Movimiento obrero
La pandemia bioeconómica y las clases trabajadoras occidentales
02/04/2020 | Ingar Solty
“Enfermos… sospecho que no nos movimos con rapidez suficiente después de todo…” — Stephen King, Apocalipsis (The Stand)
El shock de la Covid-19 y la recesión económica inminente
En este mes de marzo de 2020, el mundo ha vuelto al futuro. Se suponía que la crisis financiera mundial de 2007-2008, que escaló hasta convertirse en un colapso financiero global en septiembre de 2008, iba a ser la crisis big bang, un acontecimiento que solo se produce una vez en la vida. Pues bien, ahí estamos de nuevo.
La disputa petrolera entre Rusia y Arabia Saudí a comienzos de marzo de 2020, que dio lugar a una caída libre del precio del crudo y estaba dirigida contra la industria del fracking estadounidense, así como los shocks económicos derivados de la globalización del coronavirus, parecen haber provocado una recesión mundial. Esto lo han declarado numerosos economistas consagrados como Kenneth Rogoff y Pankaj Mishra, de Harvard, que están convencidos de que el mundo ha entrado ya en una nueva crisis económica global. Pocos días después, banqueros centrales como el presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, anunciaban su previsión de que la recesión es “probablemente inevitable hoy por hoy”.
El pensamiento de la mayoría de las personas viene determinado ahora por el desarrollo de la crisis de la Covid-19, el retorno de “la hora del poder ejecutivo” (Gerhard A. Ritter), es decir, de la legislación en estado de excepción, y los temores que despierta, así como las medidas económicas que aparentemente se adoptan en respuesta a la crisis sanitaria. Al trastornar las cadenas de suministro internacionales y dañar gravemente una economía mundial de producción just-in-time sumamente vulnerable, la Covid-19 sin duda ha acelerado la transición a la recesión; ahora bien, esta recesión ya estaba en ciernes a finales del año pasado.
Orígenes de la crisis financiera actual
La evolución del PIB, la rentabilidad del capital, el exceso de capacidad, la cantidad de horas trabajadas etc., ya presagiaban el comienzo de una recesión. En 2019, países como Alemania, por ejemplo, ya tuvieron la tasa de crecimiento más baja desde 2009, en el momento álgido de la crisis financiera mundial. Además, los despidos masivos en la industria automovilística mundial ya no eran el mero resultado de la robotización o de la transición a la movilidad electrónica, sino que estaban relacionados con una caída en picado de la actividad económica. Eric Toussaint tiene razón cuando señala que “la mala salud de la economía… data de mucho antes de los primeros casos de coronavirus en China y sus efectos en la economía mundial… la Fed y tras ella la gran prensa, no dicen la verdad cuando explican que la medida está destinada a hacer frente al coronavirus”.
De todos modos, el parón debido al coronavirus ha hecho que finalmente el gran público se percate de que el mundo ha vuelto al tipo de situación a que se enfrentaba en 2008. En la segunda semana de marzo, las bolsas se desplomaron e incluso interrumpieron temporalmente la actividad. Del 4 al 18 de marzo, el índice Dow Jones descendió de 27.091 puntos a 19.899; el DAX alemán cayó de 12.128 a 8.442 puntos en ese mismo periodo. El lunes 9 de marzo de 2020 fue el día más aciago en Wall Street desde 2008, cuando el Dow Jones perdió 2.000 puntos en una sola jornada. Y mientras economistas favorables a los sindicatos como el alemán Stephan Kaufmann reclamaron el cierre de los mercados de valores para frenar la volatilidad y la espiral descendente inducida por el pánico (como ocurrió con la crisis asiática de 1997 o el desplome del 11 de septiembre de 2001), en Wall Street se demandó de inmediato un “estímulo de choque” para detener los efectos en la economía.
En un intento chapucero de proteger tanto la confianza de los inversores como su propia reelegibilidad, el gobierno de derechas de Donald Trump en EE UU trató de minimizar la profundidad de la crisis sanitaria. Pronto se le unió el gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido, que intentó hacer lo mismo. En una emisión por televisión en directo desde el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, Trump afirmó que el coronavirus era poco más que una gripe normal y corriente, que también causaba la muerte de un número limitado de personas cada año, con una tasa de mortalidad del 0,1 %. Se perdió un tiempo precioso, ya que los servicios secretos de EE UU ya habían advertido al presidente Trump de que se avecinaba una pandemia. Asimismo, los fabricantes alemanes de ropa de protección médica ya avisaron al ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn (CDU), que se venía encima una pandemia y que habría escasez de suministros el 5 de febrero, sin recibir respuesta.
Cuando la curva exponencial de infecciones comenzó a ascender de un modo constante, el presidente Trump se dirigía al público con frases como estas: “Vamos sustancialmente a menos, no a más”; “¡Y este es su nuevo engaño!”; “Se irá. Mantengan la calma, que se irá”. Hasta que a mediados de marzo cambió de registro: “Siempre he sabido que esto es una pandemia real”. Cuando se vio la gravedad de la crisis sanitaria, Trump recurrió al racismo y pasó a hablar del “virus chino” o el “virus extranjero”, incitando a ataques racistas contra residentes de origen asiático y haciéndose eco del racismo mortífero que acusó a los judíos de causar la Muerte Negra medieval, a los inmigrantes católicos irlandeses de importar la epidemia de cólera en 1832 y a los chinos de estar en el origen del brote de viruela en 1876. Mientras, comentaristas de derechas comenzaron a culpar a los Demócratas y su intento de destitución del presidente por haber retrasado la respuesta de Trump a la emergencia.
El racismo también se hizo notar en Europa, cuando las empresas de las estaciones de esquí austriacas ignoraron el hecho de que la estación de Ischgl era el origen secreto del coronavirus en Europa y la manutiveron abierta durante una semana más, echando la culpa a un visitante italiano cuando países como Islandia ya habían puesto en cuarentena a turistas que volvían de los Alpes austriacos.
Del mismo modo, el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, quien acababa de reunirse con Trump, tuvo que someterse a la pueba de coronavirus después de calificar también la crisis de “fantasía”, para rogar más tarde a la Cuba socialista que enviara médicos, mientras que el primer ministro británico jugó incluso por un tiempo con la loca idea neoliberal de la inmunidad de grupo en la televisión nacional, según la cual la población británica debía exponerse e infectarse simultáneamente con el coronavirus para “quitárnoslo de encima”.
Dada la tasa de mortalidad del coronavirus, que se cifra entre el 1 y el 5 %, y dado que incluso la caciller alemana Angela Merkel calcula que hasta el 60 a 70 % de la población se habrá infectado finalmente, la propuesta de Johnson equivalía esencialmente a tolerar, en un experimento humano de darwinismo social, la muerte potencial de cientos de miles, tal vez incluso de millones de personas mayores y personas con enfermedades preexistentes en el Reino Unido, un verdadero gerontocidio.
En Alemania, el columnista de derechas y defensor de la gran empresa Thomas Straubhaar propuso el mismo tipo de neoliberalismo epidemiológico, mientras que en los Países Bajos el gobierno parece ahora seguir este planteamiento, basándose en el cálculo inquietantemente misantrópico y utilitario de que será (macro)económicamente más eficiente dejar morir de 40.000 a 80.000 personas en vez de hundir la economía con medidas de intervención masiva del Estado como el confinamiento. Es interesante saber que en este caso la propuesta no ha venido de la extrema derecha, sino que el Partido por la Libertad de Geert Wilders se ha opuesto radicalmente a la misma.
El coronavirus y los sistemas sanitarios neoliberales
Actualmente, con las curvas de infecciones en ascenso exponencial –especialmente en el Reino Unido, EE UU y Turquía– y las inminentes crisis sanitarias, ganan audiencia algunas voces occidentales que ven un fracaso político y de planificación monumental con respecto al coronavirus cuando se compara la situación con los esfuerzos de China, donde se produjo el primer contagio, el 1 de diciembre de 2019, o de Singapur, Taiwán y Vietnam.
“China compró el tiempo de Occidente [y] Occidente lo malgastó”, opinaba el New York Times el 13 de marzo y concluyó: “Los líderes chinos vacilaron al comienzo, pero poco después actuaron de una manera mucho más decidida que lo que han hecho hasta hoy muchos líderes elegidos democráticamente.” De hecho, expertos de la Organización Mundial de la Salud han alabado los rápidos esfuerzos del gobierno chino, por muy autoritario que sea, lo que llevó incluso al principal diario conservador de Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, a la conclusión de que “la tentación de actuar con medias tintas es grande, porque las necesarias restricciones de la movilidad comportan un elevado precio económico. Sin embargo, este precio será superado por el precio de unas medidas insuficientes. Para desempolvar un viejo dicho: ‘Aprender de un hermano mayor es aprender cómo ganar’. Con sus dolorosas medidas drásticas, China ha conseguido detener la propagación del virus. No hay que ser muy listos para predecir que pronto el país será más seguro que el resto del mundo.”
En efecto, el 19 de marzo de 2020, China informó de que no se había producido ninguna nueva infección, en un momento en que en Italia el número de muertos superaba el del imperio del centro, y al mismo tiempo la economía china se ponía de nuevo en marcha con la vuelta de los trabajadores y trabajadoras a los centros de trabajo.
No obstante, no solo es una cuestión de andar a medias tintas o de saber si Occidente será capaz o no de capear el temporal de la Covid-19. El virus golpea a países capitalistas occidentales en condiciones adversas. Esto ya se puede ver en Italia y España, de las que a mediados de marzo se dijo que iban un par de días a dos semanas por delante del resto de Occidente, y muy pronto veremos en el resto si la curva de infecciones asciende tan vertiginosamente, o incluso más, que en los dos países del sur de Europa.
