Amilcingo, Morelos
DESPUÉS DEL ASESINATO DE SAMIR FLORES SOBERANES, defensor del territorio y comunicador comunitario de Amilcingo, la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), en la que el líder nahua participó de manera destacada, “seguirá como ha seguido desde hace siete años, con resistencia y rebeldía. Por un lado, para que no se concrete el proyecto que consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, apoyando los campamentos de resistencia y evitando que exista cualquier acto de represión o desalojo en estos lugares; y, por otro lado, continuando las acciones legales contra su funcionamiento”, advirtió Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), organización a la que pertenecía Samir desde su fundación, hace ocho años.
En entrevista con Ojarasca, Flores Solís, activista encarcelado durante diez meses en 2014 en el contexto de la lucha contra el PIM, explica que “hay una resistencia social, una legal y una campaña de información para desmentir todo el discurso de desarrollo ‘progresista’ del gobierno federal, que va por la redistribución de la riqueza explotando los recursos naturales de la población para las empresas y las industrias”.
La imposición de la consulta y el asesinato de Samir avivaron la lucha. La vida para este pueblo del oriente de Morelos se detuvo el pasado 20 de febrero, cuando el repique de las campanas a las 5:50 de la mañana los alertó. Se juntaron en el centro de la comunidad y fueron informados: desconocidos le dispararon dos tiros en la cabeza a Samir Flores Soberanes, líder nato de la comunidad, hombre querido y respetado por su trabajo como comunicador comunitario y defensor del territorio, constructor de la autonomía, agroecólogo, sembrador de árboles y de sueños.
Sin duda, señala Juan Carlos Flores, después del asesinato “se avivó la lucha, pero antes ya había prendido por el anuncio de López Obrador de imponer la consulta. La lucha no estaba muerta, estaba muy viva, aunque los caminos no estaban tan claros de hacia dónde seguir, sino sólo resistiendo en el nivel que lo hacíamos desde hace ocho años. Que Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata, le dijera a López Obrador en Palacio Nacional que no queríamos que operara la termoeléctrica, no fue un hecho aislado, sino resultado del descontento que existe en todas las comunidades de Morelos”. Entonces, continúa el abogado, “el cauce tan erróneo y agresivo indignó más a la población y luego el asesinato de Samir mucho más, pues recordemos que Amilcingo tiene un proceso de autonomía, de resistencia y de rebeldía muy fuerte”.
El problema de fondo, reflexiona uno de los compañeros más cercanos a Samir, “es que López Obrador se instaló gobernando para el capital, y el capital vio que era un buen candidato para impulsar los megaproyectos que están detenidos en el país”. Por otro lado, explica, “la resistencia a estos megaproyectos es la que más le preocupa al capitalismo, porque se están defendiendo los territorios y porque es la más importante que existe en el país”.
El asesinato de Samir, insiste, “nos llenó de dolor e indignación”, y hoy “no es que nos sintamos más fuertes que antes, pero sí más apoyados en la lucha. La oposición contra el PIM la sentimos más clara, más fuerte y contundente para toda la población”, aunque, refiere, “sentimos una gran responsabilidad y una fuerte amenaza al mismo tiempo. Nos sentimos acorralados, tememos por nuestra vida, por nuestra seguridad. Es un peso muy fuerte. De manera personal viví la actitud dictatorial del exgobernador Rafael Moreno Valle (quien lo encarceló en el contexto de la lucha), él se fue con todo contra nosotros. Lo que está sucediendo ahora me recuerda al 2014, pero más intenso”.
Para Juan Carlos Flores, la lucha contra el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca “se ha convertido en un referente que desmiente el mito del presidente completamente bueno que está del lado del pueblo. Aquí se muestran las contradicciones del capitalismo y de este gobierno”. Por eso, insiste, “debe buscarse la unión de los pueblos por la defensa del territorio y por nuestro derecho a la autodeterminación. Hay que contraponerse a este discurso del desarrollo que no es desarrollo. Samir lo decía: no nos han podido explicar para quién es el desarrollo y nosotros y todos los pueblos indígenas estamos luchando por la vida”.
La celebración “hipócrita” del centenario de Zapata. Flores Solís insiste en la importancia de remarcar las “similitudes históricas entre Madero y López Obrador”. Y advierte, con respecto a la conmemoración institucional del centenario del asesinato del dirigente revolucionario Emiliano Zapata, que “es una hipocresía, una traición a los ideales de Zapata, y por lo tanto los pueblos se opondrán a la ceremonia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2014 dijo que no a la termoeléctrica en tierras zapatistas y ahora la impulsa de una manera muy soberbia”.
Por lo pronto, el movimiento opositor al PIM y el Congreso Nacional Indígena celebrarán el 9 de abril un encuentro en Morelos en defensa de los derechos de los pueblos. Y el 10 de abril, día en que se cumplen cien años de que el general Emiliano Zapata fue asesinado a traición en la hacienda de Chinameca, se preparan una serie de manifestaciones “si es que se pretende hacer una conmemoración oficial en tierras zapatistas de Morelos”.
En este estado, advierte el ex-preso político, la represión no inició ni terminó con el asesinato de Samir, así es que “estamos a la expectativa de ver que esto pare”. Hasta el momento, señala, el gobierno federal no los ha citado para dialogar, tal como dijo que lo haría la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. “Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero en un diálogo que abra las posibilidades de lo que pasará con el proyecto, no sólo que nos digan que el proyecto va porque va. Los caminos del diálogo, mientras sean sinceros y de buena fe, los llevaremos a cabo. Estamos abiertos, pero no nos han buscado”.
La lucha jurídica. Por lo pronto, dice, se defenderán también los amparos ganados, tales como el que interpuso la comunidad de Huexca para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla, y una juez otorgó suspensión definitiva; al igual que la obtuvieron pobladores de Anenecuilco, para impedir que la CFE se lleve el agua que utilizan para regar sus cultivos a la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla. Y otro más que ganó la comunidad de Atlixco, Puebla, para que se consulte a los pueblos y se revoque la licencia de construcción del gasoducto. Y ahora, “una vez realizada su encuesta amañada e inducida, en la que ganó el sí a la termoeléctrica, se recurrirá de nuevo a los juzgados”.
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