Comprender Ayotzinapa y el movimento de indignación.
César Enrique Pineda[1]
Noviembre de 2014
En la imagen, miles de estudiantes marchan el pasado 5 de noviembre de 2014,
en apoyo de Ayotzinapa.
I.
Ayotzinapa es el resultado de tres procesos que resultaron en tragedia. El primero es la política federal neoliberal de desmantelamiento del proyecto histórico de las normales rurales. Dicha ofensiva, ha dejado en el pasado numerosos procesos de conflicto y enfrentamientos entres los estudiantes organizados que defienden a sus propias escuelas y los gobiernos estatales, que han fungido como la mano dura de una política nacional federal. Los casos del Mexe y de Mactumatzá, derivaron en su momento en abiertos procesos de lucha y resistencia estudiantil, así como en Ayotzinapa mismo, donde la represión ante la movilización estudiantil dejó dos muertos en 2011.
El segundo proceso al que nos referimos es a la política de contención, división, infiltración y represión contra los movimientos y actores sociales en Guerrero. Si bien la política represiva en dicho estado es histórica, lo cierto es que su reconfiguración en los últimos años, ha significado la abierta criminalización de movimientos sociales con el encarcelamiento selectivo por un lado, y acciones represivas basadas en el terror, la desaparición y el asesinato selectivo por el otro. La combinación de técnicas de contrainsurgencia, paramilitarismo, todas ellas ligadas también abiertamente a grupos narco-criminales han derivado en una oleada de hostigamiento, amedrentamiento y muerte que vulneró y debilitó a numerosas expresiones del movimiento indígena, campesino y popular en dicho estado. La criminalización y contrainsurgencia sin embargo, es producto de la concentración del poder durante décadas en Guerrero, con la utilización facciosa, familiar, caciquil, autoritaria y profundamente violenta del régimen, que los cambios del partido en el poder no modificaron con los dos últimos gobiernos de la llamada “izquierda institucional”.
Por último, el tercer proceso refiere al reordenamiento del poder tanto estatal como federal y su vínculo abierto con el narcotráfico-crimen organizado, derivado de una competencia acelerada entre los principales partidos políticos; disputa pragmática del poder, con importantes señales de descomposición partidaria, que implican sin embargo una rivalidad que se vale de todos los medios para obtener alcaldías, gubernaturas, senadurías y diputaciones en una lógica de mercado electoral. Todos los partidos sin importar su aparente configuración ideológica han entrado en un intenso proceso que tendencialmente los desfonda de diferencias programáticas importantes y, en especial, un reordenamiento provocado por la alternancia política que abrió las puertas a la colusión con el narcotráfico pero también con múltiples intereses empresariales y mafiosos. El narcoestado, es un proceso profundo, de descomposición de todos los partidos, las estructuras de seguridad, gubernativas y judiciales. Esta descomposición se desarrolla con el mantenimiento de muy viejas formas del régimen autoritario mexicano, cuyos mecanismos de control, poder, simulación democrática, corrupción, concentración, clientelismo no cambian a pesar de que distintos partidos alternen en la gestión gubernamental. El régimen autoritario y antidemocrático sigue en pié, nunca se fue, pero ahora, muchas de sus instancias, están coludidas abiertamente con el narcotráfico, ya que las lógicas de mercado electoral y mercado criminal se intersectan y se complementan. El caso del narcoalcalde Abarca hace evidente un funcionamiento donde no hay un estado “capturado” o “penetrado” por las redes criminales. Ayotzinapa permite comprender dicho funcionamiento: el alcalde utiliza como brazo paramilitar al grupo criminal para golpear opositores y mantener el orden político caciquil-empresarial-clientelar y de corriente partidaria local y el grupo criminal usa al alcalde para lograr impunidad y monopolio comercial en la “plaza” de Iguala. Ambas lógicas, las del mercado electoral y la del mercado criminal se reúnen en simbiosis.
Neoliberalismo educativo para las normales, estado represivo y contrainsurgente en Guerrero y régimen autoritario narcoestatal, son los tres vectores que encerraron a Ayoztinapa en una triple trampa mortal. Ayotzinapa devela, revela, desnuda el funcionamiento del poder en México y de su descomposición profunda y quizá, irreversible.
