Los derechos de un ejido y los de los indigenas en el PIM

Los derechos de un ejido y los de los indígenas en el PIM

Juan Carlos Flores*

D

e los 11 amparos que tiene interpuesto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua contra el Proyecto Integral Morelos, 10 son sobre derechos indígenas de 11 comunidades. Sin embargo, todos los juzgados federales han manifestado que su derecho a la seguridad y autodeterminación, están por debajo del interés social del transporte de gas natural, sin importar la falta de medidas de seguridad, información y violación a la libre determinación de las comunidades que implica la implementación del Proyecto Integral Morelos.

Ni siquiera el interés superior de la niñez de la población de Huexca, que reclama su derecho a la seguridad ante un segundo gasoducto que sube a la zona del volcán y rodea la comunidad con una pinza de gasoductos, ha logrado combatir el interés social (más bien privado) que implica el transporte de gas natural, en ese caso, de la empresa Gas Natural del Noroeste, una de las empresas más beneficiadas en México por el comercio de gas industrial.

Otros tres amparos se interpusieron en favor de nueve comunidades indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, una semana antes de la consulta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y previo al asesinato de Samir Flores. Se trató de llamar la atención de los juzgados para que reaccionaran previo al ejercicio participativo del Presidente, porque éste, estaba generando mucha tensión. Sin embargo, fueron desechados los amparos al señalar los juzgados que la consulta no era un acto de autoridady no afectaba el derecho de las comunidades indígenas a la consulta. El resultado fue el asesinato de nuestro hermano Samir, el Ejército y la policía cuidando las urnas y persiguiendo a Amilcingo en luto y enojado. Estos amparos se impugnaron y finalmente, los tribunales colegiados le dieron la razón a las comunidades. Otros dos amparos interpuestos con posterioridad a la consulta corrieron la misma suerte.

Cansadas las comunidades de ser ignoradas por parte de las autoridades, deciden reclamar su derecho a la autoconsulta y se interponen tres amparos más, reclamando ahora que se les respete su decisión de no al Proyecto Integral Morelos y que ya no quieren más consultas, quieren que se respete la decisión tomada en asambleas por usos y costumbres, respaldados en el artículo 29 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que establece que no se puede almacenar, ni eliminar materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. Exigiendo se reconozca y respete su derecho de autodeterminación, tan sonado en los Acuerdos de San Andrés y las ahora promesas de cumplimiento del gobierno.

Como nuestra historia, viven centenas de comunidades indígenas en el país que se les niega el acceso a la justicia y el respeto a su derecho de autodeterminación. Pues así están las condiciones legales que imponen la Ley de Amparo, la Ley de Hidrocarburos, la Ley Minera y la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras. Aunque seamos sujetos de interés público, como dice la Constitución, los pueblos indígenas valemos menos que el interés social de los objetos sin vida, como petróleo, gas o los minerales. Mucho menos se nos reconoce como sujetos de derecho público.

Para fortuna de las comunidades afectadas por el PIM, aún existen los derechos agrarios, emanados de la Revolución Mexicana, donde sólo con un salvaje derramamiento de sangre, se consiguió que se respetaran los derechos de los pueblos originarios a través de la fundación del ejido y el reconocimiento de la propiedad comunal, protegiéndolos legalmente ante cualquier intento de despojo. Un amparo agrario que interpuso Amilcingo hace unas semanas consiguió lo que no se había conseguido en siete años de lucha legal, la suspensión de la operación del Gasoducto Morelos, porque éste pasa por tierras del ejido y no obtuvo el consentimiento de la asamblea ejidal. Por eso es que la 4T, está interesada en impulsar una nueva reforma de derechos agrarios en el país, para acabar con cualquier garantía de protección de los pueblos ante los megaproyectos.

En la nueva burla de consulta exprés que recién impulsa el INPI para reformar los derechos indígenas en la Constitución, vemos un nuevo peligro de recortar aún más los derechos que nos han sido apenas reconocidos, reduciendo el derecho a la consulta indígena (que solo es un derecho procedimental que pretende proteger el derecho fundamental de autodeterminación de los pueblos), a mero trámite administrativo del Estado y las empresas y que, cuando tiene la suerte de implementarse, deja divididas y lastimadas a las comunidades, no fortalecidas en su autodeterminación, como debería ser.

De esta manera, es preciso discutir los avances y posibles retrocesos que enfrentan los derechos de los pueblos indígenas en nuestra nación y regresar la mirada a los derechos reconocidos previamente como resultado de la Revolución Mexicana.

*Abogado del FPDTA, miembro del CNI

Subir al inicio del texto

Diez bases para el cambio municipal-

naiz.eus  

Durango, experiencia unitaria entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos-Herriaren Eskubidea

