nuestra opinión
Huexca en dos tiempos
 La subsecretaria de Participación Ciudadana de la SG, Diana Álvarez Maury, dijo que previo a la consulta se hicieron asambleas y se difundió la información a través de diversos medios. Pablo Ramos |
| Me indigna el asesinato de Samir. Y esto es un asunto ético. Exijo que se aclare. Y esto es un asunto policiaco. Rechazo que se use su muerte para alimentar con sangre una causa legítima. Y esto es un asunto político. |
Técnicamente irresponsable, económicamente discutible, poco transparente en su adjudicación y socialmente autoritario, el Proyecto Integral Morelos (PIM) es un ejemplo inmejorable del tipo de emprendimientos de infraestructura que impulsaban los gobiernos del PRI y el PAN. Y como tal, desde su arranque fue objetado por los expertos y resistido por las comunidades.
El proyecto viene de 2009, pero desde 2011 en que se sabe de él, empiezan las protestas contra la termoeléctrica que se construiría en Huexca, Morelos, y contra el gasoducto que correría por tierras de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
En enero de 2012 el Ayuntamiento de Yecapixtla otorga el permiso para la construcción de la planta. De inmediato las comunidades opositoras bloquean el predio. Al poco tiempo son desalojadas por la policía estatal, que le abre paso a las máquinas de la empresa Abengoa encargada de la construcción.
Ese mismo año se constituye el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) y una de sus primeras acciones es la toma de la presidencia municipal de Jantetelco, pues el alcalde se niega a negociar con ellos.
En 2013 se inicia la construcción del ducto que llevará del Río Cuautla a Huexca el agua necesaria para el enfriamiento de la termoeléctrica. Se trata de “agua de retorno” proveniente de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla, que unos seis mil ejidatarios de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Tlalquitenango tienen concesionada para riego.
Los agricultores se organizan en el Campamento Zapatista en Defensa del Agua del Río Cuautla, paran el ducto en San Gabriel Tepeaca, pero son desalojados. Se instalan después en Apatlaco, de donde también son retirados. Actualmente han establecido su campamento a orillas del Río Cuautla, impidiendo que se terminen los 150 metros de tubería que faltan. “Somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos”, es su consigna.
Como parte de la resistencia, se recurrió a amparos judiciales como el que interpusieron cuatro comunidades de Atlixco, Puebla, porque se omitió la debida consulta a los pueblos nahuas afectados.
En seis años de lucha el FPDTA ha sido reiteradamente reprimido. En Puebla, Enedina Rosas y Juan Carlos Flores, detenidos por el gobierno de Moreno Valle, pasan un año en la cárcel. En Morelos, el gobernador Graco Ramírez, apresa a Jaime Domínguez, Carmelo de la Torre y otros más, que en pocos días son liberados.
También los expertos han cuestionado severamente el proyecto. El Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres, de la BUAP han señalado reiteradamente que es necesario revisar el trazo y espesor del gasoducto, que pasa por zonas de riesgo volcánico y que incluso pudiera haber sido afectado por el terremoto de 2017.
Otros han denunciado la opacidad con que se contrató el proyecto que desarrollan empresas como Abengoa, Alquenor y su subsidiaria Enagás.
Torpe en su diseño y atrabancado en su realización, el PIM ha sido resistido y cuestionado por muchos. Y en 2014, cuando las obras apenas empezaban, el propio López Obrador dijo en Anenecuilco: “Nosotros no queremos esa termoeléctrica”.
Sin embargo, pese a la enérgica y persistente oposición, los 160 kilómetros de gasoducto y la planta energética se concluyeron, y al acueducto le faltan apenas 150 metros.
Muchos opositores pensaron que con el triunfo de López Obrador, ahora sí el proyecto se echaría para atrás. Pero se llevaron la sorpresa de que dado que la obra ya existía y la inversión había sido cuantiosa, el nuevo gobierno se propone continuarlo.
No es el único caso; el aeropuerto en el lago de Texcoco se pudo cancelar porque llevaba menos de 30% de avance, pero el tren interurbano de la Ciudad de México a Toluca se terminará, pese al desaseo con que se hizo; y la planta de fertilizantes de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que el gobierno malbarató y luego recompró con sobreprecio, se echará a andar.
Ejemplo paradigmático de que quien gobierna debe asumir los hechos consumados, lo tenemos en las concesiones para explotar nuestros recursos petrolíferos. Torpeza que en su momento el movimiento encabezado por López Obrador no pudo impedir, de modo que ahora que gobierna -y mientras no se crean las condiciones para proceder de otra manera- les exige a las empresas beneficiadas que inviertan y saquen el petróleo que indebidamente se les otorgó, pues lo necesitamos para nuestra seguridad energética.