II.
La crisis de Ayotzinapa no es de ninguna forma una crisis de seguridad pública y violencia del crimen organizado. Ayotzinapa representa el deterioro acelerado del Estado mexicano en su conjunto y de la clase política en particular. La crisis de violencia que vivimos en México alcanza por el número de muertos y desaparecidos, cifras de guerra. La descomposición del país sin embargo y la violencia es la consecuencia, no la causa, el síntoma de tres procesos de expansión agresiva económica. La “guerra” que vivimos es producto de tres grandes procesos de conflictividad y si no comprendemos sus lógicas y cómo se interrelacionan, no podemos parar esta masacre. Esos procesos de conflictividad tienen que ver con la expansión sin límite de la economía, de las inversiones, del capital.
El primero de ellos es el crecimiento económico explotador que requiere de mayor precarización, desindustrialización, terciarización y destrucción de derechos colectivos que ha reconvertido al país, fragmentándolo en numerosas zonas de mano de obra barata para el mercado mundial. Este proceso ha pauperizado por un lado, pero también arrojado a las manos de los grupos criminales a enormes contingentes sociales. Ciudad Juárez, la maquila y los feminicidios representan este tipo de proceso.
El segundo, es el crecimiento económico depredador que requiere expandirse sobre la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales, fragmentando el territorio en zonas de abastecimiento de materias primas y territorios para nuevos mercados. Esta verdadera batalla de avance sobre la naturaleza ha provocado la resistencia en más de 200 procesos en México, generalmente comunitarios y mayoritariamente de los pueblos indígenas y campesinos. Wirikuta, Xochicuautla, Atenco, La Parota representan este tipo de conflictividad. Esta segunda batalla cada vez más está impregnada también de la intervención de los grupos narcocriminales, como en Ostula y Cherán, o en la colusión de grandes empresas mineras extractivas pagando al narcotráfico. Podemos imaginar ahora con Ayotzinapa y su narcoalcalde procesos de funcionamiento similar en cada uno de estos casos, articulados a poderes estatales locales, regionales o estatales.
El último proceso es el del crecimiento con tintes gigantescos del conglomerado del mercado criminal de narcotráfico, armas y trata de personas que en la última década se constituyó como la tercera gran vía económica de crecimiento capitalista en nuestro país. La economía criminal representa quizá casi la mitad de los procesos de mercado de todo el planeta. La economía criminal funciona bajo la misma lógica que los mercados “legales”: la búsqueda de la máxima ganancia, la búsqueda incesante de nuevos mercados, control monopólico, competencia despiadada y su organización en corporaciones transnacionales. Así funciona también el narcotráfico pero la utilización de la violencia armada sí distingue a estos “empresarios radicales”. La economía criminal de las drogas es parte del capitalismo global y de las estructuras y premisas de su funcionamiento llevadas a un punto de violencia sin límites. Es la expresión radical del libre mercado desregulado. Estas tres lógicas de acumulación capitalista son uno de los factores de desarticulación y fragmentación del país que deriva en una competencia frenética por mano de obra, recursos y mercados ilegales. Es la barbarie del libre mercado desatado.
Mano de obra barata, abastecimiento de materias primas y zona de industria criminal bien pueden ser las tres coordenadas para comprender al México de hoy.
III.
Ayotzinapa acontece en medio del gran auge reformador del régimen de Enrique Peña que había logrado aglutinar a la clase política toda alrededor de su programa, así como logrado un consenso importante entre la elite económica, avanzando en un momento de intensa debilidad de las fuerzas populares y antisistémicas. El reflujo de la movilización social y la escasa resistencia a las iniciativas de Enrique Peña Nieto han permitido que en los dos años de su gestión, avanzaran reformas y procesos de privatización y mercantificación que no habían sido viables ni posibles en las últimas dos décadas, debido a la oposición y resistencia de los trabajadores, los pueblos indios y muchas otras fuerzas populares, fuerzas debilitadas, agostadas, derrotadas o aisladas en los últimos tiempos.
