Colombia
La gestión neoliberal de la crisis. Recesión económica y coronavirus
27/05/2020 | Daniel Libreros Caicedo, Diego Carrero Barón
1. El choque petrolero y la recesión
De acuerdo a las estimaciones hechas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía colombiana tendrá una recesión mínima del orden del 2% del PIB en 2020 como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad respiratoria COVID-19, al tiempo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica una contracción respecto al 2019 de igual al -2,6% de la actividad económica, influyendo de manera importante al menos tres factores: i) la caída de los precios del petróleo, ii) la medida de confinamiento de la población y iii) la salida de capitales de la región, en la situación más optimista según los organismos internacionales volveremos a los niveles de pobreza de 2018.
La caída dramática en los precios del petróleo afecta a las exportaciones y los ingresos fiscales profundizando los llamados déficits gemelos, el fiscal y el déficit comercial, que antes de la crisis de la pandemia ya llegaba a 4% del PIB, lo que confirma el fracaso de la imposición del modelo extractivista por parte de las elites internas. Debe resaltarse el caso del fracking al que ya en el país se le había dado vía libre mediante la aprobación gubernamental de pruebas piloto y al que en el plano externo ECOPETROL apostó desde el año anterior realizando una inversión de US$ 1500 en el yacimiento de Parmica-Texas.
Para los primeros cuatro meses del año la moneda colombiana se devaluó 23,27%, pasando de $ 3.277/US a $ 4.039/US con corte a 28 de abril. La consecuencia natural es el incremento del esfuerzo que tanto el sector público, como privado, debe hacer para mantener relaciones con los mercados internacionales, particularmente en cuanto tiene que ver con créditos, adquisición de materias primas y maquinaria en el caso de las empresas y artículos de la canasta familiar en el caso de los hogares, sobre todo si se tiene en cuenta que como consecuencia de la apertura económica y los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia en los últimos treinta años en la actualidad se importa el 30% de los alimentos, lo cual genera presiones inflacionarias vía efecto pass-through.
Dicha pérdida del valor del peso frente al dólar refuerza la tendencia de los últimos 8 años de crecimiento de la deuda externa pública y privada en relación al PIB, ya que como se muestra en la gráfica Nº 2 desde el 2012 a enero de 2020 pasando del 25% del PIB a un rango superior al 50% haciendo que Colombia junto con Chile, Perú, Malasia, México y Filipinas sea de las economías emergentes con mayor deuda externa como porcentaje de su ingreso nacional en el mundo.
La tabla siguiente deja ver en este contexto como las expectativas previstas para el país no son las mejores en tanto según el propio Banco Mundial la economía colombiana tendría una recesión del 2% del PIB, lo cual incrementaría al menos en 4,5% la cifra total de desempleo (aproximadamente 1.145.000 empleos como lo prevé el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE).
De igual manera la cuenta corriente incrementaría su déficit en un punto del PIB, llegando al 5,3% y un incremento de la deuda del GNC que haría llegar el mismo a 53% del PIB, sin contar las presiones fiscales sobre departamentos y municipios, en este contexto los niveles de pobreza se incrementarían, con lo que solo hasta 2022, suponiendo que la economía no se prolonga en el tiempo, volveríamos a los niveles de pobreza de 2018.
2. Las responsabilidades del presidente de la República y la Junta Directiva del Banco de la República
En este contexto la política del actual gobierno, utilizando los mecanismos excepcionales del Estado de Emergencia Económica, y de las autoridades monetarias, similar a lo que podríamos caracterizar como una gestión neoliberal ha sido la de favorecer a los grupos financieros mientras deja a la mayor parte de la población abandonada a su propia suerte.
