Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A. Latina
27/07/2020
- Análisis
A pesar de la crisis que ha desatado la pandemia, el extractivismo no está confinado: aunque con altibajos, sigue operando y se reposiciona estratégicamente. Esto ocurre mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación. En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia en América Latina, sus ritmos, reajustes y atajos. Resaltamos sus políticas para la expansión de fronteras, impulsar una ola de neoliberalización e imponer formas de secutirización de la vida. Finalmente, destacamos las movilizaciones, re-existencias y alternativas ante la compleja situación.
“Tenemos la oportunidad, en este momento en el cual la atención de la prensa está concentrada casi exclusivamente sobre el COVID […] ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad […] Necesitamos nuestro esfuerzo, ir ‘pasando el ganado’, ir cambiando todo el reglamento y simplificando normas del IFAM, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente”.
Ricardo Salles, ministro del Ambiente de Brasil, 2 de abril de 2020
“La pandemia les venía como anillo al dedo porque nos habían metido a todos en la casa, pero al ver que el extractivismo no estaba haciendo cuarentena, nos vimos forzados a romper la cuarentena para salir a movilizarnos y además lanzar una nueva iniciativa popular con muchísimo más vigor y más fuerza que el anterior”.
Leo Travaglia, Asamblea No a la Mina de Chubut, 6 de julio de 2020
El continente americano es hoy uno de los puntos álgidos de la pandemia global de la Covid19. Misma que está generando impactos múltiples en América Latina y va trastocando las coordenadas y ejes del patrón y modo de acumulación dominante en la región: el extractivismo. Estamos en medio de un largo proceso de crisis y reestructuración sistémica muy accidentado e impredecible.
A pesar de la coyuntura y la gran inestabilidad, el extractivismo no está confinado; mucho menos está sentado esperando a que llegue el tan mentado “mundo post-covid”. El extractivismo ‘está en la calle’, tiene salvoconducto y también impunidad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, pues está ocurriendo mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación de la pandemia.
La orientación de una ‘nueva normalidad’ está ya en agenda y construcción en la región, que posibilite la apropiación y capitalización de la naturaleza y el trabajo, partiendo de la administración del binomio seguridad/emergencia y rescate/crisis económica. ¿Hacia dónde marchamos? En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia. De sus ritmos, sus reajustes, sus altibajos, sus atajos. Veamos.
Commodities, crisis, pandemia y protestas: cuatro determinantes de la situación
Primeramente, las dinámicas del extractivismo en la pandemia hay que entenderlas en el marco de procesos globales, nacionales y territoriales que están siendo determinantes (y lo seguirán siendo), de los cuales es importante resaltar al menos cuatro aspectos entrelazados:
- Impactos en la demanda y mercados globales de energía y commodities: en general, la pandemia ha deprimido la demanda de materias primas, provocando a su vez una caída en los precios de la mayoría de los commodities. Esto ha sido así especialmente para hidrocarburos y commodities metálicos1. Además de la estrepitosa e histórica caída de la demanda y precios del petróleo (que impacta a Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, México, Perú o Argentina), destacan también la del cobre (afectando especialmente a Chile y Perú) y el caucho. También, aunque en menor medida, se evidencian caídas en los precios de la soja, el maíz, el café o la caña, entre otros. Muy al contrario, los precios del oro están experimentando una notable alza, que se mantienen en ascenso y rozan records. Todos estos factores tienen una alta incidencia en las dinámicas del extractivismo. Por ejemplo, la debacle petrolera va incrementando las tendencias hacia la minería, aunque está también provocando una crisis sobre los agrocombustibles (afectando los negocios sobre el maíz y la caña); se eleva el atractivo sobre los commodities agroindustriales; mientras que el alza del oro produce más presiones en la Amazonía y otros territorios campesinos e indígenas, donde existen reservas del mineral. Lo que vaya ocurriendo en este sentido será determinante sobre el curso de las tendencias que configuren al extractivismo en la región;
- Procesos de ajuste económico y el desarrollo de la crisis económica: por otro lado, la pandemia emerge cuando ya América Latina venía, desde al menos 2014-2015, desarrollando una crisis económica que estaba evolucionando de la mano de una progresiva expansión de políticas neoliberales (que incluyeron a gobiernos ‘progresistas’). Organismos como la Cepal o el FMI prevén que a raíz de la pandemia se viene para Latinoamérica la peor recesión de su historia2. Esto tiene múltiples y tremendas implicaciones, entre las que destaca el hecho de usar retóricamente al extractivismo como el ‘gran salvador’ y tratar así de legitimarlo. Otra cuestión es que, de la mano de la creciente precarización de la población y del autoritarismo en los gobiernos, probablemente el extractivismo se haga mucho más conflictivo;
- Dinámicas de flujo social y comercial en la pandemia: la restricción, severa en muchos casos, de la circulación de personas y el comercio, a raíz de la pandemia, ha tenido un impacto tremendo en la forma que ha tomado la crisis. Las tendencias que vayan imponiéndose en el tiempo –por ejemplo, la instauración de circulaciones permanentemente restringidas en diversas áreas, o diversas formas de desglobalización– van a ser determinantes en la ‘normalización’ de una u otra modalidad de extractivismo (dependiendo de los emprendimientos);
- Emergencia, masividad y/o intensidad de las protestas y resistencias: la región ha sido un amplio territorio de movilizaciones sociales masivas contra diversas políticas anti-populares, así como de resistencias territoriales contra el extractivismo. El año 2019 fue año de explosión de estas expresiones de poder de los pueblos, que hicieron un muy importante contrapeso a los poderes establecidos. Diversas movilizaciones se han podido ver en 2020, lo que muestra que la cuarentena y el miedo al contagio pueden ser relativos. El extractivismo y sus reacomodos dependen también del nivel de las resistencias sociales que se desarrollen en los tiempos venideros.
El ‘esencial’ extractivismo no está en cuarentena: opera sobre trabajadores contagiados y los gritos de la selva
El shock social, económico y político que implicó la globalización de la pandemia, ciertamente ha estremecido todo, incluyendo las economías de la región y los emprendimientos extractivistas. Pero, en general, el extractivismo, en sus diversas facetas, ha seguido operando, y, sobre todo, las élites políticas de nuestros países se han encargado de ello, a pesar de los sensibles costos sociales, sanitarios y ambientales que conlleva en este tiempo de tanta vulnerabilidad.
En buena parte de los países latinoamericanos, mientras se declaraban estados de emergencia y se imponía el aislamiento social obligatorio, actividades como la minería, el agronegocio o la tala eran declaradas “actividades esenciales” para la economía y la sociedad, lo que implica que estas funcionan sin restricciones. Esto fue así, por ejemplo, para gobiernos como el de Fernández en Argentina, de Vizcarra (Perú) o el de Bolsonaro en Brasil. El gobierno de Lenin Moreno (Ecuador) eximió a las empresas mineras de los cierres impuestos a la población, mientras que el Gobierno de Piñera en Chile afirma que ha hecho ‘grandes esfuerzos’ para mantener la minería en pie3 durante la pandemia.
En estos críticos meses de la Covid19 en la región, ciertamente la minería ha tenido altibajos. Sin embargo, esta actividad extractiva ha tenido un lugar privilegiado y, de acuerdo a comunidades, organizaciones y trabajadores, ha actuado saltándose normas y protocolos establecidos para la coyuntura. En México, las principales empresas de la rama –como el Grupo Frisco, Fresnillo o Industrias Peñoles– de una u otra forma no han suspendido operaciones4; en Chile, la Cámara Minera de ese país se jacta de haber aumentado las cuotas de extracción en varios de sus emprendimientos de cobre y otros minerales5; en Argentina, se retoman actividades como ocurre en los yacimientos de la provincia de Santa Cruz –llegando a producir al 80% de su capacidad6–; mientras que en Brasil, se alcanzó la notable cifra de 29 toneladas de oro (oficialmente) extraídas7. Respecto a la minería ilegal (e informal), aunque en sus inicios se generó una significativa ralentización (o parón, dependiendo de los casos) de la actividad, posteriormente esta se reposicionó, como ha ocurrido en Colombia8, Perú9 y Venezuela10.
El agronegocio, en sus diversas formas, ha venido también funcionando con impunidad en casi todos los países de la región. En Colombia, nuevas fronteras son colonizadas de forma mafiosa para el acaparamiento de tierras, además de la ganadería extensiva o la agroindustria –como ocurre con el rápido crecimiento de cultivos de eucalipto y palma en las sabanas de La Fuga (Guaviare)11; en Perú persisten operaciones como las de las empresas de palma aceitera –como ocurre en Ucayali12–; e incluso se registran aumentos de las exportaciones agroindustriales como en Brasil con la carne y la soja13, o en Paraguay, con un incremento del 24% de los envíos de carne al exterior en relación a 201914.
