El gobierno mexicano, obligado con niñez migrante
Ana María Aragonés
L
os migrantes indocumentados que retornan –habría que ser claros y decir
que son deportadosdesde Estados Unidos porque no pudieron exhibir los papeles para su residencia– llevaban muchos años viviendo en ese país. Ahí encontraron la forma de cambiar sus condiciones de vida por un horizonte mejor y más digno. Por ello trabajaban con niveles de excelencia, como ha sido señalado por muchos empleadores, que los han preferido a otros trabajadores. Pagaron sus impuestos y fueron una aportación laboral para un país que enfrenta problemas de envejecimiento de su población, y por ello con dificultades para satisfacer la demanda laboral en ciertos nichos de trabajo.
Pero ahora han visto truncados sus sueños. Vuelven a un país que les ofrece muy poco, pues el mercado laboral mexicano está deprimido, y los empleos que se ofrecen son muy precarios. Esto explica el incremento del trabajo informal, sin beneficios sociales y sujetos a líderes explotadores y que los extorsionan. Algunos de estos retornados se están incorporando al trabajo agrícola, cuyos salarios son bajísimos, como hemos podido constatar con los jornaleros de San Quintín, a quienes se regatea el pago de 200 pesos por día, cuando los empresarios tienen ganancias extraordinarias. Y el gobierno, en lugar de negociar pagos de salarios equitativos haciendo cumplir la Constitución, va a subsidiar a estos empresarios pagando la diferencia. Pocos de estos deportados se incorporan al tipo de trabajo que realizaban en Estados Unidos, construcción y manufactura. Otros muchos se quedan, como señala Sanjuana Martínez, en el llamado canal de Tijuana, cuyo destino es vivir en condiciones de indigencia, olvidados por el gobierno mexicano, con enormes dificultades para que se les otorgue un acta de nacimiento, pues marcharon de pequeños, o para obtener su credencial del Instituto Nacional Electoral, sin lo cual les es imposible buscar trabajo. Un mal sueño que se les convirtió en realidad.
Y si para los adultos la situación es terriblemente difícil, sus hijos también sufren condiciones que son, por decir lo menos, inaceptables.
El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi), que dirige Gretchen Kuhner, señala que de acuerdo con el censo de 2010, en México viven 597 mil niños, niñas y adolescentes que nacieron en Estados Unidos. Pero miles de estos niños y niñas han tenido problemas para acceder a servicios públicos educativos por no tener un acta de nacimiento apostillada y traducida,
a pesar de que la normativa indica que ésta no es necesaria para acceder al sector educativo. Esto tiene gravísimas consecuencias, pues no sólo sin educación su futuro se verá ensombrecido, sino que serán mucho más vulnerables a la discriminación, a la explotación, al tráfico de personas y al crimen organizado.
El problema es que muchos municipios y estados dificultan o de plano niegan el acceso de menores a las escuelas por falta del acta de nacimiento apostillada y traducida, pasando por encima de la norma, que no la exige. Pero como señala Imumi, esto muestra que no hay el mínimo control escolar. Otro problema, señala el instituto, es que expiden
certificados provisionalesa los niños y niñas que no han podido acreditar su identidad con el acta de nacimiento apostillada y traducida. Esto les supone obstáculos para continuar con sus estudios y obtener otros beneficios, como becas. Es decir, que la apostilla es una barrera que impide a la niñez el acceso a la educación. La solución es fácil.
Imumi plantea un conjunto de propuestas sencillas y efectivas que beneficiarían de inmediato a la niñez, grupo que merece todo el apoyo: dispensar la apostilla como requisito para la acreditación y quitar la leyenda de
provisionalal certificado escolar y dejar sólo
certificado definitivo.
Es claro que de lo que se trata es de garantizar el acceso de toda la niñez en el país a la educación sin condicionamientos, y quien tiene que hacerlo efectivo es el Estado mexicano, que además está obligado porque ha firmado convenciones internacionales, ha promulgado leyes y códigos internos y todos ellos establecen con claridad ese derecho para la infancia.
Suficientes sufrimientos tienen los adultos con un retorno que no buscaron, pero peor si quienes enfrentan dificultades para acceder poco a poco a su nueva identidad son sus hijos. La solución es muy sencilla, veamos si hay voluntad política, pero sobre todo sensibilidad gubernamental.
