A 6 meses del cambio de gobierno...

A 6 meses del cambio de gobierno: entre las impunidades y las oportunidades

Mario Patrón

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os encontramos a unos días de que se cumpla un año de las históricas elecciones federales en las que se decantaron los anhelos de una transformación profunda en la vida pública de México y a seis meses de que se haya concretado formalmente el cambio de administración. Los actos y discursos que desde entonces se han emprendido nos permiten comenzar los balances desde los ángulos que han sido de mayor peso para la ciudadanía.

En ese sentido, es clave poner atención al modo en el que se han tratado episodios de la vida nacional que se volvieron icónicos de un régimen transexenal impregnado por la corrupción y la vulneración de los derechos y la dignidad de las personas.

En esta oportunidad me referiré a algunos de los episodios que retrataron de cuerpo entero las dinámicas que nos llevaron a la grave crisis de violencia y violaciones a derechos humanos. Esa que, en gran parte, precipitó el resultado electoral. Estos casos son Ayotzinapa, Pasta de Conchos, mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco y guardería ABC, además de algunos otros vinculados a la corrupción.

En todos estos casos y en distintos momentos, el propio Presidente de la República ha insistido en que mantendrá la palabra empeñada y que no habrá impunidad. Ha ordenado la creación de instancias pertinentes para esclarecer la desaparición forzada y otros crímenes contra los 43 normalistas; han iniciado las mesas de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco; se anunció el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en la mina carbonífera hace 13 años bajo la dirección del Estado y comenzaron los contactos con familiares de las niñas y los niños fallecidos en la guardería ABC, además de la interposición de una nueva denuncia para fincar responsabilidades.

En cuanto al combate a la corrupción –que fue la principal bandera de las sucesivas campañas de quien hoy gobierna–, ha sido positivo el avance en casos que son parte del mismo engranaje que ha debilitado el estado de derecho: las acusaciones judicializadas contra Emilio Lozoya por corrupción en Pemex a altos niveles, las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador Mario Marín por la tortura a la periodista Lydia Cacho e incluso el freno a la apropiación de cuotas sindicales de los trabajadores ferrocarrileros por parte de la directiva sindical encabezada por Víctor Flores. A esto se suma la reciente decisión de la SCJN, que aprobó que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua pueda investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete por delitos del fuero local.

El cambio de narrativa y las acciones emprendidas no son poca cosa tras años de contubernio para desviar la verdad en casos que parecerían de ámbitos muy distintos pero que, insistimos, muestran plenamente distintos aspectos de la crisis que hoy vivimos. Es decir, tras sexenios en lo que el tufo de la impunidad encubrió responsabilidades y alentó a que se multiplicaran, en extensión y crueldad, este tipo de crímenes contra sectores cada vez más amplios de la sociedad y se hicieran la norma.

Por eso es clave que haya un punto de quiebre y se envíen mensajes contundentes de rendición de cuentas y responsabilidades, de búsqueda de la verdad y de procesos de justicia. La ruptura de los pactos de impunidad es indispensable si se quiere avanzar en este sentido.

Al mismo tiempo, estos casos ejemplares siguen siendo los retos y representando las oportunidades que debe encarar el actual gobierno para avanzar hacia las transformaciones estructurales e institucionales que de verdad den un vuelco al régimen anterior, que ha permeado en prácticas e inclusive ha mantenido a algunos de sus personajes clave en puestos de responsabilidad.

¿Será capaz esta administración de dar con el paradero de los normalistas y esclarecer lo sucedido, incluyendo la obstrucción a la justicia? En el caso Atenco, ¿se atenderán los reclamos de fincar responsabilidades penales a los más altos niveles, incluyendo a quienes ordenaron o permitieron la comisión de los graves abusos? ¿Las familias de los mineros de Pasta de Conchos recuperarán los restos de sus fallecidos y tendrán acceso a la verdad sin intromisiones indebidas de otros actores en el caso? Quienes han obtenido millonarias e indebidas ganancias a costa del bienestar general ¿rendirán cuentas completas ante la justicia sin que se activen los viejos mecanismos de protección y negociación? ¿Pagará su condena quien mandó a torturar a una periodista para proteger a personas que cometieron crímenes? ¿Habrá respuestas para todas las víctimas? El respeto a las obligaciones internacionales de México –establecidas, por ejemplo, en los casos Atenco y Alvarado ¿permearán hacia el funcionamiento de la Guardia Nacional?

No debemos despreciar el valor transformador que puede tener que los casos mencionados lleguen a buen puerto, para estas víctimas y para las miles más que podrán reclamar para sí el mismo desenlace positivo. De lo contrario, la pervivencia de la impunidad, el persistir de viejas prácticas corruptas y una institucionalidad precaria darán lugar, sin duda, a nuevas y graves violaciones a derechos humanos.