Tortura en México se vuelve práctica institucional y fuera de control
Adital
Según encuesta reciente de Amnistía Internacional, el 64% de la población mexicana teme ser torturada si estuviera bajo custodia de la policía. En 2013, fueron 1.505 casos de denuncias de tortura y malos tratos en el país, representando un aumento del 600% en comparación con el año 2003. ¿La tortura sería entonces un medio necesario y aceptable para obtener información y proteger a la población? El 67% de los mexicanos cree que no.
De acuerdo con la directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas, "la policía y los soldados de México están tan desesperados por encontrar a alguien a quien culpar de los delitos cometidos por bandas sin escrúpulos que no parecen pensárselo dos veces a la hora de detener a una persona y extraerle una confesión a toda costa. No parece haber límites.”
La mayoría de las detenciones en México se practica sin orden judicial
Se calcula que desde 2006 más de 100 mil personas fueron muertas en actos violentos relacionados con la delincuencia organizada y con operaciones del ejército y miembros de la marina en la guerra contra el narcotráfico. Por lo menos 23 mil están desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales. Miles de comunidades fueron desplazadas por la violencia creciente.
La tortura es una herramienta utilizada frecuentemente durante las investigaciones policiales y operaciones militares como forma de obtener informaciones y confesiones de presos y personas detenidas, simplemente por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. La mayoría de las detenciones en México se practica sin orden judicial. Es el caso, por ejemplo, de Rogelio Amaya de Ciudad Juárez (Chihuahua-México), que el 11 de agosto de 2010 conjuntamente con otros cuatro amigos fueron detenidos repentinamente con violencia y tuvieron que confesar, bajo tortura, que eran parte del cartel La Línea para ayudar a instalar un carro bomba que mató a dos agentes de policía.
"Yo siempre les dije que no había participado en lo del coche bomba, pero nos seguían golpeando y torturando. Luego tuve que padecer tres años y siete meses por esa acusación. Tres años y siete meses alejado de mi familia, sintiendo mucha impotencia. Sin poder ver crecer a mis hijos. Fue muy doloroso”, se desahoga Rogelio.
En entrevista con Adital, el Padre Jesús Mendoza Zaragoza, de la Provincia de Acapulco (México), comenta sobre el contexto de violencia institucional existente en el país y la actuación de los órganos públicos.
Sobre el empleo de la tortura en las operaciones policiales y militares como instrumento de represión de las instituciones públicas mexicanas, Zaragoza evalúa que la tortura todavía sigue siendo una práctica común de las policías y de las autoridades que tienen a su cargo la procuración de justicia en México y, especialmente en el estado de Guerrero. Tortura psicológica y física se emplean sobre todo contra detenidos que provienen de la lucha social. Y, hasta el momento, no hay visos de que se detenga esta práctica ni con legislaciones adecuadas ni en las prácticas de investigación del delito.
El Padre Zaragoza afirma que la Iglesia ha denunciado la práctica de la tortura, pero aún faltan acciones contundentes para exigir una solución.
Por atrás de ese contexto de violencia institucional, el Padre afirma que lasinstituciones cooptadas por la corrupción, que no están orientadas a la justicia sino a proteger intereses ajenos incluidos los de los cárteles de la droga. Zaragoza destaca que hay un sistema de justicia carente de profesionalismo y de cualquier sentido de los derechos humanos. Estas instituciones cumplen más objetivos políticos que tareas de procuración y administración de justicia
El combate a la tortura en el estado de Guerrero ha sido débil e insuficiente. Sobre las acciones de los movimientos sociales y pastorales, Zaragoza agrega que hay organizaciones sociales como el Colectivo contra la Tortura e Impunidad que lo tienen en su agenda y han movilizado a otras organizaciones para visibilizar este problema y promover una legislación adecuada para impedir que se agrave esta situación. La Iglesia ha denunciado, en algunas ocasiones, esta práctica pero no ha tenido acciones contundentes para exigir una solución de fondo.
En la visión del sacerdote, la población tiene una gran desconfianza y, hasta, desprecio hacia las policías que, en su mayoría, no son profesionales ni respetan los derechos humanos. Hablo, de las policías municipales y estatales, y de las policías ministeriales, sobre todo. También las policías federales y los militares han cometido abusos en su lucha contra el narcotráfico. Es más, la gente no denuncia por temor a represalias.
Entre los métodos más utilizados de tortura se encuentran: la semiasfixia, golpizas, simulaciones de ejecución y desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas de muerte, choques eléctricos y amenaza contra las familias de los detenidos. Según la encuesta de Amnistía Internacional, la mayoría de las detenciones en México es practicada sin orden judicial, bajo la alegación de flagrante. En 2013, de las 47.619 detenciones por delitos federales, 42.080 fueron ejecutadas sin orden judicial.
