Cómo fracasó la primera comisión para la socialización alemana
Dietmar Lange
18/02/2022
En 1918, una comisión de expertos se reunió en Berlín para abordar la socialización, pero al final no se socializó nada. ¿Qué puede aprender de esa experiencia la iniciativa "Expropiar Deutsche Wohnen & Co"?[1]
Con su exitoso referéndum sobre la socialización de la cartera de inmuebles berlineses de las grandes empresas inmobiliarias, la iniciativa "Expropiar Deutsche Wohnen & Co" ha conseguido que la socialización de las empresas vuelva a ser objeto de debate político. El nuevo gobierno estatal rojo-verde-rojo de Berlín, presidido por la alcaldesa Franziska Giffey, anunció en el acuerdo de coalición la creación, en sus primeros 100 días de mandato, de una "comisión de expertos para examinar las posibilidades, modos y requisitos de aplicación del referéndum". La iniciativa también va a estar representada en dicha comisión y ya ha declarado en una conferencia de prensa el 21 de enero de 2022 su disposición de principio a participar. Al mismo tiempo, uno de sus portavoces expresó el temor de que la comisión de expertos se convierta en un lugar "en el que se hable mucho sin que se llegue a ningún resultado".
El destino de la primera comisión de socialización alemana, creada tras la revolución de noviembre de 1918, demuestra que estos temores no son infundados. La comisión se reunió en total cuatro meses, pero al final no se produjo ninguna socialización. Los contemporáneos la consideraron como poco más que "polvos tranquilizantes" con los que se debían apaciguar las consiguientes expectativas y aspiraciones de la clase trabajadora, como una "pantalla detrás de la cual no pasa nada".
Sin embargo, esto último no es del todo cierto. De hecho, en la comisión se celebraron animados debates y se elaboraron propuestas para la socialización de sectores enteros de la industria. Las razones de su fracaso merecen un análisis más detallado.
Revolución y socialización
Las condiciones para la socialización de ramas enteras de la industria rara vez han sido tan favorables en la historia de Alemania como lo fueron en los primeros meses después de la caída del káiser el 9 de noviembre de 1918 (con la excepción quizás del periodo inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial y en el caso particular de la RDA). En todo el país se habían formado consejos de trabajadores y soldados que ponían a las autoridades estatales bajo su control y tenían de facto el poder político en sus manos.
En Berlín se formó un gobierno de transición puramente socialista: el Consejo de los Comisarios del Pueblo. Estaba formado por miembros del Partido Socialdemócrata mayoritario (SPD) y del Partido Socialdemócrata Independiente (USPD), surgido en 1917 de la oposición contra el rumbo belicista por parte de la mayoría del SPD. Ambos partidos se remitieron al Programa de Erfurt de 1890 del SPD, que pretendía la "transformación de la propiedad privada capitalista de los medios de producción... en propiedad social y la transformación de la producción de mercancías en producción socialista ejercida por y para la sociedad".
De hecho, a petición del USPD, el Consejo de Comisarios del Pueblo decidió el 18 de noviembre de 1918 "que aquellas ramas de la industria que, según su desarrollo, estén maduras para la socialización, deben ser socializadas inmediatamente". Una comisión debía elaborar las propuestas correspondientes para ello. Debía incluir a "destacados economistas políticos", así como a representantes de los trabajadores e incluso de los empresarios: los "practicantes de la vida económica", como decía la declaración al respecto.
Lo que el gobierno decidió con esto, pocos días después de la revolución, da sin duda la impresión de ser una medida decidida y de amplio alcance. Pero el hecho de que los representantes de los empresarios debían colaborar en la elaboración de propuestas para su propia socialización, ya señala una contradicción fundamental en la manera de enfocar por parte de los nuevos gobernantes. Consideraron que no podían prescindir de la experiencia y la cooperación de los "practicantes" del antiguo régimen, por temor a que, de lo contrario, se promovieran circunstancias caóticas.