En Italia y España, la Covid-19 ha causado estragos porque durante la crisis de la eurozona que comenzó en 2010, el pacto fiscal de la UE forzó a estos países periféricos de la UE a adoptar severas medidas de austeridad y profundos recortes presupuestarios en la sanidad. Por ejemplo, según los datos más recientes de Eurostat, los varios Memorandos de Entendimiento que la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) obligó a firmar a Grecia no solo comportaron drásticos recortes de las pensiones y de la cuantía del salario mínimo, sino que causaron una reducción del gasto en atención sanitaria del 22,4 % entre 2011 y 2016. De acuerdo con Eurostat, en Italia el gasto sanitario en porcentaje del PIB descendió del 9,0 al 8,8 %, pese a un aumento de la población de 59,2 a 60,7 millones de habitantes durante el mismo periodo. Estos profundos recortes presupuestarios, debidos a la austeridad, se vieron agravados por la reestructuración de la atención sanitaria impuesta desde hace tiempo por el neoliberalismo, que transformó un sistema de servicio público en un negocio lucrativo, que redujo la sanidad pública a unas entidades privadas competitivas e infradotadas de medios.
En total se retiraron alrededor de 37.000 millones de euros del sistema sanitario italiano, el número de hospitales se redujo un 15 %, las plantillas –personal médico, de enfermería y de asistencia social– menguaron drásticamente y se eliminaron unas 70.000 camas hospitalarias, es decir, un 17 % del total. Elio Rosa escribe: “Esta situación hace que frente a una media de la UE de cinco camas por mil habitantes, Italia tenga poco más de tres.” Y la reducción del número de camas incluyó las camas de cuidados intensivos. En un país de más de 60 millones de habitantes y una población generalmente envejecida, el número de dichas camas se redujo a 5.200. Estas camas estaban en gran parte ocupadas antes incluso de que llegara la pandemia.
Algo parecido podemos decir de un país central de la eurozona como Alemania, donde a pesar de un gasto per cápita generalmente más alto en atención sanitaria, cientos de hospitales públicos han sido privatizados y otros han sido cerrados, con lo que el número de camas en hospitales públicos cayó de 832 en 1991 a 602 en 2017 por 100.000 habitantes. Aun así, en 2019 la influyente Fundación Bertelsmann propuso cerrar el 50 % de los hospitales alemanes.
En EE UU, más de la mitad de los condados carecen de camas de cuidados intensivos, poniendo en riesgo a más de siete millones de personas de 60 años o más. Los recortes presupuestarios llevaron a la supresión de 20.000 camas de hospital tan solo en la ciudad de Nueva York, donde 29 millones de personas no tienen seguro médico y donde la pérdida del empleo supone normalmente la pérdida de la cobertura sanitaria (en caso de tenerla). La enfermedad mortal ya reporta ingresos extra a la sanidad privada. Las empresas farmacéuticas estadounidenses han aprovechado la crisis para doblar el precio de potenciales tratamientos del coronavirus. Algunas personas infectadas se enfrentan al pago de 35.000 dólares por un tratamiento de unos pocos días en régimen de consulta externa.
En el Reino Unido, la profesión médica ha advertido sobre las graves consecuencias de los recortes presupuestarios del sistema nacional de salud a las que tendrá que enfrentarse el país durante la crisis sanitaria. Como señaló un médico en un artículo publicado en el New York Times: “El Reino Unido tiene menos camas de cuidados intensivos que la mayoría de países europeos. Las tasas de ocupación son altas y asistimos a una lucha cotidiana por sacar a suficiente gente para hacer sitio a nuevos pacientes. Incluso cuando hay alguna cama disponible, no contamos con personal sanitario para atenderla. Una década de recortes e infradotación nos ha dejado peligrosamente desprotegidos.” Y como ha escrito Sam Gindin:
Las presiones venidas con la globalización han hecho que se contengan, por no decir reduzcan, los presupuestos para la sanidad… Al mismo tiempo, las ventajas de rentabilidad de las economías de escala y la especialización… han alargado las cadenas de valor, o sea, las estructuras productivas, incluida la de los medicamentos, que implican muchos insumos de múltiples empresas de múltiples países. Si a ello añadimos la identificación casi universal por parte de las empresas del exceso de capacidad con un despilfarro innecesario (producción ajustada), restando importancia a la necesidad de disponer de algún grado de flexibilidad, tendremos como resultado unos sistemas sanitarios locales vulnerables a la mínima interrupción y carentes de toda capacidad para afrontar emergencias inesperadas. A la globalización como maldición económica se añade la maldición sanitaria del socavamiento de la capacidad de un país para prepararse de cara a posibles pandemias y responder a ellas.
Es más, el carácter privado y lucrativo de la atención sanitaria ha sido la garantía de que surgiera la Covid-19 tal como lo hizo. David Harvey observó lo siguiente:
La industria farmacéutica privada apenas tiene interés, si es que lo tiene, en realizar investigaciones no rentables sobre las enfermedades infecciosas (como toda la categoría de coronavirus que se conoce bien desde la década de 1960). La industria farmacéutica rara vez invierte en prevención. No está muy interesada en invertir en estar preparados para una crisis de salud pública. Le encanta diseñar remedios. Cuanto más enferma esté la gente, más dinero ganan. La prevención no aumenta el valor de las acciones. El modelo de negocio aplicado al servicio público de salud ha eliminado las capacidades excedentarias que harían falta en un caso de emergencia. La prevención no ha sido ni siquiera un terreno suficientemente tentador para las asociaciones público-privadas…
Hoy cosechamos los frutos de aquellas medidas económicas. En Italia, donde el brote de coronavirus comenzó antes que en ningún otro país de Europa, la profesión médica ha calificado la pandemia de “guerra” y de “un tsunami que nos ha arrollado”. El sistema sanitario italiano simplemente no estaba preparado para la crisis del coronavirus. Debido a ello, médicos y médicas se encontraron pronto en la tesitura de tener que escoger entre las personas que debían morir –las muy ancianas y las que presentaban varias dolencias preexistentes– y las que recibirán respiradores y por tanto tendrán una oportunidad de sobrevivir. Otros pacientes se transfieren directamente a la unidad de cuidados paliativos, es decir, adonde envían a la gente a morir.
Mientras tanto, el personal sanitario, que se expone a sí mismo y a sus familias al coronavirus altamente infeccioso, trabaja en turnos de 18 horas sin ningún día libre y se halla al borde del colapso físico y mental. Los crematorios funcionan durante las 24 horas del día y se amontonan los ataúdes. En España, la ministra de Defensa Margarita Robles ha informado de cómo unidades de emergencia del ejército están encontrando a personas ancianas “totalmente abandonadas y muertas” en sus residencias. A mediados de marzo, el público internacional se sintió consternado a la vista de unas fotografías de convoyes militares italianos que salían de Bergamo transportando cadáveres afuera de la ciudad.
A resultas de todo ello, se han alargado las listas de espera en los tanatorios y debido a la cuarentena es imposible celebrar funerales normales. En Lombardía, el diario local L’Eco di Bergamo tuvo que ampliar la sección de obituarios de las 2 o 3 páginas habituales a 10 debido al gran número de muertes, con 150 obituarios por página, estando relacionadas el 90 % de esas muertes con el virus. Debido a que personas que teóricamente podrían curarse con infusiones en sangre o aportación de oxígeno u otros tratamientos no pueden ser atendidas, la tasa de mortalidad de la Covid-19 se ha disparado al 10 %.
Está claro que en Italia muere gente, no porque la Covid-19 sea tan letal, sino porque la sanidad neoliberal y las medidas de auteridad de la UE la está matando literalmente. Desde un punto de vista médico, la gran mayoría de muertes se podrían evitar. Los mecanismos de selección están rompiendo los corazones del personal sanitario, cuya misión consiste en salvar vidas. Médicas cuentan que ven “enfermeras con lágrimas en los ojos porque no pueden salvar a todo el mundo”. A medida que evolucionan los acontecimientos y la situación se deteriora, la gente la vive como las pesadillas del Apocalipsis de Stephen King o del Contagio de Steven Soederbergh.
“Las epidemias”, escribe Anne Applebaum en The Atlantic con respecto a la especial vulnerabilidad del disfuncional sistema sanitario de EE UU, que deja a 29 millones de personas sin asegurar, “tienen una manera de revelar verdades soterradas sobre las sociedades en que impactan. Esta ya lo ha hecho, y a una velocidad aterradora… La disfunción estadounidense es… resultado de nuestro sistema sanitario bifurcado, que es tanto el mejor del mundo como el peor del mundo, y desde luego no está preparado para ninguna clase de respuesta nacional colectiva. La crisis actual es el resultado de décadas de falta de inversiones en la función pública, de la burocracia despectiva en la sanidad pública y otras áreas y, sobre todo, de la subvaloración de la planificación a largo plazo.”
La crisis del coronavirus y la clase obrera
En su primera declaración de emergencia nacional por televisión, el 18 de marzo de 2020, la canciller alemana Angela Merkel dijo que “una pandemia muestra lo vulnerables que somos todas y todos y hasta qué punto dependemos del comportamiento considerado de otras personas, y de este modo también cómo nos protegemos mediante la acción común y el fortalecimiento común”. Incluso gentes de izquierdas alabaron a Merkel por su enfoque sosegado, liberal y basado en el conocimiento científico que parece tan alejado de los Trump, Bolsonaro y Johnson de este mundo. Mucha gente también ha picado en el cebo del mensaje de Merkel sobre los sacrificios interclasistas. Después de todo, ¿acaso la crisis no afecta a todo el mundo, independientemente de la condición y riqueza de cada uno? Y ¿acaso la crisis no hace que la gente se una, mientras que los líderes nacionales hablan en el lenguaje de la solidaridad? ¿Acaso la crisis no ha dado pie a una situación en que de pronto los partidos y las ideologías parecen haberse vuelto irrelevantes?
