La noche de Iguala y el despertar de México
Los atroces hechos sucedidos en la noche del 26 de septiembre en Iguala son sin duda los que marcaron el 2014 convirtiéndolo en un año hito en la historia contemporánea de México, erigiéndose como otro “Mexican moment”, muy diferente al que el presidente Peña Nieto publicitó al inicio de su gobierno, que horrorizó a su pueblo y al mundo entero obligando a los medios masivos a presentar ante la opinión pública internacional el nivel de barbarie al que ha llegado el estado de guerra de facto en el que se encuentra esta nación fronteriza con Estados Unidos (EUA) desde el 2007. Así 2014 pasó a ser el año de Ayotzinapa más que el de las “reformas de estructura” promovidas por Peña Nieto.Precisamente hace un año, cuando en el mundo oficial todo era jolgorio y alegría por la aprobación de todas las reformas promovidas por el gobierno y sus aliados del Pacto por México, decíamos que después de 25 años de crisis política permanente, de 1988 a 2013, México era “un volcán en estado de ebullición antes de la explosión de la lava ardiente” que se acercaba cada vez más hacia el estallido. (“¿Hacia el estallido?”, Unidad Socialista, núm. 58, marzo-abril 2014, también publicado en la red entre otros en el boletín informativo Correspondencia de Prensa, 23 de marzo 2014). En junio la matanza de Tlatlaya realizada por los militares, hecha pública más dos meses después de ocurrida conmocionó al país y después a finales de septiembre los hechos de Iguala lo horrorizaron. Fueron las chispas que han comenzado a incendiar la pradera. Desde entonces el país cambió abruptamente y el gobierno de la restauración priista está instalado en su peor crisis. Las repercusiones han sido enormes y no sólo en México pues su impacto internacional recuerda e incluso va más allá de lo que ocurrió el 1° de enero de 1994 con motivo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas por el reto político directo y sin amortiguadores que representa la causa de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para el típico Estado represivo y corrupto de México tocado a profundidad en sus fibras políticas esenciales: estructura gubernamental, sistema de partidos, judicatura, etc. En las enormes y numerosas movilizaciones habidas a partir del 1° de octubre cuando salió a relucir todo el horror de lo sucedido el 26 de septiembre, tres consignas gritadas por las multitudes son las que sintetizan el sentimiento de amplísimos sectores de la población: “Fue el Estado”, “Fuera Peña” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El gobierno de Peña Nieto intentó burdamente durante una semana enterrar las atrocidades de Iguala en el campo municipal bajo el control formal de un alcalde asesino del PRD, creyendo ilusamente que su gobierno podría eludir responsabilidades. Una apreciación por completa errónea que se le revirtió con creces cuando tardíamente la PGR debió “atraer” el caso. La penetración descarada de personajes e influencias del narcotráfico en la alcaldía de Iguala no era privativa de los municipios presididos por el PRD, como antes se había demostrado en la crisis de Michoacán que obligó a Peña Nieto a intervenir con un comisionado especial que actuó como real jefe del estado, debiendo renunciar un gobernador priista rodeado de funcionarios y familiares en contacto con los narcotraficantes.
Ante la avalancha de protestas y movilizaciones presidente Peña ha llamado a “superar” lo sucedido y en la práctica su gobierno quiere darle carpetazo lo más pronto posible. Pero la situación hoy es muy diferente a la de crisis anteriores. No sólo los activistas, los sectores democráticos y revolucionarios, sino voceros de la opinión burguesa más conservadora reconocen que la movilización masiva que ha surgido exigiendo la presentación de los 43 normalistas no tiene precedente y que las protestas callejeras seguirán y que no es posible creer en una política que le “apueste al olvido” como quiere Peña Nieto. El Universal, uno de los diarios más importantes de la ciudad de México, de una orientación claramente conservadora, publicó los resultados de una investigación de su Centro de Investigación y Análisis que vale la pena citar. “Durante 87 días, del 1° de octubre al 26 de diciembre se han registrado 44 movilizaciones públicas en México y en el mundo con la demanda común de la localización con vida de los jóvenes maestros desaparecidos, que no haya impunidad y se castigue a los responsables del crimen colectivo”. (El Universal, 31.12.14). Los datos concretos son elocuentes: en ese periodo de 87 días en 36 hubo algún tipo de movilizaciones, lo que significa que tres días de cada semana ha habido protestas por el caso de Iguala, solo en octubre fueron 17 los días en que se realizaron movilizaciones y en noviembre ocurrieron las más multitudinarias. De las 44 manifestaciones el 73% se realizaron en México (en 17 estados) y el resto al nivel internacional (en 21 países). En México se realizaron en el Distrito Federal y en Guerrero las más concurridas y numerosas y además en los estados de Morelos, México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Durango, Colima, Sinaloa y Sonora. En el mundo la imagen de México salió a relucir muy diferente a la ofrecida por la propaganda turística del gobierno y las protestas no se hicieron esperar abarcando a países como Brasil, Chile, Escocia, Reino Unido, China, Vietnam, Singapur, India , Indonesia, Corea del sur, Argentina, Suiza, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España y Noruega. El 5 de noviembre pararon más de 100 instituciones de educación superior (universidades e institutos técnicos) en México.