Esto también sirve para la relación del gobierno con el aparato de funcionarios imperial. La mayoría de los secretarios de Estado y los altos funcionarios permanecieron en sus puestos. De sus círculos surgieron las primeras resistencias a la decisión, cuya publicación oficial impidieron inicialmente. Expresaron sus objeciones principalmente como reparos de carácter práctico: "Las dificultades de la desmovilización son tan grandes que no permiten que se trate con ella también la solución para el nuevo orden económico", objetó el secretario de Estado Joseph Koeth, quien dirigía la oficina de desmovilización, oficina importante en asuntos económicos, en una reunión del gabinete el 21 de noviembre de 1918. Su argumento fue recibido con los oídos abiertos por los Comisarios del Pueblo. Los socialdemócratas mayoritarios Gustav Bauer y Philipp Scheidemann advertían ahora también de las "condiciones rusas".
Sin embargo, la comisión para la socialización fue finalmente convocada después de algún retraso. Pero ya no se habló de una socialización "inmediata". Además, a instancias del secretario de Estado August Müller, un socialdemócrata mayoritario de derecha, se la subordinó a la Oficina Económica del Reich.
Consejo de expertos en lugar de defensa propia
Con Karl Kautsky y Rudolf Hilferding, formaban parte de la comisión dos de los teóricos marxistas más conocidos de la época (ambos del USPD). Además, estaba formada principalmente por profesores y académicos burgueses y socialistas, entre ellos el científico social Ernst Francke, quien compartía la presidencia de la comisión con Kautsky. Los economistas tuvieron una gran participación, entre otros el conocido economista político austriaco Joseph Schumpeter, nombrado miembro de la comisión un poco más tarde.
Los trabajadores estuvieron representados por el presidente de la Asociación de Mineros, Otto Hué, y Paul Umbreit, de la Comisión General de Sindicatos Libres. Ambos eran partidarios del Acuerdo del Grupo Central de Trabajo (Zentralarbeitsgemeinschaftsabkommens) (ZAG) entre sindicatos y empresarios. En él, la patronal había concedido a los sindicatos una mayor participación. A cambio, sin embargo, debían renunciar a demandas de socialización de mayor alcance. La parte empresarial en la comisión estuvo representada por Theodor Max Vogelstein, de la Auer Gesellschaft, anteriormente director de Kriegsmetall AG y más tarde banquero.
Por lo tanto, la comisión no estaba en absoluto formada por elementos radicales. Sus miembros, incluidos los del USPD, se cerraron tan poco a los reparos provenientes de los círculos de funcionarios y empresarios como los Comisarios del Pueblo. En los primeros meses también estaban inquietos por el miedo al caos económico y al colapso. La comisión, en su primer comunicado público, el 11 de diciembre de 1918, declaró: "La comisión es consciente de que la socialización de los medios de producción solo puede tener lugar en una estructura orgánica duradera. La primera condición de toda reorganización económica es la reactivación de la producción".
Por lo tanto, las empresas importantes para la industria exportadora debían quedar al margen por el momento, al igual que los bancos, para no poner en peligro la concesión de créditos (el director del Deutsche Bank, Paul Mankiewicz, había advertido de ello). Por el contrario, los miembros de izquierda de la comisión también exhortaron a los trabajadores en comparecencias públicas a reanudar la producción y condenaron la "socialización salvaje", así como las intervenciones en el funcionamiento de las fábricas por parte de los consejos de trabajadores. En el Primer Congreso de Consejos del Reich de diciembre de 1918, donde se reunieron los delegados de los consejos de obreros y soldados de todo el país, Hilferding advirtió ante la propagación de las huelgas: la revolución "no debe disolverse en un movimiento por los salarios, ni debe disolverse en una anarquía, en un movimiento desordenado y perturbador de la producción".
Estas declaraciones muestran, entre los veteranos socialdemócratas, una demanda generalizada de disciplina sobre el movimiento. Por esta razón, en la confusa y caótica situación del periodo revolucionario, presintieron menos oportunidades que peligros. La revuelta espontánea de los trabajadores debía ser sustituida por un desarrollo científicamente planificado, que, sin embargo, debía estar en manos de expertos y exigía a los trabajadores una cosa sobre todo: quedarse quietos y ser pacientes.