Bien, como casi todo en la vida y tal como sucedió asimismo durante la mortal gripe española de 1918-1919, las vulnerabilidades durante una crisis tienen un fuerte y marcado sesgo de clase. La manera más evidente y directa en que las desigualdades sociales afectan de modo diferente a la clase capitalista y a la clase trabajadora durante una crisis sanitaria la muestra el nuevo fenómeno de los médicos-conserje. Se trata de médicos que solo prestan servicio a clientes particulares ricos que les pagan por su asistencia durante las 24 horas del día. Mientras cunde la crisis del coronavirus, la gente rica puede someterse a la prueba de detección del virus aunque no tenga síntomas, recibe concentradores de oxígeno, máscars respiratorias, etc., mientras que gente trabajadora que tiene síntomas de Covid-19 ha de luchar por que le hagan la prueba y luego pagar la factura. Las pruebas de detección se consideran la razón (o una de las razones) clave por la(s) que países del este de Asia han logrado aplanar la curva.
Cuando todo el mundo tiene que optar por huir en vez de luchar, los capitalistas más ricos cuentan con los recursos que otras personas no tienen. Huyen a su manera exclusiva. Los viajes en avión privado se han multiplicado por diez. Multimillonarios como el gigante de Silicon Valley Peter Thiel, propietario de una finca de casi 200 hectáreas en Nueva Zelanda, se refugian en su segura segunda residencia en el país o en el extranjero, donde el mismo confinamiento se soportará de un modo muy distinto que el que ha de sufrir la clase obrera.
Las vías indirectas por las que la desigualdad de clase y social determina el impacto de la crisis sanitaria son incluso más severas. A fin de contener la expansión de la Covid-19, los gobiernos occidentales han clausurado toda vida pública –encuentros deportivos, conciertos, teatros y después también universidades, escuelas y centros de día, etc.– a fin de limitar las interacciones sociales, que propagarían el coronavirus. El objetivo universal es aplanar la curva de contagios.
Sin embargo, los gobiernos occidentales han omitido en gran parte los medios para llevarlo a cabo. En muchos países occidentales, con la excepción de Estados como Dinamarca y Suecia, el distanciamiento social ha estado en gran medida individualizado, al menos inicialmente. E incluso en Dinamarca y Suecia, el modo en que los Estados aseguraron que los trabajadores y trabajadoras puedan quedarse en casa favorecía mucho los intereses capitalistas. En Dinamarca, el Estado reclama a las empresas el pago de tan solo el 25 % del subsidio por enfermedad a cambio de que el trabajador renuncie a cinco días completos de sus vacaciones, lo que significa que la crisis no les cuesta nada a las empresas si el confinamiento no dura más de 20 días laborables, mientras que los trabajadores sufragan esencialmente su subsidio por enfermedad a través de sus impuestos. En Suecia, el gobierno central ha decretado un paquete de apoyo de 300.000 millones de coronas (equivalente al 6 % del PIB), que prevé, entre otras cosas, que el Estado cubrirá ahora el coste total de los subsidios por enfermedad que normalmente sufraga el capital.
En Alemania, debido al temor de una nueva gran recesión, la clausura de las actividades públicas no incluyó la suspensión de las actividades económicas en el sector fabril y otros sectores de la economía no relacionados directamente con la preservación de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, el ministro de Sanidad de este país, Jens Spahn (del partido democristiano), declaró que es más fácil renunciar a encuentros deportivos públicos que al trabajo cotidiano. Al principio, su gobierno se limitó a aconsejar a la gente que optara por el teletrabajo (“todo el mundo puede y debe contribuir a frenar el coronavirus”), si bien para la gran mayoría de la clase obrera esto no es posible y en las grandes ciudades el trabajo requiere que mucha gente que trabaja utilice el transporte público, donde la proximidad entre las personas implica todo menos una prevención de las infecciones.
Incluso después de que el gobierno alemán decretara, el 22 de marzo, unas medidas sumamente intrusivas en virtud de las que denunciaría y multaría toda reunión pública de más de dos personas, dando un nuevo significado al dicho de “dos es compañía, tres es multitud”, no se decidió un confinamiento total y empresas no esenciales siguieron operando. Sin embargo, ante los efectos de la interrupción de las cadenas de suministro internacionales y el cese total del trabajo en la industria automovilística alemana, el gobierno de gran coalición de democristianos y socialdemócratas decidió sufragar el salario de los trabajadores a jornada parcial que tengan menos trabajo (Kurzarbeitergeld) a razón del 60 % de su paga previa –el 67 % para quienes tienen hijos a su cargo– con el fin de complementar la reducción de sus horas de trabajo, proteger el empleo y prevenir despidos masivos. Estas medidas reintrodujeron una política que ya se había probado con éxito durante la crisis mundial de 2007 y años sucesivos. En Dinamarca y Suecia hubo réplicas con medidas similares.
En 2009-2010, el éxito de estos programas quedó reflejado en la manera en que los fabricantes alemanes no tuvieron que despedir al personal y pudieron renudar simplemente la producción y hacerse de nuevo con cuotas de mercado al comenzarla recuperación económica. No obstante, la Confederación Nacional de Sindicatos (DGB) criticó correctamente que esto no era suficiente para quienes trabajaban en el sector de bajos salarios, que también es el más perjudicado por los efectos de la crisis del coronavirus. En este vasto sector de la economía alemana, que emplea a uno de cada cuatro personas ocupadas, el 60 % no basta para poner comida sobre la mesa y pagar las facturas. Por tanto, la DGB y el sindicato del sector servicios Ver.di presionaron por un aumento de la Kurzarbeitergeld al 90 % de la renta previa.
Trabajadores precarios como los autopatronos, los autónomos y los tenderos no están amparados por dichas medidas, pues no están incluidos en ningún convenio colectivo. La crisis del coronavirus y el consiguiente cierre de establecimientos les asestan un duro golpe. Tan solo algunos países, como Suecia, cubren a los autónomos al otorgarles dos semanas de subsidio de enfermedad. En Noruega, España e Italia existe ahora un pago de 600 euros para todas las personas que trabajan en régimen de autoempleo y que son sujetos pasivos del IVA.
Quienes salen peor parados son los y las que trabajan en condiciones de precariedad laboral. En Italia, estas personas empleadas en la economía informal se van con las manos vacías, inclusive los dos millones de trabajadoras domésticas, cuidadoras de personas ancianas y de menores (nueve de cada diez de estas son mujeres y alrededor de siete de cada diez son inmigrantes), que ahora pierden el empleo tras el confinamiento de sus empleadores en su casa. En general, la gente pobre es la que se lleva la peor parte, ya que los pequeños ahorros se esfuman pronto y los comedores benéficos, como el alemán Tafel, han cerrado, creando una situación de inseguridad alimentaria generalizada. En respuesta a ello, miembros veteranos del partido La izquierda (Die Linke) han empezado a abrir comedores benéficos, una iniciativa similar a las de los grupos de autoayuda de la clase obrera de antes de la segunda guerra mundial. ¿Es posible que veamos incluso el retorno de los consejos obreros que organizaban infraestructuras sociales allí donde el Estado no las asegura?
En otros países occidentales, la situación es aun peor que en Centroeuropa. En EE UU, las empresas más grandes se negaron a suspender sus actividades y pagar a su personal el subsidio de enfermedad. Allí, el imperativo estructural del capitalismo de seguir acumulando capital sin interrupción confronta a la clase trabajadora con el terrible dilema de tener que elegir entre el despido o la posible muerte. Como ha señalado con razón Mark Bergfeld, “El problema es que la cultura del presentismo hace que sea la clase trabajadora la que tenga que tomar la decisión, lo que significa a menudo que volverán al trabajo cuando deberían quedarse en casa.”
Entre las mayores “compañías que anteponen la ganancia a la salud pública” figuran McDonald’s con 517.000 trabajadoras y trabajadores, Walmart con 347.000, Kroger 189.000, Subway con 180.000, Burger King con 165.000, Pizza Hut con 156.000, Target con 151.000, Marriott con 139.000, Wendy’s con 133.000, Taco Bell con 124.000, Dollar General con 109.000, Applebee’s con 99.000 y Dunkin’ Donuts con 97.000. Todo esto ocurre en una situación en que, de acuerdo con el informe de mayo de 2019 de la Reserva Federal sobre el bienestar económico de los hogares de EE UU en 2018, el 40 % de la población estadounidense no pudo afrontar un gasto de emergencia de 400 dólares sin tener que pedir prestado dinero; y en la que, dicho de otro modo, casi la mitad de la población está a una paga de quedarse sin techo.
Mientras que por lo visto el personal de Starbucks pidió a sus patronos que cerraran los cafés, el gobierno de Trump anunció al principio tan solo un programa destinado a prestar asistencia a la clase trabajadora, que incluía el envío por el gobierno de cheques que se supone que alcanzarán como máximo la cantidad de 2.000 dólares. Por supuesto, esto también tiene que ver con el deseo de Trump de salir reelegido, y los pagos directos en efectivo son un medio popular, claro está, para conseguirlo (George W. Bush aplicó la misma estrategia).