Con relación a las ayudas que le ha suministrado el gobierno es posible resaltar:
i-La creación del Fondo de Mitigación de emergencias, FOME, con recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y del FONPET, los cuales pertenecen a las regiones por una suma de $14,8 billones (Decreto 444 del 2020). Estos recursos, vienen siendo administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y según el artículo 4 del decreto citado podrán usarse para “efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras”; e “invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra”; entre otros.
ii-El giro de $3.5 billones al Fondo Nacional de Garantías con el cual los bancos podrán “desplegar nuevas garantías hasta por un total de $48.15 billones de pesos que se traducirán en nuevos créditos hasta por $80.25 billones de pesos…” para auxiliar supuestamente a las PYMES lo que no viene ocurriendo.
iii-La utilización complementaria del Holding Bicentenario creado por decreto presidencial en noviembre del año pasado conforma a autorización del Plan de desarrollo 2018-2022 que significó una expropiación de los recursos del Sistema Financiero Estatal al mercado de capitales. El aparte pertinente que autoriza esta actuación complementaria establece “que la consolidación del patrimonio de las empresas estatales públicas en cabeza del Grupo Bicentenario S.A.S. permitirá coordinar y centralizar las estrategias de aprovechamiento de los recursos patrimoniales de las entidades financieras del sector público del orden nacional, con el propósito de utilizar estos recursos para afrontar los efectos adversos generados en el marco de la emergencia económica, social y ecológica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 417 de 2020…”
iv-El ingreso a COLPENSIONES de los cotizantes a los fondos privados de pensiones con salario mínimo que hacen parte del segmento de retiro programado (aproximadamente 21.000) cuyos desembolsos llegan a la suma de $7 billones en una típica operación de socialización de las pérdidas dada la baja de rentabilidad que los fondos privados están obteniendo a causa de la crisis bursátil (Decreto 558 del 2020).
v-La solicitud de renovación al FMI del crédito de línea de crédito flexible por US$11.000, dinero que conforme a las definiciones exigidas por este organismo internacional debe ser administrado por el Banco de la República en carácter de reservas, lo que significa una operación preventiva de salvamento al sistema financiero en caso de que la fuga de capitales siga en ascenso.
En lo referente a las definiciones de política monetaria la Junta Directiva del Banco de la República, es importante resaltar:
i-La reducción de la tasa de interés de referencia de 4.5%a 3.2% en las últimas semanas sin que los bancos hagan cambios en la misma dirección para beneficiar a los usuarios financieros, hogares y empresas.
ii-Desde el 18 de marzo se inyectó una cantidad aproximada de $23 billones al sistema financiero ampliando el grupo de entidades crediticias que tiene acceso a la liquidez del emisor al incluir a las sociedades administradoras de pensiones y cesantías, a las aseguradoras a los fondos administrados a través de sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, y sociedades administradoras de inversión. Al mismo tiempo decidió subastar US$400 millones en operaciones swaps a 60 días.
iii-Se autorizó la compra de títulos privados emitidos por establecimientos de crédito, con vencimiento a tres años o menos por $10 billones, un programa similar a una de las líneas crediticias que viene realizando la Reserva Federal norteamericana (FED) desde el año 2008 mediante la llamada Flexibilización Cuantitativa y que ahora ha intensificado con creces. Los bancos centrales de Chile y Colombia (Brasil anuncia la implementación del mismo programa siempre y cuando lo apruebe el Congreso en las próximas semanas) son pioneros en América Latina en la implementación de esta política de emisión privatizadora.
iv-La reducción de encajes a los bancos del 11,5% al 8,5% aproximado que les posibilitó liberar $9.5 billones los cuales fueron destinados a la adquisición de Títulos de deuda pública (TES) permitiéndoles una rentabilidad de aproximadamente $500.000 millones anuales contra el presupuesto nacional.
v-La compra por parte del Banco de la República de $ 4 billones en TES.
A pesar de todas estas medidas los datos de acceso al crédito siguen siendo bajas aun cuando ha anunciado el respaldo en un 90% de estos endeudamientos.
De otra parte, los datos de la evolución del crédito durante el primer trimestre del año en curso confirman un deterioro de la utilización del mismo en consumo y vivienda y una lenta recuperación del crédito comercial y el microcrédito que no tiene concordancia con las cantidades enormes de dinero que el gobierno y el Banco Central le ha transferido al sistema financiero.
Llama la atención el doble discurso de las autoridades monetarias referente a la emisión de dinero que delata sus convicciones ideologizadas, cuando argumentan que no es posible utilizarla para realizar emisión directa al Estado con el argumento convencional de que produce inflación sin tener en cuenta la enorme contracción de la demanda que viene produciendo la crisis. Esconde este argumento que han realizado grandes cantidades de emisión de dinero a favor de los grupos financieros privados. Basta solamente con observar el crecimiento del indicador monetario M1 en los dos últimos meses.