La crisis desbordó de tal forma las fronteras nacionales que organismos internacionales oficiales se pronunciaron al respecto censurando el comportamiento del gobierno de Peña por su incapacidad de garantizar un estado de seguridad nacional a la población. Declaraciones de instituciones gubernamentales como el Departamento de Estado de EUA, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente lo hicieron organismos no gubernamentales como la Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuyo director de su sección mexicana, Perseo Quiroz resumió muy bien la situación: “los acontecido en Iguala ha generado una movilización nacional sin precedentes a la que se ha sumado la indignación mundial”.
Hay que señalar finalmente las inauditas movilizaciones en la época de las fiestas de fin de año: el 24 y el 31de diciembre los familiares de los desaparecidos, acompañados por un millar de personas solidarias, se hicieron presentes en la casa presidencial de Los Pinos bajo la consigna de que si para ellos estos días no son de fiesta por la desaparición de sus hijos, para las autoridades tampoco debe haber fiesta. Y la realizada el día 26 de diciembre recordando el tercer mes de la desaparición de los 43 en pleno centro histórico de la ciudad de México, donde reafirmaron su decisión de que en el 2015 sigan y crezcan las movilizaciones por la búsqueda de sus hijos.
La demostración de lentitud e incapacidad de las autoridades gubernamentales para satisfacer plenamente las demandas de una investigación profunda de los crímenes, para castigar a los autores principales tanto intelectuales como ejecutores directos y la clara tendencia de hacer que el asunto sea superado con un carpetazo burocrático coincidió estrictamente con la noticia de que la esposa del presidente Peña y el secretario de Hacienda eran propietarios de lujosísimas mansiones valuadas en millones de dólares construidas por una empresa directamente responsable de la construcción de obras públicas durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México y en la actualidad responsable de contratos del gobierno federal. Un escándalo clásico de corrupción ligado a un “conflicto de intereses” se agregó para enardecer más la ira e insatisfacción de millones de ciudadanos con los procedimientos de los más altos gobernantes.
2015: la combinación explosiva
El inicio de 2015 se da en condiciones en que confluirán diversos procesos económicos y políticos de alta potencialidad conflictiva. En junio el barril de petróleo se cotizaba a más de 100 dólares. Al cerrarse el 2014 el barril había caído a 47.04 dólares, es decir experimentando una pérdida del 54.01 % en su precio. Y como directa consecuencia de lo anterior se ha producido al mismo tiempo una revaluación del dólar cuyo cambio subía de 13 a 15 pesos por dólar, un tipo de cambio que no alcanzaba desde la crisis de 2007. Aunque no en los niveles de dependencia que tienen los países árabes o Venezuela de la renta petrolera, la economía mexicana depende también mucho de ella. Lo que está sucediendo en el mercado internacional del petróleo afectará directamente a los planes de Peña Nieto por dos determinantes: la drástica disminución de sus ingresos presupuestales tanto por la disminución de los ingresos de Pemex (que contribuye con más de la tercera parte del presupuesto federal) como por la privatización de sectores de la industria anteriormente estatizada por completo y el hecho de que la licitación de los yacimientos petrolíferos a las empresas petroleras extranjeras que las nuevas leyes aprobadas permiten, se dará en el peor momento posible. El gobierno de la restauración priista de Peña Nieto se jactaba de ser el que “movería” a México superando el estancamiento económico de décadas y proyectando una etapa muy positiva de crecimiento económico que producirían las “reformas de estructura” que estaban en el primer lugar de sus planes gubernamentales. En los últimas tres décadas el promedio del crecimiento económico anual no ha rebasado el 3.0% y en los últimos años apenas rasca el 2.0%, índices prácticamente idénticos a los del crecimiento demográfico de una población que ha superado los 115 millones de habitantes. Este estancamiento ha tenido consecuencias devastadoras en las condiciones de vida de la abrumadora mayoría de la población. Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social desde 1992 no crece el ingreso de los hogares a pesar de los innumerables programas y acciones (de muy baja calidad) que no logran detener la precipitación de la población a situaciones de pobreza y de extrema pobreza. (La Jornada, 01.02.15). Como se aprecia la situación imperante en el rubro económico no es nada favorable para que los optimistas planes originales del gobierno priista puedan impedir un combinación explosiva cuando esta decadencia económica converja con el sensible deterioro de la situación política.
El año 2015 será un año profundamente “político” en el cual el movimiento social de protesta contra la corrupción y la impunidad de las autoridades responsables de las atrocidades de Guerrero y de todo el país confluirá con las elecciones de julio para la renovación de la Cámara de diputados y para las gubernaturas y autoridades municipales de varios estados. Pero evidentemente la decadencia y el profundo desprestigio de los partidos “registrados” plantea con urgencia el qué hacer en estos comicios sin legitimidad alguna, que sólo elegirán a personajes similares a los que ocupan hoy los cargos que serán puestos a elección. Los diputados y los candidatos del trío de los partidos principales pilares del sistema político gobernante (PRI, PRD y PAN) son los representantes que encarnan dichas autoridades desde el nivel municipal hasta el federal impugnadas por las masivas movilizaciones de protesta. Esta contradicción ya está produciendo una oleada cada vez más poderosa en amplios sectores. ¿Para qué votar a candidatos de los mismos partidos responsables de las atrocidades? ¿Por qué participar en un sistema electoral tan restrictivo, antidemocrático y fraudulento controlado firmemente por esos partidos? El viejo Instituto Federal Electoral (IFE) que ha sido transformado en el nuevo INE no es de ninguna manera garantía de elecciones legítimas y democráticas, sigue siendo la estructura que mantiene, de hecho fortalecida, la misma maquinaria que produjo el gigantesco fraude de 2006 y los innumerables chanchullos y trapacerías que hicieron de las siglas del IFE sinónimo precisamente de eso, de fraude.