Diez bases para el cambio municipal

27/06/2019 | Ion Andoni del Amo

En plena hegemonía institucional de PNV-PSE, algunas localidades parecen emprender otro camino. En algunos casos se trata de consolidación, como Orereta, que reedita un gobierno de EH Bildu y Elkarrekin Podemos; en otros, de cambio en feudos del PNV, como Galdakao o Durango. Vamos a trazar algunos apuntes sobre este último, que pueden dar claves para impulsar dinámicas de cambio en otros lugares.
Durante años se nos han dicho muchas cosas sobre Durango: que si carlista, burgués… Que el cambio era misión imposible. Los números, cierto, resultaban demoledores: en 2003, PNV-EA sumaban diez concejales, seguidos del PP con cuatro. La irrupción de Bildu en 2011 supuso un primer revulsivo, con seis concejales, mientras Aralar mantenía dos; la suma igualaba al PNV. En 2015, la constitución de EH Bildu, con siete concejales, y la irrupción con tres de la plataforma avalada por Podemos-Herriaren Eskubidea, abría el abanico de alianzas. La suma de ambos ha igualado en numerosas ocasiones al equipo de gobierno de PNV-PSE; el desempate del concejal del PP podéis suponer hacia dónde iba. En 2019, con ambas fuerzas subiendo en votos, el cuarto concejal conseguido por Elkarrekin Podemos – Herriaren Eskubidea – Independienteak ha posibilitado, después de cuarenta años, un gobierno de izquierdas en Durango. El cambio ha sido posible.
Los ocho últimos años, por tanto, han resultado decisivos. Y especialmente lo han sido las dinámicas desarrolladas esta última legislatura. Aquí van algunas claves:
La agenda social al centro: los temas que afectan a la vida cotidiana y la sostenibilidad del futuro, desde un simple paso de cebra, la movilidad, o los urinarios en la estación, hasta grandes temas estratégicos que cuestionan el modelo de ciudad, como la contaminación, atención sanitaria, o el proyecto de construcción de cinco torres de viviendas en los terrenos de la antigua estación. Sin olvidar nuestras líneas políticas e ideológicas clásicas, sino desde ellas, se nos ha visto hablar, y mucho, de otras cosas.
Asambleas de barrio. Especialmente en los más populares, en los que la sensación de abandono era manifiesta. Un contacto directo con las problemáticas, dando la cara. Y también una oportunidad para hacer propuestas, aún desde la oposición; incluso hemos llegado a complicados acuerdos con el equipo de gobierno para poder sacar algunas de ellas. A muchas de esas asambleas se ha acercado gente que hasta ahora nunca había tenido un contacto directo con EH Bildu.
Participación y actitud accesible y no partidista: filosofía y seña de identidad, no ya en las asambleas, sino con toda asociación y gentes que se nos han acercado.
Articulación abierta. Ya en 2015 superamos –no de forma fácil– las dinámicas de cuotas de partido entonces vigentes: el representante de Aralar (fuerza con menos peso que Sortu, ndr), Dani Maeztu, encabezó la lista de la coalición. En estos cuatro años hemos funcionado así, anticipándonos también en la estructuración de EH Bildu como sujeto político propio y democrático.
Propuestas. Ir más allá de la crítica, y presentar propuestas propias y trabajadas, como una ordenanza de participación ciudadana, de Consejo de Educación, o de auzotaxi. Hemos sido, con diferencia, el grupo político que más ha presentado.
Auzolan (trabajo comunitario,ndr). Para abrir los pasos de la antigua vía del tren, para pintar un paso de cebra, o para abrir y adecentar, por dos veces, un parque público que llevaba años cerrado, y que finalmente el gobierno municipal reabrió. También participando de las iniciativas de auzolan desarrolladas por las y los vecinos.
Apertura a nuevos sectores. De forma práctica, a través de las asambleas de barrio, u organizando charlas con la participación de personas de otras identidades políticas, como por ejemplo sobre pensiones con Miren Etxezarreta y Arcadi Oliveres. Y también de forma simbólica, a través de iniciativas de reconocimiento de la aportación de la inmigración española de décadas anteriores, o de sectores populares (las vendedoras callejeras de golosinas). Ello requiere también ampliar los referentes culturales y simbólicos del discurso, así como el propio lenguaje.
Marco de colaboración y confianza. EH Bildu y Herriaren Eskubidea hemos tratado de evitar un marco de competencia electoral, y construir espacios de confianza y colaboración. Evidentemente que no siempre es fácil, pero esa imagen de cooperación dota de credibilidad a la propuesta de cambio. Conseguir el cambio y mantenerlo es más posible cuando a todas las fuerzas implicadas nos va bien, actuando con mirada larga.
Construcción de un marco antagonista, que traslade la necesidad de cambio, vertebrado en torno a proyectos concretos emblemáticos. En Durango ha sido la construcción de las cinco torres en la estación, al que se contrapone un pulmón verde, cuestionando el modelo de ciudad y de participación popular. En Galdakao parece haber sido la línea del metro.
Momento populista. La última legislatura ha visto nacer numerosas plataformas populares: por la consulta sobre las torres, por la calidad del aire, por la atención de pediatría, por la vivienda para jóvenes, por la conservación de espacios verdes, feministas, por las pensiones, por el ocio infantil y juvenil… Hemos colaborado con todas. Más allá del problema concreto y la preocupación general por la vida y el bienestar, han manifestado un punto común: la falta de escucha del anterior gobierno municipal. Esta dinámica ha extendido la necesidad de cambio como algo popular, amplio, de la gente. Han generado un momento populista.
En suma, la experiencia de Durango (y de Galdakao) ha demostrado que el cambio es posible, incluso en feudos que parecían imposibles. Muchas de esas claves pueden ser exportables a otros lugares, especialmente a la sociología de Bizkaia. No estamos condenados irremediablemente a cuarenta años de PNV-PSE. Se puede cambiar, y hay que aspirar a ello, con ilusión, atrevimiento, y ambición.
26/06/2019
Ion Andoni del Amo es sociólogo y ha sido concejal de EHBildu en Durango hasta las pasadas elecciones municipales
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/diez-bases-para-el-cambio

Mexico: subejercicio presupuestal con señales preocupantes

Subejercicio presupuestal, señales preocupantes

L

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público divulgó ayer un comunicado referente a la situación de las finanzas y la deuda públicas en los primeros cinco meses de este año. Entre otros datos, puntualiza que durante el periodo de referencia el gobierno federal gastó 140 mil millones de pesos menos de lo programado en el paquete económico para 2019, lo cual permitió alcanzar un superávit de 32. 4 mil millones de pesos que contrasta con él déficit de 36.9 mil millones con que se saldó el mismo periodo en 2018. Asimismo, se reporta una ligera disminución en el monto de la deuda externa y un incremento muy contenido de la interna.

En principio, estos datos podrían constituir noticias positivas sobre el estado que guardan las finanzas públicas, pues dan cuenta de un freno en el galopante ritmo de endeudamiento que marcó los últimos años de la administración pasada –durante la cual el débito del sector público pasó de 6.3 billones de pesos a alrededor de 11 billones, con un incremento diario de 3 mil 77 millones de pesos–, así como de una mayor mesura en el manejo de los recursos a disposición del gobierno.

Sin embargo, el informe de Hacienda también confirma varias tendencias preocupantes en la marcha de la economía nacional. Por ejemplo, aunque hubo una disminución significativa en el gasto corriente (el destinado a la operación diaria del gobierno), también se registró una caída de 16.4 por ciento en la inversión física gubernamental, un rubro de alto impacto por su contribución en la generación de empleos y como motor de múltiples ramas de la actividad económica.

Resulta difícilmente justificable que se gaste por debajo de lo disponible en un contexto de marcadas carencias en diversos sectores clave, cuya desatención tiene agudas consecuencias en el bienestar de la población y deriva en un creciente descontento social: así ha sido en casos tan relevantes como la inversión en educación, ciencia y tecnología, salud, apoyos al campo y atención a grupos vulnerables. Por añadidura, el peso del sector público en la economía nacional, estimado en alrededor de 15 por ciento del producto interno bruto, causa que las restricciones en el gasto gubernamental repercutan de manera inevitable en la desaceleración del crecimiento.

En suma, aunque el subejercicio del presupuesto sea habitual en el arranque de una nueva administración, tanto la magnitud como los efectos actuales y previsibles del quese ha acumulado en los primeros meses del gobierno actual obligan a reconsiderar las po-líticas de ahorro y plantear la necesidad de poner el énfasis en una aplicación estratégica de los recursos.

