Las trabas al atun mexicano en EEUU

Las trabas al atún mexicano en Estados Unidos

Iván Restrepo

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ace 25 años, Estados Unidos decretó un embargo contra varios países que capturan atún aleta amarilla en el Pacífico oriental porque en sus lances de pesca mataban miles de delfines. México, Ecuador, Panamá y Venezuela resultaron muy afectados con esa medida. El embargo lo promovió el Instituto Isla de la Tierra, con sede en San Francisco, que encabeza a varias agrupaciones del vecino país que luchan por preservar los delfines. El instituto demandó al Departamento de Comercio por no cumplir la ley aprobada en 1972 por el Congreso estadunidense destinada a proteger a los mamíferos marinos. Además, los habitantes del vecino país prefieren comprar las latas de atún que tienen la leyenda delfín a salvo.

Pero, más que garantizar la existencia de los delfines, en realidad el embargo protegía los intereses de las empacadoras de atún de Estados Unidos cuando el mercado internacional de este producto se había desplomado. Antes, durante la primera administración de George Bush, se decretó una suspensión comercial al atún mexicano en represalia porque la Armada detuvo y sancionó a seis pesqueros estadunidenses por operar ilegalmente en aguas nacionales. Y en 1977 abandonamos la Comisión Interamericana del Atún Tropical por fijar cuotas de captura en beneficio de nuestro socio y vecino: mientras éste se apropiaba de 70 por ciento de la captura anual, a los demás países miembros la comisión les asignaba cuotas inferiores a 10 por ciento.

En el pasado morían muchísimos delfines en los lances de pesca de atún en el Pacífico oriental, especialmente por culpa de la flota estadunidense. Ante las protestas internacionales y para evitar posibles sanciones, las flotas lograron mejorar sus sistemas de captura y se garantizó la vida de tan admirados e inteligentes mamíferos marinos. También se definieron sistemas de vigilancia en alta mar y reportes confiables mediante varios mecanismos internacionales relacionados con la pesca del atún y la protección de los delfines.

La flota atunera mexicana es la segunda en importancia del mundo y compite con la de Estados Unidos. Se modernizó, diversificó su mercado y utiliza sistemas de captura que salvaguardan el delfín. Además, el gobierno instauró medidas para protegerlo. Pero aun así tuvo que pasar una década para que estos logros los tomaran en cuenta las autoridades estadunidenses y levantaran el embargo en 1999. Reconocieron que la flota mexicana ya no ocasionaba impacto significativo sobre dichos mamíferos. Autorizó así la venta de nuestro atún en sus mercados, pero con la etiqueta Dolphin safe (delfín a salvo).

Fueron millones de pesos los que México perdió con ese embargo, que pudo durar muchísimo menos si nuestras autoridades hubieran exigido que se cumplieran acuerdos internacionales que nos eran favorables. Sin embargo, prefirieron evitar enfrentamientos durante el segundo mandato del presidente Bush, en aras de lograr la firma del tratado de libre comercio que entró en vigor en enero de 1994.

Cuando se pensó que el problema estaba resuelto, el Instituto Isla de la Tierra alegó que seguía la matanza y logró que un juez dejara en firme el embargo. Además, demandó al gobierno estadunidense por haberlo levantado. Esgrimió los mismos argumentos de siempre, pero se cuidó de ocultar que recibe dinero de las poderosas empacadoras atuneras de ese país, expertas en distorsionar el mercado internacional de dicho producto y en contribuir a la depredación de la fauna y los ecosistemas marinos.

En 2008 México tuvo que recurrir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para resolver el problema. Apenas hace unos días dicha instancia falló en nuestro favor y obliga a las autoridades del vecino país a eliminar o modificar el etiquetado mencionado a las importaciones de atún nacional. Entre otras cosas, por ser discriminatorio y violar diversos acuerdos internacionales en la materia. Si no lo hace, el gobierno mexicano puede imponerle sanciones comerciales cuyo monto debe fijar la OMC. Es muy pronto para saber si Estados Unidos cumple la resolución citada. Y si no lo hace, qué merecidas sanciones comerciales recibirá por su negativa.

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