En Revista Viento Sur nº 163
Recomenzar hacia una Europa en común
Soberanía popular e internacionalismo en Europa
Daniel Albarracín
La UE no entraña más que un marco jurídico-institucional que establece unas relaciones determinadas entre las clases dirigentes y sus pueblos, y entre los diferentes Estados que son miembros o aspiran a serlo.
Ni la imagen idealizada ni los mitos fundadores (paz, prosperidad, cohesión social) de la UE se cumplieron ni podrían satisfacerse bajo su institucionalidad. La UE no se formó con ese propósito. La UE, como gran área de mercado para garantizar el movimiento libre de capitales y mercancías, gobernada por instituciones intergubernamentales que han consagrado una base jurídico-institucional prácticamente blindada, dado su modelo de toma de decisiones, se ha erigido en un artefacto de promoción de políticas neoliberales.
La experiencia de la UE, como observa Perry Anderson (2012), responde mal al relato oficial. La construcción europea sirvió en su origen como contención al despliegue soviético y como fórmula para abrigar y sujetar a Alemania federal en un mercado económico en crecimiento. Acabó estableciéndose en torno a una moneda única que, tratando de atar a Alemania por Francia, propició una estructura económica proclive a la divergencia y dominación interior, liderada por los países centrales y nórdicos de Europa. Un marco económico que contribuyó al fortalecimiento de grandes corporaciones transnacionales. Alineó a los gobiernos dentro de unos márgenes de aplicación de políticas neoliberales, con un modelo de financiarización, que han contribuido a un fuerte retroceso en las condiciones sociales, de garantías y derechos, así como de provisión de servicios públicos. En suma, una Unión Europea que, siendo relativamente eficaz para una minoría cosmopolita y el capital transnacional, ha perjudicado a las clases trabajadoras y populares de todos los países europeos.
Sin embargo, la Unión Europea, tras una importante extensión territorial a comienzos de los 2000, y tras un periodo económico benigno, que coincidió con la implantación del euro, agotó su vigor de desarrollo en el proceso de acumulación. A partir de 2008, al bloqueo institucional se le sumó una fuerte crisis económica y financiera, que se ha venido traduciendo en un deterioro de su legitimidad. Hasta el punto de que no pocos países, damnificados por el modelo, han tenido que recurrir a fórmulas de rescate financiero. Aquellas se han saldado tanto con la pérdida de su soberanía económica como con la imposición de condiciones que les atan a la agenda austeritaria. Este fue el caso de Irlanda, España, Chipre o Grecia. A pesar de contar con gobiernos de izquierda, Chipre y Grecia al final tuvieron que acatar una ruta que condenará a varias generaciones.
Esta incapacidad de integrar a pueblos y hacer converger economías también ha mostrado su fracaso en otros tantos países. Así, con el Brexit se inaugura un escenario de salida de una de las potencias europeas. Allí se han reunido las insatisfacciones del capital británico no transnacionalizado con las de las clases populares reacias a una UE que les resta control político, generaliza las relocalizaciones, precariza el mercado laboral o impone el retroceso de las políticas públicas.
La Comisión ha pretendido acelerar un proyecto federalista, de corte elitista y neoliberal. Un proyecto de recentramiento de las políticas europeas. Sin embargo, no avanza más que pocos pasos, debido a la intransigencia de los países nórdicos y centroeuropeos, convencidos de que cada palo ha de aguantar su vela.
Una política de soberanía popular de extensión internacionalista como alternativa
La Unión Europea aguarda una impronta desde su concepción. No ha impedido que en su desarrollo haya sufrido reformas. Estas, desafortunadamente, han sido lideradas por las élites centroeuropeas, atentas a los grandes lobbies. Han sido reformas para perfeccionar el gran proyecto del capital transnacional europeo sin alterar sus principios rectores: extensión del mercado único europeo, la puesta en circulación del euro, la política monetaria ultraexpansiva del BCE, o el actual giro neoliberal autoritario y xenófobo.
Sin embargo, en los últimos años se están produciendo cambios que revisan esta afirmación: el Brexit, la Italia (que amagó con ser) desobediente, el Este europeo reactivo y la Portugal moderadora de la austeridad. Estas experiencias nos revelan que solo hay dos fórmulas para reformar la UE: un golpe negociador de un gran país, normalmente liderando a un club de países centrales, para imponer su agenda a los demás, o bien un golpe de timón desde experiencias no previstas en los procedimientos instituidos en los Tratados.
En este segundo grupo, solo fenómenos exteriores a dichos cauces conmovieron dicha arquitectura. ¿Cuáles? O bien ha sido la confrontación desobediente de un país de cierto tamaño, o bien la irrupción de un fuerte movimiento social. Seguramente, una coalición de gobiernos desobedientes, con una agenda cooperativa alternativa, con la fuerza de movimientos sociales organizados y coordinados internacionalmente, podría constituir una mejor vía.
La expresión de conflicto grave en la UE hasta ahora se ha dado a escala estatal, tensionando la UE frente a Estados miembros de uno en uno, sin ser simultáneos. En un futuro próximo parece más probable que estos escenarios puedan no solo dar contextos de tensión donde más de un país colisione con sus estructuras, por ejemplo, fruto de una crisis financiera global. En esas circunstancias, podría tomar lugar un proyecto cooperativo transnacional alternativo. Mientras tanto, las fuerzas del cambio habrán de comenzar por las políticas nacionales y por el fortalecimiento de los movimientos sociales. No con una vocación de repliegue, sino en extensión internacionalista, poniendo en pie medidas que, cuestionando los preceptos de los Tratados y políticas europeas en tanto contribuyan a emancipar a las clases trabajadoras y la soberanía popular, sean susceptibles de extenderse, cooperar y abrazar a otros países y otros movimientos de liberación allá donde se produzcan, generando un marco constructivo alternativo.
Las políticas y tareas para el desarrollo emancipatorio de la soberanía popular con perspectiva abierta, compartida y solidaria
No fueron ni Chipre ni Grecia los que consiguieron cambiar el rumbo de Europa. Cabe la certeza de que Italia tampoco lo haga. Sin embargo, el Reino Unido, con un Corbyn gobernando, o Francia, con movimientos populares que alteran la política del establishment, como son los chalecos amarillos, pueden brindar un camino que, si no se quedan en experiencias en solitario, pueda conducir al cambio en las relaciones de poder social y entre países.
La UE solo se cambiará con movimientos organizados y una política de desobediencia a escala estatal y cooperativa a escala internacional. La tarea estriba en esbozar el proyecto político que un país abierto al mundo podría aplicar y experimentar, para sumar a otros en clara discrepancia con la arquitectura de la UE.
Una política estatal en extensión internacionalista debiera inaugurarse con políticas a modo de escudo social, que consiga mejoras tangibles y una gran acogida popular:
- Políticas favorables al mundo del trabajo y de las clases populares, básicamente centradas en reformas laborales garantistas, reducción del tiempo de trabajo, mejora de los salarios, la protección social y los servicios públicos.
- Políticas de protección y extensión de los derechos sociales.
- Regulación del sistema financiero, el sistema energético y de telecomunicaciones para garantizar su función social, bajo un comportamiento que compatibilice la solvencia con la primacía del interés general. El incumplimiento de dichas regulaciones ha de conllevar expropiación y acciones penales.
- Establecimiento de una política de ordenamiento y control de los movimientos de capitales, que priorice la protección del medio ambiente, los derechos sociolaborales y de los consumidores sobre los beneficios, regulando las inversiones y transacciones financieras en función de las actividades en las que se invierte.
- Desarrollo de reformas fiscales progresivas, para cooperar
y armonizar tipos, bases imponibles, retenciones o deducciones,
y centrando la recaudación y los gravámenes sobre los beneficios, los grandes patrimonios, la renta inmobiliaria y la propiedad de la tierra.
- Aplicación de medidas de protección arancelaria transitorias para primar la producción local por razones ecológicas, o de protección ante los oligopolios transnacionales, para no devaluar la calidad o la sostenibilidad de la producción o los servicios, diversificar y dotarse de medios para un desarrollo endógeno. Esto es, ha de ser compatible con la cooperación comercial justa y la complementariedad y trato equivalente en los intercambios. Por tanto, debe estar abierta a su concertación con otros países, sin propiciar carreras competitivas a la baja. La política preferente ha de basarse en acuerdos comerciales justos, mutuamente beneficiosos, que respeten la naturaleza, a trabajadores y consumidores.
- Que sancione las decisiones de relocalización productiva en actividades con beneficios con el único propósito de abaratar costes fiscales, laborales o comerciales, exigiendo la devolución de cualquier subvención, ayuda pública o descuento fiscal disfrutado.
Esta política se basaría en mecanismos de protección desbloqueables y convertibles en acuerdos de cooperación en materia financiera, comercial y de inversión, una vez alcanzados acuerdos donde primen el mutuo beneficio y el trato equivalente. Esto es, que suponga el avance de medidas progresistas en favor de las mayorías sociales y el medio ambiente, que sean extensibles, cooperativas y que puedan ser compartidas más allá del país.
Todas las políticas a desarrollar han de vehicularse por dos principios rectores transversales: la sostenibilidad ecológica y una política que promueva la emancipación de las mujeres, las políticas de cuidados desde lo público y comunitario, y el cambio en las relaciones de género.
Esto equivale a canalizar todas las actividades extractivas, productivas, alimentarias y de transporte por un plan de transición energética limpia y socialmente justa, basado en la generalización de las energías renovables limpias, la economía de proximidad y la soberanía alimentaria, la defensa del mundo rural y los modelos agroecológicos, y la protección de la sostenibilidad y la salud.
En relación a las políticas europeas, impulsaría una política antiausteritaria desobediente, mediante:
a) Otra política pública
- No acatar la senda del déficit público en ciclos recesivos y desarrollar una política fiscal expansiva, progresiva, cargada sobre todo al capital.
- Reestructurar de manera soberana y unilateral, y reducir selectivamente, la deuda pública y el alivio de las condiciones de devolución.
- Una política de inversión socioecológica para emprender la Transición Justa. Esta política, con efecto multiplicador mayor que el consumo, debe estar diseñada fundamentalmente para iniciar la primera transición energética, para cambiar el modelo productivo, y generar empleo en áreas de sostenibilidad ecológica y utilidad social. Se trata de cambiar la energía y las materias primas de base, y la correspondiente tecnología, en las industrias.
La primera transición energética se planificaría para las siguientes décadas. Consistiría tanto en la sustitución a medio plazo de las energías fósiles por energías renovables limpias en las industrias, la inversión en infraestructuras adaptadas, el cambio de modelo agroganadero y cambios organizativos urbanos para hacer posible la vida humana en entornos basados en energías renovables. En esta primera transición, las energías fósiles o dejarían de emplearse o se emplearían si acaso para estas infraestructuras. La segunda transición energética consistiría, una vez amortizadas las infraestructuras anteriores, en el despliegue, ya casi exclusivamente con energías renovables, de tecnologías ligeras que ya no podrían elaborarse con el uso de energías fósiles, potenciando la ecoeficiencia, la minimización de usos de materias primas, para satisfacer las necesidades sin despilfarro, que reduciría considerablemente el consumo por persona, y la adaptación plena a una economía circular.
- Una política de regulación financiera y de política monetaria para la gente. Los bancos que no la cumplan sufrirían sanciones expropiatorias conducentes a reforzar un polo bancario público.
b) Democracia en los espacios laborales
- Aplicar una reforma laboral que introduzca la democracia dentro del espacio laboral. Elección de la gerencia por el personal empleado. Semana laboral de cuatro días por ley. Aumento salario mínimo y pensión mínima a 1.000 euros. Fortalecimiento de la negociación colectiva, ultraactividad y primacía del convenio sectorial. Generalización del empleo indefinido: prohibición de despidos en empresas con beneficios, empleo a tiempo parcial como derecho individual voluntario (vuelta a voluntad a tiempo completo), empleo temporal con contribuciones a la seguridad social e indemnización doble que el empleo indefinido.
- Hacia un contrato sociolaboral democrático. Toda persona para formar parte de la sociedad será sujeto de derechos y obligaciones. Su condición de ciudadanía le proporcionará derechos en función de sus necesidades y se le exigirá en función de sus capacidades. Esto podría implicar una política de empleo y una política social pública que:
En una primera fase, para un periodo de ocho años:
– Garantice y provea una actividad pública de bienestar de proximidad para cubrir el cuidado social, un servicio de atención y acompañamiento colectivo que coopere con las familias (atención a las personas dependientes
–mayores, personas con discapacidad, infancia, personas enfermas–), la regeneración medioambiental, y la prevención de emergencias naturales, que se consideren socialmente útiles. Se ofrecería desde el ámbito público, en cooperación con la economía social cooperativa, empleos mediante políticas de trabajo garantizado para personas en paro de más de seis meses, por un sueldo equivalente al SMI.
En una segunda fase:
– Se constitucionalizará una condición de ciudadanía, que implicará, para acceder a los servicios de bienestar señalados (atención a la dependencia –a las personas mayores, infancia, personas con diversidad funcional–, protección medioambiental, prevención ante emergencias), haber prestado servicio por un periodo obligatorio (modulable y a desarrollar antes de los 30 años) para toda la ciudadanía en edad laboral, promocionando la socialización y el reparto de los trabajos preventivos y de cuidados al entorno y las personas.
– Las personas que no puedan trabajar por razones justificadas, estando en edad laboral, percibirán tanto derechos de servicios públicos universales (transporte, sanidad, educación y comedores públicos, así como los servicios de bienestar) como una renta ciudadana garantizada para personas que no puedan trabajar (mayores de 65 años, personas con diversidad funcional incapacitante), equivalente al 60% del SMI.
– Se garantizará la gratuidad y universalidad de bienes públicos básicos: educación pública (retirada subvenciones de la concertada), sanidad pública, ayuda a la dependencia, comedores y transportes colectivos públicos y escuelas infantiles.
c) Bienes públicos, bienes comunes
- Se redactará una ley para la socialización de los bienes estratégicos: banca pública, sector energético, telecomunicaciones. La banca pública se formará a partir de la devolución de los rescates públicos, con activos expropiados por incumplir la regulación de función social, y con aportaciones públicas.
- Se reconocerá y regulará la propiedad, protección y gestión de los bienes comunes con principios cooperativos.
- Nuevas actividades de economía social, que se regirán por la satisfacción social, la viabilidad económica, la protección de los derechos sociolaborales, y la regulación cooperativa, con preferencia al crédito público barato.
d) El movimiento libre de las personas, un derecho humano universal
- La movilidad voluntaria de las personas debe ser un derecho humano universal. Esto ha de lograrse avanzando, atajando las causas en origen, los obstáculos al desplazamiento seguro, y con políticas de integración social, con una perspectiva intercultural. Las migraciones forzadas se producen por conflictos geoestratégicos por los recursos energéticos y de materias primas (una división internacional de la que sacan provecho empresas transnacionales de países ricos) y, cada vez más, la crisis climática. No se necesita tanto una ayuda caritativa como la finalización de los procesos de desposesión, comercio desigual, y explotación que sufren debido a otros países y empresas multinacionales. Las migraciones, en general, implican un desplazamiento forzado y, como tal, una política solidaria ha de comenzar por reducir los factores que motivan esta decisión tan dura. En el proceso migratorio se requiere una política solidaria que debe fundarse en la conformación de vías seguras para el desplazamiento humano. Las ideas de ordenación de los flujos migratorios esconden un mecanismo de selección de la fuerza de trabajo, y unas condiciones de subordinación para que tengan que aceptar condiciones laborales o de protección social peores. Desde este punto de vista, la política debe no solo establecer rutas seguras de paso, sino también medios operativos de rescate cuando se trata de salvar vidas, por ejemplo, en los desiertos, montañas y los mares, así como condiciones apropiadas de acogida y primer asentamiento. La política de integración, no solo solidaria, positiva para viejos y nuevos habitantes, ha de afrontarse desde enfoques interculturales de política pública que reconozcan la dificultad del proceso de integración y la exigencia de un mutuo esfuerzo por la comunicación, frente a los modelos segregacionistas, o también superando el modelo asimilacionista francés o multicultural británico, mediante mediaciones que faciliten la regulación jurídica, convivencia cooperativa e, inclusive, la formación de nuevas reglas que acomoden la diversidad, respetando los derechos humanos en toda su amplitud.
Un proceso constituyente: Los pueblos solidarios ecosocialistas
La perspectiva de una construcción alternativa solo puede imaginarse e impulsarse dando por sentado que son precisos fenómenos y procesos destituyentes que den condiciones de posibilidad a procesos constituyentes. Los tiempos en los que puedan moverse unos y otros no pueden predecirse. Tampoco puede garantizarse que procesos destituyentes conduzcan automáticamente a la construcción del algo nuevo ni mejor, al mismo tiempo que no podemos presuponer un etapismo entre ambos. A este respecto, parece que conviene empujar iniciativas que prevean ambos movimientos como un tándem, destituyente/constituyente, para que los proyectos emprendidos tengan sentido emancipatorio.
Parece conveniente esbozar escenarios por los que apostar para construir una alianza nueva y cooperativa de pueblos solidarios que, sin duda, habrán de dejar atrás y sin efecto los rasgos neoliberales de los Tratados de la UE. Esto implica concebir varios escenarios cuya forma es difícil de anticipar. Ahora bien, quizá sí pueden esbozarse algunas hipótesis y proponer líneas para transitar las rutas que se abran.
El primer escenario, cuyos brotes se han venido produciendo, plantea que una serie de países desobedezcan, renegocien o abandonen la Unión Europea. Dicho escenario supone una situación de conflicto que, cuando se ha producido hasta ahora, ha ido en detrimento de la soberanía del país en cuestión. Estos conflictos pueden multiplicarse en los próximos años. Pueden dar lugar a políticas alternativas, si están lideradas por fuerzas del cambio, y plantear decididamente una serie de alianzas internacionales y la construcción de una agenda de cooperación común. Podría invocarse mecanismos de cooperación reforzada, ya previstos en la UE. En estos proyectos no podrían acatarse los Tratados (algo no admisible por las instituciones europeas). Esa situación podría dar pie a procesos constituyentes alternativos propicios para una orientación diferente.
No se trata solo de desobedecer, sino de dar los pasos y caminar hacia otra área supranacional solidaria, para construir un proceso constituyente para otra relación democrática y justa entre los pueblos europeos y su ciudadanía. Un proyecto para los pueblos soberanos, democráticos, internacionales y solidarios. En este sentido, consistiría en un nuevo club de países con gobiernos progresistas, como podría ser un Reino Unido con Corbyn, incluyendo cuantos más países mejor. Posiblemente, los países de la periferia Sur reúnan, como damnificados, más papeletas para hacer suyo tal proyecto, pero debe también apelarse a los pueblos centroeuropeos, como el francés, que parece mostrarse contestatario con la deriva del proyecto de la UE.
El segundo escenario, sin presuponer ningún etapismo, pues podría avanzarse al tercero si se dan las condiciones políticas, invitaría a un nuevo marco cooperativo supranacional. Se trataría entonces de construir una base mínima confederal supranacional, donde puedan desplegarse las soberanías populares y sus iniciativas más emancipatorias, pero también solidarias y cooperativas entre pueblos. Sería así un proceso que consistiría en el ejercicio de poner en común para cooperar y complementar.
El tercer escenario presupone haber superado la fase confederal y haber satisfecho los estándares de convergencia y cooperación precisos. Se trataría de una fase voluntaria de integración ecosocialista y federal, comprometida con la solidaridad material reconocedora de la diversidad.
Todo este proyecto transformador ha de comenzar hoy, con un ojo en la siguiente pisada y el otro mirando al horizonte.
Daniel Albarracín es sociólogo y economista. Miembro del Consejo Asesor de viento sur
Referencias
Anderson, Perry (2012) El nuevo viejo mundo. Madrid: Akal.
Ni la imagen idealizada ni los mitos fundadores (paz, prosperidad, cohesión social) de la UE se cumplieron ni podrían satisfacerse bajo su institucionalidad. La UE no se formó con ese propósito. La UE, como gran área de mercado para garantizar el movimiento libre de capitales y mercancías, gobernada por instituciones intergubernamentales que han consagrado una base jurídico-institucional prácticamente blindada, dado su modelo de toma de decisiones, se ha erigido en un artefacto de promoción de políticas neoliberales.
La experiencia de la UE, como observa Perry Anderson (2012), responde mal al relato oficial. La construcción europea sirvió en su origen como contención al despliegue soviético y como fórmula para abrigar y sujetar a Alemania federal en un mercado económico en crecimiento. Acabó estableciéndose en torno a una moneda única que, tratando de atar a Alemania por Francia, propició una estructura económica proclive a la divergencia y dominación interior, liderada por los países centrales y nórdicos de Europa. Un marco económico que contribuyó al fortalecimiento de grandes corporaciones transnacionales. Alineó a los gobiernos dentro de unos márgenes de aplicación de políticas neoliberales, con un modelo de financiarización, que han contribuido a un fuerte retroceso en las condiciones sociales, de garantías y derechos, así como de provisión de servicios públicos. En suma, una Unión Europea que, siendo relativamente eficaz para una minoría cosmopolita y el capital transnacional, ha perjudicado a las clases trabajadoras y populares de todos los países europeos.
Sin embargo, la Unión Europea, tras una importante extensión territorial a comienzos de los 2000, y tras un periodo económico benigno, que coincidió con la implantación del euro, agotó su vigor de desarrollo en el proceso de acumulación. A partir de 2008, al bloqueo institucional se le sumó una fuerte crisis económica y financiera, que se ha venido traduciendo en un deterioro de su legitimidad. Hasta el punto de que no pocos países, damnificados por el modelo, han tenido que recurrir a fórmulas de rescate financiero. Aquellas se han saldado tanto con la pérdida de su soberanía económica como con la imposición de condiciones que les atan a la agenda austeritaria. Este fue el caso de Irlanda, España, Chipre o Grecia. A pesar de contar con gobiernos de izquierda, Chipre y Grecia al final tuvieron que acatar una ruta que condenará a varias generaciones.
Esta incapacidad de integrar a pueblos y hacer converger economías también ha mostrado su fracaso en otros tantos países. Así, con el Brexit se inaugura un escenario de salida de una de las potencias europeas. Allí se han reunido las insatisfacciones del capital británico no transnacionalizado con las de las clases populares reacias a una UE que les resta control político, generaliza las relocalizaciones, precariza el mercado laboral o impone el retroceso de las políticas públicas.
La Comisión ha pretendido acelerar un proyecto federalista, de corte elitista y neoliberal. Un proyecto de recentramiento de las políticas europeas. Sin embargo, no avanza más que pocos pasos, debido a la intransigencia de los países nórdicos y centroeuropeos, convencidos de que cada palo ha de aguantar su vela.
Una política de soberanía popular de extensión internacionalista como alternativa
La Unión Europea aguarda una impronta desde su concepción. No ha impedido que en su desarrollo haya sufrido reformas. Estas, desafortunadamente, han sido lideradas por las élites centroeuropeas, atentas a los grandes lobbies. Han sido reformas para perfeccionar el gran proyecto del capital transnacional europeo sin alterar sus principios rectores: extensión del mercado único europeo, la puesta en circulación del euro, la política monetaria ultraexpansiva del BCE, o el actual giro neoliberal autoritario y xenófobo.
Sin embargo, en los últimos años se están produciendo cambios que revisan esta afirmación: el Brexit, la Italia (que amagó con ser) desobediente, el Este europeo reactivo y la Portugal moderadora de la austeridad. Estas experiencias nos revelan que solo hay dos fórmulas para reformar la UE: un golpe negociador de un gran país, normalmente liderando a un club de países centrales, para imponer su agenda a los demás, o bien un golpe de timón desde experiencias no previstas en los procedimientos instituidos en los Tratados.
En este segundo grupo, solo fenómenos exteriores a dichos cauces conmovieron dicha arquitectura. ¿Cuáles? O bien ha sido la confrontación desobediente de un país de cierto tamaño, o bien la irrupción de un fuerte movimiento social. Seguramente, una coalición de gobiernos desobedientes, con una agenda cooperativa alternativa, con la fuerza de movimientos sociales organizados y coordinados internacionalmente, podría constituir una mejor vía.
La expresión de conflicto grave en la UE hasta ahora se ha dado a escala estatal, tensionando la UE frente a Estados miembros de uno en uno, sin ser simultáneos. En un futuro próximo parece más probable que estos escenarios puedan no solo dar contextos de tensión donde más de un país colisione con sus estructuras, por ejemplo, fruto de una crisis financiera global. En esas circunstancias, podría tomar lugar un proyecto cooperativo transnacional alternativo. Mientras tanto, las fuerzas del cambio habrán de comenzar por las políticas nacionales y por el fortalecimiento de los movimientos sociales. No con una vocación de repliegue, sino en extensión internacionalista, poniendo en pie medidas que, cuestionando los preceptos de los Tratados y políticas europeas en tanto contribuyan a emancipar a las clases trabajadoras y la soberanía popular, sean susceptibles de extenderse, cooperar y abrazar a otros países y otros movimientos de liberación allá donde se produzcan, generando un marco constructivo alternativo.
Las políticas y tareas para el desarrollo emancipatorio de la soberanía popular con perspectiva abierta, compartida y solidaria
No fueron ni Chipre ni Grecia los que consiguieron cambiar el rumbo de Europa. Cabe la certeza de que Italia tampoco lo haga. Sin embargo, el Reino Unido, con un Corbyn gobernando, o Francia, con movimientos populares que alteran la política del establishment, como son los chalecos amarillos, pueden brindar un camino que, si no se quedan en experiencias en solitario, pueda conducir al cambio en las relaciones de poder social y entre países.
La UE solo se cambiará con movimientos organizados y una política de desobediencia a escala estatal y cooperativa a escala internacional. La tarea estriba en esbozar el proyecto político que un país abierto al mundo podría aplicar y experimentar, para sumar a otros en clara discrepancia con la arquitectura de la UE.
Una política estatal en extensión internacionalista debiera inaugurarse con políticas a modo de escudo social, que consiga mejoras tangibles y una gran acogida popular:
- Políticas favorables al mundo del trabajo y de las clases populares, básicamente centradas en reformas laborales garantistas, reducción del tiempo de trabajo, mejora de los salarios, la protección social y los servicios públicos.
- Políticas de protección y extensión de los derechos sociales.
- Regulación del sistema financiero, el sistema energético y de telecomunicaciones para garantizar su función social, bajo un comportamiento que compatibilice la solvencia con la primacía del interés general. El incumplimiento de dichas regulaciones ha de conllevar expropiación y acciones penales.
- Establecimiento de una política de ordenamiento y control de los movimientos de capitales, que priorice la protección del medio ambiente, los derechos sociolaborales y de los consumidores sobre los beneficios, regulando las inversiones y transacciones financieras en función de las actividades en las que se invierte.
- Desarrollo de reformas fiscales progresivas, para cooperar
y armonizar tipos, bases imponibles, retenciones o deducciones,
y centrando la recaudación y los gravámenes sobre los beneficios, los grandes patrimonios, la renta inmobiliaria y la propiedad de la tierra.
- Aplicación de medidas de protección arancelaria transitorias para primar la producción local por razones ecológicas, o de protección ante los oligopolios transnacionales, para no devaluar la calidad o la sostenibilidad de la producción o los servicios, diversificar y dotarse de medios para un desarrollo endógeno. Esto es, ha de ser compatible con la cooperación comercial justa y la complementariedad y trato equivalente en los intercambios. Por tanto, debe estar abierta a su concertación con otros países, sin propiciar carreras competitivas a la baja. La política preferente ha de basarse en acuerdos comerciales justos, mutuamente beneficiosos, que respeten la naturaleza, a trabajadores y consumidores.
- Que sancione las decisiones de relocalización productiva en actividades con beneficios con el único propósito de abaratar costes fiscales, laborales o comerciales, exigiendo la devolución de cualquier subvención, ayuda pública o descuento fiscal disfrutado.
Esta política se basaría en mecanismos de protección desbloqueables y convertibles en acuerdos de cooperación en materia financiera, comercial y de inversión, una vez alcanzados acuerdos donde primen el mutuo beneficio y el trato equivalente. Esto es, que suponga el avance de medidas progresistas en favor de las mayorías sociales y el medio ambiente, que sean extensibles, cooperativas y que puedan ser compartidas más allá del país.
Todas las políticas a desarrollar han de vehicularse por dos principios rectores transversales: la sostenibilidad ecológica y una política que promueva la emancipación de las mujeres, las políticas de cuidados desde lo público y comunitario, y el cambio en las relaciones de género.
Esto equivale a canalizar todas las actividades extractivas, productivas, alimentarias y de transporte por un plan de transición energética limpia y socialmente justa, basado en la generalización de las energías renovables limpias, la economía de proximidad y la soberanía alimentaria, la defensa del mundo rural y los modelos agroecológicos, y la protección de la sostenibilidad y la salud.
En relación a las políticas europeas, impulsaría una política antiausteritaria desobediente, mediante:
a) Otra política pública
- No acatar la senda del déficit público en ciclos recesivos y desarrollar una política fiscal expansiva, progresiva, cargada sobre todo al capital.
- Reestructurar de manera soberana y unilateral, y reducir selectivamente, la deuda pública y el alivio de las condiciones de devolución.
- Una política de inversión socioecológica para emprender la Transición Justa. Esta política, con efecto multiplicador mayor que el consumo, debe estar diseñada fundamentalmente para iniciar la primera transición energética, para cambiar el modelo productivo, y generar empleo en áreas de sostenibilidad ecológica y utilidad social. Se trata de cambiar la energía y las materias primas de base, y la correspondiente tecnología, en las industrias.
La primera transición energética se planificaría para las siguientes décadas. Consistiría tanto en la sustitución a medio plazo de las energías fósiles por energías renovables limpias en las industrias, la inversión en infraestructuras adaptadas, el cambio de modelo agroganadero y cambios organizativos urbanos para hacer posible la vida humana en entornos basados en energías renovables. En esta primera transición, las energías fósiles o dejarían de emplearse o se emplearían si acaso para estas infraestructuras. La segunda transición energética consistiría, una vez amortizadas las infraestructuras anteriores, en el despliegue, ya casi exclusivamente con energías renovables, de tecnologías ligeras que ya no podrían elaborarse con el uso de energías fósiles, potenciando la ecoeficiencia, la minimización de usos de materias primas, para satisfacer las necesidades sin despilfarro, que reduciría considerablemente el consumo por persona, y la adaptación plena a una economía circular.
- Una política de regulación financiera y de política monetaria para la gente. Los bancos que no la cumplan sufrirían sanciones expropiatorias conducentes a reforzar un polo bancario público.
b) Democracia en los espacios laborales
- Aplicar una reforma laboral que introduzca la democracia dentro del espacio laboral. Elección de la gerencia por el personal empleado. Semana laboral de cuatro días por ley. Aumento salario mínimo y pensión mínima a 1.000 euros. Fortalecimiento de la negociación colectiva, ultraactividad y primacía del convenio sectorial. Generalización del empleo indefinido: prohibición de despidos en empresas con beneficios, empleo a tiempo parcial como derecho individual voluntario (vuelta a voluntad a tiempo completo), empleo temporal con contribuciones a la seguridad social e indemnización doble que el empleo indefinido.
- Hacia un contrato sociolaboral democrático. Toda persona para formar parte de la sociedad será sujeto de derechos y obligaciones. Su condición de ciudadanía le proporcionará derechos en función de sus necesidades y se le exigirá en función de sus capacidades. Esto podría implicar una política de empleo y una política social pública que:
En una primera fase, para un periodo de ocho años:
– Garantice y provea una actividad pública de bienestar de proximidad para cubrir el cuidado social, un servicio de atención y acompañamiento colectivo que coopere con las familias (atención a las personas dependientes
–mayores, personas con discapacidad, infancia, personas enfermas–), la regeneración medioambiental, y la prevención de emergencias naturales, que se consideren socialmente útiles. Se ofrecería desde el ámbito público, en cooperación con la economía social cooperativa, empleos mediante políticas de trabajo garantizado para personas en paro de más de seis meses, por un sueldo equivalente al SMI.
En una segunda fase:
– Se constitucionalizará una condición de ciudadanía, que implicará, para acceder a los servicios de bienestar señalados (atención a la dependencia –a las personas mayores, infancia, personas con diversidad funcional–, protección medioambiental, prevención ante emergencias), haber prestado servicio por un periodo obligatorio (modulable y a desarrollar antes de los 30 años) para toda la ciudadanía en edad laboral, promocionando la socialización y el reparto de los trabajos preventivos y de cuidados al entorno y las personas.
– Las personas que no puedan trabajar por razones justificadas, estando en edad laboral, percibirán tanto derechos de servicios públicos universales (transporte, sanidad, educación y comedores públicos, así como los servicios de bienestar) como una renta ciudadana garantizada para personas que no puedan trabajar (mayores de 65 años, personas con diversidad funcional incapacitante), equivalente al 60% del SMI.
– Se garantizará la gratuidad y universalidad de bienes públicos básicos: educación pública (retirada subvenciones de la concertada), sanidad pública, ayuda a la dependencia, comedores y transportes colectivos públicos y escuelas infantiles.
c) Bienes públicos, bienes comunes
- Se redactará una ley para la socialización de los bienes estratégicos: banca pública, sector energético, telecomunicaciones. La banca pública se formará a partir de la devolución de los rescates públicos, con activos expropiados por incumplir la regulación de función social, y con aportaciones públicas.
- Se reconocerá y regulará la propiedad, protección y gestión de los bienes comunes con principios cooperativos.
- Nuevas actividades de economía social, que se regirán por la satisfacción social, la viabilidad económica, la protección de los derechos sociolaborales, y la regulación cooperativa, con preferencia al crédito público barato.
d) El movimiento libre de las personas, un derecho humano universal
- La movilidad voluntaria de las personas debe ser un derecho humano universal. Esto ha de lograrse avanzando, atajando las causas en origen, los obstáculos al desplazamiento seguro, y con políticas de integración social, con una perspectiva intercultural. Las migraciones forzadas se producen por conflictos geoestratégicos por los recursos energéticos y de materias primas (una división internacional de la que sacan provecho empresas transnacionales de países ricos) y, cada vez más, la crisis climática. No se necesita tanto una ayuda caritativa como la finalización de los procesos de desposesión, comercio desigual, y explotación que sufren debido a otros países y empresas multinacionales. Las migraciones, en general, implican un desplazamiento forzado y, como tal, una política solidaria ha de comenzar por reducir los factores que motivan esta decisión tan dura. En el proceso migratorio se requiere una política solidaria que debe fundarse en la conformación de vías seguras para el desplazamiento humano. Las ideas de ordenación de los flujos migratorios esconden un mecanismo de selección de la fuerza de trabajo, y unas condiciones de subordinación para que tengan que aceptar condiciones laborales o de protección social peores. Desde este punto de vista, la política debe no solo establecer rutas seguras de paso, sino también medios operativos de rescate cuando se trata de salvar vidas, por ejemplo, en los desiertos, montañas y los mares, así como condiciones apropiadas de acogida y primer asentamiento. La política de integración, no solo solidaria, positiva para viejos y nuevos habitantes, ha de afrontarse desde enfoques interculturales de política pública que reconozcan la dificultad del proceso de integración y la exigencia de un mutuo esfuerzo por la comunicación, frente a los modelos segregacionistas, o también superando el modelo asimilacionista francés o multicultural británico, mediante mediaciones que faciliten la regulación jurídica, convivencia cooperativa e, inclusive, la formación de nuevas reglas que acomoden la diversidad, respetando los derechos humanos en toda su amplitud.
Un proceso constituyente: Los pueblos solidarios ecosocialistas
La perspectiva de una construcción alternativa solo puede imaginarse e impulsarse dando por sentado que son precisos fenómenos y procesos destituyentes que den condiciones de posibilidad a procesos constituyentes. Los tiempos en los que puedan moverse unos y otros no pueden predecirse. Tampoco puede garantizarse que procesos destituyentes conduzcan automáticamente a la construcción del algo nuevo ni mejor, al mismo tiempo que no podemos presuponer un etapismo entre ambos. A este respecto, parece que conviene empujar iniciativas que prevean ambos movimientos como un tándem, destituyente/constituyente, para que los proyectos emprendidos tengan sentido emancipatorio.
Parece conveniente esbozar escenarios por los que apostar para construir una alianza nueva y cooperativa de pueblos solidarios que, sin duda, habrán de dejar atrás y sin efecto los rasgos neoliberales de los Tratados de la UE. Esto implica concebir varios escenarios cuya forma es difícil de anticipar. Ahora bien, quizá sí pueden esbozarse algunas hipótesis y proponer líneas para transitar las rutas que se abran.
El primer escenario, cuyos brotes se han venido produciendo, plantea que una serie de países desobedezcan, renegocien o abandonen la Unión Europea. Dicho escenario supone una situación de conflicto que, cuando se ha producido hasta ahora, ha ido en detrimento de la soberanía del país en cuestión. Estos conflictos pueden multiplicarse en los próximos años. Pueden dar lugar a políticas alternativas, si están lideradas por fuerzas del cambio, y plantear decididamente una serie de alianzas internacionales y la construcción de una agenda de cooperación común. Podría invocarse mecanismos de cooperación reforzada, ya previstos en la UE. En estos proyectos no podrían acatarse los Tratados (algo no admisible por las instituciones europeas). Esa situación podría dar pie a procesos constituyentes alternativos propicios para una orientación diferente.
No se trata solo de desobedecer, sino de dar los pasos y caminar hacia otra área supranacional solidaria, para construir un proceso constituyente para otra relación democrática y justa entre los pueblos europeos y su ciudadanía. Un proyecto para los pueblos soberanos, democráticos, internacionales y solidarios. En este sentido, consistiría en un nuevo club de países con gobiernos progresistas, como podría ser un Reino Unido con Corbyn, incluyendo cuantos más países mejor. Posiblemente, los países de la periferia Sur reúnan, como damnificados, más papeletas para hacer suyo tal proyecto, pero debe también apelarse a los pueblos centroeuropeos, como el francés, que parece mostrarse contestatario con la deriva del proyecto de la UE.
El segundo escenario, sin presuponer ningún etapismo, pues podría avanzarse al tercero si se dan las condiciones políticas, invitaría a un nuevo marco cooperativo supranacional. Se trataría entonces de construir una base mínima confederal supranacional, donde puedan desplegarse las soberanías populares y sus iniciativas más emancipatorias, pero también solidarias y cooperativas entre pueblos. Sería así un proceso que consistiría en el ejercicio de poner en común para cooperar y complementar.
El tercer escenario presupone haber superado la fase confederal y haber satisfecho los estándares de convergencia y cooperación precisos. Se trataría de una fase voluntaria de integración ecosocialista y federal, comprometida con la solidaridad material reconocedora de la diversidad.
Todo este proyecto transformador ha de comenzar hoy, con un ojo en la siguiente pisada y el otro mirando al horizonte.
Daniel Albarracín es sociólogo y economista. Miembro del Consejo Asesor de viento sur
Referencias
Anderson, Perry (2012) El nuevo viejo mundo. Madrid: Akal.
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