El 17 de marzo de 2020, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin anunció que los primeros cheques “de 1.000 dólares por lo menos” se remitirían a finales de abril, y que en mayo seguiría un segundo cheque. Ni que decir tiene, esta cantidad no permitirá a la gente trabajadora quedarse en casa sin trabajar y pagar sus facturas. Nada que no incluya el subsidio de enfermedad para toda la gente trabajadora y una moratoria de los alquileres, las facturas de luz, gas y agua, las hipotecas, la deuda estudiantil y la devolución de la deuda contraída con la tarjeta de crédito (cosa que hasta ahora solo ha decretado Francia) permitirá que la clase obrera logre salir de esta crisis. A la luz de esta situación, el candidato presidencial derrotado, Bernie Sanders, ha reclamado una paga mensual de 2.000 dólares a cada uno de los hogares de EE UU, de modo que la gente trabajadora pueda quedarse en casa y así evitar millones de muertes más a causa de la pandemia en EE UU.
Así y todo, multimillonarios estadounidenses no han dudado en reclamar la supresión de las exiguas prestaciones sanitarias por parte del gobierno a fin de obligar a trabajadores y trabajadoras a volver al trabajo a pesar de los peligros que supondría esto. El multimillonario y candidato derrotado en las primarias del Partido Demócrata, Michael Bloomberg, ha sido noticia por haber despedido a los miembros de su equipo después de informarles de que estaban expuestos al coronavirus, dejándoles sin cobertura sanitaria a partir de finales de mes.
Por cierto, la hipocresía del sistema político estadounidense y su bipartidismo se ha lucido en todo este proceso. La idea de enviar cheques a toda la gente trabajadora de EE UU también la planteó la dirección del Partido Demócrata, pero Nancy Pelosi orquestó el frente de rechazo a favor de la previa comprobación de recursos. Esta reserva fue secundada posteriormente por el líder la la minoría Demócrata del Senado, Chuck Schumer. Ahora, puesto que la propuesta proviene del presidente Trump, y dado que en noviembre tendrán lugar las elecciones, este podrá decir que él se puso del lado de los trabajadores y los Demócratas no, pese a haber lanzado los peores ataques contra la clase obrera al recortar programas sociales y abrir un enorme agujero en el presupuesto de los Estados con la reducción de los tipos del impuesto de sociedades para el capital y los superricos.
En Canadá, el gobierno provincial de derechas de Ontario tampoco lo ha hecho mejor. En vez de pagar el subsidio de enfermedad a todos los trabajadores, su respuesta a la crisis ha consistido en permitirles ahorrarse el requisito de un informe médico para tomar una excedencia sin sueldo. En el Reino Unido, el gobierno conservador tardó muchísimo en ampliar el subsidio de enfermedad a la gente trabajadora que se había autoconfinado aunque no estuviera afectada por el coronavirus. Puesto que el importe pagado por el Estado solo ascendía a 94 libras a la semana, esto suponía esencialmente que la gente tenía que seguir trabajando mientras no hubiera una moratoria de todos los gastos antes mencionados. El gobierno solo cambió de criterio cuando se percató de la gravedad de la crisis sanitaria. El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, anunció entonces la drástica medida de entregar hasta 2.500 libras al mes a cada persona asalariada que no pudiera trabajar durante la crisis del coronavirus.
En términos generales, estas medidas, o mejor dicho, esta pasividad relativa de los gobiernos en tiempos de crisis, ha hecho que las clases trabajadoras de todo el mundo sean tremendamente vulnerables. En la crisis actual, está claro que no son los bancos, los gestores de fondos o los abogados los que son demasiado grandes para quebrar. Más bien lo son los trabajadores agrícolas, las cajeras de los supermercados, los conductores de camiones de recogida de basuras, el personal sanitario y las cuidadoras personales, así como los mensajeros, quienes tratan de garantizar la soberanía alimentaria y las prestaciones sanitarias. Si las elites gobernantes apuntan ahora retóricamente a la relevancia sistémica de la clase trabajadora, no está claro que este reconocimiento vaya a traducirse en una retribución material.
Esto afecta especialmente al personal de los supermercados, que lleva el peso del estrés mental colectivo causado por la crisis del coronavirus, cuando los clientes se pelean por un paquete de fideos, arroz y papel higiénico y no aceptan que no deben vaciar estanterías enteras, etc. Además del personal paramédico, asistentes de vuelo, agentes de policía, personal de peluquería, puericultoras, empleadas domésticas, porteros y muchos trabajadores industriales, dichos segmentos de la clase trabajadora y sus familiares mayores enfermos son los más vulnerables al coronavirus a causa de su exposición a enfermedades y/o su proximidad con otras personas en el lugar de trabajo.
Es más, la falta de subsidio de enfermedad y de las moratorias sobre las facturas regulares ha forzado a amplios sectores de la clase obrera que no pueden trabajar desde casa a ir a su lugar de trabajo todos los días para mantenerse a flote. Esto significa, por supuesto, que aplanar la curva sea una mera ilusión. Amenaza a la clase obrera con la muerte, ya que son las trabajadoras y trabajadores quienes están en la línea de frente del coronavirus. En su famoso ensayo Contribución al problema de la vivienda, Friedrich Engels señaló una vez con respecto a las epidemias: “La clase capitalista dominante no puede permitirse impunemente el placer de favorecer las enfermedades epidémicas en el seno de la clase obrera, pues sufriría ella misma las consecuencias, ya que el ángel exterminador es tan implacable con los capitalistas como con los obreros.”
En la coyuntura actual, esto es teóricamente cierto, pero no en la práctica. Es la clase trabajadora la que se arriesga a infectarse yendo al trabajo, la que se arriesga a contagiar a sus familiares mayores y enfermos. Suele carecer de viviendas grandes con jardín y de los fondos necesarios para dejar el trabajo tranquilamente y esperar a que pase el temporal en algún centro turístico libre de coronavirus. Es por tanto la clase trabajadora la que incurre en un riesgo muchísimo mayor de sufrir estrés, disputas conyugales y violencia doméstica (un horrible efecto secundario del confinamiento en Italia). Y también son las trabajadoras y trabajadores quienes se ven forzados a acudir al trabajo mientras sus hijos menores no pueden ir a la guardería ni a la escuela porque están cerradas y por tanto no tienen más remedio que exponer a sus familiares mayores jubilados a un eventual contagio a través de los pequeños. Son por tanto ellas y ellos quienes se ven forzados a elegir entre no ir a trabajar y ser despedidos o ir a trabajar y correr el riesgo de matar a sus mayores, bien debido a una infección que lleven a casa, bien debido al contagio que les transmitan sus propios hijos.
La respuesta hasta ahora de la clase obrera
Las clases trabajadoras occidentales no han aceptado sin más esta situación intolerable. En Alemania, los sindicatos han logrado que el gobierno aumente la paga por reducción involuntaria de la jornada del 75 al 97 % del salario neto previo. En la industria alimentaria alemana, uno de los sectores de bajos salarios más duramente golpeados por la crisis, el sindicato NGG y la patronal acordaron el pago del 90 % de la paga por reducción de jornada retroactivamente al 1 de marzo de 2020. Dado que tan solo el 47 % de la clase trabajadora alemana está cubierta por algún convenio colectivo, la cuestión más acuciante de la lucha de clases es el combate por obligar al gobierno de Merkel a incrementar los ingresos garantizados al 90 % para todos a fin de proteger a los segmentos más débiles y los más pobres de la clase obrera. En Noruega, el personal trabajador ya ha conseguido algo parecido.
En otros países hay sectores obreros que han optado por ir a la huelga. En Italia se han producido huelgas salvajes en Fiat, en los astilleros de Liguria, en el norte, las siderurgias en el sur y la industria aeroespacial y armamentística, en un intento de forzar a los gobiernos a negociar con los sindicatos. En España ha habido huelgas salvajes en Mercedes e Iveco, mientras que en Volkswagen los sindicatos se negaron a mantener la producción.
En EE UU, el personal de la planta de montaje de Fiat-Chrysler en Sterling Heights, Michigan, se declaró en huelga cuando se enteró de que algunos miembros de la plantilla estaban en cuarentena debido al coronavirus. En Detroit, una huelga de conductores de autobús logró imponer que no se cobren los billetes mientras dure la crisis del coronavirus. Y en Nueva York, el personal de una cafetería empezaba a organizarse cuando se vio confrontado con la imposible elección de seguir trabajando y contagiarse o pedir la baja, perdiendo así unos ingresos necesarios y corriendo el riego de quedarse sin techo. En el almacén DCH1 de Amazon en Chicago, una plantilla enfadada furiosa y decidida de organizó y ganó la batalla por el cierre sin pérdida del salario, mostrando a otros centros de Amazon cómo pueden conseguirse permisos pagados.
Es probable que la magnitud y el dinamismo de estas luchas obreras vayan en aumento con la intensificación de las crisis del coronavirus y económica. Al mismo tiempo, el hecho de que tengan que producrise en una situación de desespero demuestra lo improbable que será aplanar la curva y lo probable que será que las familias de clase obrera sufran con la crisis sanitaria y tengan que cargar con la mayor parte del peso de sus consecuencias.
En un comentario en Jacobin sobre la decisión de Italia de proceder finalmente a la paralización de la actividad económica, David Broder señala que “la crisis ha ilustrado claramente que la salud pública nos concierne a todos: frente a la propagación de la Covid-19, nadie está realmente seguro si no lo están todos. Sin embargo, esto no significa que todos nos enfrentemos a esta crisis en las mismas condiciones. Las empresas seguirán tanteando y sacando ventaja, y la gente trabajadora, en función de la siguiente paga que reciba, tendrá que seguir trabajando a menos que el Estado intervenga y asegure que no”. Esto dependerá del potencial organizativo y de las estrategias políticas creativas de las clases trabajadoras para imponer la protección de los lugares de trabajo y las prestaciones sanitarias para satisfacer sus necesidades asistenciales propias y las de toda la sociedad.
24/03/2020
https://socialistproject.ca/2020/03/bioeconomic-pandemic-and-western-working-classes/
Ingar Solty es investigador en materia de política exterior, paz y seguridad en el Instituto de Análisis Social Crítico de la Fundación Rosa Luxemburg en Berlín.
