La crisis política concreta
¿Cómo se va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna Guerrero, el PRD.
Los asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares. El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de la policía, realizó acciones ordenadas porGuerreros Unidos, grupo delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al crimen que se cometía en calles cercanas.
Hemos visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades políticas que están a la vista.
El PRD no debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.
Es mejor tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana, no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos dicho, son diferentes o debieran serlo.
Para el PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran, una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción: 1) Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el programa de izquierda ni una ética democrática. 2) Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política. 3) Dejar que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad de los mismos. 4) Hacer alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten planteamientos de izquierda. Estas líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular. Por ello, esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces, sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías. Pablo Gomez.
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