Los recursos de este plan de choque pueden girarse a través del Banco Agrario el único de propiedad estatal, que cuenta con oficinas en la mayoría de los municipios del país y que en los hechos viene intermediando en los giros de programas gubernamentales como en los casos de desplazados y víctimas.
Invocando el Estado de Necesidad reconocido en el derecho internacional el planteamiento adecuado debe ser el de la suspensión del pago de la deuda externa sumándole a ello la creación de una auditoría ciudadana que investigue y publique los contratos con los que se adquirió la misma.
Una política de estas características puede comenzar con la suspensión del pago de los intereses de la deuda pública que representan un monto igual al 3% del PIB en la ejecución anual del presupuesto anual y en el que el endeudamiento externo representa una cantidad importante. La suspensión del pago de la deuda abriría un espacio al gasto público social para implementar con carácter inmediato un programa de Renta Básica que le posibilite a la población damnificada subsistir mientras dure la pandemia y programas a futuro que beneficien el empleo y la calidad de vida de las y los colombianos.
Optar por un programa de estas características implica una decisión política en favor de la población, al igual que es una decisión política las autoridades económicas al mantener intactas las reservas internacionales y pedir otras adicionales al FMI para preservar el funcionamiento y las ganancias de las finanzas privadas por orden del capital corporativo transnacional en medio de una de las peores crisis económico-social de la historia del capitalismo.
Daniel Libreros Caicedo es docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y director del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Alternativas Programáticas UN.
Diego Carrero Barón es catedrático Posgrados ESAP. Investigador Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Alternativas Programáticas UN.
Una versión de este trabajo fue publicado en la Revista Izquierda.
19/05/2020
https://correspondenciadeprensa.com/2020/05/19/colombia-recesion-economica-la-gestion-ortodoxo-conservadora-de-la-crisis-por-coronavirus/
De acuerdo a las estimaciones hechas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía colombiana tendrá una recesión mínima del orden del 2% del PIB en 2020 como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad respiratoria COVID-19, al tiempo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica una contracción respecto al 2019 de igual al -2,6% de la actividad económica, influyendo de manera importante al menos tres factores: i) la caída de los precios del petróleo, ii) la medida de confinamiento de la población y iii) la salida de capitales de la región, en la situación más optimista según los organismos internacionales volveremos a los niveles de pobreza de 2018.
La caída dramática en los precios del petróleo afecta a las exportaciones y los ingresos fiscales profundizando los llamados déficits gemelos, el fiscal y el déficit comercial, que antes de la crisis de la pandemia ya llegaba a 4% del PIB, lo que confirma el fracaso de la imposición del modelo extractivista por parte de las elites internas. Debe resaltarse el caso del fracking al que ya en el país se le había dado vía libre mediante la aprobación gubernamental de pruebas piloto y al que en el plano externo ECOPETROL apostó desde el año anterior realizando una inversión de US$ 1500 en el yacimiento de Parmica-Texas.
Para los primeros cuatro meses del año la moneda colombiana se devaluó 23,27%, pasando de $ 3.277/US a $ 4.039/US con corte a 28 de abril. La consecuencia natural es el incremento del esfuerzo que tanto el sector público, como privado, debe hacer para mantener relaciones con los mercados internacionales, particularmente en cuanto tiene que ver con créditos, adquisición de materias primas y maquinaria en el caso de las empresas y artículos de la canasta familiar en el caso de los hogares, sobre todo si se tiene en cuenta que como consecuencia de la apertura económica y los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia en los últimos treinta años en la actualidad se importa el 30% de los alimentos, lo cual genera presiones inflacionarias vía efecto pass-through.
- Fuente: Construcción autores, con base en Banco de la República.
Dicha pérdida del valor del peso frente al dólar refuerza la tendencia de los últimos 8 años de crecimiento de la deuda externa pública y privada en relación al PIB, ya que como se muestra en la gráfica Nº 2 desde el 2012 a enero de 2020 pasando del 25% del PIB a un rango superior al 50% haciendo que Colombia junto con Chile, Perú, Malasia, México y Filipinas sea de las economías emergentes con mayor deuda externa como porcentaje de su ingreso nacional en el mundo.