Traducción: viento sur
El shock de la Covid-19 y la recesión económica inminente
En este mes de marzo de 2020, el mundo ha vuelto al futuro. Se suponía que la crisis financiera mundial de 2007-2008, que escaló hasta convertirse en un colapso financiero global en septiembre de 2008, iba a ser la crisis big bang, un acontecimiento que solo se produce una vez en la vida. Pues bien, ahí estamos de nuevo.
La disputa petrolera entre Rusia y Arabia Saudí a comienzos de marzo de 2020, que dio lugar a una caída libre del precio del crudo y estaba dirigida contra la industria del fracking estadounidense, así como los shocks económicos derivados de la globalización del coronavirus, parecen haber provocado una recesión mundial. Esto lo han declarado numerosos economistas consagrados como Kenneth Rogoff y Pankaj Mishra, de Harvard, que están convencidos de que el mundo ha entrado ya en una nueva crisis económica global. Pocos días después, banqueros centrales como el presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, anunciaban su previsión de que la recesión es “probablemente inevitable hoy por hoy”.
El pensamiento de la mayoría de las personas viene determinado ahora por el desarrollo de la crisis de la Covid-19, el retorno de “la hora del poder ejecutivo” (Gerhard A. Ritter), es decir, de la legislación en estado de excepción, y los temores que despierta, así como las medidas económicas que aparentemente se adoptan en respuesta a la crisis sanitaria. Al trastornar las cadenas de suministro internacionales y dañar gravemente una economía mundial de producción just-in-time sumamente vulnerable, la Covid-19 sin duda ha acelerado la transición a la recesión; ahora bien, esta recesión ya estaba en ciernes a finales del año pasado.
Orígenes de la crisis financiera actual
La evolución del PIB, la rentabilidad del capital, el exceso de capacidad, la cantidad de horas trabajadas etc., ya presagiaban el comienzo de una recesión. En 2019, países como Alemania, por ejemplo, ya tuvieron la tasa de crecimiento más baja desde 2009, en el momento álgido de la crisis financiera mundial. Además, los despidos masivos en la industria automovilística mundial ya no eran el mero resultado de la robotización o de la transición a la movilidad electrónica, sino que estaban relacionados con una caída en picado de la actividad económica. Eric Toussaint tiene razón cuando señala que “la mala salud de la economía… data de mucho antes de los primeros casos de coronavirus en China y sus efectos en la economía mundial… la Fed y tras ella la gran prensa, no dicen la verdad cuando explican que la medida está destinada a hacer frente al coronavirus”.
De todos modos, el parón debido al coronavirus ha hecho que finalmente el gran público se percate de que el mundo ha vuelto al tipo de situación a que se enfrentaba en 2008. En la segunda semana de marzo, las bolsas se desplomaron e incluso interrumpieron temporalmente la actividad. Del 4 al 18 de marzo, el índice Dow Jones descendió de 27.091 puntos a 19.899; el DAX alemán cayó de 12.128 a 8.442 puntos en ese mismo periodo. El lunes 9 de marzo de 2020 fue el día más aciago en Wall Street desde 2008, cuando el Dow Jones perdió 2.000 puntos en una sola jornada. Y mientras economistas favorables a los sindicatos como el alemán Stephan Kaufmann reclamaron el cierre de los mercados de valores para frenar la volatilidad y la espiral descendente inducida por el pánico (como ocurrió con la crisis asiática de 1997 o el desplome del 11 de septiembre de 2001), en Wall Street se demandó de inmediato un “estímulo de choque” para detener los efectos en la economía.
En un intento chapucero de proteger tanto la confianza de los inversores como su propia reelegibilidad, el gobierno de derechas de Donald Trump en EE UU trató de minimizar la profundidad de la crisis sanitaria. Pronto se le unió el gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido, que intentó hacer lo mismo. En una emisión por televisión en directo desde el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, Trump afirmó que el coronavirus era poco más que una gripe normal y corriente, que también causaba la muerte de un número limitado de personas cada año, con una tasa de mortalidad del 0,1 %. Se perdió un tiempo precioso, ya que los servicios secretos de EE UU ya habían advertido al presidente Trump de que se avecinaba una pandemia. Asimismo, los fabricantes alemanes de ropa de protección médica ya avisaron al ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn (CDU), que se venía encima una pandemia y que habría escasez de suministros el 5 de febrero, sin recibir respuesta.
Cuando la curva exponencial de infecciones comenzó a ascender de un modo constante, el presidente Trump se dirigía al público con frases como estas: “Vamos sustancialmente a menos, no a más”; “¡Y este es su nuevo engaño!”; “Se irá. Mantengan la calma, que se irá”. Hasta que a mediados de marzo cambió de registro: “Siempre he sabido que esto es una pandemia real”. Cuando se vio la gravedad de la crisis sanitaria, Trump recurrió al racismo y pasó a hablar del “virus chino” o el “virus extranjero”, incitando a ataques racistas contra residentes de origen asiático y haciéndose eco del racismo mortífero que acusó a los judíos de causar la Muerte Negra medieval, a los inmigrantes católicos irlandeses de importar la epidemia de cólera en 1832 y a los chinos de estar en el origen del brote de viruela en 1876. Mientras, comentaristas de derechas comenzaron a culpar a los Demócratas y su intento de destitución del presidente por haber retrasado la respuesta de Trump a la emergencia.
El racismo también se hizo notar en Europa, cuando las empresas de las estaciones de esquí austriacas ignoraron el hecho de que la estación de Ischgl era el origen secreto del coronavirus en Europa y la manutiveron abierta durante una semana más, echando la culpa a un visitante italiano cuando países como Islandia ya habían puesto en cuarentena a turistas que volvían de los Alpes austriacos.
Del mismo modo, el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, quien acababa de reunirse con Trump, tuvo que someterse a la pueba de coronavirus después de calificar también la crisis de “fantasía”, para rogar más tarde a la Cuba socialista que enviara médicos, mientras que el primer ministro británico jugó incluso por un tiempo con la loca idea neoliberal de la inmunidad de grupo en la televisión nacional, según la cual la población británica debía exponerse e infectarse simultáneamente con el coronavirus para “quitárnoslo de encima”.
Dada la tasa de mortalidad del coronavirus, que se cifra entre el 1 y el 5 %, y dado que incluso la caciller alemana Angela Merkel calcula que hasta el 60 a 70 % de la población se habrá infectado finalmente, la propuesta de Johnson equivalía esencialmente a tolerar, en un experimento humano de darwinismo social, la muerte potencial de cientos de miles, tal vez incluso de millones de personas mayores y personas con enfermedades preexistentes en el Reino Unido, un verdadero gerontocidio.
En Alemania, el columnista de derechas y defensor de la gran empresa Thomas Straubhaar propuso el mismo tipo de neoliberalismo epidemiológico, mientras que en los Países Bajos el gobierno parece ahora seguir este planteamiento, basándose en el cálculo inquietantemente misantrópico y utilitario de que será (macro)económicamente más eficiente dejar morir de 40.000 a 80.000 personas en vez de hundir la economía con medidas de intervención masiva del Estado como el confinamiento. Es interesante saber que en este caso la propuesta no ha venido de la extrema derecha, sino que el Partido por la Libertad de Geert Wilders se ha opuesto radicalmente a la misma.
El coronavirus y los sistemas sanitarios neoliberales
Actualmente, con las curvas de infecciones en ascenso exponencial –especialmente en el Reino Unido, EE UU y Turquía– y las inminentes crisis sanitarias, ganan audiencia algunas voces occidentales que ven un fracaso político y de planificación monumental con respecto al coronavirus cuando se compara la situación con los esfuerzos de China, donde se produjo el primer contagio, el 1 de diciembre de 2019, o de Singapur, Taiwán y Vietnam.
“China compró el tiempo de Occidente [y] Occidente lo malgastó”, opinaba el New York Times el 13 de marzo y concluyó: “Los líderes chinos vacilaron al comienzo, pero poco después actuaron de una manera mucho más decidida que lo que han hecho hasta hoy muchos líderes elegidos democráticamente.” De hecho, expertos de la Organización Mundial de la Salud han alabado los rápidos esfuerzos del gobierno chino, por muy autoritario que sea, lo que llevó incluso al principal diario conservador de Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, a la conclusión de que “la tentación de actuar con medias tintas es grande, porque las necesarias restricciones de la movilidad comportan un elevado precio económico. Sin embargo, este precio será superado por el precio de unas medidas insuficientes. Para desempolvar un viejo dicho: ‘Aprender de un hermano mayor es aprender cómo ganar’. Con sus dolorosas medidas drásticas, China ha conseguido detener la propagación del virus. No hay que ser muy listos para predecir que pronto el país será más seguro que el resto del mundo.”
En efecto, el 19 de marzo de 2020, China informó de que no se había producido ninguna nueva infección, en un momento en que en Italia el número de muertos superaba el del imperio del centro, y al mismo tiempo la economía china se ponía de nuevo en marcha con la vuelta de los trabajadores y trabajadoras a los centros de trabajo.
No obstante, no solo es una cuestión de andar a medias tintas o de saber si Occidente será capaz o no de capear el temporal de la Covid-19. El virus golpea a países capitalistas occidentales en condiciones adversas. Esto ya se puede ver en Italia y España, de las que a mediados de marzo se dijo que iban un par de días a dos semanas por delante del resto de Occidente, y muy pronto veremos en el resto si la curva de infecciones asciende tan vertiginosamente, o incluso más, que en los dos países del sur de Europa.