La crisis política sin embargo, desatada por las desapariciones, es la más importante del régimen y quizá la más relevante desde el parteaguas de 2006. Ello debido a la aparición en poco menos de un mes, de múltiples actores movilizados. En Ciudad de México un emergente pero masivo y poderoso movimiento estudiantil, es la columna vertebral de la movilización ciudadana, representado en la asamblea interuniversitaria. De manera menos visible La Plataforma de solidaridad con Ayotzinapa integrada por organismos civiles y sindicatos quienes convocaron a los días de acción global. En Guerrero, la crisis política estatal desatada ha hecho converger a las fuerzas populares y antisistémicas locales en la asamblea nacional popular. La sociedad civil nacional e internacional aunadas a la visibilidad mediática han mellado la credibilidad del gobierno de Peña Nieto. Estos cuatro actores: movimiento estudiantil y sociedad civil en Ciudad de México, plataforma de solidaridad, movimiento popular guerrerense y sociedad civil movilizada nacional e internacional han provocado que el régimen tenga que reaccionar y ha detonado una crisis política profunda debido a la gravedad del caso.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes, ha cruzado un umbral: combina por un lado, las técnicas políticas represivas y estrategias de terror contrainsurgente de regímenes autoritarios con la actuación del narcoestado por primera vez de manera abierta. Aunque la desaparición forzada se ha normalizado en el ambiente de violencia y guerra que se vive en el país, no se había utilizado de manera tan masiva, abierta y contundente contra una organización del movimiento popular. Aunque las técnicas de asesinato selectivo encubierto, son comunes contra el movimiento social y masivas en el clima de guerra contra el narcotráfico, el asesinato y ataque abierto no se había realizado de manera tan evidente. Ni la represión política, ni la desaparición forzada, ni las ejecuciones extrajudiciales, son hechos aislados en el país, pero por su forma, magnitud, combinación, posibles móviles y contexto, el caso de Ayotzinapa rebasa por mucho, otras crisis y emergencias nacionales. Esta gravedad de Ayotzinapa, ha sido leída por la sociedad civil nacional e internacional y ha provocado una reacción de indignación generalizada, debido en especial a un cúmulo de agravios y excesos del poder que suman una cadena de indignaciones. En sólo unas semanas el país se ha visto envuelto en un proceso de movilización sumamente intenso que no había sucedido desde hacía años.
IV.
El mensaje de Murillo Karam, ha abierto una nueva fase del conflicto. Primero, porque el Estado, frente a la presión de la movilización nacional e internacional y la crisis política que ello representa, tuvo que presentar una explicación ante la opinión pública. Dicha explicación es un parteaguas por dos razones: la primera es que el Gobierno federal con su macabra descripción de su línea de investigación más importante, ha tenido que reconocer frente al mundo el tipo de violencia sin límite que vivimos. Sin embargo, ha sido cuidadoso de presentarlo como un caso excepcional, restringido a Guerrero. Los intentos del Gobierno Federal de no ser alcanzado por la crisis han tratado de contener la impugnación contra el presidente de la república, culpando al alcalde de Iguala o incluso al gobernador de Guerrero de todo el proceso.
Por el otro lado, el movimiento no ha sido capaz de explicar la grave crisis de autoritarismo que se vive en Guerrero y no ha explicado del todo, que Ayotzinapa significa no un problema local de seguridad por el crimen organizado, sino la expresión más aguda de la crisis y descomposición del Estado mexicano todo. Es por ello, que, presentado como un crimen horrible pero local, altisonante pero aislado, la presidencia ha podido “compartir” el dolor y la solidaridad tanto con las víctimas directas y sus familiares como con el movimiento de indignación que recorre el país.
La segunda razón de importancia es que hasta el mensaje de Murillo Karam, todo el movimiento había orbitado alrededor de los padres de familia, Ayotzinapa y la demanda de presentación con vida de los desaparecidos. Los días de acción global por el otro lado permitieron la convergencia de una diversidad polifónica, de ideologías, sectores y movimientos que no se vivía desde el alzamiento zapatista. Esa diversidad incluye por un lado, las condiciones radicalizadas de Guerrero que hablan de una situación local preinsurreccional. Por otro lado, la lógica de movilización en Ciudad de México que al igual que en el conflicto chiapaneco, significa la caja de resonancia multitudinaria que orienta la acción nacional e internacional. El movimiento desde los primeros momentos ha contenido varias formas de impugnación: es movimiento de solidaridad y apoyo por un lado; de indignación, que reúne los múltiples agravios por la seguridad, la violencia y el hartazgo no sólo en temas de seguridad; también, ha tendido a cuestionar al régimen en su conjunto, sea como responsable de Iguala en particular o llegando al punto de que la indignación se vuelve impugnación antipeñista.