No menos importante, la comisión también entendió su trabajo como una contribución al restablecimiento de la calma y el orden. El miembro de la comisión Emil Lederer declaró en enero de 1919 en una reunión con el Consejo Central, el órgano ejecutivo de los consejos elegido en el congreso de los consejos: "Solo la esperanza en el trabajo de la comisión impedirá en muchos lugares lo que ya está ocurriendo en algunos: la autodefensa de los trabajadores.
Pequeña guerra con la burocracia
Sin embargo, la comisión no se consideraba una mera fachada del gobierno. Quería abordar a conciencia la tarea que se le asignó. Por ello, pronto entró en conflicto con las oficinas cuyos departamentos se veían afectados por el trabajo de la comisión, sobre todo la Oficina de Desmovilización, la Oficina Económica del Reich y el Tesoro del Reich.
Ya en las primeras reuniones de principios de diciembre de 1918, en las que se discutió el plan de trabajo y la posición hacia a las autoridades, los miembros de la comisión insistieron en su independencia y rechazaron una integración en el aparato oficial. Las oficinas implicadas más bien debían proporcionarle el material necesario y responder a las preguntas sobre la situación económica. Con esto se encontró con mucha resistencia. Los miembros de la comisión se quejaron repetidamente de la inadecuación de los locales, la falta de material de oficina y la insuficiencia de personal de apoyo técnico y de recursos financieros. Las solicitudes fueron ignoradas y los funcionarios trataron a la comisión con desprecio y desconsideración.
En parte, estos problemas estaban relacionados con la falta de claridad de las facultades de la comisión. La comisión reivindicaba su autonomía y pretendía desarrollar las directrices de la transformación económica. Los funcionarios, en cambio, consideraban a la comisión como un cuerpo institucional extraño, al que concedían, como mucho, funciones de asesoramiento. Pero, sobre todo, las oficinas perseguían sus propios planes de reorganización de la economía, no querían que se interfiriera en ellos y que se mantuvieran en secreto ante la comisión.
La Oficina de Desmovilización bajo Koeth, creada por iniciativa de los empresarios privados, pronto comenzó a disolver las condiciones de la economía centralizada existentes de los tiempos de guerra. Al hacerlo, hizo retroceder la influencia del Estado y restauró de facto la situación no regulada de la preguerra. La comisión protestó contra este desarrollo, pero no pudo influir en él. La Oficina Económica del Reich tampoco estaba de acuerdo con este enfoque. Quería mantener y ampliar la influencia del Estado sobre la distribución y la fijación de precios. Sin embargo, no pensó en eliminar el empresariado privado, como la mayoría de la comisión había contemplado para ramas particulares de la industria.
Las circunstancias del ambiente político también se agravaron a finales del año 1918/19. Tras los sangrientos combates entre las tropas del cuerpo de oficiales imperial y los grupos revolucionarios en Berlín a finales de diciembre de 1918, los miembros del USPD dimitieron de todos los cargos del gobierno y se negaron a cooperar en el Consejo Central. De este modo, se cortaron ellos mismos toda influencia política. Posteriormente, el gobierno del SPD, en alianza con los antiguos militares, adoptó medidas cada vez más violentas contra la izquierda radical y los huelguistas. El tono hacia la comisión de socialización también se volvió más duro.
El secretario de Estado Müller, de la Oficina Económica del Reich, declaró en una conferencia de prensa el 24 de enero de 1919 “que la creación de la comisión de socialización había sido una decisión desafortunada, y que esta institución, con las expectativas demasiado amplias generadas, había contribuido en gran medida a crear un frenesí de socialización por el que la palabra "socialización" ya no era más que una nueva fórmula para exigencias salariales que, por lo demás, estaban injustificadas". La comisión solicitó un debate, pero el gobierno se negó alegando que no tenía tiempo.
Solo cuando la comisión pidió su dimisión en estas circunstancias, el 3 de febrero, recibió un nombramiento que la legitimaba ante las oficinas y las obligaba a proporcionar información. Sin embargo, también contenía un pasaje trascendental que obligaba a los miembros de la comisión a tratar el curso de sus negociaciones como secreto oficial y les imponía la confidencialidad.