- Fuente: Tomado de Banco de la República.
La tabla siguiente deja ver en este contexto como las expectativas previstas para el país no son las mejores en tanto según el propio Banco Mundial la economía colombiana tendría una recesión del 2% del PIB, lo cual incrementaría al menos en 4,5% la cifra total de desempleo (aproximadamente 1.145.000 empleos como lo prevé el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE).
De igual manera la cuenta corriente incrementaría su déficit en un punto del PIB, llegando al 5,3% y un incremento de la deuda del GNC que haría llegar el mismo a 53% del PIB, sin contar las presiones fiscales sobre departamentos y municipios, en este contexto los niveles de pobreza se incrementarían, con lo que solo hasta 2022, suponiendo que la economía no se prolonga en el tiempo, volveríamos a los niveles de pobreza de 2018.
- Evolución de la economía en Colombia desde 2017 y proyecciones hasta 2022 según el Banco Mundial
Fuente: Tomado de Banco Mundial (2020) con base en Práctica Mundial de Macroeconomía, Comercio e Inversión, y Práctica Mundial de Pobreza y Equidad.
2. Las responsabilidades del presidente de la República y la Junta Directiva del Banco de la República
En este contexto la política del actual gobierno, utilizando los mecanismos excepcionales del Estado de Emergencia Económica, y de las autoridades monetarias, similar a lo que podríamos caracterizar como una gestión neoliberal ha sido la de favorecer a los grupos financieros mientras deja a la mayor parte de la población abandonada a su propia suerte.
Con relación a las ayudas que le ha suministrado el gobierno es posible resaltar:
i-La creación del Fondo de Mitigación de emergencias, FOME, con recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y del FONPET, los cuales pertenecen a las regiones por una suma de $14,8 billones (Decreto 444 del 2020). Estos recursos, vienen siendo administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y según el artículo 4 del decreto citado podrán usarse para “efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras”; e “invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra”; entre otros.
ii-El giro de $3.5 billones al Fondo Nacional de Garantías con el cual los bancos podrán “desplegar nuevas garantías hasta por un total de $48.15 billones de pesos que se traducirán en nuevos créditos hasta por $80.25 billones de pesos…” para auxiliar supuestamente a las PYMES lo que no viene ocurriendo.
iii-La utilización complementaria del Holding Bicentenario creado por decreto presidencial en noviembre del año pasado conforma a autorización del Plan de desarrollo 2018-2022 que significó una expropiación de los recursos del Sistema Financiero Estatal al mercado de capitales. El aparte pertinente que autoriza esta actuación complementaria establece “que la consolidación del patrimonio de las empresas estatales públicas en cabeza del Grupo Bicentenario S.A.S. permitirá coordinar y centralizar las estrategias de aprovechamiento de los recursos patrimoniales de las entidades financieras del sector público del orden nacional, con el propósito de utilizar estos recursos para afrontar los efectos adversos generados en el marco de la emergencia económica, social y ecológica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 417 de 2020…”
iv-El ingreso a COLPENSIONES de los cotizantes a los fondos privados de pensiones con salario mínimo que hacen parte del segmento de retiro programado (aproximadamente 21.000) cuyos desembolsos llegan a la suma de $7 billones en una típica operación de socialización de las pérdidas dada la baja de rentabilidad que los fondos privados están obteniendo a causa de la crisis bursátil (Decreto 558 del 2020).
v-La solicitud de renovación al FMI del crédito de línea de crédito flexible por US$11.000, dinero que conforme a las definiciones exigidas por este organismo internacional debe ser administrado por el Banco de la República en carácter de reservas, lo que significa una operación preventiva de salvamento al sistema financiero en caso de que la fuga de capitales siga en ascenso.
