La monarquía española bribona
Joaquín Urías
Javier Pérez Royo
20/05/2022
Vuelve el bribón
Joaquín Urías
Por las aguas de Sanxenxo vuelve a navegar el Bribón. El rey emérito Juan Carlos regresa a las regatas y a España.
En principio no debería ser noticia que un ciudadano español sin problemas con la justicia pase unos días en su país de origen. Sin embargo esta vez lo es y, además, lanza un pésimo mensaje a la ciudadanía.
Si la vuelta del rey corrupto es noticia se debe a que antes se fue. Abandonó el país hace dos años, acosado por investigaciones judiciales en Suiza e Inglaterra a las que de mala gana se sumó también la fiscalía española. Que se estuviera investigando el origen ilícito de la enorme fortuna que amasó siendo el rey de todos los españoles, y su persistente manía en defraudar a la hacienda pública, puso en una situación incómoda a la casa real. Se fue para alejar su creciente reputación de delincuente del rey actual, su hijo y heredero.
Fue una operación de relaciones públicas mal llevada desde el principio y que no podía acabar bien. En teoría el monarca habría podido ser imputado por cualquiera de los numerosos delitos que cometió en su desmedido afán por el lujo y la riqueza. Pero es en teoría. La casa Real nunca tuvo dudas de que los dóciles fiscales españoles antepondrían el "sentido de Estado" a su deber de perseguir los delitos y encontrarían la manera de archivar las investigaciones sin someter a juicio al monarca jaranero. El miedo era que fiscales de otros países, mucho más independientes y rectos, o los medios de comunicación destaparan delitos e irregularidades que dañaran definitivamente el prestigio de la monarquía. En ese caso, al alejar al emérito de los focos y confinarlo en un resort del inmenso desierto de Arabia, se lo sacaba del debate público cotidiano, escondiéndolo en lo posible.
Pero no podía acabar bien porque si algo ha demostrado Juan Carlos a lo largo de su vida es que no está dispuesto a sacrificar su buena vida dedicada al disfrute, el lujo y el sexo por el interés de la Corona o el país. Nadie creería razonablemente que fuera posible controlar a ese trueno.
Más allá, las salidas jurídicas son peores de lo que preveía el asesor real de comunicación que bendijo la operación de imagen. Es verdad que el fiscal suizo claudicó ante la imposibilidad de investigar en los países árabes el origen de las comisiones millonarias envidas a Juan Carlos y que este compartía con su familia y amantes. También es cierto que, como se dijo, la fiscalía española archivó las investigaciones, aunque no lo hizo porque el emérito fuera inocente de sus delitos: la justificación para librarlo fue que en algunos delitos no había pruebas suficientes, que de otros se había arrepentido espontáneamente y que por la mayoría no se le podía perseguir en razón de una descabellada interpretación que hace el fiscal de los privilegios reales. De una forma u otra parece evidente, y toda la sociedad española lo sabe, que el rey Juan Carlos cometió numerosos delitos movido por una codicia sin fin aunque vaya a quedar impune por ello.
Y aquí radica el problema de este regreso lúdico a la navegación y los clubes náuticos. Gran parte de la ciudadanía española lo vive como un bofetón sin manos. El rey que se embolsó millones de euros aprovechándose de su posición vuelve feliz como una perdiz a seguir su vida de lujo sin un atisbo de arrepentimiento o pudor.
El retorno del Bribón nos recuerda a todos la impunidad real. Vivimos en un sistema en el que el Jefe del Estado puede ser el máximo representante de la corrupción sin que sus delitos, por más evidentes que resulten, tengan ninguna consecuencia.
Lo más grave no es ya que Juan Carlos haya sido un delincuente campechano e impune. Lo verdaderamente grave es que la Casa Real se ha negado a reformar el sistema de inviolabilidad real aplicada incluso a los desmanes cometidos por el monarca en su vida privada. En estas condiciones, la vuelta a las regatas de Juan Carlos es un recordatorio de que el Rey actual podría estar cometiendo delitos parecidos, seguro de que nunca tendría que responder por ellos.
La monarquía española parece sentirse cómoda en la corrupción y poco dispuesta a dar el paso que la acercaría de algún modo a la democracia: someterse a la ley.
Fuente: https://blogs.publico.es/dominiopublico/45584/vuelve-el-bribon/#md=modul...
El retorno del rey emérito
Javier Pérez Royo
El jefe del Estado debe ser “honorable”. En el caso de que existan dudas, tenemos derecho a que nuestros representantes elegidos democráticamente despejen dichas dudas mediante la investigación de su conducta.