Socialización de la minería
La primera tarea de la comisión consistía en determinar "qué ramas de la industria, según su desarrollo, están maduras para la socialización, y en qué condiciones puede llevarse a cabo". Las industrias que se consideraban "maduras" para la socialización eran aquellas que se caracterizaban por un alto grado de concentración y poder de mercado de las empresas que operaban en ellas y con una importancia económica nacional central. La comisión identificó sobre todo la extracción de materias primas, y en particular la minería del carbón, que suministraba la fuente de energía más importante de aquellos días.
Se insistía en la socialización de la minería debido también a la creciente oleada de huelgas en los distritos mineros y en las minas a cielo abierto y a las propias iniciativas de los consejos de trabajadores locales. El Congreso de los Consejos del Reich también había dado instrucciones al gobierno para que tomara medidas inmediatas en este sentido. Sin embargo, los miembros del gobierno se remitieron inicialmente a los trabajos en curso de la comisión. En diciembre de 1918 y enero de 1919, la comisión se dedicó a varias consultas con representantes de empresas estatales y privadas y con los mineros. El 15 de febrero presentó finalmente un informe al gobierno que contenía un voto mayoritario y otro minoritario.
La mayoría de la comisión se pronunció a favor de la socialización de toda la minería. Todas las explotaciones mineras debían ser expropiadas en favor de una comunidad del carbón alemana. Sin embargo, no debía tratarse de una empresa estatal, ya que se consideraba demasiado burocrática e improductiva, sino de un organismo jurídico autónomo. Debía estar dirigido por un consejo del carbón con representación paritaria de los trabajadores, la patronal, los consumidores (compradores industriales y organizaciones de consumidores) y el Estado. Los principios de "democracia en las fábricas" formulados por la comisión demuestran que ésta no ignoró las reivindicaciones de los consejos obreros, que al principio se vieron con escepticismo: los consejos obreros debían controlar las condiciones de trabajo en todos los niveles de la gestión de la producción.
La minoría, formada por Francke y el representante de los empresarios Vogelstein, en cambio, quería preservar las empresas privadas y preveía una organización para la venta y el control de los precios similar a las compañías existentes durante la guerra. Sus ideas tenían, pues, más en común con los planes del Ministerio de Economía del Reich, dirigido ahora por Rudolf Wissel (SPD). Este último mantuvo inicialmente el informe bajo llave y solo lo publicó después de haber introducido un proyecto de ley acorde con sus propias ideas en la Asamblea Nacional reunida en Weimar el 2 de marzo de 1919, sin consultar a la comisión. Así pues, el informe de la comisión de socialización solo se hizo público cuando ya no podía influir en el trámite legislativo.
Desavenencias con el gobierno
Estos acontecimientos aumentaron la desconfianza de los miembros de la comisión hacia el gobierno. Debido a la nueva mayoría política -las elecciones a la Asamblea Nacional del 19 de enero de 1919 no habían dado lugar a una mayoría socialista-, ya no se establecieron medidas de socialización decisivas por parte de las autoridades del Estado central. En cambio, las esperanzas de la comisión se dirigieron cada vez más a las aspiraciones correspondientes en los municipios y comunidades.
En el Segundo Congreso de los Consejos del Reich, en abril de 1919, Kautsky declaró: "Las grandes ciudades tienen la tarea de liderar la causa de la socialización. En ellas los obreros son los más fuertes, son el centro de la intelectualidad del país, sus circunstancias son más fáciles de ver que las de todo el Reich, deben desarrollar primero las nuevas formas organizativas de socialización y convertirse así en guías para todo el proceso de socialización." Concedió gran importancia a la construcción de viviendas, que prácticamente se había paralizado durante la guerra.
La comisión de socialización también se ocupó del sector de la vivienda. Para crear la base jurídica necesaria para las ciudades y los municipios, elaboró un proyecto de ley marco de municipalización. La comisión lo publicó por iniciativa propia el 18 de marzo, lo que provocó la discordia definitiva con el Ministerio de Economía del Reich. Wissel exigió entonces que la comisión no publicara nada sin su aprobación y amenazó con poner fin a la cooperación. Los miembros de la comisión ya no se vieron en condiciones de continuar su trabajo y dimitieron colectivamente el 7 de abril de 1919.