Subir al inicio del texto

Mexico SA

México SA

Ancira: impunidad, otra vez // Abogánsters atacan de nuevo

Carlos Fernández-Vega

L

os abogánsters tienenperfectamente trazado el caminito a seguir cuando el objetivo es evitar mayores consecuencias legales a su selecta clientela, aunque en ocasiones algunas molestias resulten inevitables. Son los protectores de los políticos y empresarios de siempre, y es ya tal el descaro en este cerrado circuito, que ahora el acusado(Lozoya) y el acusador(Gertz Manero) son representados por el mismo defensor(Coello Trejo). Todo en familia, como es normal.

La noticia llega de Palma de Mallorca: el juez central de instrucción uno de la Audiencia Nacional de España resolvió decretar la libertad bajo fianza al empresario Alonso Ancira Elizondo (cabeza visible de Altos Hornos de México), acusado en México de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República informó que las autoridades españolas le fijaron una garantía de un millón de euros al accionista principal de la empresa AHMSA.

Resolvió que Ancira debe comparecer cada dos días ante el juzgado o tribunal que conozca de la causa o en el domicilio que fije, y le prohibió salir del territorio español; le retiró los pasaportes (mexicano y estadunidense) y le ordenó facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado. Lo anterior no significa, de ninguna manera, que la persona quede exonerada de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Más allá del golpe original (órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y Alonso Ancira Elizondo), la acción de la Fiscalía General de la República no ha sido mayormente efectiva, porque a estas alturas el ex director general de Petróleos Mexicanos se mantiene prófugo de la justicia; el mafioso empresario ha dejado la cárcel para seguir su proceso en libertad con todas las comodidades del caso; ninguno de los integrantes del consejo de administración de la ex paraestatal ha sido involucrado en el proceso, y Pemex no ha recuperado un solo centavo del atraco por Agronitrogenados. ¿Será que, como amigos y clientes a la vez, Gertz Manero y Coello Trejo se ayudan entre sí sólo para retroalimentar el espectáculo mediático sin llegar a ninguna parte, salvo la impunidad de los acusados?

Dice el presidente López Obrador que puede ser inmoral que Coello Trejo a la vez sea abogado de Lozoya y de Gertz Manero, pero eso le corresponde resolverlo a él (al titular de la FGR). Sin embargo, ante la posibilidad de perder alguno de sus clientes, el abogánster chiapaneco asegura que no tiene nada de inmoral.

El hecho es que las tramas de Alonso Ancira Elizondo y Emilio Lozoya resultan ser prácticamente fotocopias de procesos anteriores, en los que empresarios y funcionarios de lesa progenitora fueron acusados por la supuesta autoridad, avisados a tiempo por ella misma para que cómodamente huyeran del país, para después ser cariñosamente capturados en terceras naciones y ser extraditados sólo para regresar a México con una tonelada de amparos bajo el brazo para no tocar la cárcel autóctona, seguir el proceso en libertad y, finalmente, ser exonerados por la misma autoridad que supuestamente los perseguía. Todo ello, desde luego, en medio de un festival de reparto de billetes, uso de contactos políticos y efectivísimos abogánsters.

Cómo olvidar casos como los de Carlos Cabal Peniche (el empresario modelo de Carlos Salinas de Gortari, aprehendido en Australia), Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino (también capturado en Palma de Mallorca), Óscar Espinosa Villarreal (defendido por Ernesto Zedillo, aunque pasó algunas semanas en la cárcel de Managua). Y en México, ninguno pisó cárcel. Por el contrario, fueron exonerados y rehabilitados, toda vez que la técnica de la extradición con amparo bajo el brazo ha sido probada de manera exitosa. Implica algunas molestias, cierto es, pero finalmente garantiza impunidad.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, como dicen los clásicos: En la cárcel estamos los pendejos; fuera de ella, los hampones.

cfvmexico_sa@hotmail.com

Subir al inicio del texto

Campo: la crisis de gobernabilidad

Campo: la crisis de gobernabilidad

Gustavo Gordillo/IV

E

n mis tres entregas anteriores sobre el campo mexicano plantee: a) que es crucial reconstruir la relación entre comunidades rurales y el Estado, b) que desde un punto de vista demográfico y de fuentes de ingreso han ocurrido cambios drásticos en el campo, c) que el mecanismo de gobernabilidad en el campo fue modificado profundamente a través de muchos procesos ocurridos antes de las reforma constitucional de 1992.

Los mecanismos de gobernabilidad sustentados en el papel protagónico del Presidente de la República en la entrega de tierras, la función de reguladora y mediadora en los conflictos agrarios de la Secretaría de la reforma agraria (SRA) y la intermediación e inteligencia política ejercidas por las organizaciones campesinas corporativas fueron transformada con las reformas de 1992.

El Presidente perdió la capacidad de repartir tierras y, en consecuencia, de jugar un papel articulador de la gobernabilidad rural. La Secretaría de la Reforma Agraria se debilitó considerablemente con el surgimiento de dos nuevas instituciones: la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios. Una tercera institución, el Registro Agrario Nacional (RAN), que ya existía, alcanzó un estatus mucho mayor. Las centrales oficialistas enfrentaron una verdadera competencia con varias organizaciones campesinas nacionales y regionales con mayor capacidad de movilización y mayor representación.

Mientras la reforma constitucional de 1992 se estaba votando en el Congreso e implementando en todo el país en los siguientes 25 años, ocurrían varias transformaciones en el sistema político: una consistente decadencia en donde el centro político se desmadeja, una emancipación gradual y discontinua tanto de las entidades federativas como de franjas de la sociedad, al tiempo que opera la colonización de franjas del aparato estatal o del territorio nacional por un sinnúmero de poderes fácticos. El mayor impacto de las transformaciones políticas sobre el sistema ejidal que emergió después de 1992 fue la profundización de la desintegración, el resurgimiento de los mercados negros y una aguda crisis de gobernabilidad rural.

Entonces, la pregunta ahora es: ¿hacia dónde ir? ¿Por dónde empezar?

Los datos demuestran una vez más que las sociedades agrarias son persistentes, resilientes y adaptables.

Los intentos por despojar a las sociedades agrarias con el argumento de la modernización han enfrentado dos barreras infranqueables.

La primera es la propia naturaleza de los mercados de tierras. En ninguna parte, en ninguna época, existe un mercado unificado nacional de tierras. Lo que existen son mercados regionales y locales de tierras. Estas instituciones son, además, el ejemplo más acabado de la imperfección del mercado: fragmentado y con profundas asimetrías de información. Para corregir la imperfección del mercado se requieren intervenciones públicas. Implican leyes o decretos. O ejercicio de la violencia para despojar a las comunidades de sus tierras. Las sociedades agrarias reaccionan ante los intentos de despojos con una enorme reserva de flexibilidad y adaptación al nuevo contexto.