El artículo 19 de la Constitución permite a Don Juan Carlos de Borbón entrar y salir o salir y entrar en el territorio del Estado con total libertad. Esto es completamente indiscutible desde una perspectiva jurídica. No tiene por qué pedir permiso a nadie para moverse dentro o fuera de España o para fijar su residencia donde le parezca oportuno.
Las idas y venidas del rey, una vez que el Ministerio Fiscal decidió que, aunque su conducta pudo ser constitutiva de delito tanto durante su reinado como tras su abdicación, como consecuencia del juego conjunto de la inviolabilidad y de la prescripción o de la regularización fiscal, no había nada por lo que pudiera ser residenciada su conducta ante el Tribunal Supremo, carecen de relevancia jurídico penal.
¿Por qué tanto jaleo, entonces? Sería constitutivo de delito impedirle volver a España, pero no permitirle que lo haga. Ni su hijo, el rey Felipe VI, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen nada que decir al respecto. Si acaso, serían las Cortes Generales las que podrían intervenir y condicionar la entrada y salida de España de Juan Carlos. No parece que estén muy dispuestas a ello.
Quiere decirse, pues, que sus andanzas no pueden ser analizadas jurídicamente, sino que únicamente pueden serlo desde una perspectiva política. No pueden ser examinadas desde el punto de vista de la “legalidad”, pero sí pueden y deben serlo desde el punto de vista de la “legitimidad”.
Que no se le pueda exigir ningún tipo de responsabilidad antes los tribunales de justicia, no quiere decir que no se le pueda exigir una responsabilidad de tipo político. Aceptemos que la conducta de Juan Carlos durante su mandato y tras su abdicación supera la prueba del principio de legalidad. ¿Debe entenderse con ello que también ha superado la prueba del principio de legitimidad?
La tensión entre el principio de legitimidad y el principio de legalidad no puede no estar presente en la trayectoria del Estado Constitucional. De todo Estado Constitucional, tanto si la Jefatura del Estado es monárquica como si es republicana. Para que los ciudadanos puedan reconocer a un jefe del Estado como tal no basta con que la persona que ocupa la jefatura no sea un delincuente, declarado como tal mediante sentencia firme, sino que se exige algo más.
El jefe del Estado debe ser una persona “honorable”. En el caso de que existan dudas acerca de dicha honorabilidad, los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros representantes elegidos democráticamente de manera directa, despejen dichas dudas mediante la investigación de la conducta de la persona que ha ocupado la jefatura del Estado.
El análisis de la ejecutoria de la persona que ha ocupado la jefatura del Estado, en el supuesto de que existan indicios de irregularidades, por decirlo de manera suave, también forma parte de la “memoria histórica”. Una sociedad, para poder respetarse a sí misma, tiene que despejar las dudas sobre una posible conducta indigna de la persona que la ha ocupado.
Más todavía, cuando esa persona ha estado casi cuarenta años en la jefatura del Estado y cuando accedió a ella como consecuencia de un golpe de Estado contra un Gobierno democráticamente constituido. Su legitimidad de origen viene de un golpe antidemocrático y de una guerra civil. ¿Ha compensado su falta de legitimidad de origen con una legitimidad de ejercicio por la forma en que ha ejercido su función durante los años en que ha ocupado la jefatura del Estado?
Este es un interrogante que no puede quedar sin respuesta. Ahora que se acerca el Tour de Francia me parece que resulta pertinente comparar la ejecutoria de Juan Carlos I como rey con la del siete veces campeón del Tour, Lance Armstrong. Juan Carlos como rey ha sido tan tramposo como lo fue Armstrong como ciclista.
Este último, tras muchos esfuerzos, acabó siendo juzgado y ha sido desprovisto de cualquier tipo de “honorabilidad”. El juego sucio no puede ser pasado por alto, como si no hubiera tenido lugar.
Lo mismo habría que hacer con el rey Juan Carlos. Acreditar, si los indicios que existen se confirman con la investigación correspondiente, que ha practicado juego sucio durante su reinado y aún después. Ha sido un rey que se inhabilitó con su conducta para ocupar la jefatura del Estado. Por eso tuvo que abdicar. Para la salud de la democracia española es de suma importancia que quede registrado en la investigación parlamentaria correspondiente.
Que pueda entrar y salir libremente de España es jurídicamente indiferente. Que las Cortes Generales, es decir, las dos Cámaras conjuntamente, lo investiguen y, tras la investigación, hagan público el juicio que les merece la ejecutoria del que fue rey durante cuarenta años, es una exigencia democrática insoslayable.
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