En Italia y España, la Covid-19 ha causado estragos porque durante la crisis de la eurozona que comenzó en 2010, el pacto fiscal de la UE forzó a estos países periféricos de la UE a adoptar severas medidas de austeridad y profundos recortes presupuestarios en la sanidad. Por ejemplo, según los datos más recientes de Eurostat, los varios Memorandos de Entendimiento que la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) obligó a firmar a Grecia no solo comportaron drásticos recortes de las pensiones y de la cuantía del salario mínimo, sino que causaron una reducción del gasto en atención sanitaria del 22,4 % entre 2011 y 2016. De acuerdo con Eurostat, en Italia el gasto sanitario en porcentaje del PIB descendió del 9,0 al 8,8 %, pese a un aumento de la población de 59,2 a 60,7 millones de habitantes durante el mismo periodo. Estos profundos recortes presupuestarios, debidos a la austeridad, se vieron agravados por la reestructuración de la atención sanitaria impuesta desde hace tiempo por el neoliberalismo, que transformó un sistema de servicio público en un negocio lucrativo, que redujo la sanidad pública a unas entidades privadas competitivas e infradotadas de medios.
En total se retiraron alrededor de 37.000 millones de euros del sistema sanitario italiano, el número de hospitales se redujo un 15 %, las plantillas –personal médico, de enfermería y de asistencia social– menguaron drásticamente y se eliminaron unas 70.000 camas hospitalarias, es decir, un 17 % del total. Elio Rosa escribe: “Esta situación hace que frente a una media de la UE de cinco camas por mil habitantes, Italia tenga poco más de tres.” Y la reducción del número de camas incluyó las camas de cuidados intensivos. En un país de más de 60 millones de habitantes y una población generalmente envejecida, el número de dichas camas se redujo a 5.200. Estas camas estaban en gran parte ocupadas antes incluso de que llegara la pandemia.
Algo parecido podemos decir de un país central de la eurozona como Alemania, donde a pesar de un gasto per cápita generalmente más alto en atención sanitaria, cientos de hospitales públicos han sido privatizados y otros han sido cerrados, con lo que el número de camas en hospitales públicos cayó de 832 en 1991 a 602 en 2017 por 100.000 habitantes. Aun así, en 2019 la influyente Fundación Bertelsmann propuso cerrar el 50 % de los hospitales alemanes.
En EE UU, más de la mitad de los condados carecen de camas de cuidados intensivos, poniendo en riesgo a más de siete millones de personas de 60 años o más. Los recortes presupuestarios llevaron a la supresión de 20.000 camas de hospital tan solo en la ciudad de Nueva York, donde 29 millones de personas no tienen seguro médico y donde la pérdida del empleo supone normalmente la pérdida de la cobertura sanitaria (en caso de tenerla). La enfermedad mortal ya reporta ingresos extra a la sanidad privada. Las empresas farmacéuticas estadounidenses han aprovechado la crisis para doblar el precio de potenciales tratamientos del coronavirus. Algunas personas infectadas se enfrentan al pago de 35.000 dólares por un tratamiento de unos pocos días en régimen de consulta externa.
En el Reino Unido, la profesión médica ha advertido sobre las graves consecuencias de los recortes presupuestarios del sistema nacional de salud a las que tendrá que enfrentarse el país durante la crisis sanitaria. Como señaló un médico en un artículo publicado en el New York Times: “El Reino Unido tiene menos camas de cuidados intensivos que la mayoría de países europeos. Las tasas de ocupación son altas y asistimos a una lucha cotidiana por sacar a suficiente gente para hacer sitio a nuevos pacientes. Incluso cuando hay alguna cama disponible, no contamos con personal sanitario para atenderla. Una década de recortes e infradotación nos ha dejado peligrosamente desprotegidos.” Y como ha escrito Sam Gindin:
Las presiones venidas con la globalización han hecho que se contengan, por no decir reduzcan, los presupuestos para la sanidad… Al mismo tiempo, las ventajas de rentabilidad de las economías de escala y la especialización… han alargado las cadenas de valor, o sea, las estructuras productivas, incluida la de los medicamentos, que implican muchos insumos de múltiples empresas de múltiples países. Si a ello añadimos la identificación casi universal por parte de las empresas del exceso de capacidad con un despilfarro innecesario (producción ajustada), restando importancia a la necesidad de disponer de algún grado de flexibilidad, tendremos como resultado unos sistemas sanitarios locales vulnerables a la mínima interrupción y carentes de toda capacidad para afrontar emergencias inesperadas. A la globalización como maldición económica se añade la maldición sanitaria del socavamiento de la capacidad de un país para prepararse de cara a posibles pandemias y responder a ellas.
Es más, el carácter privado y lucrativo de la atención sanitaria ha sido la garantía de que surgiera la Covid-19 tal como lo hizo. David Harvey observó lo siguiente:
La industria farmacéutica privada apenas tiene interés, si es que lo tiene, en realizar investigaciones no rentables sobre las enfermedades infecciosas (como toda la categoría de coronavirus que se conoce bien desde la década de 1960). La industria farmacéutica rara vez invierte en prevención. No está muy interesada en invertir en estar preparados para una crisis de salud pública. Le encanta diseñar remedios. Cuanto más enferma esté la gente, más dinero ganan. La prevención no aumenta el valor de las acciones. El modelo de negocio aplicado al servicio público de salud ha eliminado las capacidades excedentarias que harían falta en un caso de emergencia. La prevención no ha sido ni siquiera un terreno suficientemente tentador para las asociaciones público-privadas…
Hoy cosechamos los frutos de aquellas medidas económicas. En Italia, donde el brote de coronavirus comenzó antes que en ningún otro país de Europa, la profesión médica ha calificado la pandemia de “guerra” y de “un tsunami que nos ha arrollado”. El sistema sanitario italiano simplemente no estaba preparado para la crisis del coronavirus. Debido a ello, médicos y médicas se encontraron pronto en la tesitura de tener que escoger entre las personas que debían morir –las muy ancianas y las que presentaban varias dolencias preexistentes– y las que recibirán respiradores y por tanto tendrán una oportunidad de sobrevivir. Otros pacientes se transfieren directamente a la unidad de cuidados paliativos, es decir, adonde envían a la gente a morir.
Mientras tanto, el personal sanitario, que se expone a sí mismo y a sus familias al coronavirus altamente infeccioso, trabaja en turnos de 18 horas sin ningún día libre y se halla al borde del colapso físico y mental. Los crematorios funcionan durante las 24 horas del día y se amontonan los ataúdes. En España, la ministra de Defensa Margarita Robles ha informado de cómo unidades de emergencia del ejército están encontrando a personas ancianas “totalmente abandonadas y muertas” en sus residencias. A mediados de marzo, el público internacional se sintió consternado a la vista de unas fotografías de convoyes militares italianos que salían de Bergamo transportando cadáveres afuera de la ciudad.
A resultas de todo ello, se han alargado las listas de espera en los tanatorios y debido a la cuarentena es imposible celebrar funerales normales. En Lombardía, el diario local L’Eco di Bergamo tuvo que ampliar la sección de obituarios de las 2 o 3 páginas habituales a 10 debido al gran número de muertes, con 150 obituarios por página, estando relacionadas el 90 % de esas muertes con el virus. Debido a que personas que teóricamente podrían curarse con infusiones en sangre o aportación de oxígeno u otros tratamientos no pueden ser atendidas, la tasa de mortalidad de la Covid-19 se ha disparado al 10 %.
Está claro que en Italia muere gente, no porque la Covid-19 sea tan letal, sino porque la sanidad neoliberal y las medidas de auteridad de la UE la está matando literalmente. Desde un punto de vista médico, la gran mayoría de muertes se podrían evitar. Los mecanismos de selección están rompiendo los corazones del personal sanitario, cuya misión consiste en salvar vidas. Médicas cuentan que ven “enfermeras con lágrimas en los ojos porque no pueden salvar a todo el mundo”. A medida que evolucionan los acontecimientos y la situación se deteriora, la gente la vive como las pesadillas del Apocalipsis de Stephen King o del Contagio de Steven Soederbergh.
“Las epidemias”, escribe Anne Applebaum en The Atlantic con respecto a la especial vulnerabilidad del disfuncional sistema sanitario de EE UU, que deja a 29 millones de personas sin asegurar, “tienen una manera de revelar verdades soterradas sobre las sociedades en que impactan. Esta ya lo ha hecho, y a una velocidad aterradora… La disfunción estadounidense es… resultado de nuestro sistema sanitario bifurcado, que es tanto el mejor del mundo como el peor del mundo, y desde luego no está preparado para ninguna clase de respuesta nacional colectiva. La crisis actual es el resultado de décadas de falta de inversiones en la función pública, de la burocracia despectiva en la sanidad pública y otras áreas y, sobre todo, de la subvaloración de la planificación a largo plazo.”
La crisis del coronavirus y la clase obrera
En su primera declaración de emergencia nacional por televisión, el 18 de marzo de 2020, la canciller alemana Angela Merkel dijo que “una pandemia muestra lo vulnerables que somos todas y todos y hasta qué punto dependemos del comportamiento considerado de otras personas, y de este modo también cómo nos protegemos mediante la acción común y el fortalecimiento común”. Incluso gentes de izquierdas alabaron a Merkel por su enfoque sosegado, liberal y basado en el conocimiento científico que parece tan alejado de los Trump, Bolsonaro y Johnson de este mundo. Mucha gente también ha picado en el cebo del mensaje de Merkel sobre los sacrificios interclasistas. Después de todo, ¿acaso la crisis no afecta a todo el mundo, independientemente de la condición y riqueza de cada uno? Y ¿acaso la crisis no hace que la gente se una, mientras que los líderes nacionales hablan en el lenguaje de la solidaridad? ¿Acaso la crisis no ha dado pie a una situación en que de pronto los partidos y las ideologías parecen haberse vuelto irrelevantes?
