Gestión pública y proceso electoral
Orlando Delgado Selley
L
os procesos electorales en los que elegimos a quienes nos representarán en las diferentes instancias legislativas sirven, además, para que los electores expresen su valoración del gobierno y de la gestión de los legisladores. Es momento oportuno para realizar una evaluación de la congruencia entre la práctica política de quienes fueron electos en relación con los postulados que sostiene el partido que los hizo candidatos. La selección de candidatos y el sentido de las campañas dan cuenta de lo que piensan los partidos sobre las expectativas y opiniones de los votantes.
En la ciudad de México, desde que se ha tenido la capacidad de elegir a gobernantes y legisladores, ha obtenido la representación mayoritariamente el PRD. Razones hay para explicar por qué ganaron cuatro veces seguidas la Jefatura de Gobierno, el grueso de los gobiernos delegacionales y amplias mayorías en la Asamblea Legislativa. Dos de esos jefes de Gobierno fueron candidatos presidenciales. En el mapa electoral nacional es evidente que el votante medio del DF ha sufragado reiteradamente por la izquierda, que se ha presentado unida.
El proceso electoral de este año está marcado por un profundo deterioro de las distintas fuerzas políticas con representación en los diversos niveles ejecutivos y legislativos. Deterioro que resulta de su desempeño en las posiciones para las que fueron electos, lo que es relativamente normal en cualquier democracia, pero deriva sobre todo de su comportamiento frente a un momento crítico provocado por los desaparecidos de Ayotzinapa que ha cuestionado las bases del sistema de representación. Deterioro generado, además, por la manera en la que se procesaron acuerdos nacionales de trascendencia y, sobre todo, en los mecanismos internos para seleccionar a sus candidatos.
Los electores de la ciudad de México enfrentaremos, por primera vez en los años recientes, un proceso complejo en el que la decisión electoral resolverá muchos aspectos. Valoraremos la gestión de un gobierno del PRD, aunque quien los preside presuma no ser miembro de ese partido; valoraremos gestiones delegacionales que han sido calificadas por la opinión pública; valoraremos al partido que decidió participar en el Pacto por México y al gobierno capitalino que apostó todo a la aprobación de la reforma política en el DF y perdió; valoraremos el fracaso de la línea 12 del Metro; valoraremos al partido que decidió que Abarca fuera candidato a presidente municipal en Iguala y que protegió al gobernador Aguirre.
Al mismo tiempo, decidiremos el tamaño político-electoral de Morena; decidiremos si crece en la ciudad la presencia política del PAN y el PRI que hasta ahora no han podido alcanzar niveles significativos de representación. Decidiremos, además, la importancia de las campañas planteadas para rechazar al sistema político, ya sea anulando el voto o absteniéndonos de acudir votar.
Es claro que serán elecciones muy competidas. Por ello resulta muy revelador la manera en la que el PRD ha resuelto sus candidaturas para jefes delegacionales y para diputados locales. Lo ha hecho como si marcharan en caballo de hacienda, acudiendo al tradicional reparto de cuotas entre tribus, con el aderezo de una conjura contra el grupo de Bejarano y la participación abierta de funcionarios gubernamentales locales. Esta manera de repartirse las candidaturas es precisamente la que permitió presencias como las de Abarca, Aguirre y otros más, que carecían de compromiso con un proyecto político de izquierda.
La decisión de funcionar de esta manera tiene una connotación importante: supone que las clientelas constituidas a partir del reparto de cemento, despensas o puestos en las delegaciones, son suficientes para ganar una elección. Razonan como los priístas, que con monederos electrónicos manipularon a muchos electores. Por eso se alían con ellos, se parecen mucho. Los electores de esta ciudad hemos mostrado madurez política y lo volveremos a hacer. El cinismo y la desvergüenza no podrán ganar.