Una cada vez más poderosa corriente popular, predominantemente de jóvenes ha surgido que propone el boicot a las elecciones del 2015. Igualmente la cuestión de la necesidad de refundar el Estado por medio de una Asamblea Constituyente se abre paso en el seno de amplios sectores. Destacan entre éstos Cuauhtémoc Cárdenas; el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Ver; el padre de una víctima de los narcotraficantes el escritor y poeta Javier Sicilia y el profesor universitario Pablo González Casanova. Pero lo más importante es que han sido los mismos familiares de los 43 y sus aliados los que han llamado a boicotear las elecciones de julio próximo, convocadas para elegir a los pares de quienes hoy se niegan a investigar a profundidad los crímenes de Iguala, encubren a los culpables materiales e intelectuales y desean cerrar lo más pronto posible el caso para que se olvide del mismo modo que sucedió con los numerosos casos de desapariciones y masacres anteriores como la matanza de los 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos en Allende, Coahuila en marzo 2011, para no hablar de la matanza de Tlatlaya. Lo diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea que no tiene trazas de que va amainar en 2015.
El papel del Ejército
Desde el día siguiente de la noche del 26-27 de septiembre uno de los aspectos clave de la recreación de los hechos ha sido determinar el papel del ejército. Los reportajes publicados señalaban su presencia, por ejemplo en la clínica a la que los estudiantes llevaron a varios de sus compañeros heridos. Por estudiantes que lograron escapar se supo de la actitud prepotente de los militares increpándolos e incluso amenazándolos. Pero las informaciones oficiales negaban siempre que los militares hubieran participado de algún modo en las acciones. Después el procurador federal Murillo Karam en su conferencia tristemente famosa de noviembre por “su cansancio”, hizo una observación extraña ante una pregunta de los periodistas. Dijo él: “Afortunadamente el Ejército no intervino pues lo hubiera hecho en apoyo de las autoridades [municipales]”. Ciertamente algo no cuadraba en estas explicaciones. Es inverosímil que en Guerrero ocupado desde hace 50 años por miles de militares que en el estado han combatido guerrillas, instalado una red de retenes, ejercido labores de represión sin cuento, participado en labores de quema de plantíos de mariguana, de cateo de establecimientos en la búsqueda de drogas, con grandes cuarteles instalados en varias poblaciones, incluida Iguala, o sea que no sucede nada sin su conocimiento, haya ocurrido tamaño crimen sin que se dieran cuenta.
La revista Proceso correspondiente al 14 de diciembre de 2014 derrumbó la versión oficial del procurador federal mostrando con videos y declaraciones de normalistas sobrevivientes que la policía federal participó en la gresca entre los estudiantes y los policías municipales e incluso que el Ejército estuvo involucrado aunque todavía no se aclara ni especifica la forma en que lo hizo. El Ejército, como bien señalan los padres de familia de los normalistas desaparecidos, es culpable por participar en la noche del 26-27 de septiembre ya sea activamente en el secuestro o bien por omisión de dejar hacer y dejar pasar un crimen de tal magnitud efectuado prácticamente en sus narices.
Ha sido en Guerrero en donde el nivel de la protesta y de las acciones ha llegado a niveles de confrontaciones violentas que han estado al borde de concluir en nuevas masacres. A mediados de diciembre, los familiares y sus aliados realizaron una manifestación en Iguala y durante un mitin frente al cuartel militar la tensión subió a peligrosos niveles, estando los militares en una situación a punto de disparar contra la multitud. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega lo ha dicho tajante y ominosamente: “Hay [en el gobierno] quienes están decididos a dar la orden de reprimir las protestas. Es ingenuo creer que no van a ser frenadas manifestaciones más radicales”. (La Jornada, 02.01.15). Lo dice el gobernador de un estado en que de hecho se han producido ya en varios municipios tomas de alcaldías por parte de los maestros de Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) y sus aliados. En gran parte del estado se están llevando a cabo procesos semiinsurreccionales: 35 comunidades organizadas han tomado los palacios municipales, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la entidad y han constituido las Asambleas Populares Municipales. De hecho el proceso de la aparición de las “autodefensas” que ha cundido en el estado vecino de Michoacán desde finales del 2013 y que obligó a Peña Nieto a intervenir directamente con un procónsul y a destituir al gobernador desbordado por completo a principios del 2014, fue un anuncio de lo que sucede hoy en Guerrero: una lucha por la supervivencia ante el completo derrumbe de los aparatos de seguridad oficiales infiltrados por los cárteles o de plano desbordados por la situación.
El secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejército, general Cienfuegos ha declarado que “sólo con el esfuerzo de todos, con la suma de voluntades y con unidad nacional, podremos consolidar el rumbo hacia el progreso y el desarrollo”. Y agregó, “los grandes retos que afrontamos, como la inseguridad y el crimen organizado, son problemas de todos y sólo juntos podremos vencerlos, son problemas de Estado, no de gobierno”. Pero el papel de los militares ¿no está contribuyendo más que al progreso y al desarrollo a la desestabilización y a la represión como fehacientemente lo demostró el caso de Tlatlaya y puede que no tarde en evidenciarse cuando se sepa el real papel que desempeñó en la masacre de Iguala? No es nada alentadora la situación que el gobierno continúa promoviendo en la que el protagonismo militar es cada vez más conspicuo. Los informes que se han filtrado de la creciente “colaboración” de asesores y en general personal militar de EUA con los militares mexicanos. Para el gobierno de EUA lo que sucede en México le interesara cada vez más, entendiendo que para la política imperialista la frontera sureña de tres mil kilómetros con México es de prioridad mayor para su “seguridad nacional”. Y así la dominación económica y social que ya ejerce EUA en México tenderá combinarse con una presencia militar también creciente.
Las alternativas políticas
Las elecciones de julio de este año van a realizarse con un debilitadísimo sistema de partidos. El PRI de Peña Nieto desprestigiado y con la carga de ser el directamente encarado ante una población iracunda. Un PRD desfondado, en caída vertical sin que tenga la menor capacidad de erguirse con fuerza y dignidad al estar dirigido por un grupo de políticos cínicos, corruptos y cada vez más dependiente del propio gobierno peñista. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas ha venido a expresar sin rodeos su decadencia sin remedio, convertido en una desnuda franquicia electoral sostenida únicamente con las prerrogativas del INE. Después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD y con él de cientos si no es que de miles de miembros, el PRD perderá fuerzas fundamentales que ya se prevé que lo desbancarán de su lugar como tercera fuerza partidaria del sistema electoral vigente. Un PAN arrinconado, también dependiente del presidente y sin la menor iniciativa para intervenir en una situación que lo desborda.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) constituido a imagen y semejanza de López Obrador no se ha pronunciado directa y sin ambigüedades sobre el significado profundo de la crisis que representa lo sucedido en Iguala y en general en todo el estado de Guerrero: el desplome de las políticas reformistas de la estirpe nacionalista revolucionaria del viejo PRI anterior a los años 80’s que Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD trataron de de resucitar a partir de 1988-89, todo lo cual AMLO compartió cuando se unió al PRD después de su salida del PRI en 1990. Aparte del hecho del chapoteadero que significó el escándalo del alcalde asesino José Luis Abarca patrocinado por un notorio partidario obradorista, el problema de fondo es que Morena representa más de lo mismo: un electoralismo limitado, sin un programa para enfrentar la tremenda crisis nacional que atravesamos y caudillista sin redención. Lo que sucedió en el PRD durante 2006 a 2012 tuvo que ser conocido por López Obrador y su alianza con los Chuchos en 2012 no puede esquivarse, fue un matrimonio de la más cruda conveniencia que no habla muy bien de los principios políticos del guía, ideólogo, futuro candidato presidencial y factor hegemónico indiscutible de la organización.
La perspectiva revolucionaria
La luz que han alumbrado los acontecimientos de Iguala, la ejemplar postura que han adoptado los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la inaudita y maravillosa solidaridad nacional e internacional que ha despertado el martirio de los estudiantes de Ayotzinapa han sido, son y seguirán siendo gérmenes de grandes jornadas de lucha con potencialidad emancipatoria. Hasta ahora la base fundamental de las movilizaciones ha sido la juventud, aunque ya se incorporan sectores numerosos de trabajadores, y en el estado de Guerrero, también las poblaciones más pobres de Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, Tierra Caliente y Chilpancingo. Tal y como hemos intentado señalar en el texto en 2015 se abrirá una oportunidad con grandes posibilidades de transformaciones radicales en México. El impulso emancipador y liberador de lo que representa la lucha por la presentación de los 43 da fuerza e infunde optimismo a quienes se solidarizan con ella. Del otro lado, en el gobierno de Peña, en el seno de los partidos gobernantes y entre los grandes empresarios reina la incertidumbre. Lo única certidumbre que existe en el establishment decadente mexicano es que “el estado de derecho será impuesto, incluso con medidas autoritarias”. Históricamente en México esta política tiene nombres siniestros que evocan décadas de aplastamientos de movimientos insurgentes: Tlatelolco, los halcones, la guerra sucia, la represión como sistema. Y en la mayoría de estos casos ha sido la sombra del Ejército la que se ha proyectado ominosa y lúgubremente. ¿Cómo se proyectará en 2015?
Por el momento podemos apuntar ya para los primeros días del año acciones que buscan lograr crear un amplio, no excluyente, movimiento de lucha que abarque a los mayores sectores posibles. En el México profundo de las masas indígenas insurrectas también encuentra eco la lucha de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El 2 y 3 de enero el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) realizan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, y allí hablaron los estudiantes y los padres y madres de los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte el subcomandantes insurgente Moisés declaró que “acompañarían” a los familiares en su lucha por encontrar a sus hijos, situación que al parecer superará la retirada política que desde 2006 había realizado la dirección del EZLN de la escena nacional.