Si entendemos que el costo (económico, social y ambiental) de revertir algo que estuvo mal, puede ser mayor que el de asumirlo y compensar en lo posible los daños, comprenderemos la postura de López Obrador, quien una y otra vez ha presentado sus argumentos:
“De no operar se perderían alrededor de tres mil millones de pesos al año. Además de que quedarían enterrados más de veinte mil millones de pesos y tendríamos que seguir comprando energía a las empresas particulares… Tenemos necesidad de fortalecer a esta empresa productiva de la nación (la Comisión Federal de Electricidad) que fue desmantelada. Que quieren destruirla para que todo el mercado de energía sea manejado por empresas particulares, la mayoría extranjeras, a las que se tiene que pagar subsidio”.
Argumento atendible que sin embargo no cancela los muy fundados cuestionamientos que se le han hecho a la obra, y que también son atendibles. Así lo entiende uno de sus más severos críticos, Aurelio Fernández, del Cupreder, quien escribió:
“Me preguntaron: ¿se puede conciliar la conclusión de la obra del PIM con la solución de los riesgos que conlleva? Sí, digo, a condición de cumplir con estos requisitos: No hacer ramales de gas, usarlo únicamente en la generación de energía en Huexca; revisar en detalle el trazo del ducto, porque no se sabe a ciencia cierta cómo se encuentra y hay críticas muy consistentes de cómo fue realizado, en particular las partes relacionadas con los productos eruptivos esperados; garantizar la reacción al transportar el gas durante un evento volcánico peligroso; garantizar el cuidado del ducto en relación al robo de combustible; revisión del sistema de enfriamiento de las termoeléctricas, prefiriendo el método seco o de agua reciclada; cuidado de otros contaminantes producidos; y, un aspecto crucial, la conciliación con los actores sociales que han participado en este proceso a lo largo de muchos años”.
Es, pues, posible recuperar la cuantiosa inversión y avanzar en nuestra soberanía energética, al tiempo que se minimizan los daños y riesgos, particularmente los volcánicos que tienen que ver con el ducto y los hídricos que tienen que ver con el derecho de los ejidatarios a seguir recibiendo aguas utilizables para la agricultura.
Ciertamente esto supone una negociación. Hace unos días López Obrador dijo que una comisión de expertos internacionales de la UNESCO analizará el problema del agua. Y está bien. Sin embargo del gasoducto no ha dicho nada, y el Cupreder considera que los ajustes anunciados por el gobierno “no son suficientes ni los más importantes”.
De modo que, como sucede en los asuntos de trascendencia, la negociación sigue y puede ser larga. Lo que no debiera sorprendernos ni inquietarnos. Pero algunos parecen dispuestos a transformar los diferendos en un choque de trenes. Y esto sí es preocupante.
¿Amarrar navajas?
En nuestras luchas contra el despojo, y en particular en la defensa de los territorios, aprendimos a ser intransigentes. Y debemos seguirlo siendo. Pero después del primero de julio habremos de darle un uso distinto a nuestra intransigencia, pues ahora tenemos una presidencia y un legislativo dispuestos a cambiar las cosas. Y sería bueno asumirlo así.
 Un proyecto objetado por académicos y resistido por las comunidades. Rubicela Morelos Cruz |
¿Que quisiéramos más? ¿Que no nos gustan algunos “megaproyectos” como el Tren Maya? Pues vamos discutiéndolos, si se quiere acaloradamente. Pero admitamos que las cosas están cambiando. Y para bien.
Sin embargo, en estos días el asunto de Huexca empezó a marchar por otro camino. Y es que el derecho de los pueblos originarios a ser consultados cuando algún proyecto impacta en sus territorios -un derecho legítimo y por el que mucho hemos batallado- se transformó ahí en un particularismo y un localismo extremos, por el que se absolutiza el interés propio de tal o cual pueblo, mientras que se descalifica toda apelación al interés general, con el argumento de traerlo a colación no es más que un subterfugio del gobierno para imponer sus “proyectos de muerte”. Y así no se puede discutir.
Ante lo que le parece la cerrazón de una minoría -y como es su costumbre-, López Obrador apeló al interés general. No solo al que él legítimamente representa, pues fue electo por treinta millones, sino también al verificable mediante votaciones específicas. Y el diez de febrero propuso una consulta a los habitantes de treinta y seis municipios de Morelos, quince de Puebla y nueve de Tlaxcala, a realizarse el veintitrés y veinticuatro de ese mes.
Y los grupos que se han movilizado contra el PIM la rechazaron tajantemente. A veces con argumentos justos, como el que es a los pueblos originarios a quienes se debe consultar, como lo establece el Convenio de la OIT. A veces con alegatos injustos como el que consultar a otros es indebido (¿es que con consultar a los originarios basta?) además de que una consulta ciudadana no es una “consulta popular” como establece la Constitución.
Naturalmente se opusieron a la consulta y la sabotearon -como al principio los del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, a la del aeropuerto- porque pensaron que la perderían. Como efectivamente sucedió. Pero a mi ver su alegato debió ser otro.
Ciertamente el resultado (59.5 contra 40.5) demuestra que hay en la zona una población favorable al proyecto, que es lo que López Obrador quería probar. Pero esto no significa que las críticas de quienes lo cuestionan no se tomen en cuenta y que los reclamos de quienes serían afectados no se atiendan. Aunque el resultado de la consulta hubiera sido de 80 a 20, los señalamientos del Cupreder deben ser considerados seriamente, y escrupulosamente respetado el derecho al agua de los ejidatarios.