La segunda barrera es la resistencia multiforme de las sociedades agrarias, bajo la adaptación, usando los instrumentos legales disponibles, y bajo la impugnación, a partir de movilizaciones que buscan y generalmente logran modificar la correlación de fuerzas.

Las sociedades agrarias no son vestigios del pasado, sino testimonios lacerantes de un presente injusto que las margina. Pero podrían ser faros de un futuro de prosperidad inclusiva.

Hay dos caminos: intentar –una vez más– desposeerlas de sus recursos o reconocer su potencial productivo, su base cultural, sus redes de cooperación y solidaridad, y desde esa plataforma impulsar el rescate del campo mexicano. Y la recuperación del territorio para el Estado y para la sociedad.

http://gustavogordillo.blogspot.com/

Twitter: gusto47

Subir al inicio del texto

OIT y la Consar de la 4T

OIT y la Consar de la 4T

Gustavo Leal F.*

E

n 2019 la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT) hizo pública la versión castellana del volumen La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018).

En intercambio de tuits, citados por Marco Antonio Mares ( El Economista, 19/3/19) consta que, al responsable de la Consar de la 4T, Abraham Vela Dib, el serio trabajo de la OIT le mereció apenas el siguiente fraseo que para Mares fue contundente, hasta severo y fulminante: en primer lugar aclaró que el documento es de investigación y, como ahí se indica, no representa la opinión de la OIT. Todavía más: quizá represente su opinión, pero no la del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la mía. ¡Que quede claro!. Luego dice: parece que no puede imaginar las terribles consecuencias que hubiera tenido no llevar a cabo la reforma del SAR en 2005 (Sic!). Las (consecuencias) de regresar a un sistema de reparto serían catastróficas. La pérdida de confianza de los trabajadores ¡no se recuperaría nunca! Le recuerda: ¡Argentina regresó a su sistema de reparto! ¿Sabes cómo? ¡“Expropiando los ahorros de los trabajadores!

Y advierte: parece no darse cuenta de que, con las contribuciones actuales de 6.5 por ciento, no hay sistema de pensiones que aguante. Ya sea de beneficio definido de 1973 o el SAR de 1997. Y finalmente pregunta: ¿dónde quedaron las aportaciones tripartitas de la Ley-IMSS-1973? ¿Puentes, infraestructura, servicios de salud, escuelas? ¿O se las robaron?” Hoy, por lo menos, ¡están seguros y transparentados (Sic!) en cuentas de cada trabajador! Según Mares, Vela Dib también escribió: mucho cuidado con leer columnistas que no se informan y ven fantasmas donde no los hay. Preocupante –exclama el presidente de la Consar– el escaso grado de educación financiera de algunos columnistas.

¿Qué es lo que contiene el volumen de la OIT? Desde 2015, vía Isabel Ortiz, observó que la privatizaciónha fallado en resolver los problemas de los sistemas de pensiones y extrajo nueve lecciones aprendidas después de tres décadas de reformas privatizadoras (OIT. Ortiz, I. (Reformas de los sistemas de pensiones: visión de la OIT a partir de la experiencia internacional). Ellas son: baja cobertura, altos costos fiscales de la transición, altos costos administrativos, riesgosas fluctuaciones del mercado financiero, contribuyen a la desigualdad, reformas sin diálogo social adecuado, no basadas en Convenios OIT, reformas vinculadas a condicionalidades de préstamos del Banco Mundial y efecto positivo en los mercados de capitales.

Después, en el volumen que alude Vela Dib, OIT examinó la reversiónen las privatizaciones y simultánea reconstrucción de sistemas públicos en América Latina y algunos países de Europa del Este. OIT observa que entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas públicos de pensiones de carácter obligatorio. En América Latina, 14, en el siguiente orden cronológico: Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Estado Plurinacional de Bolivia, México, República Bolivariana de Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá. Otros 14, en Europa Oriental y la antigua Unión Soviética: Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, Federación de Rusia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia, República Checa y Armenia. Sumándose dos más en África: Nigeria y Ghana.

OIT documenta que la mayoría de las privatizaciones recibieron el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, USAID, Bancos Interamericano y Asiático de Desarrollo, contrariamente a las recomendaciones de la propia OIT.

Hasta 2018, 18 naciones habían re-reformado, revirtiendo total o parcialmente las privatizaciones: República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituana, Estado Plurinacional de Bolivia, Hungría, Croacia, Macedonia, Polonia, Federación de Rusia, Kazajstán, República Checa y Rumania. La gran mayoría, insiste OIT, las revirtieron luego de la crisis financiera mundial 2007/08, cuando los fallos del sistema privado se hicieron evidentes y tuvieron que ser corregidos.

Por su enfoque y recursos argumentativos, la reacción de Vela Dib resulta decepcionante frente al estudio de OIT. Muestra que sólo reduce la estructurada visión crítica del fracaso de las reformas privatizadoras a un simplista regresoal pasado. Y confirman que tampoco tiene en perspectiva el conocido modelo The ILO multi-pilar pension model: building equitable and sustainable pension systems. ¿Merece un trabajo destacado semejante trato del regulador nacional en la materia? ¿Habla sólo de su enfoque y fantasmas inexistentes o también del nuevo gobierno? Y sobre todo: ¿merece el electorado de 2018 tal nivel de debate para enfrentar el, hasta ahora pospuesto desafío pensionario?

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Subir al inicio del texto

Nochixtlan: tres años de impunidad

Nochixtlán: tres años de impunidad

Miguel Concha

H

an pasado tres años desde aquel 19 de junio de 2016, cuando la comunidad de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una cantidad de víctimas incalculable hasta la fecha.

En la mañana de ese día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaban en la carretera México-Oaxaca contra la reforma educativa. En cuestión de minutos las y los maestros que se encontraban en el bloqueo fueron atacados sin ningún aviso previo de persuasión por los contingentes de policías, sino únicamente mediante un ataque frontal y directo.

Éste no sólo se quedó en el bloqueo de la carretera, ni exclusivamente se limitó hacia los integrantes del magisterio, ya que la situación se extendió a la comu-nidad de Nochixtlán y a otras de la entidad oaxaqueña, como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, la comisión de ejecuciones arbitrarias.

A raíz de estos hechos, el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una polémica recomendación, en la que calificó estos acontecimientos como graves violaciones de derechos humanos detonadas a partir de un enfrentamiento entre elementos de la policía e integrantes del magisterio. Por considerarla revictimizante, tal recomendación ha sido criticada por las víctimas y sus familiares, pues de acuerdo con lo que han manifestado, parte del supuesto de que los miembros del magisterio tienen cierto grado de responsabilidad en ellos.

Versión que en un escenario, en el que casi un millar de policías irrumpieron violentamente, disparando a la población con armas de fuego, y en medio de un ejercicio ciudadano de libertad de expresión y protesta social pacífico, simplemente no tiene cabida.