La tortura es empleada también para humillar, castigar, imponer temor y obtener dinero mediante extorsión. Las autoridades han ignorado y hasta incluso permitido, tácitamente, la tortura y los malos tratos, considerando la estrategia como necesaria. En los últimos años, los cárteles se han aliado con funcionarios públicos, lo que representa un desafío para la justicia.
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=83917
De acuerdo con la directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas, "la policía y los soldados de México están tan desesperados por encontrar a alguien a quien culpar de los delitos cometidos por bandas sin escrúpulos que no parecen pensárselo dos veces a la hora de detener a una persona y extraerle una confesión a toda costa. No parece haber límites.”
La mayoría de las detenciones en México se practica sin orden judicial
La tortura es una herramienta utilizada frecuentemente durante las investigaciones policiales y operaciones militares como forma de obtener informaciones y confesiones de presos y personas detenidas, simplemente por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. La mayoría de las detenciones en México se practica sin orden judicial. Es el caso, por ejemplo, de Rogelio Amaya de Ciudad Juárez (Chihuahua-México), que el 11 de agosto de 2010 conjuntamente con otros cuatro amigos fueron detenidos repentinamente con violencia y tuvieron que confesar, bajo tortura, que eran parte del cartel La Línea para ayudar a instalar un carro bomba que mató a dos agentes de policía.
"Yo siempre les dije que no había participado en lo del coche bomba, pero nos seguían golpeando y torturando. Luego tuve que padecer tres años y siete meses por esa acusación. Tres años y siete meses alejado de mi familia, sintiendo mucha impotencia. Sin poder ver crecer a mis hijos. Fue muy doloroso”, se desahoga Rogelio.
En entrevista con Adital, el Padre Jesús Mendoza Zaragoza, de la Provincia de Acapulco (México), comenta sobre el contexto de violencia institucional existente en el país y la actuación de los órganos públicos.
Sobre el empleo de la tortura en las operaciones policiales y militares como instrumento de represión de las instituciones públicas mexicanas, Zaragoza evalúa que la tortura todavía sigue siendo una práctica común de las policías y de las autoridades que tienen a su cargo la procuración de justicia en México y, especialmente en el estado de Guerrero. Tortura psicológica y física se emplean sobre todo contra detenidos que provienen de la lucha social. Y, hasta el momento, no hay visos de que se detenga esta práctica ni con legislaciones adecuadas ni en las prácticas de investigación del delito.
El Padre Zaragoza afirma que la Iglesia ha denunciado la práctica de la tortura, pero aún faltan acciones contundentes para exigir una solución.
Por atrás de ese contexto de violencia institucional, el Padre afirma que lasinstituciones cooptadas por la corrupción, que no están orientadas a la justicia sino a proteger intereses ajenos incluidos los de los cárteles de la droga. Zaragoza destaca que hay un sistema de justicia carente de profesionalismo y de cualquier sentido de los derechos humanos. Estas instituciones cumplen más objetivos políticos que tareas de procuración y administración de justicia
El combate a la tortura en el estado de Guerrero ha sido débil e insuficiente. Sobre las acciones de los movimientos sociales y pastorales, Zaragoza agrega que hay organizaciones sociales como el Colectivo contra la Tortura e Impunidad que lo tienen en su agenda y han movilizado a otras organizaciones para visibilizar este problema y promover una legislación adecuada para impedir que se agrave esta situación. La Iglesia ha denunciado, en algunas ocasiones, esta práctica pero no ha tenido acciones contundentes para exigir una solución de fondo.
En la visión del sacerdote, la población tiene una gran desconfianza y, hasta, desprecio hacia las policías que, en su mayoría, no son profesionales ni respetan los derechos humanos. Hablo, de las policías municipales y estatales, y de las policías ministeriales, sobre todo. También las policías federales y los militares han cometido abusos en su lucha contra el narcotráfico. Es más, la gente no denuncia por temor a represalias.
Entre los métodos más utilizados de tortura se encuentran: la semiasfixia, golpizas, simulaciones de ejecución y desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas de muerte, choques eléctricos y amenaza contra las familias de los detenidos. Según la encuesta de Amnistía Internacional, la mayoría de las detenciones en México es practicada sin orden judicial, bajo la alegación de flagrante. En 2013, de las 47.619 detenciones por delitos federales, 42.080 fueron ejecutadas sin orden judicial.
La tortura es empleada también para humillar, castigar, imponer temor y obtener dinero mediante extorsión. Las autoridades han ignorado y hasta incluso permitido, tácitamente, la tortura y los malos tratos, considerando la estrategia como necesaria. En los últimos años, los cárteles se han aliado con funcionarios públicos, lo que representa un desafío para la justicia.
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=83917
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