Los de abajo
Megaproyectos, sin aval de las comunidades
Gloria Muñoz
A
unos días de que llegue a su punto más alto la emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19 en México, el gobierno federal apresura el paso de megaproyectos que no cuentan con el aval mayoritario de los pueblos y organizaciones indígenas afectadas por los mismos.
Ante la crisis económica provocada por la pandemia, el gobierno de México resaltó en su discurso la generación de empleos que supuestamente generará la construcción de los megaproyectos, y anunció su carácter
estratégicopara salir del resquebrajo económico, medida que rechazaron comunidades indígenas, colectivos y organizaciones.
Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un juez federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria, cuestionaron organizaciones como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
Con respecto al Corredor Interoceánico, proyectado entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció que en plena pandemia se esté promoviendo la realización de trabajos
de modernización y rehabilitación de las vías férreas.
En la actual contingencia sanitaria, sin duda serán los pueblos indígenas los más afectados por la falta de infraestructura médica, razón por la que la UCIZONI denunció que
sin respetar las normas mínimas de prevenciónse anunciara el inicio de los trabajos, sin importar que las actividades no prioritarias estén suspendidas, que no exista la Manifestación del Impacto Ambiental y que se haya suspendido la consulta indígena.
UCIZONI demanda al gobierno federal que los recursos financieros destinados al Corredor Interoceánico se utilicen en el equipamiento de clínicas y hospitales de la región y en el impulso de un programa de desarrollo de la economía comunitaria, no contemplada en el plan de rescate del gobierno federal.
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