En relación al extractivismo petrolero, este ha continuado operando, pero la crisis lo ha llevado a la baja (como ocurre en grados diversos en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros).También es relevante mencionar la continuación de otras operaciones como el tráfico ilegal de madera, como se da en el Ecuador15; o la intensificación de la pesca ilegal marítima, como sucede en la Argentina.
Lo que resalta de estas particulares dinámicas del extractivismo en la pandemia, son al menos tres factores muy perversos: en primer lugar, la persistencia del extractivismo se ha sustentado en una lógica de sacrificio humano (marcado por patrones raciales, de clase y género), al puro estilo colonial que, para mantener las actividades operativas han forzado a las y los trabajadores a exponerse al contagio del coronavirus. Esta política de poner la ganancia de unos pocos por encima de la salud de la población se repite en un grado u otro en todos los países, con la negligencia de cumplir normativas por parte de las empresas o la laxitud de controles por parte de organismos estatales. Esto se produce, por ejemplo, en las plantas de carne o en emprendimientos mineros de Brasil; con trabajadores de las plantaciones de bananos y palmeras, fábricas de mariscos o granjas de flores en Ecuador16; en empresas petroleras en el Perú17 o en mineras en Chile18 y México19. El resultado no ha sido sólo numerosos contagios de trabajadores y trabajadoras, sino que los propios emprendimientos extractivistas se van convirtiendo en importantes vectores de contagio, como ha ocurrido en Rio Grande do Sul, un centro de exportación de carne donde más de una cuarta parte de los nuevos casos confirmados de la Covid19 en mayo, fueron entre trabajadores de estas plantas industriales20.
En segundo lugar, se han replicado los terribles impactos ambientales del extractivismo, pero ahora en un tiempo de gran impunidad y con serias dificultades para poder atenderlos. Destaca el dramático aumento de la deforestación en la Amazonía: unas 75.000 hectáreas ya se registraban para abril en la parte colombiana (buena parte en bosque primario)21, mientras que sólo en mayo en Brasil se deforestaron 82.900 hectáreas22. De seguir estas tendencias, 2020 podría ser el año más destructivo para la selva amazónica. A esto hay que sumarle el desmonte de 9.000 hectáreas de bosque en el norte de Argentina – principalmente en Salta– y el avance deforestador en los departamentos de Guairá y Canindeyú en Paraguay23.
No podemos dejar de mencionar el aumento de las quemas en la Amazonía boliviana –que comienzan antes de lo previsto y de enero a mayo se registraba un 80% más de focos de calor en comparación con enero-mayo de 201924– y en la brasileña –en junio se registró la peor marca para ese mes en 13 años25–; derrames petroleros como el ocurrido en los ríos Coca y Napo en la Amazonía ecuatoriana a principios de abril –el mayor derrame de petróleo en la zona en los últimos 15 años, afectando a cerca de 120.000 personas26–; o fumigaciones con agrotóxicos, como ocurre en el centro y noreste argentino27.
En tercer lugar, lo que nos parece un elemento central: a pesar de la situación general a la que hemos llegado, en la cual la pandemia de la Covid19 es apenas el síntoma de un planeta enfermo de capitalismo y extractivismo, lo que presenciamos es no sólo una abismal ceguera de las dirigencias políticas, que ignoran cualquier alternativa o camino diferente a este; sino, y sobre todo, una pisada en el acelerador de la locomotora de la devastación, aniquilando las condiciones que permiten la vida en la Tierra, al tiempo que se potencian las vulnerabilidades sociales y se socavan las capacidades de enfrentar esta u otras perturbaciones que podrían desarrollarse en los tiempos venideros. Se camina en sentido contrario. ¿Hacia dónde marcha el extractivismo?
Horizontes extractivistas: avance estratégico y reposicionamiento del capital
Derechas, extremas derechas, centros o izquierdas: todas nos ponen más y más extractivismo en el horizonte. Ciertamente la pandemia representa también un desafío para los intereses de estas élites económicas y políticas regionales. Pero parecen dejarnos claro que, cuando hablan de la situación de la Covid como una ‘oportunidad’, se refieren a relanzar las inversiones y/o ampliar las fronteras de la apropiación y la extracción.
En este escenario, la minería queda aún más realzada. En Argentina, de los numerosos proyectos mineros que están a la espera de luz verde o reimpulso, podemos resaltar el anuncio en mayo del gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, de la reactivación del viejo Proyecto Potasio Río Colorado (cloruro de potasio)28; la celebración del secretario de Minería de Salta, Ricardo Alonso, ante el anuncio en abril de Barrick Gold de la explotación del proyecto El Quevar (plata, plomo y zinc)29; o la nueva embestida en Chubut por parte de la empresa canadiense Yamana Gold para avanzar en su proyecto de extraer oro y plata en la localidad de Esquel –¡a pesar de las históricas resistencias!–, con el apoyo de la gobernación de provincia30, y en el marco del apoyo que el presidente Fernández ha planteado antes y durante la pandemia a la actividad minera en el país.