En lo referente a las definiciones de política monetaria la Junta Directiva del Banco de la República, es importante resaltar:
i-La reducción de la tasa de interés de referencia de 4.5%a 3.2% en las últimas semanas sin que los bancos hagan cambios en la misma dirección para beneficiar a los usuarios financieros, hogares y empresas.
ii-Desde el 18 de marzo se inyectó una cantidad aproximada de $23 billones al sistema financiero ampliando el grupo de entidades crediticias que tiene acceso a la liquidez del emisor al incluir a las sociedades administradoras de pensiones y cesantías, a las aseguradoras a los fondos administrados a través de sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, y sociedades administradoras de inversión. Al mismo tiempo decidió subastar US$400 millones en operaciones swaps a 60 días.
iii-Se autorizó la compra de títulos privados emitidos por establecimientos de crédito, con vencimiento a tres años o menos por $10 billones, un programa similar a una de las líneas crediticias que viene realizando la Reserva Federal norteamericana (FED) desde el año 2008 mediante la llamada Flexibilización Cuantitativa y que ahora ha intensificado con creces. Los bancos centrales de Chile y Colombia (Brasil anuncia la implementación del mismo programa siempre y cuando lo apruebe el Congreso en las próximas semanas) son pioneros en América Latina en la implementación de esta política de emisión privatizadora.
iv-La reducción de encajes a los bancos del 11,5% al 8,5% aproximado que les posibilitó liberar $9.5 billones los cuales fueron destinados a la adquisición de Títulos de deuda pública (TES) permitiéndoles una rentabilidad de aproximadamente $500.000 millones anuales contra el presupuesto nacional.
v-La compra por parte del Banco de la República de $ 4 billones en TES.
A pesar de todas estas medidas los datos de acceso al crédito siguen siendo bajas aun cuando ha anunciado el respaldo en un 90% de estos endeudamientos.
- Fuente: Construcción autores, con base en Banco de la República.
De otra parte, los datos de la evolución del crédito durante el primer trimestre del año en curso confirman un deterioro de la utilización del mismo en consumo y vivienda y una lenta recuperación del crédito comercial y el microcrédito que no tiene concordancia con las cantidades enormes de dinero que el gobierno y el Banco Central le ha transferido al sistema financiero.
Llama la atención el doble discurso de las autoridades monetarias referente a la emisión de dinero que delata sus convicciones ideologizadas, cuando argumentan que no es posible utilizarla para realizar emisión directa al Estado con el argumento convencional de que produce inflación sin tener en cuenta la enorme contracción de la demanda que viene produciendo la crisis. Esconde este argumento que han realizado grandes cantidades de emisión de dinero a favor de los grupos financieros privados. Basta solamente con observar el crecimiento del indicador monetario M1 en los dos últimos meses.
- Fuente: Banco de la República.
Los recursos de este plan de choque pueden girarse a través del Banco Agrario el único de propiedad estatal, que cuenta con oficinas en la mayoría de los municipios del país y que en los hechos viene intermediando en los giros de programas gubernamentales como en los casos de desplazados y víctimas.
Invocando el Estado de Necesidad reconocido en el derecho internacional el planteamiento adecuado debe ser el de la suspensión del pago de la deuda externa sumándole a ello la creación de una auditoría ciudadana que investigue y publique los contratos con los que se adquirió la misma.
Una política de estas características puede comenzar con la suspensión del pago de los intereses de la deuda pública que representan un monto igual al 3% del PIB en la ejecución anual del presupuesto anual y en el que el endeudamiento externo representa una cantidad importante. La suspensión del pago de la deuda abriría un espacio al gasto público social para implementar con carácter inmediato un programa de Renta Básica que le posibilite a la población damnificada subsistir mientras dure la pandemia y programas a futuro que beneficien el empleo y la calidad de vida de las y los colombianos.
Optar por un programa de estas características implica una decisión política en favor de la población, al igual que es una decisión política las autoridades económicas al mantener intactas las reservas internacionales y pedir otras adicionales al FMI para preservar el funcionamiento y las ganancias de las finanzas privadas por orden del capital corporativo transnacional en medio de una de las peores crisis económico-social de la historia del capitalismo.
Daniel Libreros Caicedo es docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y director del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Alternativas Programáticas UN.
Diego Carrero Barón es catedrático Posgrados ESAP. Investigador Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Alternativas Programáticas UN.
Una versión de este trabajo fue publicado en la Revista Izquierda.
19/05/2020
https://correspondenciadeprensa.com/2020/05/19/colombia-recesion-economica-la-gestion-ortodoxo-conservadora-de-la-crisis-por-coronavirus/
No hay comentarios:
Publicar un comentario