Astillero

Astillero

AMLO: ¿Justicia para Oaxaca? // 2006: Fox, Calderón y Ulises // Exigen acción penal en su contra // Peña y Gaviota: fin de la telenovela

Julio Hernández López

▲ PROTESTA ANTE LA SSA. Para que se garantice la continuidad de las terapias contra el VIH/Sida algunas personas se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Salud (SSa) en la Ciudad de México. La protesta incluyó el cierre de la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma durante casi dos horas.Foto Jesús Villaseca

V

icente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ruiz Ortiz han sido acusados ante la Corte Penal Internacional por los delitos que en ejercicio del poder presidencial, en los dos primeros casos, y el gubernamental estatal, en el segundo, cometieron contra el movimiento social que en 2006 tuvo como referente organizativo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Un primer paso en busca de sanciones, que podrían llegar a la privación legal de la libertad de los dos ex ocupantes de Los Pinos y el ex gobernador, fue dado ayer en La Haya, Holanda, por una representación de activistas y agraviados que, junto con la Comisión de la Verdad de Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, presentaron acusaciones contra los políticos antes mencionados. La comisión fue creada por el congreso de Oaxaca (la integraron el sacerdote Alejandro Solalinde, el periodista Diego Enrique Osorno, Marina Jiménez y María Eugenia Mata como secretaria ejecutiva) y la defensoría es un organismo público autónomo que forma parte del Estado mexicano y su titular es Arturo Peimbert.

El proceso iniciado ayer contra Fox, Calderón y Ruiz, tiene como característica que es la primera ocasión en que un organismo público, como es la defensoría a cargo de Peimbert, demanda acción penal en esa Corte, con sede en La Haya, Holanda, contra servidores públicos de primer nivel. Usualmente son organizaciones no gubernamentales y personas en lo individual quienes comparecen ante dicha instancia para buscar castigo de personajes de poder público.

Hay, además, un factor que podría ser determinante en este proceso: las cámaras del congreso federal y la Presidencia de la República podrían (¿deberían?) pronunciarse al respecto y, si Palacio Nacional, Morena y su control legislativo, la llamada Cuarta Transformación, pues, coincidieran en que están fundadas las acusaciones contra Fox, Calderón y Ruiz, y así lo expresaran públicamente, darían velocidad y sustento a una sentencia de la Corte Penal Internacional que podría significar cárcel y otras sanciones a tales personajes.

El contexto político es favorable para un golpe obradorista: puede mostrar que promueve acciones de justicia contra ex presidentes, en específico contra dos que fueron panistas (VF y FC) y sin implicar al reciente priísta (EPN, que goza de pactada impunidad) y puede entrampar al tricolor oaxaqueño (URO) que busca competir contra el negociado aspirante primorista a dirigir el Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, gobernador de Campeche apodado originalmente Alito y, ahora, socarronamente transformado el mote en Amlito.

Pero, más allá de esas consideraciones menores, AMLO y Morena deberían apoyar esta promoción judicial presentada en La Haya porque, de esa manera, estarán ayudando a combatir una tesis de fondo que presentaron en Holanda el ombudsperson Peimbert, el periodista Osorno, Flavio Sosa (quien fue vocero de la APPO y fue encarcelado injustamente durante dos años en una prisión de alta seguridad), Emeterio Marino Cruz, César Mateos y Germán Mendoza Nube, quienes igualmente sufrieron la descarnada e impune represión en 2006.

Entrevistado en Radio Centro, Peimbert dijo que en aquel año de intensa lucha social se inició un modelo de intervención violenta contra movilizaciones y protestas que, bajo un manto de impunidad institucional e incluso en formas de alianza con grupos del crimen organizado, instalaron formas de control violento como las que luego sucedieron en Iguala, con los 43 normalistas, y en muchos episodios de represión desde el Estado.

La telenovela terminó. Cierto es que sus capítulos recientes no generaban mayor expectativa, pues el final estaba más que cantado. Pero ayer Enrique Peña Nieto dedicó un almibarado párrafo de difusión pública para dar por terminado el contrato nupcial que sostuvo con Angélica Rivera, la actriz de Televisa que le acompañó en la aventura rumbo a Los Pinos y ya en la residencia presidencial, con el episodio de la Casa Blanca como uno de los más sonados.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx