Desaparecen las personas, desaparece la justicia
Este es apenas un pequeño fragmento de la historia del México que nos dejaron las últimas dos décadas: el de la fallida guerra contra el narcotráfico, los no localizados, las fosas, el peregrinar de las familias cuyos seres queridos un día ya no aparecieron… Esta es una pequeña historia sobre Guanajuato, un estado que, hasta ahora, ha desatendido el dolor de las víctimas.
Es probable que al buscar información sobre este colectivo, uno localice datos de «A tu encuentro Irapuato», una organización dedicada a la búsqueda de desaparecidos; sin embargo, ahora sólo se nombran «A tu encuentro», ya que el problema de personas no localizadas no se limita a dicha ciudad, sino al estado de Guanajuato por completo, entidad donde la violencia se agrava día con día.
Comenzaron siendo unas seis familias, pero el dolor de perder a un ser querido unió más casos y ahora son aproximadamente 65 grupos de familiares que buscan justicia, soluciones y sobre todo, trabajar de forma conjunta con las autoridades de su estado para crear políticas públicas en materia de seguridad.
En diciembre de 2019, trascendió que «A tu encuentro», buscó una reunión con el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, luego de que la fiscal regional B, Claudia Mota, se reuniera con ellos a inicios de diciembre para decirles que en el estado no hay fosas, que ellos no son víctimas, en una reunión donde la funcionaria no prestó la atención debida a las familias de los desaparecidos.
Así lo dijo en entrevista, José Gutiérrez, el representante de «A tu encuentro», así como director general de «Sembrando comunidad», un esfuerzo compartido entre dicho colectivo y «Justicia y Esperanza», quienes surgen en 2011 luego de la desaparición de una caravana migrante que se dirigía a los Estados Unidos.
«La necesidad de la reunión con la Fiscalía surge por el requerimiento de información clara para las familias luego del hallazgo de cuerpos que se encuentran, ya que a unas les decían que habría resultados en ocho meses, a otras en ocho semanas, y no había claridad en el asunto».
«Nos recibió la fiscal Claudia Mota, interrumpía a las familias, no los dejaba hablar, nos dijo que en Guanajuato no hay fosas a pesar de que en medios de comunicación llevan sus propios registros: algunos mencionan 18, otros 23, pero la Fiscalía de Guanajuato está registrando cero fosas», añade Gutiérrez.
Y en efecto, aunque el «Informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas» presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado 6 de enero, indica que en Guanajuato hay 672 desaparecidos desde los sesentas a la fecha, coincide en que en la entidad no hay fosas.
No obstante, la propia Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, informó que los datos de dicho informe provienen de las propias autoridades de los estados de la República, por lo que la claridad en el tema de fosas y desapariciones sigue siendo difícil de esclarecer.
Por ejemplo, Segob informó que en Guanajuato, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se registraron 23 casos de desaparecidos, únicamente se localizaron a dos.
Aunado a ello, en cuanto a las fosas, con un simple monitoreo de medios informáticos se da cuenta de que existen casos de hallazgos en Guanajuato: el 19 de agosto de 2019, fueron encontrados, en una fosa clandestina en el municipio de Celaya, 12 cuerpos y 3 osamentas; en diciembre pasado, cinco cuerpos en Salamanca; en octubre de 2018, seis cuerpos en Arandas, Irapuato, y así otros varios casos que no se explica el porqué no están contabilizados por el estado.
Asimismo, a inicios de diciembre pasado, explica José Gutiérrez, se encontró otra fosa en la entidad. «En San Antonio el Rico, Irapuato, hay datos que hablan de 24 cuerpos», sin embargo, y aunque son cifras extraoficiales, el activista indica que podrían ser hasta cien cuerpos, según los propios familiares del colectivo que representa, cercanos a policías o personas allegadas a las investigaciones. «Cuando nosotros fuimos al Servicio Médico Forense de aquí de Irapuato, nos dijeron que eran tantos los cuerpos en esa fosa que no estaban todos aquí en Irapuato, que se habían repartido en todo el estado por la cantidad de cuerpos», añade. Esto deja claro que las cifras del estado podrían no ser muy confiables.
