Pronunciamiento:
Jóvenes pertenecientes a diversos colectivos políticos, estudiantiles y sociales en el país, libre e individualmente asociados, ante los oprobiosos hechos acaecidos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero, con la comisión de los delitos de asesinato, tortura y desaparición forzada perpetrados en perjuicio de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sostenemos al tenor de los siguientes:
Considerandos:
1.- Que pese a las lamentables declaraciones del C. Cesar Camacho Quiroz, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, cuyo objeto estribaba en la pretensión de auto-deslindar al precitado partido político y al titular del poder ejecutivo federal de su inexorable responsabilidad en la comisión de delitos alusivos a lesa humanidad, lo mismo por comisión que por omisión, en tanto la incapacidad y la dolosa opacidad del entramado institucional federal en términos de la localización y presentación de los 43 normalistas desaparecidos; el Estado Mexicano, y en particular la jurisdicción nacional, han abdicado deliberadamente del mandato constitucional de procurar e impartir justicia, ¿o en qué sentido se aspira a eximir de su responsabilidad al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de su negativa por atraer el caso del asesinato del Diputado perredista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, hecho cuya impunidad posibilitó la consabida tragedia nacional?;
2.- Que ante la flagrante inoperancia de los órganos de inteligencia y seguridad nacional, todos correspondientes a la esfera de competencia federal; el imperativo legal de preservar la paz interior de la nación ha sido expresa y sistemáticamente vulnerado, la manifiesta negligencia del gobierno de la república por cuanto concierne a la investigación y desarticulación de las redes del crimen organizado y la elucidación del grado de colusión con los gobiernos locales verifica, en el luto nacional, demostración evidente;
3.- Que la obligación por el cumplimiento del mandato constitucional de velar por el ejercicio de las garantías individuales, políticas y sociales, imputable a la jurisdicción federal, atraviesa por un estado de excepción factual acompañado por la coerción policial, aparejando la supresión material de los derechos fundamentales tales como la libertad de organización, reunión, manifestación y expresión, síntoma inequívoco del uso faccioso de las instituciones para el aniquilamiento del adversario político, configurando a todas luces, una escala alarmante del clima de exterminio y represión de los movimientos estudiantiles y la protesta social;
4.- Que el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, no constituye bajo cualquier premisa un hecho aislado, en la presente administración, se han contabilizado más de 36 mil homicidios dolosos, se han añadido a la lista de personas objeto de desaparición forzada a más de 30 defensores de derechos humanos a los 26 mil casos preexistentes; aunado a las ejecuciones extrajudiciales como el caso de Tlatlaya, el estado mexicano es un ente incapaz de garantizar la responsabilidad primigenia del estado, a saber, la de preservar la vida humana;
5.- Que en razón a lo anteriormente expuesto, al no existir fundamento o indicio ninguno del correcto funcionamiento orgánico del estado,
Llamamos:
6.- A la sociedad civil a que se manifieste en esfuerzos conjuntos para que en pleno ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interponga ante el un recurso de punto de acuerdo, que en virtud de la insoslayable responsabilidad en el febril estado que guarda la Nación, fuese por comisión o por evasión de la esfera de su competencia, el H. Congreso de la Unión, separe de su encargo por causa grave al C. Enrique Peña Nieto en su carácter de titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de garantizar un proceso que en apego a derecho, privilegie los principios de objetividad e imparcialidad en aras del interés superior de las víctimas y la reparación de los agravios.
Gerardo González Morales
Pedro Luis Zevallos Cordero
Moises Alejandro Díaz Barba
Humberto Pérez Camaho
Dalia Irais Sánches Santiago
Giovani Aguirre
Diego Alanis Aguilar
Mónica De Santiago
Antonio Zavála
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