En Venezuela, en medio de la desastrosa crisis que se vive, el 8 de abril se promulgó la Resolución N° 0010 mediante la cual se autoriza la práctica minera de oro, diamantes y demás minerales estratégicos, en importantes ríos de la Amazonía venezolana, lo que supone una dramática expansión de las áreas de explotación en el marco del devastador proyecto Arco Minero del Orinoco31. En Chile, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó en abril, a través de videoconferencia, las prospecciones de la Compañía Minera Vizcachitas Holding –propiedad de la canadiense Los Andes Coppers– en Putaendo32, mientras que Barrick Gold anunciaba nuevas negociaciones para entrar en nuevos proyectos mineros, así como los intentos de viabilizar Pascua Lama33. Y en Ecuador, se le dieron aprobaciones regulatorias para exploraciones a la empresa australiana SolGold –que controla 75 concesiones regionales en 14 provincias del país– en los proyectos Porvenir, La Hueca y Blanca (ubicados en las provincias de Zamora Chinchipe y Carchi)34, para lo que sería la explotación de cobre y oro. En numerosos casos, presenciamos declaraciones de los ministros de minería de los países valorando a esta actividad como el ‘salvavidas’ para la reactivación de la economía, buscando legitimar viejos y nuevos proyectos, como ha ocurrido con la ministra de Energía y Minas del Perú, Susana Vilca, quien no descarta impulsar la reactivación de los polémicos proyectos Conga y Tía María, mientras pide a las comunidades que se oponen, que ‘reflexionen’ sobre su posición, ante la crisis económica que se vive35; o bien el breve (ex)ministro de minería de Bolivia, Fernando Vásquez, quien afirmaba en mayo que el gobierno buscaría todos los medios para impulsar una exploración intensiva de minerales en el país36.
Similar situación de avance y reposicionamiento se produce con el agronegocio. En Honduras, con los decretos PCM-030-2020 (abril) y su reforma PCM-041-2020 (mayo), se facilita a las empresas agroexportadoras el acceso a tierras nacionales y ejidales37, mientras que en Ecuador, el 2 de junio el pleno de la Asamblea Nacional aprobaba el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, que promueve aún más este tipo de cultivos y la producción de biodiesel –afectando también tierras comunales y áreas en conservación38. El gobierno de Añez en Bolivia autorizó a principios de junio la importación de eucaliptos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, que incluye un paquete tecnológico que “utilizará material genético con características inmunológicas más fuertes”39, mientras que en Chile, en los territorios del Wallmapu, forestal Arauco aprobó en mayo un aumento de capital de casi 700 millones US$ para el cuestionado proyecto MAPA40, el mayor complejo industrial de celulosa en construcción del mundo. También, en países como Perú y Bolivia, se busca abrir el camino para la introducción de transgénicos, como veremos más adelante.
En el caso de las infraestructuras, resaltaremos el caso del polémico proyecto del Tren Maya impulsado por el gobierno de López Obrador y presentado como el ‘motor’ de la reactivación económica. El 1 de junio, a pesar de las numerosas oposiciones, AMLO inauguraba obras en tiempos de pandemia, aunque para mediados de julio las mismas fueron detenidas por atentar contra la salud de comunidades y pueblos indígenas41.
Sin embargo, y a diferencia de los otros sectores mencionados, como ya señalamos el sector hidrocarburos se encuentra en serias dificultades dadas las particulares circunstancias energéticas globales. Importantes caídas y estancamiento en las inversiones han generado el estrangulamiento de algunos emprendimientos y las proyecciones son muy inciertas, muchas de ellas pesimistas. Esto de ninguna manera supone que este tipo de extractivismo de un paso al costado. De hecho, mientras Ecuador se encontraba en cuarentena y estado de excepción, una nueva carretera de 2,2 kilómetros se ha venido construyendo desde mediados de marzo en el controvertido Bloque 43, más conocido como ITT, ubicado en el corazón del Parque Yasuní (en la Amazonía) –según lo revela un reciente reporte de MAAP42.