El principio democrático que está detrás de esto no es que la minoría ha de plegarse a la mayoría y ya, pues ésta última debe respetar los derechos minoritarios (pueblos originarios, diversidad sexual, etc.). Pero, a la inversa, quienes defendemos algún interés particular, y todos defendemos alguno, debemos siempre tomar en cuenta el interés general. No para someternos a él y renunciar al propio, sino para ponderarlo y matizar nuestro alegato, pues, bien visto, el interés general también es nuestro interés. Los del campamento a orillas del río Cuautla podrían decir: “Somos campesinos y queremos agua para regar. Pero, igual que todos, necesitamos electricidad, y de algún modo hay que generarla: ¿cómo le hacemos para sacar adelante las dos cosas?”.
Armonización del interés particular y el interés general que torpedean fórmulas del tipo “aquí solo mis chicharrones truenan”, como: “Para qué la consulta si nosotros ya consultamos a nuestra asamblea y dijimos `no´ a la termoeléctrica” (Huexca) o: “La decisión está tomada, la consulta a la chingada” (consigna de activistas), posturas que no reconocen más soberanía que la local e imposibilitan toda discusión.
El crimen
El encono ya estaba ahí. Pero se agravó exponencialmente desde el veinte de febrero, fecha en que es asesinado Samir Flores, uno de los dirigentes más destacados del FPDTA. Faltaban dos días para la encuesta y a nadie sensato se le ocurre que lo pudo mandar matar el gobierno. No solo porque el de ahora no es asesino, sino porque no es estúpido y la muerte de Samir abona con sangre la votación por el “no” y en general la resistencia al PIM.
Sin embargo la reacción espontánea de sus compañeros de lucha fue culpar al gobierno. “¡Samir no murió, el gobierno lo mató!”, se grita durante su sepelio.
No podía ser de otra manera. Y sus asesinos, que sin duda lo sabían, decidieron tirar gasolina en el fuego. Sean cuales sean sus causas particulares y sus autores, el crimen fue una provocación.
A los compas de Samir no les podemos pedir moderación. Están dolidos e indignados. Lo grave es que algunos analistas hayan secundado ésta equivocada y peligrosa lectura. “Todo quedó claro en Morelos en estos días. Violan la ley con la `consulta´. Y se apegan a la línea del prian al asesinar dos veces a nuestros muertos. Mataron al campesino Samir Flores (y) el gobierno quiso de inmediato matar su recuerdo atribuyéndole el hecho al crimen organizado”, escribió Gustavo Esteva, en un texto enrevesado pero inequívoco: lo mató el gobierno y lo mato dos veces.
Otros alimentan con la sangre de Samir una causa que no la necesita, y presentan un diferendo acalorado pero específico y concreto, como si fuera una abstracta y metafísica confrontación entre la vida y la muerte. Lo que le cierra totalmente las puertas al diálogo. “La vida no se negocia. La muerte no se consulta” es una fórmula que se ve bien en una manta colgada en Cuautla, pero cuando al día siguiente del asesinato Gilberto López y Rivas la emplea como título de un artículo, nos está diciendo que la sangre de Samir clausuró toda negociación y toda consulta, es decir todo recurso civilizado para dirimir diferencias. Y no.
Lamentablemente son más que voces aisladas, su lectura coincide con la del EZLN, de cuyo entorno forman parte. Según informó La Jornada el 22 de febrero, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y el EZLN responsabilizaron del asesinato “al mal gobierno y sus patrones, que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanza”.
Con estas afirmaciones los zapatistas no interpretan un hecho, simplemente confirman una predicción: “El gobierno eligió de los cuatro candidatos al que es más de derecha”, sostuvo Galeano dos semanas después de los comicios. Y años atrás había dicho: “López Obrador es un peligro para México”.
Y es que desde la elección de 1994, en que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas, los zapatistas dieron por cerrada la vía electoral. Pero contra sus estimaciones, en 2006, 2012 y 2018 un número cada vez mayor de mexicanas y mexicanos convocados por López Obrador apostaron al cambio de régimen por la vía comicial. Y los zapatistas se fueron quedando solos.
Podrían haber rectificado sus apreciaciones. Podrían, pero no lo han hecho. De modo que lo único que les queda es repetir obsesivamente que cambiar de gobierno es solo cambiar de capataz, predecir que la administración de López Obrador será peor que las anteriores y esperar que llegue la guerra y los saque de su aislamiento
“Está en marcha una nueva guerra de conquista de los territorios de los pueblos originarios y la bandera que porta el ejército invasor a veces lleva también los colores de la izquierda institucional”, afirmó Galeano hace seis meses. Y ahora sostienen que Samir Flores es el primer caído en esta guerra. Y que la guerra seguirá, pues la sangre ahoga toda negociación, ahoga toda consulta…
No compas. No caigamos en la provocación. No hagamos de cada diferendo una guerra… •
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