Por ende, y por la necesidad de construir un sistema de mayor certeza para las víctimas, los colectivos se han acercado a las autoridades. «Querían hacer una Ley de Desaparecidos sin consultar a los familiares de las víctimas, por eso intervenimos en el Congreso (local), se solicitó una reunión con el gobernador y algunas diputadas quedaron en intervenir para conseguir esa reunión: no obtuvimos esa respuesta, y el 16 de diciembre de 2019 metimos un documento a Palacio de Gobierno del estado y le solicitamos una reunión; la respuesta que obtuvimos es reunirnos con funcionarios de segundo y tercer nivel para atender el problema, a lo que nosotros rehusamos porque queremos que el gobernador nos escuche», explica Gutiérrez.
Así, el 21 de diciembre las organizaciones insisten y obtienen como respuesta un acuse de recibo del 8 de enero, ya que les dijeron que por las fiestas decembrinas, su trámite no obtendría respuesta hasta, en ese momento, el próximo año.
Entonces, el jueves 9 de enero de 2020 logran reunirse con Luis Ernesto Ayala, secretario de gobierno de Guanajuato, quien, según José Gutiérrez, escuchó a unas 40 familias asistentes en un mejor ambiente que cuando fueron a la Fiscalía. «Sí se mostró preocupado por lo que estaba sucediendo en el estado y por la forma en la que estábamos siendo atendidos en la Fiscalía».
En esta reunión preparatoria, resalta el representante de «A tu encuentro», la sensibilización de la administración local de Guanajuato, así como la presencia de Karla Quintana, quien es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, que también asistirá a la reunión agendada con Diego Sinhue Rodríguez el 16 de enero.
Para dicho encuentro con el gobernador, los colectivos de «Sembrando Comunidad», no sólo esperan que se escuche a las familias, sino también proponer una serie de puntos que incluyen una mesa de armonización legislativa para trabajar la Ley, una mesa de investigación y búsqueda, y una mesa de atención a víctimas.
«Las cifras que reporta la Fiscalía está muy lejos de la realidad de Guanajuato», comenta José Gutiérrez, y es que en cuanto atención a las víctimas, el activista comparte que existen muchos familiares de desaparecidos cuya vida, no sólo personal y emocional, sino también económica, se ha desmoronando luego de perder a un ser querido.
«La fiscal regional, Claudia Mota, le dijo tal cual a las familias, ‘ustedes no son víctimas’, y como no tienen reconocimiento ni tenemos una ley de víctimas en Guanajuato, tenemos al día de hoy una persona hospitalizada en León porque a raíz de que se metieron a su casa y se llevaron a su hija de 17 años, le dio parálisis facial y la tuvieron que intubar, está muy delicada de salud».
«Otra persona -explica el activista- se llevaron a su esposo que era el sustento de la casa, y tiene a dos hijos con discapacidad, y así, la mayoría de los desaparecidos en Guanajuato son hombres que eran los que proveían el sustento económico a sus familias y en el momento en el que se los llevan, las familias se caen económicamente: han tenido que vender casas, coches, todo su patrimonio porque han perdido sustento económico y el estado, la Fiscalía, nadie las ha apoyado, nadie apoya a los niños, a los huérfanos, nadie los ha apoyado».
Y es que otro tema sensible para el estado de Guanajuato, es que según la Secretaria de Gobernación, ya se han creado 29 comisiones de búsqueda estatales, y hay solamente tres pendientes, que son precisamente la de Guanajuato, Yucatán y Aguascalientes. Esta situación mantiene en la indefensión y ciertas incertidumbres a la población de la entidad, pues a los familiares de desaparecidos «no se les permite acceder al fondo de víctimas, están en una completa desprotección y en constante violación de sus derechos humanos», dice Gutiérrez.