Los sectores que planean organizar la lucha por una Asamblea Constituyente convocan para el 5 de febrero, día en que se conmemora la adopción de la Constitución de 1917 producto de la Revolución mexicana, su primera reunión del año. También los estudiantes se reúnen para organizar nuevos paros. En el seno de los grupos socialistas y revolucionarios hay discusiones y pláticas que anuncian coaliciones y frentes. Una tarea impostergable del 2015 será la de concebir y aplicar la estrategia para que los trabajadores arrojen su poderosa fuerza en la balanza de esta lucha para hacerla invencible.
Para los grupos socialistas y comunistas revolucionarios su objetivo deberá incluir, sin alejarse de la gran corriente social masiva, apresurar la convergencia para constituir una masa crítica organizadas que permita que el programa en favor de un gobierno de los trabajadores se convierta en la guía estratégica hacia la victoria de la rebelión democrática en marcha.
Estas líneas se escriben el día en que se cumplen 100 días de la desaparición de los 43. Han sido cien días en que la población de México presenció un cambio abrupto de su consciencia política y en el que amplísimos sectores sociales en marchas, en mítines, en auditorios, en cines, en escuelas, en sindicatos, en iglesias y en numerosos lugares se oyeron las voces multitudinarias que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... hasta llegar a 43 y culminaban con un grito que exigía ¡JUSTICIA!
El gobierno de Peña Nieto intentó burdamente durante una semana enterrar las atrocidades de Iguala en el campo municipal bajo el control formal de un alcalde asesino del PRD, creyendo ilusamente que su gobierno podría eludir responsabilidades. Una apreciación por completa errónea que se le revirtió con creces cuando tardíamente la PGR debió “atraer” el caso. La penetración descarada de personajes e influencias del narcotráfico en la alcaldía de Iguala no era privativa de los municipios presididos por el PRD, como antes se había demostrado en la crisis de Michoacán que obligó a Peña Nieto a intervenir con un comisionado especial que actuó como real jefe del estado, debiendo renunciar un gobernador priista rodeado de funcionarios y familiares en contacto con los narcotraficantes.
Ante la avalancha de protestas y movilizaciones presidente Peña ha llamado a “superar” lo sucedido y en la práctica su gobierno quiere darle carpetazo lo más pronto posible. Pero la situación hoy es muy diferente a la de crisis anteriores. No sólo los activistas, los sectores democráticos y revolucionarios, sino voceros de la opinión burguesa más conservadora reconocen que la movilización masiva que ha surgido exigiendo la presentación de los 43 normalistas no tiene precedente y que las protestas callejeras seguirán y que no es posible creer en una política que le “apueste al olvido” como quiere Peña Nieto. El Universal, uno de los diarios más importantes de la ciudad de México, de una orientación claramente conservadora, publicó los resultados de una investigación de su Centro de Investigación y Análisis que vale la pena citar. “Durante 87 días, del 1° de octubre al 26 de diciembre se han registrado 44 movilizaciones públicas en México y en el mundo con la demanda común de la localización con vida de los jóvenes maestros desaparecidos, que no haya impunidad y se castigue a los responsables del crimen colectivo”. (El Universal, 31.12.14). Los datos concretos son elocuentes: en ese periodo de 87 días en 36 hubo algún tipo de movilizaciones, lo que significa que tres días de cada semana ha habido protestas por el caso de Iguala, solo en octubre fueron 17 los días en que se realizaron movilizaciones y en noviembre ocurrieron las más multitudinarias. De las 44 manifestaciones el 73% se realizaron en México (en 17 estados) y el resto al nivel internacional (en 21 países). En México se realizaron en el Distrito Federal y en Guerrero las más concurridas y numerosas y además en los estados de Morelos, México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Durango, Colima, Sinaloa y Sonora. En el mundo la imagen de México salió a relucir muy diferente a la ofrecida por la propaganda turística del gobierno y las protestas no se hicieron esperar abarcando a países como Brasil, Chile, Escocia, Reino Unido, China, Vietnam, Singapur, India , Indonesia, Corea del sur, Argentina, Suiza, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España y Noruega. El 5 de noviembre pararon más de 100 instituciones de educación superior (universidades e institutos técnicos) en México.
La crisis desbordó de tal forma las fronteras nacionales que organismos internacionales oficiales se pronunciaron al respecto censurando el comportamiento del gobierno de Peña por su incapacidad de garantizar un estado de seguridad nacional a la población. Declaraciones de instituciones gubernamentales como el Departamento de Estado de EUA, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente lo hicieron organismos no gubernamentales como la Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuyo director de su sección mexicana, Perseo Quiroz resumió muy bien la situación: “los acontecido en Iguala ha generado una movilización nacional sin precedentes a la que se ha sumado la indignación mundial”.
Hay que señalar finalmente las inauditas movilizaciones en la época de las fiestas de fin de año: el 24 y el 31de diciembre los familiares de los desaparecidos, acompañados por un millar de personas solidarias, se hicieron presentes en la casa presidencial de Los Pinos bajo la consigna de que si para ellos estos días no son de fiesta por la desaparición de sus hijos, para las autoridades tampoco debe haber fiesta. Y la realizada el día 26 de diciembre recordando el tercer mes de la desaparición de los 43 en pleno centro histórico de la ciudad de México, donde reafirmaron su decisión de que en el 2015 sigan y crezcan las movilizaciones por la búsqueda de sus hijos.