Tres años después no podemos compartir la idea de un enfrentamiento, cuando todos los fallecidos fueron civiles desarmados, porque simplemente eso es totalmente desproporcionado. Tres años después, cuando todavía no hay avances significativos en las investigaciones, sanciones y reparaciones correspondientes del daño, la impunidad continúa. Es, pues, necesario que las autoridades abandonen el silencio.

Debo reconocer que son justo las víc-timas y sus familiares quienes se organi-zan para impulsar las demandas de jus-ticia, como es el caso del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias.

Para compartir experiencias de lucha y resistencia, se han entretejido además redes con muchos colectivos de víctimas de todo el país. Esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en la realización del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, en Nochixtlán, Oaxaca, del que ya me ocupé anteriormente ( La Jornada 24/11/18).

Ante la llegada de la actual administración federal, las demandas y exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo legítimas y vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.

Es indispensable, también, insistir a propósito del tercer aniversario de Nochixtlán, que para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental.

Y así, la manera como se atienden las demandas de los afectados, y las formas de sancionar a los responsables, podrían ser indicadores que nos permitan saber el grado de autonomía y disrupción que tiene el gobierno actual con respecto a administraciones anteriores. Con ello, sin duda, vislumbraríamos algún mínimo avance en el cambio incluso estructural.

Ahora bien, aunque en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comentario en el sentido de que, si era necesario, se instalaría por decreto una comisión semejante a la del caso Ayotzinapa, para darle seguimiento al caso de Nochixtlán, hasta el día de hoy las víctimas continúan sin ser efectivamente atendidas.

Por el contrario, seguimos escuchando de algunas de ellas que persisten de forma constante los hostigamientos de autoridades locales y, más grave aún, ninguno de los responsables de más alto rango ha comparecido ante los tribunales. Porque no hubo discusión, sino únicamente imposición, el caso de Nochix-tlán reflejó la incapacidad del anterior gobierno para atender inconformidades frente a las reformas estructurales de ese sexenio.

Además, demostró cuál fue el doble papel que jugó el Estado mexicano en los pasados años: por una parte violador de los derechos humanos y por otra principal encubridor y promotor de impunidad. Que este tercer aniversario se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de los ataques en Nochixtlán.

Subir al inicio del texto

¿Como escribir la historia del siglo XX?

¿Cómo escribir la historia del siglo XX?

Ilán Semo

E

n las décadas recientes se han escrito una multitud de historias sobre el siglo XX. La más original de ellas es acaso la de Bernhard Wasserstein, Barbarism and Civilization. A History of Europe in Our Time (Oxford, 2009). Sin olvidar la que redactó Erick Hobsbawm en 1994, al calor de los acontecimientos que se iniciaron con la caída del Muro de Berlín y desembocaron en el colapso del sistema soviético. La mayoría de ellas comienza por datar la enorme distancia que existía en los años 80, por un lado, entre las percepciones convencionales que imperaban sobre la guerra fría y su mundo infranqueable y, por otro, los inesperados fenómenos que, en la década de los 90, abatieron las narrativas que el siglo XX había producido sobre su propia historia. No es casual. A mediados de los 90, Baudrillard podía escribir, con toda ironía, que si algo había marcado a ese fin du siecle era la toma por asaltode sus observadores hasta dejarlos enmudecer. Basta con enunciar aquí tres acontecimientos que no sólo nadie pudo prever, sino que ni siquiera aparecían en el horizonte de lo posible en la época: el carácter fallido de la experiencia soviética, la emergencia del nuevo islamismo y la súbita irrupción de China –un país agrario en los 60– en el escenario de las potencias mundiales. Si una disciplina de estudios fue fútil en el siglo XX, se trata sin duda de las ciencias políticas. ¿Cómo es posible que ni siquiera hayan intuido las rupturas y discontinuidades más ostensibles de la forma que adoptó su desenlace? Probablemente, si se cerraran todos los departamentos de politología en las universidades actuales, no afectaría en absoluto al pensamiento contemporáneo.

Michel de Certeau escribió alguna vez que la única manera de evitar que los historiadores inscriban al paso del tiempo con relatos cuasi teológicos era explorando el pasado desde la perspectiva del presente. No para capitalizar las certezas que brindan conocer sus desenlaces, sino para asombrarse frente a ellos. Si partimos de este método, una de las preguntas que arroja sobre ese fin de siglo, que sigue poblando con sus fantasmas y pesadillas al siglo XXI, es del todo paradigmática.

Cabría enumerar por un momento a las naciones que devinieron (o se conservaron como) grandes potencias en décadas recientes: Estados Unidos, que mantiene todos los atributos económicos, políticos y culturales de una gran potencia; Alemania, el “motor de la unificación europea, aunque sin ser una fuerza militar; China, que sigue dejando atónitos a quienes quieran explicarla, un centro económico y militar global; Japón, que se mantiene como la tercera economía global, y Rusia, entrecruzada por su eterna paradoja, un país con una economía apenas mediana y un indudable actor militar.

Las diferencias que los separan son abismales: Estados Unidos, un capitalismo cada día más corporativo. Alemania, la extraña conjunción entre un Estado de bienestar y una sociedad inverosímilmente coordenada. Rusia, una oligarquía liberal, al estilo de los fenómenos del siglo XIX. Japón, una sociedad de corporaciones disciplinadas y jerárquicas. Y la incógnita: China. Hace un año siete expertos europeos y estadounidenses debatieron sobre si China era capitalista (véase Barry Naugton, Is China socialist?). Su conclusión fue muy elemental: no –con excepción de la esfera de las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, ¿qué es China?

Por más que las diferencias entre estas potencias sean infranqueables, si uno se asoma a su historia, parecen tener algo en común: largos periodos de disciplinamiento y ensimismamiento militar, guerras civiles y devastación de largas porciones de sus poblaciones.

En el caso de Alemania, se suele cometer el error de pensar que 1945 es una fecha de un antes y un después. En la primera mitad del siglo XX, el Estado alemán fue capaz de arrojar a su población a carnicerías indecibles en el exterior y una persistente militarización de los últimos rincones de la vida cotidiana. Japón pasó por un fascismo que abismó toda forma de individualidad y creó una mística productiva sólo comparable a su mística militar. Todavía en 2008 sus empresarios fallidos se suicidaban como si fueran soldados vencidos. La historia de la tradición militar rusa es tan antigua como el siglo XVII, al igual que la de sus convulsiones y devastaciones sociales. Pero sin duda el stalinsimo y la II Guerra Mundial potenciaron este aspecto hasta niveles desconocidos. China transitó por tres revoluciones masivas y la formación de un Estado de comando sin símil en el siglo XX. Y Estados Unidos cuenta con una historia conocida. Ahí el espíritu militar enhebra al de la nación. Basta con pasearse por el cementerio de Arlington para conmoverse con este pasado.