«Es necesario que nos escuchen, es importante que alguien atienda a las víctimas; esperamos que sí podamos trabajar con el gobierno del estado, que se puedan establecer mecanismos para la rendición de cuentas, para la investigación adecuada, para la búsqueda, para la información que se maneja en torno a personas desaparecidas, al tema de las fosas y de la identificación; esperamos se pueda trabajar de manera conjunta el gobierno y la sociedad civil, ojalá que sí podamos empezar, sino, sí tenemos qué buscar quién nos escuche y atienda a las familias que están desprotegidas», comenta el director de «Sembrando Comunidad».
Desde 1991 a 1995 en que Guanajuato fue gobernado por Carlos Medina Placencia, hasta el actual mandatario Diego Sinhue Rodríguez, pasando por Vicente Fox Quesada (1995-1999), la entidad se volvió un bastión del Partido Acción Nacional. En últimas fechas, ha trascendido que el gobernador se resiste en asistir a las juntas de seguridad matutinas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, con las cuales se busca crear una estrategia conjunta entre administraciones locales y el gobierno federal.
Al respecto, José Gutiérrez comenta: «Creo que es un tema político y es por la coyuntura que se vive entre el gobierno del estado y el gobierno federal. La verdad es que nosotros en Guanajuato venimos padeciendo ya desde hace mucho tiempo una falta de una política criminal adecuada, venimos de una propuesta del ‘Proyecto Escudo’ que costó más de 2 mil millones de pesos, que no dio resultado, sufrimos políticas que no han servido en el estado sobre todo porque se hacen desde arriba sin escuchar a las personas».
Y añade: «Entonces nos toca a nosotros como sociedad civil empujar las estrategias adecuadas para atender el problema de la violencia en el estado, porque creemos que la pura visión del estado no es suficiente pera la situación en la que se encuentra Guanajuato con los homicidios, las extorsiones, las personas desaparecidas, la crisis de derechos humanos que vivimos en el estado da para que la federación, el estado y los municipios se coordinen, se pongan a trabajar en estrategias adecuadas y caminando codo a codo con la sociedad civil».
Reunión con el gobernador de Guanajuato
Luego de mes y medio de buscar audiencia, el colectivo “Sembrando Comunidad”, integrado por familias de desaparecidos en Guanajuato, logró reunirse con el gobernador de la entidad, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
El jueves 16 de enero, el Ejecutivo local los escuchó. Acompañados de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, llevaron no sólo sus demandas, sino todo el dolor que padecen quienes buscan, buscan, buscan y no encuentran ni a sus seres queridos, ni justicia, ni comprensión, tampoco eficiencia de las autoridades… No encuentran nada.
En entrevista, José Gutiérrez, director general de “Sembrando Comunidad”, indicó sobre la reunión: “Se llegaron a puntos necesarios para empezar a atender el problema de las personas desaparecidas en Guanajuato, venimos de un contexto de negación de las fosas, de las personas desaparecidas y es importante visibilizar a las víctimas, visibilizar la situación que estamos viviendo en Guanajuato”.
Gutiérrez informó también que se acordó una mesa en la que se trabajará con el secretario de gobierno local, Luis Ernesto Ayala, que podría comenzar actividades el 6 de marzo en temas legislativos de desaparición, para la Ley General de Víctimas; otra mesa de investigación y búsqueda, para atender algunas cuestiones a la Fiscalía, y una más para atención a víctimas, y darle seguimiento a la criminalización y a los niños que se quedan sin papás, niños que se quedan sin sustento.
Para tales fines, Gutiérrez afirma que el gobierno destinará un fondo de 10 millones de pesos para atender a familias de víctimas que tienen grandes problemas en materia de educación, salud, vivienda, entre otros temas que no pueden costear.
Sin embargo, y más allá de las políticas públicas y soluciones, una labor importante de “Sembrando Comunidad”, es la sensibilización de las autoridades sobre el problema que aqueja a quienes buscan a personas no localizadas. “Era necesario que el gobernador escuchara a las familias, el dolor de una madre de buscar a su hija, escuchara el pesar y el infierno que vive una mujer que busca a su esposo, de un padre que busca a su hijo y criminalizar a las víctimas, de nada le sirve a Guanajuato, a las instituciones y muchísimo menos, a la sociedad”.
Como colectivo, “Sembrando Comunidad”, presentó su primer informe denominado: “Diagnóstico del desempeño de la Fiscalía del Estado de Guanajuato en las investigaciones de personas desaparecidas”, del cual, resaltan algunos datos.
En primer lugar, a pesar de que el colectivo está integrado por más de 50 familias que han recurrido a las autoridades, la Fiscalía local sólo registra 22 carpetas de investigación; en segundo término, de estas 22 averiguaciones, sólo una cuenta con el procesamiento correcto de la escena de desaparición.
Entre las razones que la Fiscalía menciona ante esta problemática, dice el informe del Colectivo, es que las copiadoras no funcionan, que no encuentran la carpeta, que no tienen tiempo para sacar copias o que no es necesario que las familias tengan una copia de la carpeta de investigación, que basta con nombrar un asesor jurídico.
“Las carpetas que si tenemos -dicen las familias- las que si han entregado, están en desorden, con documentos que pertenecen a otras carpetas y en algunos casos incompletas” .
Además, el Colectivo denuncia que las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato no reciben de inmediato las denuncias, y hacen comentarios sobre los desaparecidos como: “al rato regresa”, “a la mejor se fue con el novio”, “si en 3 días no regresa viene y pone la denuncia”. Esto, dicen las familias, “impide una búsqueda adecuada y las acciones inmediatas que son de vital importancia en la búsqueda de personas desaparecidas y vulnera los derechos de las víctimas y ofendidos”.
El informe también determina que en el cien por ciento de los casos de denuncia, “los protocolos ayudan en la correcta atención de las víctimas, en las formas adecuadas de recolectar información y las acciones inmediatas de difusión de información para la localización de las personas desaparecidas”, protocolos que no se cumplen en Guanajuato.
Aunado a ello, José Gutiérrez dice que “Guanajuato no ha actualizado sus cifras y aparecemos con cero fosas, porque haciendo una documentación en los medios de comunicación como la que nosotros hemos hecho, se tienen identificadas al menos 23 fosas en Guanajuato… Fosas sí hay, pero en la reunión que teníamos con la Fiscal regional aquí en Guanajuato nos decía que ellos no les llaman fosas, ellos les llaman ‘entierros ilícitos’ y así lo manejan ellos, pero cuando llegamos al Semefo y pedimos información, tienen varias carpetas que en la parte de adelante dicen fosas, entonces ahí el tema fue de total indiferencia y falta de profesionalismo”.
Luego entonces, queda de manifiesto que la Fiscalía de Guanajuato no sólo ha presentado numerosas carencias en el tema de atención e investigación sobre desaparición en el estado, sino también, es parte del problema al hostigar a las personas que se encuentran en busca de sus seres queridos.
“Tenemos varios casos documentados de personas que han ido a pedir información a la Fiscalía y al día siguiente son amenazadas y al día siguiente los buscan, les piden que dejen de ir a la Fiscalía y que dejen de preguntar por su familiar, siendo que las únicas personas que se han enterado de esto son precisamente personas de la Fiscalía”, comenta Gutiérrez.
Asimismo, el activista señala que la reunión con Diego Sinuhé Rodríguez es importante para poner en el debate la seriedad en la búsqueda inmediata de alguien reportado como no localizado. “Se deja de criminalizar a las víctimas. Cuando desaparecen a las personas, incluso víctimas de homicidio, el discurso que se quiere dar a la sociedad es de: ‘es que en algo andaba’, ‘estaba en malos pasos’, incluso en el caso de algunas mujeres desaparecidas les dicen: ‘es que ha de andar con el novio, al rato regresa’, y no les reciben la denuncia de inmediato” .