La demostración de lentitud e incapacidad de las autoridades gubernamentales para satisfacer plenamente las demandas de una investigación profunda de los crímenes, para castigar a los autores principales tanto intelectuales como ejecutores directos y la clara tendencia de hacer que el asunto sea superado con un carpetazo burocrático coincidió estrictamente con la noticia de que la esposa del presidente Peña y el secretario de Hacienda eran propietarios de lujosísimas mansiones valuadas en millones de dólares construidas por una empresa directamente responsable de la construcción de obras públicas durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México y en la actualidad responsable de contratos del gobierno federal. Un escándalo clásico de corrupción ligado a un “conflicto de intereses” se agregó para enardecer más la ira e insatisfacción de millones de ciudadanos con los procedimientos de los más altos gobernantes.
2015: la combinación explosiva
El inicio de 2015 se da en condiciones en que confluirán diversos procesos económicos y políticos de alta potencialidad conflictiva. En junio el barril de petróleo se cotizaba a más de 100 dólares. Al cerrarse el 2014 el barril había caído a 47.04 dólares, es decir experimentando una pérdida del 54.01 % en su precio. Y como directa consecuencia de lo anterior se ha producido al mismo tiempo una revaluación del dólar cuyo cambio subía de 13 a 15 pesos por dólar, un tipo de cambio que no alcanzaba desde la crisis de 2007. Aunque no en los niveles de dependencia que tienen los países árabes o Venezuela de la renta petrolera, la economía mexicana depende también mucho de ella. Lo que está sucediendo en el mercado internacional del petróleo afectará directamente a los planes de Peña Nieto por dos determinantes: la drástica disminución de sus ingresos presupuestales tanto por la disminución de los ingresos de Pemex (que contribuye con más de la tercera parte del presupuesto federal) como por la privatización de sectores de la industria anteriormente estatizada por completo y el hecho de que la licitación de los yacimientos petrolíferos a las empresas petroleras extranjeras que las nuevas leyes aprobadas permiten, se dará en el peor momento posible. El gobierno de la restauración priista de Peña Nieto se jactaba de ser el que “movería” a México superando el estancamiento económico de décadas y proyectando una etapa muy positiva de crecimiento económico que producirían las “reformas de estructura” que estaban en el primer lugar de sus planes gubernamentales. En los últimas tres décadas el promedio del crecimiento económico anual no ha rebasado el 3.0% y en los últimos años apenas rasca el 2.0%, índices prácticamente idénticos a los del crecimiento demográfico de una población que ha superado los 115 millones de habitantes. Este estancamiento ha tenido consecuencias devastadoras en las condiciones de vida de la abrumadora mayoría de la población. Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social desde 1992 no crece el ingreso de los hogares a pesar de los innumerables programas y acciones (de muy baja calidad) que no logran detener la precipitación de la población a situaciones de pobreza y de extrema pobreza. (La Jornada, 01.02.15). Como se aprecia la situación imperante en el rubro económico no es nada favorable para que los optimistas planes originales del gobierno priista puedan impedir un combinación explosiva cuando esta decadencia económica converja con el sensible deterioro de la situación política.
El año 2015 será un año profundamente “político” en el cual el movimiento social de protesta contra la corrupción y la impunidad de las autoridades responsables de las atrocidades de Guerrero y de todo el país confluirá con las elecciones de julio para la renovación de la Cámara de diputados y para las gubernaturas y autoridades municipales de varios estados. Pero evidentemente la decadencia y el profundo desprestigio de los partidos “registrados” plantea con urgencia el qué hacer en estos comicios sin legitimidad alguna, que sólo elegirán a personajes similares a los que ocupan hoy los cargos que serán puestos a elección. Los diputados y los candidatos del trío de los partidos principales pilares del sistema político gobernante (PRI, PRD y PAN) son los representantes que encarnan dichas autoridades desde el nivel municipal hasta el federal impugnadas por las masivas movilizaciones de protesta. Esta contradicción ya está produciendo una oleada cada vez más poderosa en amplios sectores. ¿Para qué votar a candidatos de los mismos partidos responsables de las atrocidades? ¿Por qué participar en un sistema electoral tan restrictivo, antidemocrático y fraudulento controlado firmemente por esos partidos? El viejo Instituto Federal Electoral (IFE) que ha sido transformado en el nuevo INE no es de ninguna manera garantía de elecciones legítimas y democráticas, sigue siendo la estructura que mantiene, de hecho fortalecida, la misma maquinaria que produjo el gigantesco fraude de 2006 y los innumerables chanchullos y trapacerías que hicieron de las siglas del IFE sinónimo precisamente de eso, de fraude.
Una cada vez más poderosa corriente popular, predominantemente de jóvenes ha surgido que propone el boicot a las elecciones del 2015. Igualmente la cuestión de la necesidad de refundar el Estado por medio de una Asamblea Constituyente se abre paso en el seno de amplios sectores. Destacan entre éstos Cuauhtémoc Cárdenas; el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Ver; el padre de una víctima de los narcotraficantes el escritor y poeta Javier Sicilia y el profesor universitario Pablo González Casanova. Pero lo más importante es que han sido los mismos familiares de los 43 y sus aliados los que han llamado a boicotear las elecciones de julio próximo, convocadas para elegir a los pares de quienes hoy se niegan a investigar a profundidad los crímenes de Iguala, encubren a los culpables materiales e intelectuales y desean cerrar lo más pronto posible el caso para que se olvide del mismo modo que sucedió con los numerosos casos de desapariciones y masacres anteriores como la matanza de los 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos en Allende, Coahuila en marzo 2011, para no hablar de la matanza de Tlatlaya. Lo diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea que no tiene trazas de que va amainar en 2015.