Al parecer, en el siglo XX los costos de la eficacia alcanzaron los límites del abismo. Y se olvida con frecuencia este lado oscuro de la modernidad. ¿Tendrá el siglo XXI noticias distintas sobre el derrotero de lo que queda de ella?

Subir al inicio del texto

"El Trumpismo, la nueva barbarie"

espacio-publico.com  

"El Trumpismo, la nueva barbarie"

Interregno global y derechas reaccionarias

26/06/2019 | Jaime Pastor

[Nota de viento sur: Este artículo es uno de los que se recogen en una sección de debate del diario Público. La totalidad de participaciones en dicho debate está disponible en http://espacio-publico.com/el-trumpismo-la-nueva-barbarie/comment-page-1#comment-6672]
No es difícil compartir el diagnóstico que nos proponía Pedro Chaves en su introducción a este debate propiciado por Espacio Público, según el cual nos encontramos desde hace al menos 10 años en un periodo de interregno global.
En efecto, en pocos años hemos pasado de la perplejidad ante el estallido de la mayor crisis sistémica conocida por el capitalismo desde la vivida en los años 30 del pasado siglo -que hizo pronto famosa la falsa promesa de “refundación del capitalismo”- a una nueva y radical vuelta de tuerca austeritaria y desdemocratizadora, frente a la cual una ola de movilizaciones y de populismos de izquierda –especialmente potente en América latina- no llegó a ser suficientemente fuerte a escala internacional para frenarlo.
Por eso luego, en medio de la crisis de una globalización neoliberal que, confrontada a un estancamiento secular, agudiza la competencia entre viejas y nuevas grandes potencias, hemos entrado en un ciclo reaccionario que no deja de generar “monstruos” por muchos lugares del planeta. Su propósito es desviar la frustración popular frente al cierre de filas de un establishment “cosmopolita” y corrupto hacia el resentimiento ante los sectores más vulnerables de la sociedad, así como frente a movimientos que –como el feminista- desafían tanto al neoliberalismo como al neoconservadurismo. Su objetivo también es expuesto sin ambigüedad alguna: poner en pie proyectos de reconstrucción de etnonacionalismos de Estado que devuelvan la “identidad” y la “seguridad” perdidas.
Es el trumpismo el que parece haberse convertido en referencia principal y por eso es importante reconocer con Daniel Tanuro (Frankenstein en la Casa Blanca, Sylone-Viento Sur, 2018) que se trata de un fenómeno que “no entra en las categorías clásicas. Es un proyecto autoritario nuevo, específico y compuesto, inestable, típico de la época neoliberal (…), combina aspectos fascistas y plutocráticos”. Cabría destacar entre sus rasgos ideológicos el nacionalismo autoritario de gran potencia, la xenofobia, la islamofobia, el machismo y el negacionismo climático. Una combinación que busca dirigirse tanto a una fracción del capital estadounidense como a sectores de la pequeña burguesía y de la clase trabajadora blanca para ir conformando un nuevo bloque histórico capaz de “keep America great” frente a sus enemigos internos y externos (China, Irán, “terrorismo”). Es cierto que sería un error considerar el trumpismo como fascismo o neofascismo, pero sí parece evidente que nos encontramos ante una derecha reaccionaria, neoconservadora y neoliberal que busca echar atrás conquistas sociales y democráticas logradas en décadas pasadas para conformar un nuevo régimen cuyas fronteras con una dictadura en el trato a la disidencia política serían muy permeables.
La victoria electoral de Trump ha sido sin duda un estímulo para el ascenso de la derecha radical y/o la extrema derecha en muchos países europeos, pero también latinoamericanos y asiáticos, viniendo así a confirmar la crisis de gobernanza global y de los sistemas políticos que, mal que bien, habían asegurado cierta estabilidad política en el centro y en las semiperiferias de la economía-mundo. Nos hallamos, por tanto, ante nuevas formas de dominación política, basadas en nuevos bloques históricos interclasistas subordinados la necesidad de que la creciente fusión de intereses entre Estado y capital permita competir por un lugar mejor en el marco de la transición geoeconómica y geopolítica global. Un proyecto que, a su vez, ayude a neutralizar el malestar de una clase media y trabajadora autóctona en declive mediante la garantía, aunque sea a través del endeudamiento, de seguir satisfaciendo sus “deseos” como sujetos consumidores…a costa de las grandes mayorías del Sur global y de la agravación cambio climático.
Es obvio que esa conciliación de intereses les obliga a un equilibrio difícilmente estable que genera contradicciones en el seno de ese bloque y en el que el papel de los hiperliderazgos como aglutinadores del “pueblo” es clave. Con todo, su gran ventaja sigue estando en la debilidad de sus enemigos en el terreno político y electoral, ya que es innegable el desgaste que éstos han sufrido en los últimos años.
Ése es el caso, por ejemplo, del extremo centro en Francia. Allí hemos visto irrumpir un movimiento singular y heterogéneo ideológicamente como el de los chalecos amarillos, con una composición social basada en sectores de clase media y trabajadora de la periferia, que cuestiona las políticas austeritarias de Macron y apuesta por una redemocratización de la política; un movimiento que ha tropezado con una brutal represión por parte del gobierno que ha hecho recordar los peores momentos de su historia contemporánea. No puede sorprender por tanto que, mientras retrocede la France Insoumise de Mélanchon, víctima de sus propias contradicciones, aparezca el populismo de extrema derecha de Marine Le Pen -junto con, no lo olvidemos, la abstención- como una vía de expresión de su protesta para una parte al menos de ese movimiento y de las clases populares.
Tampoco podemos olvidar la derrota sufrida en Grecia en julio de 2015 cuando, pese al No en el referéndum al Memorandumde la troika, el gobierno presidido por Tsipras cedió al chantaje de la troika. Una derrota que tuvo un grave impacto en la Unión Europa y que sirvió a las elites europeas para reforzar su ya viejo discurso del TINA, como también pudimos comprobar con el giro hacia la moderación en el que ha ido entrando Podemos desde entonces.
En un periodo en el que los viejos partidos sistémicos pierden centralidad y en el que desde la izquierda no se ha llegado a recomponer las bases de un bloque social y político capaz de ofrecer un horizonte alternativo al de un neoliberalismo convertido, según los términos de Dardot y Laval, en un sistema de “razón política única”, no es difícil comprender tanto el creciente abstencionismo electoral entre las capas populares más vulnerables como la atracción que en ellas pueden llegar a tener con su demagógico discurso anti-establishment las distintas variantes de derecha radical, cada una con sus particularidades respectivas en función de los contextos nacional-estatales.
Ante ese panorama, convendría tomar nota de la observación crítica de Corey Robin cuando sostiene que “una de las grandes virtudes de la izquierda consistía en que era la única capaz de entender la naturaleza de suma cero de la política, donde las ganancias de una clase implican por necesidad las pérdidas de otra. Pero, a medida que esa idea de conflicto ha ido disminuyendo en la izquierda, la derecha se ha dedicado a recordar a los votantes que existen verdaderos perdedores en la política, y que son ellos –y solo ellos- quienes hablan por esas personas” (La mente reaccionaria, Capitán Swing, 2019, p. 81)
26/06/2019
Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur

Mundo | EE UU | Trump

 

Guardia Nacional en la CDMX

Guardia Nacional en la CDMX

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que, debido al crecimiento notorio de la delincuencia en la capital del país, cuando la Guardia Nacional (GN) entre formalmente en funciones este domingo 30, se desplegará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, situación que en principio se pensó que no sería necesaria. En este mismo sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Jesús Orta Martínez, afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional será amplio y recibirá el apoyo de las corporaciones locales, aunque rehusó precisar en cuáles de las mil 700 colonias se dará esta presencia. En contraparte, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que los patrullajes de la Guardia Nacional se centrarán en las alcaldías limítrofes, ante todo en las del oriente de la capital, mientras que su presencia en el resto de las demarcaciones estará acotada a la realización de operativos especiales junto al Comando de Fuerzas Especiales local.

En primera instancia, parece acertada la reconsideración de dotar a toda la capital de elementos del cuerpo creado para atender la seguridad pública a escala nacional, pues resulta inocultable que la administración pasada heredó a la actual una crisis en materia delictiva que ha reducido de manera significativa tanto la calidad de vida como la certeza de los ciudadanos en las garantías a su integridad física y patrimonial.

Sin embargo, esa misma urgencia de actuar para poner freno a la ola delincuencial que padece la Ciudad de México, vuelve preocupante la discordancia declarativa que el mandatario federal y la jefa de Gobierno capitalina mostraron ayer en torno al despliegue de la nueva corporación policial: ante la entendible consternación que la problemática de seguridad pública genera en la ciudadanía, la claridad y la coordinación entre niveles de gobierno resultan de particular pertinencia en todo lo tocante al tema.

Por otra parte, no debe olvidarse que la entrada en funciones de la Guardia Nacional tiene una serie de implicaciones, la primera de las cuales es la referente a su interacción con las corporaciones policiacas existentes en la Ciudad de México, las cuales operan bajo principios distintos y, debido a su dilatada presencia cuentan con un mayor conocimiento del terreno, pero también arrastran vicios heredados.

Cabe esperar que este domingo, cuando la Guardia Nacional arranque formalmente sus labores, hayan quedado completamente resueltas las discrepancias y los posibles problemas de comunicación con respecto a sus tareas en la capital del país, de tal manera que –en conjunto con las corporaciones locales– cumpla su encomienda de devolver a los ciudadanos la tranquilidad y la confianza que les han sido negadas en los años recientes.La jornada

Subir al inicio del texto

Economia moral

Economía moral

Sobreexplotación laboral y crítica ecológica de la economía política. Temas abordados por Luis Arizmendi en artículo para El Trimestre Económico

Julio Boltvinik

E

n la entrega del 21 de junio reseñé las secciones I y II del artículo El debate global sobre la crítica de la economía política en el siglo XXI, de Luis Arizmendi (LA) que será incluido en número de El Trimestre Económico que estará disponible el próximo lunes en versión digital. En la sección III, El debate Sur/Norte en torno a la sobreexplotación laboral inicia recordando que la noción del despegue económico de Rostow postulaba que el desarrollo derivaba de la apertura a la inversión extranjera; esta tesis fue refutada por la teoría de la dependencia”, para la cual subdesarrollo y desarrollo no eran etapas, sino polos permanentes de la economía mundial. LA narra la divergencia, interna a la teoría de la dependencia entre Gunder Frank, que puso énfasis en el intercambio desigual en el comercio internacional como medio para dominar a los países dependientes, y Ruy Mauro Marini que, al identificar el proceso de trabajo planetario como el objeto de dominio, puso al descubierto la sobreexplotación de la fuerza como peculiaridad estructural de los capitalismos dependientes. Marini sostuvo, explica LA, que impactados por el intercambio inequivalencial con los capitalismos centrales, los capitalismos dependientes trasladan estas inequivalencias a la relación capital-trabajo, pagando salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Eso impide a los capitalismos dependientes convertirse en un doble tardío de los capitalismos metropolitanos. A continuación, LA aborda el pensamiento de Bolívar Echeverría, quien hizo notar que, con el neoliberalismo, el capitalismo desarrollado decidió no permitir la continuidad de los monopolios de los capitalismos periféricos sobre la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de la periferia y sobre los yacimientos naturales, que ahora sobreexplotan directamente, rompiendo las barreras nacionales que obstaculizaban la planetarización del mercado de trabajo. En la nueva era, los capitalismos centrales arrebatan, además, a los subdesarrollados un tributo en la forma de renta tecnológica, imponiéndole así, a los capitalismos locales una doble derrota. Enseguida se refiere a un escrito de John Smith para quien la sobreexplotación laboral se ha convertido en mecanismo prioritario para contrarrestar la crisis planetaria. En el capitalismo del siglo XXI, dice Smith, la no equivalencia de salarios y valor de la fuerza de trabajo se ha convertido en la regla y añade que el uso del PIB de los países como referente para medir la producción y apropiación de riqueza que realizan los capitales imperiales, invisibiliza la auténtica magnitud de su poder en el Sur Global.

Omito lo dicho por LA en la sección IV porque su temática la he abordado en detalle en Economía Moral (por ejemplo, en la serie del 2 de junio al 28 de julio de 2017). En la sección V, LA analiza el pensamiento de Elmar Altvater, fundador de la Crítica ecológica de la economía política, cuya piedra angular reside en la síntesis unificadora de la crítica al capitalismo de Karl Marx y la economía entrópica de Georgescu-Roegen, lo que le permitió ver el metabolismo social-natural como una interacción no sólo material, sino también energética. Narra LA que Altvater se abocó a construir una periodización original de la historia económica basada en la que identifica tres fases: la de cazadores y recolectores que dependen del funcionamiento espontáneo de la Tierra; la revolución agrícola que permitió al ser humano capturar la energía solar, y la del capitalismo fosilista. La disyuntiva, para Altvater, es ineludible, sostiene LA: superación de la unidad histórica capitalismo/fosilismo o devastación indetenible. Esa superación sería factible desde una transición energética plural pero, ante todo, con una revolución solar no sólo porque la energía solar es ecológica y renovable, sino porque –plantea Altvater, recordando el cálculo de Roegen– “ la estimación más alta de los recursos energéticos terrestres no excede la cantidad de energía libre recibida del sol en ¡cuatro días!”