Además del informe sobre la minería y el proyecto de ley sobre la municipalización, la comisión de socialización todavía consiguió concluir las propuestas para la socialización de la pesca de altura. No completó todos los demás trabajos en curso, por ejemplo, sobre la socialización del sector de los seguros y los bancos hipotecarios. En cualquier caso, todos sus planes se quedaron en el papel. Ninguno de ellos alcanzó una importancia práctica.
Tras el putsch de Kapp en 1920, un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos preveía la reanudación de la socialización de la minería sobre la base del informe elaborado el año anterior y la convocatoria de una segunda comisión de socialización. Sin embargo, el movimiento por la socialización se desvaneció tras la derrota del ejército rojo del Ruhr. La nueva comisión siguió reuniéndose durante unos años, recibiendo apenas atención pública, hasta que el Reichstag anuló su presupuesto en 1923, alegando que se había llevado a cabo sin una resolución parlamentaria.
Razones del fracaso
Los trabajos de la comisión de socialización estuvieron marcados por una contradicción fundamental. Por un lado, su programa se hizo de profundos cambios en el orden económico capitalista, e incluso quiso abolirlo en ámbitos importantes. Por otro lado, perseguía la máxima de no perturbar la vida económica y el curso de la producción bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, rechazó las intervenciones e iniciativas "desde abajo" a través de los consejos de trabajadores. Incluso contribuyó a desacreditarlos. Sin embargo, aquí también se puso de manifiesto un cierto proceso de aprendizaje, especialmente entre sus miembros del USPD, Kautsky y Hilferding, quienes, ante la creciente decepción con el gobierno, también empezaron a defender medidas de socialización descentralizadas y por implicar más a la población.
Sin embargo, esta contradicción interna de la comisión no fue finalmente la razón principal de su fracaso. Un papel más importante lo desempeñó la actitud obstruccionista y las prácticas de sabotaje de las principales autoridades de política económica, persiguiendo sus propios planes. Mientras la comisión seguía luchando por conseguir unos locales y unos recursos materiales y financieros adecuados, éstas aportaban hechos consumados.
Ahora, a diferencia de 1918/19, no estamos en una situación revolucionaria. No cabe esperar huelgas masivas de alquileres ni "socializaciones salvajes" de las empresas de vivienda "desde abajo". No obstante, debe quedar claro que las deliberaciones de una comisión de expertos no pueden sustituir a la organización de base y a las protestas de los inquilinos. En el mejor (y para nada improbable) de los casos, la comisión puede proporcionar propuestas detalladas para la aplicación del referéndum, quizás incluso ya un proyecto de ley, y así aumentar la legitimidad de la socialización.
Sin embargo, la historia de la comisión de socialización nos señala otro punto de fricción: la cooperación con la administración. El trabajo de una comisión de este tipo requiere que se informe al público sobre las deliberaciones y sus resultados, lo que puede entrar fácilmente en conflicto con la pretensión de las autoridades de mantener la confidencialidad de los secretos oficiales.
Finalmente, es fundamental para el éxito práctico de la socialización que las autoridades responsables se comprometan a una cooperación productiva con la comisión y no cocinen su propia sopa junto con el lobby inmobiliario. El hecho de que el SPD, que bajo el mando de Franziska Giffey no ha ocultado su rechazo al referéndum, se haya hecho con el Departamento de Desarrollo Urbano, Construcción y Vivienda del Senado no permite esperar nada bueno en este sentido.
[1] Expropiar Deutsche Wohnen & Co. (Deutsche Wohnen & Co. enteignen- DWE) es una iniciativa ciudadana de Berlín para la expropiación y socialización de empresas privadas de vivienda. Deutsche Wohnen es el propietario más grande de Berlín con unos 110.000 apartamentos. La iniciativa tuvo un gran éxito con el referéndum del 26 de septiembre de 2021, en el que un 59,1% de berlineses y berlinesas votaron a favor de la expropiación. El 40,9% la rechazó (N. d T.)
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