El movimiento tiene varios retos por enfrentar y tensiones propias. La primera de ellas es que a partir del discurso de la PGR si bien es lógico y ético seguir acompañando a los padres en su demanda central, la tensión principal del movimiento es cómo sintetiza la impugnación general de indignación y crítica al régimen en su conjunto, ya que la mayoría del movimiento demanda un cambio radical o una indignación profunda de rechazo a la clase política. El movimiento tiene una primer tensión entre la demanda de los padres de familia que compartimos y su articulación con una demanda más general de cambio que también todos intuimos compartir pero no sabemos formular, y se expresa con las consignas generales de “ya me cansé”, “que se vayan todos”, “peña nieto renuncia” que en redes sociales, marchas, pancartas, consignas aparecen junto al apoyo solidario e indignado a Ayotzinapa pero no se cristaliza ni en demanda, pliego o consigna alguna de todas y todos.
Una segunda tensión de propio movimiento es cómo hacer converger a la multiplicidad y diversidad del movimiento. Hasta ahora su sinergia se había logrado con la formulación de los “días de acción global” que permitían que un mismo día pudieran realizarse de manera simultánea las acciones de todo tipo: desde misas y performances, hasta las marchas y protestas frente a embajadas, desde la marcha unitaria en Ciudad de México hasta incluso, las acciones directas. Sin embargo, por el surgimiento de varios actores (la interuniveristaria y la asamblea popular de Guerrero) los días de acción global lanzados por la plataforma de solidaridad con Ayotzinapa han quedado rebasados.
Una tercera tensión entre todos los actores organizados es su estrategia diversa y polifónica frente a la coyuntura: Ayotzinapa cuyo proyecto político corresponde al del FCSUM; la asamblea de Guerrero donde convergen innumerables fuerzas, entre ellas la Policía Comunitaria, el movimiento magisterial, el movimiento campesino antirepresa de la Parota y agrupaciones radicales que no sólo actúan en ese estado, junto a la presencia externa a la asamblea de los grupos armados de Guerrero; las corrientes universitarias y asamblearias del movimiento estudiantil, así como las organizaciones de la plataforma de solidaridad.
Dichas estrategias tienen que ver en cómo cada espacio, organización o asamblea analiza la coyuntura: los padres por supuesto, seguirán demandando la presentación con vida o bien las pruebas de sus muertes y junto con ellos el movimiento en su conjunto; otros, ven la crisis política como el momento de obligar al estado a reformas importantes en materia de derechos humanos que permitan que Ayotzinapa no se repita; frente a la movilización estudiantil otros priorizan la autoorganización para aglutinar al hasta hace poco más de un mes inexistente movimiento multitudinario; otros sin embargo, evalúan la situación como pre insurreccional, no sólo en Guerrero sino en todo el país, o bien como la fuerza que puede lograr la caída del gobierno del Peña Nieto. A su vez, en esta orientación o perspectiva, existen dos visiones que comparten el mismo objetivo pero no la táctica de lucha: aunque muchos aspiran a derrocar al régimen, unos creen que lo lograrán con la confrontación directa más o menos violenta y otros creen que lo lograrán con mayor presión masiva o multitudinaria no necesariamente de choque directo.
Estos tres retos deben ser enfrentados rápidamente, porque existen signos de que el movimientos en su diversidad, podría comenzar a dispersarse.