Asimismo, José Gutiérrez comentó que no descartan la opción de viajar a la Ciudad de México para buscar audiencia con las autoridades federales; sin embargo, apuntó que en ocasiones carecen de recursos económicos, debido a que el dinero que logran recaudar es destinado al mismo apoyo para las familias del Colectivo que tanto lo necesitan.
Es por ello que el siguiente paso andado por los familiares de desaparecidos en Guanajuato fue el pasado 21 de enero, cuando miembros de «Sembrando Comunidad», asistieron a la Procuraduría de Derechos Humanos en Irapuato, para interponer 15 quejas sobre la ineficiencia de la Fiscalía en el estado.
José Gutiérrez, mencionó al respecto que dos de las quejas fueron por la negativa de las autoridades al acceso de las carpetas de investigación y las 13 restantes, por la falta de protocolos y la vulneración a los derechos humanos de las víctimas.
Por lo anterior, «Sembrando Comunidad» espera una respuesta positiva de la Procuraduría de Derechos Humanos local, ya que, informa José Gutiérrez, en 2019 se realizaron 37 recomendaciones en el tema pero la situación en la Fiscalía no ha cambiado.
Ahora, a los familiares que buscan a sus desaparecidos o al menos justicia en su memoria, les resta esperar resultados: que el gobernador cumpla, que la Procuraduría cumpla, que la Fiscalía mejore su trabajo, que en verdad comience la colaboración con las autoridades el 6 de marzo... Muchas cosas habrán de esperar.
Es probable que al buscar información sobre este colectivo, uno localice datos de «A tu encuentro Irapuato», una organización dedicada a la búsqueda de desaparecidos; sin embargo, ahora sólo se nombran «A tu encuentro», ya que el problema de personas no localizadas no se limita a dicha ciudad, sino al estado de Guanajuato por completo, entidad donde la violencia se agrava día con día.
Comenzaron siendo unas seis familias, pero el dolor de perder a un ser querido unió más casos y ahora son aproximadamente 65 grupos de familiares que buscan justicia, soluciones y sobre todo, trabajar de forma conjunta con las autoridades de su estado para crear políticas públicas en materia de seguridad.
En diciembre de 2019, trascendió que «A tu encuentro», buscó una reunión con el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, luego de que la fiscal regional B, Claudia Mota, se reuniera con ellos a inicios de diciembre para decirles que en el estado no hay fosas, que ellos no son víctimas, en una reunión donde la funcionaria no prestó la atención debida a las familias de los desaparecidos.
Así lo dijo en entrevista, José Gutiérrez, el representante de «A tu encuentro», así como director general de «Sembrando comunidad», un esfuerzo compartido entre dicho colectivo y «Justicia y Esperanza», quienes surgen en 2011 luego de la desaparición de una caravana migrante que se dirigía a los Estados Unidos.
«La necesidad de la reunión con la Fiscalía surge por el requerimiento de información clara para las familias luego del hallazgo de cuerpos que se encuentran, ya que a unas les decían que habría resultados en ocho meses, a otras en ocho semanas, y no había claridad en el asunto».
«Nos recibió la fiscal Claudia Mota, interrumpía a las familias, no los dejaba hablar, nos dijo que en Guanajuato no hay fosas a pesar de que en medios de comunicación llevan sus propios registros: algunos mencionan 18, otros 23, pero la Fiscalía de Guanajuato está registrando cero fosas», añade Gutiérrez.
Y en efecto, aunque el «Informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas» presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado 6 de enero, indica que en Guanajuato hay 672 desaparecidos desde los sesentas a la fecha, coincide en que en la entidad no hay fosas.
No obstante, la propia Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, informó que los datos de dicho informe provienen de las propias autoridades de los estados de la República, por lo que la claridad en el tema de fosas y desapariciones sigue siendo difícil de esclarecer.