Arizmendi disiente de Altvater, a quien critica argumentando que, bajo una influencia heideggeriana, adjudica a la modernidad en general la legalidad esquizoide propia de la modernidad capitalista. Y añade que, sin adjudicar (como lo hace Altvater) el entrecruzamiento de progreso y devastación, propia de la modernidad capitalista, a la modernidad en general, lo cual presupone que generar una economía ecologista alternativa exige negar todo crecimiento, él, en un escrito reciente ha formulado una versión diferente de la crítica ecológica de la economía política, que evita este cul de sac. Arizmendi termina esta sección insistiendo en la importancia de estrategias globales que articulen política de combate a la pobreza y política de soberanía alimentaria con política de transición energética ecologista y solar. En el cuadro incluyo el texto de los últimos párrafos del artículo de LA, disponible a partir del primero de julio.

julioboltvinik.org

julio.boltvinik@gmail.com

Subir al inicio del texto

Chernobil-escombros-

Chernobil (escombros)

Maciek Wisniewski*

¿U

na metáfora prefectao una razón? ¿El último clavo al ataúd o sólo uno de ellos?

No hay que ser un Cold War Warrior de estos que nunca mueren para ver la manera en que la explosión del reactor nuclear en Chernobil el 26 de abril de 1986, una catástrofe que irrumpió en la consciencia popular gracias a la miniserie Chernobyl(itsh.bo/2QeYzxD) y un conjunto de libros sobre sus orígenes y consecuencias (bit.ly/2F1h9nx) sirvió como un acelerante de la implosión y desintegración de la URSS, que ya de por sí estaba en las últimas.

Según el propio Gorbachov Chernobil fue decisivo en su debacle: el país simplemente hizo bancarrota al lidiar con el desastre. Stephen Kotkin, el reconocido sovietólogo en Armageddon averted: the soviet collapse 1970-2000 (Oxford 2008) llega a la misma conclusión mediante un detallado análisis (p. 60-67).

La reacción inicial del mismo joven (sic) líder soviético –en sus cincuentas, apenas un año en el poder, una supuesta antítesis de la gerontocracia dominante– que sucumbió al viejo secretismo, negacionismo y obsesiva preocupación por apariencias hacia el exterior, contribuyó enormemente a esto.

Su posterior giro hacía más transparencia y esfuerzos de sincronizarla con otras de sus políticas-insignia – glasnost (apertura), perestroika(restructuración) y uskoréniye(aceleración)–, ya no pudo salvar nada. Más bien abrió puertas a nuevas reivindicaciones. La abolición de censura en temas nucleares desencadenó un alud de denuncias respecto a otras catástrofes ambientales (catastroika), alimentando –subraya Serhii Plokhy (bit.ly/2ZBpcAc), un historiador ucraniano de Harvard– los movimientos irrendentistas en Ucrania, Bielorrusia y Lituania que levantaron la bandera del eco-nacionalismo (Chernobyl: the history of a nuclear catastrophe, Basic Books 2018, p. 305).

Y todo iba a ser muy, muy diferente.

La industria nuclear no sólo iba a salvar la Unión Soviética económicamente –aunque, según Kotkin, el país entró a los 80 relativamente bien parado respecto a otros países golpeados más por la crisis del petróleo– sino llevarla a nuevos y más esplendorosos destinosy hacerla famosa en el mundo.

La central chernobileña Vladimir Ilich Lenin (sic) iba a ser la planta nuclear más grande del mundo con 12 reactores. Prípiat, su ciudad-satélite, era una atómica aldea-modelo y oasis de abundancia, con casas confortables, clubes literarios, centros deportivos y tiendas llenas.

Al mismo tiempo el sector encarnaba a la perfección las habituales disfuncionalidades del sistema soviético que finalmente estallaron junto con el reactor:

• La burocracia: I) el mal pensado ensayo de seguridad llevado a cabo la fatal noche, estaba aplazado desde hace tiempo y finalmente forzado para cumplir las metas;

• La excesiva economización: I) las barras de control de emergencia que servían para detener la reacción nuclear a propósito tenían puntas de grafito para que... la reacción no se desacelerara tanto y el reactor siguiera produciendo energía un rato más (¡sic!); II) los reactores RBMK –como los de Chernobil– eran presentados como los más seguros del mundo–¡se podría poner uno en la misma Plaza Roja!, decía uno de sus constructores– una excusa para no equiparlos con un domo de contención que elevaría el costo de las plantas;

• la censura: I) las fallas de diseño de reactores RBMK han sido silenciadas; II) previos accidentes en Chernobil tapados; III) cuando en otra central al apretar el botón AZ-5 que bajaba las barras de control se registró la repentina elevación de energía se silenció el incidente por inconveniente.

La explosiva mezcla de idilla tecnológica y patologías sistémicases uno de los puntos centrales que hace Adam Higginbotham, un periodista británico en su libro Midnight in Chernobyl: the untold story of the world’s greatest nuclear disaster (Simon and Schuster 2019).

Pero curiosamente fustigando la URSS por negligencia y luego por inadecuada respuesta Higginbotham acaba defendiendo el uso de átomo –la cifra de muertos no fue tan grande (sic) y la naturaleza está reviviendo (sic), mientras Kate Brown una profesora de la MIT autora de Manual for survival: a Chernobyl guide to the future (Norton 2019) reconoce el gran sacrificio soviético en remediar el desastre y enfatiza enormes costos humanos y ambientales de Chernobil que ponen en duda la misma energía nuclear (bit.ly/2X1JNMa).

Finalmente esto: la televisión estatal rusa prepara una versión patriótica de lo sucedido explicándolo con una conspiración de la CIA; la serie de HBO es en ojos del Kremlin parte de campaña de desprestigio de nuestra industria nuclear (bit.ly/2Wsb3bo). La media vida de la propaganda soviética es igualmente larga que la de la radiación, apuntó una periodista que investigó la catástrofe (bit.ly/2wXiesR). Igualmente –añadiría– larga es la vida de un cierto tipo del paternalismo soviético, muy colonial en su espíritu: la gente común no tenía agencia, era incapaz incluso de hacer algo mal. Siempre tenía que ser alguien de afuera.

El sarcófago de Chernobil que cubrió los escombros del fatal reactor número 4 (bit.ly/2gsN6In) –más que el sarcófago de Lenin–, al final acabó simbolizando mejor la URSS y su suerte.

¿O hay que ser un Cold War Warrior de estos que nunca mueren para decir esto?

*Periodista polaco

@MaciekWizz

Subir al inicio del texto