El movimiento de indignación nacional frente a Ayotzinapa ha ido evolucionando y madurando. No es un movimiento que exija mayor seguridad como lo hizo en el pasado las movilizaciones de grupos de derecha, de las “marchas de blanco”. Tampoco es un movimiento que exija en términos más horizontales incidencia en la política de seguridad ni pactar con el Estado cambios en la orientación en dicha materia como lo hizo el Movimiento por la paz con justicia y dignidad. El movimiento de indignación ha puesto sobre la mesa un nuevo señalamiento: el problema de seguridad en México es el Estado mismo, el régimen, y no se resolverá mientras no haya un cambio en el mismo. Esa radicalidad tiene además numerosos signos de estar convirtiéndose a su vez en una revuelta antiautoritaria de nuevo tipo, encabezada esencialmente por estudiantes y jóvenes.
Al igual que el 68 mexicano, el hartazgo frente a los excesos del poder ha ido creciendo. La explosión de Ayotzinapa reúne la indignación frente a la crisis de seguridad, pero también la indignación frente a la corrupción, la impunidad, el autoritarismo y la descomposición de la clase política. La pregunta decisiva es si el movimiento de indignación, pasa a ser revuelta e incluso, rebelión, y este es el punto decisivo que puede marcar el rumbo del movimiento y también, del país entero.
Hasta ahora, la clase política aunque enfrentada entre sí, no ha mostrado signos de fisuras importantes. El empresariado comienza a exigir mano dura, y los mensajes del Gobierno Federal sobre la utilización de la fuerza hablan de amenaza frente a la creciente revuelta estudiantil encabezada por normalistas pero con tendencia a radicalizarse al menos, en Ciudad de México. En suma, no hay división de la élite dominante, al menos, hasta ahora. Por el otro lado, aunque las protestas y movilizaciones son multitudinarias, no alcanzan niveles masivos de desbordamiento, de igual forma, al menos hasta ahora. De estos dos elementos depende si el movimiento escala a revuelta y luego rebelión generalizada.
Existen señales subjetivas en torno de ello: desde estudiantes que boicotean los juegos centroamericanos, hasta pobladores que cierran carreteras por horas aún sin estar ligados al movimiento de indignación directamente; desde enfrentamientos locales en Guerrero de los opositores al despojo del río Papagayo con un saldo de varios muertos, hasta movilizaciones locales en Tláhuac; desde manifestaciones y paros en ciudades y universidades sin tradición de lucha en todo el país, hasta los enfrentamientos derivados de las provocaciones policiacas en ciudad universitaria; desde el odio a la pareja presidencial hasta los escándalos por su casa blanca y su torpe viaje a China.
La crispación social está en redes sociales, las calles, sectores no militantes ni organizados, se extiende en capas de amplias franjas de la población y desde el hallazgo de las fosas el 4 de octubre, no ha dejado de crecer. Todas las condiciones subjetivas están convergiendo fortuitamente: movimientos locales desconectados emergen con una radicalidad convergiendo en el contexto de movimiento nacional; la generalización de la protesta estudiantil y juvenil aunada a otros sectores crece o se radicaliza: y en especial, las explicaciones, argumentos, boletines, declaraciones del gobierno federal, de la ciudad y sus instituciones son cuestionadas de manera radical: hay algo inusitado que siempre sucede en momentos de rebelión: los gobernados están dejando de creer en los gobernantes, sus explicaciones aparecen como siempre fueron, burdas explicaciones, montajes, mentiras. Los gobernados han comenzado a dejar de tener miedo: se justifican las acciones radicales, se mira como insuficiente la protesta tradicional.
No sabemos si esta emergencia radicalizante alcanzará el nivel de una rebelión generalizada como sí lo hicieron en Ecuador, Argentina o Bolivia por una diferencia importante: en aquellos estados, al momento de la rebelión, el Estado, el gobierno era una estructura débil, cosa que en México no sucede. En aquellas latitudes en 2000, 2001 y 2003 respectivamente, además, la crisis política había prácticamente desmembrado a la clase dominante. Sin embargo, la crisis política que se vive en México es decisiva en la lucha por el país. Todas las luchas, todas las resistencias, dependen del desarrollo del movimiento de indignación y su futuro. Se anuncia una batalla definitoria entre la clase dominante y los dominados.
México mismo, depende de este movimiento de indignación, que hoy crece con rabia, y también, quizá, con esperanza.
[1]Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordinador del seminario “Pueblos y Territorios” de la Universidad Iberoamericana Santa Fé. Integrante de jóvenes en resistencia alternativa.
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