueva ley de 2001 instauró el principio de participación paritaria entre los mismos y los promotores empresariales, así como la necesidad del voto de al menos la mitad de los promotores cuando las decisiones afecten al coste económico asumido por la empresa en los planes de prestaciones definidas.
2/ Véase en Chambost (2013) un análisis sobre la relación entre los nuevos instrumentos de financiarización, la degradación del trabajo y el sindicalismo.
3/ Los datos que siguen están extraídos de Inverco (2018) y CES (2018: 736-746).
4/ La estructura patrimonial de algunos Estados europeos, entre ellos el Estado español, al tener una parte importante de las empresas y de la deuda pública en manos de inversores extranjeros, les hace especialmente vulnerables (Piketty, 2013: 307).
Referencias
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Chambost, Isabelle (2013) “De las finanzas al trabajo. Tras los pasos de los mecanismos de financiarización”, nº 3, La Nouvelle Revue du Travail, https://journals.openedition.org/nrt/1012
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European Commission y Social Protection Commitee (2018), Current and Future Income Adecuacy in Old Age in the EU, Vol. 1, Bruselas, Comisión Europea.
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Harribey, Jean-Marie (2002) “Le discours libéral sur les retraites entre sophismes et apories”, http://harribey.montesquieu.u-bordeux.fr.
Inverco (2018) Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones. Informe 2017 y perspectivas 2018.
Mesa Martín, Antonio y otros (2003) “Régimen financiero de los fondos de pensiones”, en AA.VV. (José Luis Monereo Pérez y otros, Dirs.), Comentario al Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Granada: Comares, pp. 437-451.
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Piketty, Thomas (2015) El capital en el siglo XXI, México: Fondo de Cultura Económica.
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