La impunidad y la amenaza sin freno
Magdalena Gómez
N
o cabe duda de que nuestra sociedad tiene diversas expectativas respecto a la idea del cambio esperado con el nuevo gobierno. Un primer bloque es el de los 30 millones de votos, genéricamente podríamos decir que es progresista en cierta forma y aun así hay temas básicos que debiendo estar en su agenda no son reivindicados ni defendidos.
Un parteaguas es justamente la distancia con todo el ámbito de derechos humanos y más específicamente el de los derechos de los pueblos indígenas. Que la nación es pluricultural y que los pueblos originarios provienen de tiempos anteriores a la creación misma del Estado no es algo que haya permeado al conjunto de la sociedad ni al que integra el bloque al que arbitrariamente refiero como progresista o al que votó por un cambio, cualquier cosa que ello les signifique. Está claro que su voto fue contra los gobiernos anteriores, especialmente el priísmo, pero también el panismo.
Ciertamente hay problemáticas estructurales que no se pueden transformar por la voluntad así sea presidencial; sin embargo, hay algunas que parecieran contar con patente de corso para continuar repitiéndose ante la resistencia o impotencia de sus víctimas. Me refiero a la violencia que se incrementa tanto en los ámbitos urbanos como rurales, especialmente en éstos y que es practicada con total impunidad, sin que la justicia que el Estado debe garantizar aparezca por ningún lado.
Sólo en las últimas semanas el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Consejo Indígena de Gobierno denunciaron “la política de terror que los grupos narcoparamilitares, con la ayuda descarada de los tres niveles del mal gobierno, implementan contra los hermanos del Cipog-EZ (Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata) y todos los territorios indígenas de México”. No es esta una afirmación vacía, pues el 23 de mayo, cerca de Chilapa, Guerrero, fueron privados de la libertad sus compañeros Bartolo (Bertoldo) Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, integrantes de la policía comunitaria en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán, el primero comandante, promotores del Cipog-EZ y miembros del CNI, quienes fueron encontrados descuartizados el 24 de mayo.
El Cipog declaró:
Tal parece que los cambios importantes sólo ocurren en las esferas de arriba, abajo nuestras vidas siguen sin importar a los poderosos. En días previos fueron asesinados Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-CIG, al parecer por el Grupo Paz y Justicia, ligado a la banda delincuencial Los Ardillos. Es muy fuerte la caracterización de narcoparamilitares; sin embargo, es una realidad que se vive de forma cotidiana en la región Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero. Y el Estado, incapaz de detener a esas fuerzas. Justamente en Guerrero ha tenido presencia constante de tiempo atrás el Ejército y su actuación ha sido absolutamente ineficaz, por no hablar incluso de situaciones de complicidad. Es un ejemplo de la poca esperanza que despierta la creación de la Guardia Nacional, es más bien un factor de intimidación y de continuidad.
Por otra parte, tenemos el acoso militar en Chiapas, denunciado por el zapatismo y recientemente por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que afirmó: “Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento contra los pueblos originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población, es en la sede de la junta de buen gobierno Hacia la Esperanza, en el caracol de La Realidad, donde se ha centrado en mayor cifra la militarización”.
El Presidente, en su reciente visita a Chiapas, sólo les mandó saludos. Ninguna instancia del Estado, da cuenta ni se hace responsable del acoso y clima de amenaza que viven las comunidades zapatistas. Si ese es el actuar oficial del Ejército, los paramilitares tienen en los hechos luz verde para continuar también el hostigamiento. Andrés Manuel López Obrador repite que no va a reprimir al pueblo.
Sería momento de que se considerara que también por omisión se le puede reprimir. He mostrado sólo unos ejemplos para retomar la preocupación sobre la escasa reacción del progresismo en el país para exigir justicia y transparencia sobre el accionar del Ejército y los narcoparamilitares. Qué lejos parece el 12 de enero de 1994 donde la ciudadanía salió a exigir un cese al fuego en Chiapas y a pugnar por la paz, o cuando se demandó el cese a la persecución contra el zapatismo iniciada el 9 de febrero de 1995. No son buenos tiempos para los pueblos indígenas, sin contar con los megaproyectos para profundizar el despojo en nombre del supuesto progreso. ¿Cuál cambio ?
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