Bien, como casi todo en la vida y tal como sucedió asimismo durante la mortal gripe española de 1918-1919, las vulnerabilidades durante una crisis tienen un fuerte y marcado sesgo de clase. La manera más evidente y directa en que las desigualdades sociales afectan de modo diferente a la clase capitalista y a la clase trabajadora durante una crisis sanitaria la muestra el nuevo fenómeno de los médicos-conserje. Se trata de médicos que solo prestan servicio a clientes particulares ricos que les pagan por su asistencia durante las 24 horas del día. Mientras cunde la crisis del coronavirus, la gente rica puede someterse a la prueba de detección del virus aunque no tenga síntomas, recibe concentradores de oxígeno, máscars respiratorias, etc., mientras que gente trabajadora que tiene síntomas de Covid-19 ha de luchar por que le hagan la prueba y luego pagar la factura. Las pruebas de detección se consideran la razón (o una de las razones) clave por la(s) que países del este de Asia han logrado aplanar la curva.
Cuando todo el mundo tiene que optar por huir en vez de luchar, los capitalistas más ricos cuentan con los recursos que otras personas no tienen. Huyen a su manera exclusiva. Los viajes en avión privado se han multiplicado por diez. Multimillonarios como el gigante de Silicon Valley Peter Thiel, propietario de una finca de casi 200 hectáreas en Nueva Zelanda, se refugian en su segura segunda residencia en el país o en el extranjero, donde el mismo confinamiento se soportará de un modo muy distinto que el que ha de sufrir la clase obrera.
Las vías indirectas por las que la desigualdad de clase y social determina el impacto de la crisis sanitaria son incluso más severas. A fin de contener la expansión de la Covid-19, los gobiernos occidentales han clausurado toda vida pública –encuentros deportivos, conciertos, teatros y después también universidades, escuelas y centros de día, etc.– a fin de limitar las interacciones sociales, que propagarían el coronavirus. El objetivo universal es aplanar la curva de contagios.
Sin embargo, los gobiernos occidentales han omitido en gran parte los medios para llevarlo a cabo. En muchos países occidentales, con la excepción de Estados como Dinamarca y Suecia, el distanciamiento social ha estado en gran medida individualizado, al menos inicialmente. E incluso en Dinamarca y Suecia, el modo en que los Estados aseguraron que los trabajadores y trabajadoras puedan quedarse en casa favorecía mucho los intereses capitalistas. En Dinamarca, el Estado reclama a las empresas el pago de tan solo el 25 % del subsidio por enfermedad a cambio de que el trabajador renuncie a cinco días completos de sus vacaciones, lo que significa que la crisis no les cuesta nada a las empresas si el confinamiento no dura más de 20 días laborables, mientras que los trabajadores sufragan esencialmente su subsidio por enfermedad a través de sus impuestos. En Suecia, el gobierno central ha decretado un paquete de apoyo de 300.000 millones de coronas (equivalente al 6 % del PIB), que prevé, entre otras cosas, que el Estado cubrirá ahora el coste total de los subsidios por enfermedad que normalmente sufraga el capital.
En Alemania, debido al temor de una nueva gran recesión, la clausura de las actividades públicas no incluyó la suspensión de las actividades económicas en el sector fabril y otros sectores de la economía no relacionados directamente con la preservación de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, el ministro de Sanidad de este país, Jens Spahn (del partido democristiano), declaró que es más fácil renunciar a encuentros deportivos públicos que al trabajo cotidiano. Al principio, su gobierno se limitó a aconsejar a la gente que optara por el teletrabajo (“todo el mundo puede y debe contribuir a frenar el coronavirus”), si bien para la gran mayoría de la clase obrera esto no es posible y en las grandes ciudades el trabajo requiere que mucha gente que trabaja utilice el transporte público, donde la proximidad entre las personas implica todo menos una prevención de las infecciones.
Incluso después de que el gobierno alemán decretara, el 22 de marzo, unas medidas sumamente intrusivas en virtud de las que denunciaría y multaría toda reunión pública de más de dos personas, dando un nuevo significado al dicho de “dos es compañía, tres es multitud”, no se decidió un confinamiento total y empresas no esenciales siguieron operando. Sin embargo, ante los efectos de la interrupción de las cadenas de suministro internacionales y el cese total del trabajo en la industria automovilística alemana, el gobierno de gran coalición de democristianos y socialdemócratas decidió sufragar el salario de los trabajadores a jornada parcial que tengan menos trabajo (Kurzarbeitergeld) a razón del 60 % de su paga previa –el 67 % para quienes tienen hijos a su cargo– con el fin de complementar la reducción de sus horas de trabajo, proteger el empleo y prevenir despidos masivos. Estas medidas reintrodujeron una política que ya se había probado con éxito durante la crisis mundial de 2007 y años sucesivos. En Dinamarca y Suecia hubo réplicas con medidas similares.
En 2009-2010, el éxito de estos programas quedó reflejado en la manera en que los fabricantes alemanes no tuvieron que despedir al personal y pudieron renudar simplemente la producción y hacerse de nuevo con cuotas de mercado al comenzarla recuperación económica. No obstante, la Confederación Nacional de Sindicatos (DGB) criticó correctamente que esto no era suficiente para quienes trabajaban en el sector de bajos salarios, que también es el más perjudicado por los efectos de la crisis del coronavirus. En este vasto sector de la economía alemana, que emplea a uno de cada cuatro personas ocupadas, el 60 % no basta para poner comida sobre la mesa y pagar las facturas. Por tanto, la DGB y el sindicato del sector servicios Ver.di presionaron por un aumento de la Kurzarbeitergeld al 90 % de la renta previa.
Trabajadores precarios como los autopatronos, los autónomos y los tenderos no están amparados por dichas medidas, pues no están incluidos en ningún convenio colectivo. La crisis del coronavirus y el consiguiente cierre de establecimientos les asestan un duro golpe. Tan solo algunos países, como Suecia, cubren a los autónomos al otorgarles dos semanas de subsidio de enfermedad. En Noruega, España e Italia existe ahora un pago de 600 euros para todas las personas que trabajan en régimen de autoempleo y que son sujetos pasivos del IVA.
Quienes salen peor parados son los y las que trabajan en condiciones de precariedad laboral. En Italia, estas personas empleadas en la economía informal se van con las manos vacías, inclusive los dos millones de trabajadoras domésticas, cuidadoras de personas ancianas y de menores (nueve de cada diez de estas son mujeres y alrededor de siete de cada diez son inmigrantes), que ahora pierden el empleo tras el confinamiento de sus empleadores en su casa. En general, la gente pobre es la que se lleva la peor parte, ya que los pequeños ahorros se esfuman pronto y los comedores benéficos, como el alemán Tafel, han cerrado, creando una situación de inseguridad alimentaria generalizada. En respuesta a ello, miembros veteranos del partido La izquierda (Die Linke) han empezado a abrir comedores benéficos, una iniciativa similar a las de los grupos de autoayuda de la clase obrera de antes de la segunda guerra mundial. ¿Es posible que veamos incluso el retorno de los consejos obreros que organizaban infraestructuras sociales allí donde el Estado no las asegura?
En otros países occidentales, la situación es aun peor que en Centroeuropa. En EE UU, las empresas más grandes se negaron a suspender sus actividades y pagar a su personal el subsidio de enfermedad. Allí, el imperativo estructural del capitalismo de seguir acumulando capital sin interrupción confronta a la clase trabajadora con el terrible dilema de tener que elegir entre el despido o la posible muerte. Como ha señalado con razón Mark Bergfeld, “El problema es que la cultura del presentismo hace que sea la clase trabajadora la que tenga que tomar la decisión, lo que significa a menudo que volverán al trabajo cuando deberían quedarse en casa.”
Entre las mayores “compañías que anteponen la ganancia a la salud pública” figuran McDonald’s con 517.000 trabajadoras y trabajadores, Walmart con 347.000, Kroger 189.000, Subway con 180.000, Burger King con 165.000, Pizza Hut con 156.000, Target con 151.000, Marriott con 139.000, Wendy’s con 133.000, Taco Bell con 124.000, Dollar General con 109.000, Applebee’s con 99.000 y Dunkin’ Donuts con 97.000. Todo esto ocurre en una situación en que, de acuerdo con el informe de mayo de 2019 de la Reserva Federal sobre el bienestar económico de los hogares de EE UU en 2018, el 40 % de la población estadounidense no pudo afrontar un gasto de emergencia de 400 dólares sin tener que pedir prestado dinero; y en la que, dicho de otro modo, casi la mitad de la población está a una paga de quedarse sin techo.
Mientras que por lo visto el personal de Starbucks pidió a sus patronos que cerraran los cafés, el gobierno de Trump anunció al principio tan solo un programa destinado a prestar asistencia a la clase trabajadora, que incluía el envío por el gobierno de cheques que se supone que alcanzarán como máximo la cantidad de 2.000 dólares. Por supuesto, esto también tiene que ver con el deseo de Trump de salir reelegido, y los pagos directos en efectivo son un medio popular, claro está, para conseguirlo (George W. Bush aplicó la misma estrategia).
El 17 de marzo de 2020, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin anunció que los primeros cheques “de 1.000 dólares por lo menos” se remitirían a finales de abril, y que en mayo seguiría un segundo cheque. Ni que decir tiene, esta cantidad no permitirá a la gente trabajadora quedarse en casa sin trabajar y pagar sus facturas. Nada que no incluya el subsidio de enfermedad para toda la gente trabajadora y una moratoria de los alquileres, las facturas de luz, gas y agua, las hipotecas, la deuda estudiantil y la devolución de la deuda contraída con la tarjeta de crédito (cosa que hasta ahora solo ha decretado Francia) permitirá que la clase obrera logre salir de esta crisis. A la luz de esta situación, el candidato presidencial derrotado, Bernie Sanders, ha reclamado una paga mensual de 2.000 dólares a cada uno de los hogares de EE UU, de modo que la gente trabajadora pueda quedarse en casa y así evitar millones de muertes más a causa de la pandemia en EE UU.
