China: compromisos anticontaminación
Iván Restrepo
E
n diversas ocasiones, las autoridades chinas han anunciado programas de gran alcance con el fin de disminuir los niveles de contaminación que se registra en ese inmenso país. Y muy especialmente en las grandes ciudades (con Pekín como ejemplo más evidente) y los polos industriales o de extracción de materias primas más importantes. Es una forma de garantizar la salud de decenas de millones de personas y, de paso, responder a las exigencias internacionales para reducir la generación de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global. Los centros de investigación más reconocidos de China, así como las organizaciones no gubernamentales concuerdan en que la contaminación es en muchas partes muy elevada. Calcularon que el número de personas fallecidas en 2012 por esa causa fluctuaba entre 350 mil y 500 mil. Cifra que podría ser mayor, habida cuenta que las estadísticas epidemiológicas no son todavía suficientemente confiables, en especial en regiones apartadas de rápido crecimiento industrial o explotación de energéticos, en especial carbón. Precisamente hace un mes se conocieron los resultados de evaluaciones elaboradas por dos universidades en las que se afirma que en el mencionado 2012 quienes murieron por la contaminación fueron mucho más de 650 mil.
Pero la contaminación también causa otros problemas relacionados con la destrucción de los recursos naturales, la biodiversidad, la calidad del agua, para citar apenas tres renglones fundamentales y críticos. Y sin contar que decenas de millones ven reducida su calidad de vida como fruto de un ambiente deteriorado. Se desconoce todavía el costo que la contaminación representa para el sector salud, el laboral y el educativo. Como una forma de hacer realidad el principio de que quien contamina paga, los grupos ambientalistas (todavía sin la suficiente fuerza como para ser un problema político para las autoridades chinas) y quienes trabajan en los centros de investigación los asuntos del deterioro ambiental, coinciden en señalar que ha llegado la hora de que el gobierno dicte normas estrictas para cambiar una situación que afecta a muchos. Entre otras cosas, exigen que en los costos de explotación de recursos y en los procesos de producción industrial se incluyan cargas fiscales para evitar y/o remediar los daños al ambiente y la población. Pero además, para elaborar estudios puntuales sobre contaminantes muy peligrosos, como son las partículas inferiores a 2.5 microgramos, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el plomo.
La urgencia de incrementar y hacer efectivas las acciones para evitar y/o reducir al máximo la generación de contaminantes se enmarca en el acuerdo que China y Estados Unidos anunciaron durante el reciente Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Consiste en tomar medidas que permitan disminuir drásticamente entre 2025 y 2030 los gases de efecto invernadero que generan las dos potencias. Aunque todavía se desconocen los detalles del citado acuerdo, cabe destacar que es la primera ocasión en que el gigante asiático se compromete ante el mundo a reducir la generación de tales gases. Es el máximo generador, seguido por Estados Unidos. Entre ambos son responsables de casi la mitad de todo el dióxido de carbono producido en el planeta. Esta vez China no adujo que si figura en ese para nada primer lugar es porque es el país más poblado. Así las cosas, per cápita, sigue siendo Estados Unidos.
El acuerdo se suma al anuncio de la Unión Europea (que sigue a la cabeza de la lucha contra la generación de gases de efecto invernadero) de recortar las emisiones de esos gases en 40 por ciento para 2030. Lo menos que debe pedir la comunidad internacional de naciones y los grupos organizados de la sociedad es que otros grandes causantes del calentamiento global, destacadamente Rusia, India, Canadá, Australia y Brasil, también anunciaran medidas más drásticas. Sería una forma de contribuir al éxito de la reunión cumbre que en un año más tendrá lugar en París. En ella deben aprobarse las nuevas directrices que sustituyan el Protocolo de Kyoto, que nunca pudo cumplirse por la presión de los grandes intereses económicos.
