Negocios y empresas
Pensiones
Miguel Pineda
E
l ahorro institucional para pensionar a los trabajadores es algo reciente en México. Las personas de la tercera edad en el pasado vivieron de sus ahorros o del apoyo familiar. Con el desarrollo del IMSS los trabajadores de la economía formal comenzaron a recibir un ingreso al jubilarse, lo cual les permitía vivir con cierta holgura.
Pero hasta finales del siglo XX las aportaciones para el retiro no se concentraban en cuentas individuales, sino que se utilizaban para el pago de la generación anterior, la compra de medicamentos y la creación de infraestructura hospitalaria.
El gran problema de ese sistema es que el número de retirados fue cada vez mayor frente a los trabajadores en activo, por lo que el dinero aportado por estos últimos ya no fue suficiente. Así, el gobierno tuvo que destinar recursos públicos para este propósito y todavía hay una generación que vivirá la última etapa de su vida a costa del gasto público.
Por ello, en 1997 se reformó la ley del IMSS, lo que generó un respiro a las finanzas públicas. A partir de ese momento, los trabajadores que se incorporan al Seguro Social, junto con las empresas y el gobierno, aportan recursos a cuentas de ahorro individuales a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).
Sin embargo, las aportaciones realizadas hasta la fecha son reducidas, por lo que el ahorro generado no permitirá que el trabajador viva bien la última etapa de su vida. Se calcula que a partir de 2021, cuando se retire la primera generación bajo este esquema, sólo recibirá 30 por ciento del último salario que ganaba.
Ante esta situación, a partir de 2022 y a lo largo de los siguientes ocho años, las aportaciones empresariales a las cuentas de cada trabajador subirán paulatinamente, para pasar de 5.12 por ciento a 13.87 por ciento del salario, y con las aportaciones del gobierno y de los propios trabajadores el ahorro para el retiro pasará de 6.5 a 15 por ciento, con lo que se proyecta que el ingreso para los jubilados será de 56 a 97 por ciento del último salario recibido, según señala la Secretaría de Hacienda.
La reforma todavía no es suficiente para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores cuando se retiren, pero es un avance frente a los ingresos mínimos que recibirá la generación que está a punto de jubilarse.
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