Así y todo, multimillonarios estadounidenses no han dudado en reclamar la supresión de las exiguas prestaciones sanitarias por parte del gobierno a fin de obligar a trabajadores y trabajadoras a volver al trabajo a pesar de los peligros que supondría esto. El multimillonario y candidato derrotado en las primarias del Partido Demócrata, Michael Bloomberg, ha sido noticia por haber despedido a los miembros de su equipo después de informarles de que estaban expuestos al coronavirus, dejándoles sin cobertura sanitaria a partir de finales de mes.
Por cierto, la hipocresía del sistema político estadounidense y su bipartidismo se ha lucido en todo este proceso. La idea de enviar cheques a toda la gente trabajadora de EE UU también la planteó la dirección del Partido Demócrata, pero Nancy Pelosi orquestó el frente de rechazo a favor de la previa comprobación de recursos. Esta reserva fue secundada posteriormente por el líder la la minoría Demócrata del Senado, Chuck Schumer. Ahora, puesto que la propuesta proviene del presidente Trump, y dado que en noviembre tendrán lugar las elecciones, este podrá decir que él se puso del lado de los trabajadores y los Demócratas no, pese a haber lanzado los peores ataques contra la clase obrera al recortar programas sociales y abrir un enorme agujero en el presupuesto de los Estados con la reducción de los tipos del impuesto de sociedades para el capital y los superricos.
En Canadá, el gobierno provincial de derechas de Ontario tampoco lo ha hecho mejor. En vez de pagar el subsidio de enfermedad a todos los trabajadores, su respuesta a la crisis ha consistido en permitirles ahorrarse el requisito de un informe médico para tomar una excedencia sin sueldo. En el Reino Unido, el gobierno conservador tardó muchísimo en ampliar el subsidio de enfermedad a la gente trabajadora que se había autoconfinado aunque no estuviera afectada por el coronavirus. Puesto que el importe pagado por el Estado solo ascendía a 94 libras a la semana, esto suponía esencialmente que la gente tenía que seguir trabajando mientras no hubiera una moratoria de todos los gastos antes mencionados. El gobierno solo cambió de criterio cuando se percató de la gravedad de la crisis sanitaria. El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, anunció entonces la drástica medida de entregar hasta 2.500 libras al mes a cada persona asalariada que no pudiera trabajar durante la crisis del coronavirus.
En términos generales, estas medidas, o mejor dicho, esta pasividad relativa de los gobiernos en tiempos de crisis, ha hecho que las clases trabajadoras de todo el mundo sean tremendamente vulnerables. En la crisis actual, está claro que no son los bancos, los gestores de fondos o los abogados los que son demasiado grandes para quebrar. Más bien lo son los trabajadores agrícolas, las cajeras de los supermercados, los conductores de camiones de recogida de basuras, el personal sanitario y las cuidadoras personales, así como los mensajeros, quienes tratan de garantizar la soberanía alimentaria y las prestaciones sanitarias. Si las elites gobernantes apuntan ahora retóricamente a la relevancia sistémica de la clase trabajadora, no está claro que este reconocimiento vaya a traducirse en una retribución material.
Esto afecta especialmente al personal de los supermercados, que lleva el peso del estrés mental colectivo causado por la crisis del coronavirus, cuando los clientes se pelean por un paquete de fideos, arroz y papel higiénico y no aceptan que no deben vaciar estanterías enteras, etc. Además del personal paramédico, asistentes de vuelo, agentes de policía, personal de peluquería, puericultoras, empleadas domésticas, porteros y muchos trabajadores industriales, dichos segmentos de la clase trabajadora y sus familiares mayores enfermos son los más vulnerables al coronavirus a causa de su exposición a enfermedades y/o su proximidad con otras personas en el lugar de trabajo.
Es más, la falta de subsidio de enfermedad y de las moratorias sobre las facturas regulares ha forzado a amplios sectores de la clase obrera que no pueden trabajar desde casa a ir a su lugar de trabajo todos los días para mantenerse a flote. Esto significa, por supuesto, que aplanar la curva sea una mera ilusión. Amenaza a la clase obrera con la muerte, ya que son las trabajadoras y trabajadores quienes están en la línea de frente del coronavirus. En su famoso ensayo Contribución al problema de la vivienda, Friedrich Engels señaló una vez con respecto a las epidemias: “La clase capitalista dominante no puede permitirse impunemente el placer de favorecer las enfermedades epidémicas en el seno de la clase obrera, pues sufriría ella misma las consecuencias, ya que el ángel exterminador es tan implacable con los capitalistas como con los obreros.”
En la coyuntura actual, esto es teóricamente cierto, pero no en la práctica. Es la clase trabajadora la que se arriesga a infectarse yendo al trabajo, la que se arriesga a contagiar a sus familiares mayores y enfermos. Suele carecer de viviendas grandes con jardín y de los fondos necesarios para dejar el trabajo tranquilamente y esperar a que pase el temporal en algún centro turístico libre de coronavirus. Es por tanto la clase trabajadora la que incurre en un riesgo muchísimo mayor de sufrir estrés, disputas conyugales y violencia doméstica (un horrible efecto secundario del confinamiento en Italia). Y también son las trabajadoras y trabajadores quienes se ven forzados a acudir al trabajo mientras sus hijos menores no pueden ir a la guardería ni a la escuela porque están cerradas y por tanto no tienen más remedio que exponer a sus familiares mayores jubilados a un eventual contagio a través de los pequeños. Son por tanto ellas y ellos quienes se ven forzados a elegir entre no ir a trabajar y ser despedidos o ir a trabajar y correr el riesgo de matar a sus mayores, bien debido a una infección que lleven a casa, bien debido al contagio que les transmitan sus propios hijos.
La respuesta hasta ahora de la clase obrera
Las clases trabajadoras occidentales no han aceptado sin más esta situación intolerable. En Alemania, los sindicatos han logrado que el gobierno aumente la paga por reducción involuntaria de la jornada del 75 al 97 % del salario neto previo. En la industria alimentaria alemana, uno de los sectores de bajos salarios más duramente golpeados por la crisis, el sindicato NGG y la patronal acordaron el pago del 90 % de la paga por reducción de jornada retroactivamente al 1 de marzo de 2020. Dado que tan solo el 47 % de la clase trabajadora alemana está cubierta por algún convenio colectivo, la cuestión más acuciante de la lucha de clases es el combate por obligar al gobierno de Merkel a incrementar los ingresos garantizados al 90 % para todos a fin de proteger a los segmentos más débiles y los más pobres de la clase obrera. En Noruega, el personal trabajador ya ha conseguido algo parecido.
En otros países hay sectores obreros que han optado por ir a la huelga. En Italia se han producido huelgas salvajes en Fiat, en los astilleros de Liguria, en el norte, las siderurgias en el sur y la industria aeroespacial y armamentística, en un intento de forzar a los gobiernos a negociar con los sindicatos. En España ha habido huelgas salvajes en Mercedes e Iveco, mientras que en Volkswagen los sindicatos se negaron a mantener la producción.
En EE UU, el personal de la planta de montaje de Fiat-Chrysler en Sterling Heights, Michigan, se declaró en huelga cuando se enteró de que algunos miembros de la plantilla estaban en cuarentena debido al coronavirus. En Detroit, una huelga de conductores de autobús logró imponer que no se cobren los billetes mientras dure la crisis del coronavirus. Y en Nueva York, el personal de una cafetería empezaba a organizarse cuando se vio confrontado con la imposible elección de seguir trabajando y contagiarse o pedir la baja, perdiendo así unos ingresos necesarios y corriendo el riego de quedarse sin techo. En el almacén DCH1 de Amazon en Chicago, una plantilla enfadada furiosa y decidida de organizó y ganó la batalla por el cierre sin pérdida del salario, mostrando a otros centros de Amazon cómo pueden conseguirse permisos pagados.
Es probable que la magnitud y el dinamismo de estas luchas obreras vayan en aumento con la intensificación de las crisis del coronavirus y económica. Al mismo tiempo, el hecho de que tengan que producrise en una situación de desespero demuestra lo improbable que será aplanar la curva y lo probable que será que las familias de clase obrera sufran con la crisis sanitaria y tengan que cargar con la mayor parte del peso de sus consecuencias.
En un comentario en Jacobin sobre la decisión de Italia de proceder finalmente a la paralización de la actividad económica, David Broder señala que “la crisis ha ilustrado claramente que la salud pública nos concierne a todos: frente a la propagación de la Covid-19, nadie está realmente seguro si no lo están todos. Sin embargo, esto no significa que todos nos enfrentemos a esta crisis en las mismas condiciones. Las empresas seguirán tanteando y sacando ventaja, y la gente trabajadora, en función de la siguiente paga que reciba, tendrá que seguir trabajando a menos que el Estado intervenga y asegure que no”. Esto dependerá del potencial organizativo y de las estrategias políticas creativas de las clases trabajadoras para imponer la protección de los lugares de trabajo y las prestaciones sanitarias para satisfacer sus necesidades asistenciales propias y las de toda la sociedad.
24/03/2020
https://socialistproject.ca/2020/03/bioeconomic-pandemic-and-western-working-classes/
Ingar Solty es investigador en materia de política exterior, paz y seguridad en el Instituto de Análisis Social Crítico de la Fundación Rosa Luxemburg en Berlín.
Traducción: viento sur
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