En todo caso es muy relevante mencionar que los que quedan en una comprometida situación son los proyectos de hidrocarburos no convencionales, poniéndose seriamente en entredicho su viabilidad, como ocurre con Vaca Muerta en Argentina o la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela. En el caso de Pre-sal en Brasil, probablemente queden inactivas las plataformas de aguas poco profundas con mayores costos de extracción (al menos temporalmente)43, mientras que la crisis parece allanar el camino hacia privatizaciones. Unas 18 empresas del fracking en los Estados Unidos han ido a la quiebra, entre las que se cuenta la pionera de esta técnica, Chesapeake Energy44. A pesar de este contexto, el presidente Iván Duque se ha mantenido activo e insistente en la promoción del fracking en Colombia, y a principios de julio la administración de Ecopetrol se asoció con la multinacional ExxonMobil para la puesta en marcha de los proyectos piloto en el Magdalena Medio45. ¿Cómo lo va a sostener económicamente? ¿A quiénes se le va a cargar la cuenta?
‘Pasando el ganado’: dejar colar una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación del extractivismo
Cuando el ministro del ambiente del Gobierno de Bolsonaro, Ricardo Alles, afirmaba con total crudeza y cinismo –en un video filtrado de abril de este año–, que había que aprovechar que la gente y la prensa estaban distraídas con la pandemia para impulsar una desregulación de la política ambiental del país46, para “ir pasando el ganado”, estaba no sólo mostrando la grotesca y desinhibida forma del extractivismo actual en Brasil, sino también lo que en realidad es una política compartida en la región, aunque varíe en sus grados de intensidad e intencionalidad. Como típica expresión de un proceso de acumulación por desposesión, estos movimientos de avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo en la región vienen aparejados de lo que podría ser una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación, ante la cual hay que tener mucha atención. Aquí mencionamos al menos 4 modalidades de este proceso:
- Eliminación, congelamiento o entorpecimiento de evaluaciones y leyes de protección ambientales: en Chile durante la pandemia se ha introducido más del doble de la cantidad de proyectos que el promedio de los dos años anteriores, para ser escrutados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En un informe presentado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la organización indica que los más de 500 proyectos en calificación superan con creces la capacidad de evaluación de la institución, a pesar de que las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado, han solicitado públicamente congelar todos los procedimientos en este periodo, dado que provocará una precaria y deficiente evaluación ambiental47. Olca también señala que, durante el estado de excepción, la autoridad ambiental ha congelado el trámite de evaluación ambiental para proyectos que contemplan la Participación Ciudadana (PAC) y/o deben hacer consulta indígena. Esto se intensifica con el llamado “Acuerdo Covid” alcanzado a mediados de junio entre el Gobierno de Piñera y parte de la oposición, el cual contempla la reducción de los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos48. Por otro lado, en Colombia, el gobierno nacional ha resuelto que audiencias públicas para el otorgamiento de licencias ambientales se realicen en línea, como se ha evidenciado en el caso del proyecto aurífero Soto Norte en el páramo de Santurbán, lo que ha sido denunciado por el Comité para la Defensa del Agua y los Páramos de Santurbán49. Misma situación se registra en Honduras, siendo que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de ese país anunció el 31 de marzo que los trámites para licencias ambientales se pueden hacer de manera virtual, señalando la necesidad de no detener la operatividad del comercio y las empresas, ni la promoción de la inversión en el país50.
- Facilitación y aprobación de ingreso de nuevos insumos para el extractivismo: en Bolivia, el 8 de mayo el gobierno de Añez le dio paso a la autorización al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación de eventos transgénicos, en cultivos como el maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soja (Decreto Supremo 4232)51. Situación un tanto similar se presenta en Perú donde, después de una moratoria de 10 años, el gobierno ha emitido un decreto, el 22 de mayo, en el cual ordena que se publique el reglamento que regula, con criterios de seguridad de la biotecnología, el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) en el sector agrario52. Diversas organizaciones han señalado que se trata del primer paso para la liberación de transgénicos en el país, declarándose públicamente contra este decreto. En Brasil, entre marzo y mayo, el gobierno de Bolsonaro ha aprobado 118 nuevos agrotóxicos para ser vendidos en el mercado nacional, superando el registro del año pasado (que fue record) para el mismo período53. Algo parecido se da en la Argentina cuando, en un claro favor al agronegocio, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá –mismo ministro de Menem que en aquel entonces le abrió la puerta del país a los ‘paquetes tecnológicos’– redujo a finales de abril aranceles para potenciar la importación para la fabricación de los herbicidas glifosato y 24D en el país. Esto, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica del Mercosur54.
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