El papel del Ejército
Desde el día siguiente de la noche del 26-27 de septiembre uno de los aspectos clave de la recreación de los hechos ha sido determinar el papel del ejército. Los reportajes publicados señalaban su presencia, por ejemplo en la clínica a la que los estudiantes llevaron a varios de sus compañeros heridos. Por estudiantes que lograron escapar se supo de la actitud prepotente de los militares increpándolos e incluso amenazándolos. Pero las informaciones oficiales negaban siempre que los militares hubieran participado de algún modo en las acciones. Después el procurador federal Murillo Karam en su conferencia tristemente famosa de noviembre por “su cansancio”, hizo una observación extraña ante una pregunta de los periodistas. Dijo él: “Afortunadamente el Ejército no intervino pues lo hubiera hecho en apoyo de las autoridades [municipales]”. Ciertamente algo no cuadraba en estas explicaciones. Es inverosímil que en Guerrero ocupado desde hace 50 años por miles de militares que en el estado han combatido guerrillas, instalado una red de retenes, ejercido labores de represión sin cuento, participado en labores de quema de plantíos de mariguana, de cateo de establecimientos en la búsqueda de drogas, con grandes cuarteles instalados en varias poblaciones, incluida Iguala, o sea que no sucede nada sin su conocimiento, haya ocurrido tamaño crimen sin que se dieran cuenta.
La revista Proceso correspondiente al 14 de diciembre de 2014 derrumbó la versión oficial del procurador federal mostrando con videos y declaraciones de normalistas sobrevivientes que la policía federal participó en la gresca entre los estudiantes y los policías municipales e incluso que el Ejército estuvo involucrado aunque todavía no se aclara ni especifica la forma en que lo hizo. El Ejército, como bien señalan los padres de familia de los normalistas desaparecidos, es culpable por participar en la noche del 26-27 de septiembre ya sea activamente en el secuestro o bien por omisión de dejar hacer y dejar pasar un crimen de tal magnitud efectuado prácticamente en sus narices.
Ha sido en Guerrero en donde el nivel de la protesta y de las acciones ha llegado a niveles de confrontaciones violentas que han estado al borde de concluir en nuevas masacres. A mediados de diciembre, los familiares y sus aliados realizaron una manifestación en Iguala y durante un mitin frente al cuartel militar la tensión subió a peligrosos niveles, estando los militares en una situación a punto de disparar contra la multitud. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega lo ha dicho tajante y ominosamente: “Hay [en el gobierno] quienes están decididos a dar la orden de reprimir las protestas. Es ingenuo creer que no van a ser frenadas manifestaciones más radicales”. (La Jornada, 02.01.15). Lo dice el gobernador de un estado en que de hecho se han producido ya en varios municipios tomas de alcaldías por parte de los maestros de Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) y sus aliados. En gran parte del estado se están llevando a cabo procesos semiinsurreccionales: 35 comunidades organizadas han tomado los palacios municipales, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la entidad y han constituido las Asambleas Populares Municipales. De hecho el proceso de la aparición de las “autodefensas” que ha cundido en el estado vecino de Michoacán desde finales del 2013 y que obligó a Peña Nieto a intervenir directamente con un procónsul y a destituir al gobernador desbordado por completo a principios del 2014, fue un anuncio de lo que sucede hoy en Guerrero: una lucha por la supervivencia ante el completo derrumbe de los aparatos de seguridad oficiales infiltrados por los cárteles o de plano desbordados por la situación.
El secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejército, general Cienfuegos ha declarado que “sólo con el esfuerzo de todos, con la suma de voluntades y con unidad nacional, podremos consolidar el rumbo hacia el progreso y el desarrollo”. Y agregó, “los grandes retos que afrontamos, como la inseguridad y el crimen organizado, son problemas de todos y sólo juntos podremos vencerlos, son problemas de Estado, no de gobierno”. Pero el papel de los militares ¿no está contribuyendo más que al progreso y al desarrollo a la desestabilización y a la represión como fehacientemente lo demostró el caso de Tlatlaya y puede que no tarde en evidenciarse cuando se sepa el real papel que desempeñó en la masacre de Iguala? No es nada alentadora la situación que el gobierno continúa promoviendo en la que el protagonismo militar es cada vez más conspicuo. Los informes que se han filtrado de la creciente “colaboración” de asesores y en general personal militar de EUA con los militares mexicanos. Para el gobierno de EUA lo que sucede en México le interesara cada vez más, entendiendo que para la política imperialista la frontera sureña de tres mil kilómetros con México es de prioridad mayor para su “seguridad nacional”. Y así la dominación económica y social que ya ejerce EUA en México tenderá combinarse con una presencia militar también creciente.
Las alternativas políticas
Las elecciones de julio de este año van a realizarse con un debilitadísimo sistema de partidos. El PRI de Peña Nieto desprestigiado y con la carga de ser el directamente encarado ante una población iracunda. Un PRD desfondado, en caída vertical sin que tenga la menor capacidad de erguirse con fuerza y dignidad al estar dirigido por un grupo de políticos cínicos, corruptos y cada vez más dependiente del propio gobierno peñista. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas ha venido a expresar sin rodeos su decadencia sin remedio, convertido en una desnuda franquicia electoral sostenida únicamente con las prerrogativas del INE. Después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD y con él de cientos si no es que de miles de miembros, el PRD perderá fuerzas fundamentales que ya se prevé que lo desbancarán de su lugar como tercera fuerza partidaria del sistema electoral vigente. Un PAN arrinconado, también dependiente del presidente y sin la menor iniciativa para intervenir en una situación que lo desborda.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) constituido a imagen y semejanza de López Obrador no se ha pronunciado directa y sin ambigüedades sobre el significado profundo de la crisis que representa lo sucedido en Iguala y en general en todo el estado de Guerrero: el desplome de las políticas reformistas de la estirpe nacionalista revolucionaria del viejo PRI anterior a los años 80’s que Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD trataron de de resucitar a partir de 1988-89, todo lo cual AMLO compartió cuando se unió al PRD después de su salida del PRI en 1990. Aparte del hecho del chapoteadero que significó el escándalo del alcalde asesino José Luis Abarca patrocinado por un notorio partidario obradorista, el problema de fondo es que Morena representa más de lo mismo: un electoralismo limitado, sin un programa para enfrentar la tremenda crisis nacional que atravesamos y caudillista sin redención. Lo que sucedió en el PRD durante 2006 a 2012 tuvo que ser conocido por López Obrador y su alianza con los Chuchos en 2012 no puede esquivarse, fue un matrimonio de la más cruda conveniencia que no habla muy bien de los principios políticos del guía, ideólogo, futuro candidato presidencial y factor hegemónico indiscutible de la organización.
La perspectiva revolucionaria
La luz que han alumbrado los acontecimientos de Iguala, la ejemplar postura que han adoptado los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la inaudita y maravillosa solidaridad nacional e internacional que ha despertado el martirio de los estudiantes de Ayotzinapa han sido, son y seguirán siendo gérmenes de grandes jornadas de lucha con potencialidad emancipatoria. Hasta ahora la base fundamental de las movilizaciones ha sido la juventud, aunque ya se incorporan sectores numerosos de trabajadores, y en el estado de Guerrero, también las poblaciones más pobres de Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, Tierra Caliente y Chilpancingo. Tal y como hemos intentado señalar en el texto en 2015 se abrirá una oportunidad con grandes posibilidades de transformaciones radicales en México. El impulso emancipador y liberador de lo que representa la lucha por la presentación de los 43 da fuerza e infunde optimismo a quienes se solidarizan con ella. Del otro lado, en el gobierno de Peña, en el seno de los partidos gobernantes y entre los grandes empresarios reina la incertidumbre. Lo única certidumbre que existe en el establishment decadente mexicano es que “el estado de derecho será impuesto, incluso con medidas autoritarias”. Históricamente en México esta política tiene nombres siniestros que evocan décadas de aplastamientos de movimientos insurgentes: Tlatelolco, los halcones, la guerra sucia, la represión como sistema. Y en la mayoría de estos casos ha sido la sombra del Ejército la que se ha proyectado ominosa y lúgubremente. ¿Cómo se proyectará en 2015?
Por el momento podemos apuntar ya para los primeros días del año acciones que buscan lograr crear un amplio, no excluyente, movimiento de lucha que abarque a los mayores sectores posibles. En el México profundo de las masas indígenas insurrectas también encuentra eco la lucha de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El 2 y 3 de enero el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) realizan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, y allí hablaron los estudiantes y los padres y madres de los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte el subcomandantes insurgente Moisés declaró que “acompañarían” a los familiares en su lucha por encontrar a sus hijos, situación que al parecer superará la retirada política que desde 2006 había realizado la dirección del EZLN de la escena nacional.
Los sectores que planean organizar la lucha por una Asamblea Constituyente convocan para el 5 de febrero, día en que se conmemora la adopción de la Constitución de 1917 producto de la Revolución mexicana, su primera reunión del año. También los estudiantes se reúnen para organizar nuevos paros. En el seno de los grupos socialistas y revolucionarios hay discusiones y pláticas que anuncian coaliciones y frentes. Una tarea impostergable del 2015 será la de concebir y aplicar la estrategia para que los trabajadores arrojen su poderosa fuerza en la balanza de esta lucha para hacerla invencible.
Para los grupos socialistas y comunistas revolucionarios su objetivo deberá incluir, sin alejarse de la gran corriente social masiva, apresurar la convergencia para constituir una masa crítica organizadas que permita que el programa en favor de un gobierno de los trabajadores se convierta en la guía estratégica hacia la victoria de la rebelión democrática en marcha.
Estas líneas se escriben el día en que se cumplen 100 días de la desaparición de los 43. Han sido cien días en que la población de México presenció un cambio abrupto de su consciencia política y en el que amplísimos sectores sociales en marchas, en mítines, en auditorios, en cines, en escuelas, en sindicatos, en iglesias y en numerosos lugares se oyeron las voces multitudinarias que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... hasta llegar a 43 y culminaban con un grito que exigía ¡JUSTICIA!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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