Por ejemplo, Segob informó que en Guanajuato, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se registraron 23 casos de desaparecidos, únicamente se localizaron a dos.
Aunado a ello, en cuanto a las fosas, con un simple monitoreo de medios informáticos se da cuenta de que existen casos de hallazgos en Guanajuato: el 19 de agosto de 2019, fueron encontrados, en una fosa clandestina en el municipio de Celaya, 12 cuerpos y 3 osamentas; en diciembre pasado, cinco cuerpos en Salamanca; en octubre de 2018, seis cuerpos en Arandas, Irapuato, y así otros varios casos que no se explica el porqué no están contabilizados por el estado.
Asimismo, a inicios de diciembre pasado, explica José Gutiérrez, se encontró otra fosa en la entidad. «En San Antonio el Rico, Irapuato, hay datos que hablan de 24 cuerpos», sin embargo, y aunque son cifras extraoficiales, el activista indica que podrían ser hasta cien cuerpos, según los propios familiares del colectivo que representa, cercanos a policías o personas allegadas a las investigaciones. «Cuando nosotros fuimos al Servicio Médico Forense de aquí de Irapuato, nos dijeron que eran tantos los cuerpos en esa fosa que no estaban todos aquí en Irapuato, que se habían repartido en todo el estado por la cantidad de cuerpos», añade. Esto deja claro que las cifras del estado podrían no ser muy confiables.
Por ende, y por la necesidad de construir un sistema de mayor certeza para las víctimas, los colectivos se han acercado a las autoridades. «Querían hacer una Ley de Desaparecidos sin consultar a los familiares de las víctimas, por eso intervenimos en el Congreso (local), se solicitó una reunión con el gobernador y algunas diputadas quedaron en intervenir para conseguir esa reunión: no obtuvimos esa respuesta, y el 16 de diciembre de 2019 metimos un documento a Palacio de Gobierno del estado y le solicitamos una reunión; la respuesta que obtuvimos es reunirnos con funcionarios de segundo y tercer nivel para atender el problema, a lo que nosotros rehusamos porque queremos que el gobernador nos escuche», explica Gutiérrez.
Así, el 21 de diciembre las organizaciones insisten y obtienen como respuesta un acuse de recibo del 8 de enero, ya que les dijeron que por las fiestas decembrinas, su trámite no obtendría respuesta hasta, en ese momento, el próximo año.
Entonces, el jueves 9 de enero de 2020 logran reunirse con Luis Ernesto Ayala, secretario de gobierno de Guanajuato, quien, según José Gutiérrez, escuchó a unas 40 familias asistentes en un mejor ambiente que cuando fueron a la Fiscalía. «Sí se mostró preocupado por lo que estaba sucediendo en el estado y por la forma en la que estábamos siendo atendidos en la Fiscalía».
En esta reunión preparatoria, resalta el representante de «A tu encuentro», la sensibilización de la administración local de Guanajuato, así como la presencia de Karla Quintana, quien es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, que también asistirá a la reunión agendada con Diego Sinhue Rodríguez el 16 de enero.
Para dicho encuentro con el gobernador, los colectivos de «Sembrando Comunidad», no sólo esperan que se escuche a las familias, sino también proponer una serie de puntos que incluyen una mesa de armonización legislativa para trabajar la Ley, una mesa de investigación y búsqueda, y una mesa de atención a víctimas.
«Las cifras que reporta la Fiscalía está muy lejos de la realidad de Guanajuato», comenta José Gutiérrez, y es que en cuanto atención a las víctimas, el activista comparte que existen muchos familiares de desaparecidos cuya vida, no sólo personal y emocional, sino también económica, se ha desmoronando luego de perder a un ser querido.
«La fiscal regional, Claudia Mota, le dijo tal cual a las familias, ‘ustedes no son víctimas’, y como no tienen reconocimiento ni tenemos una ley de víctimas en Guanajuato, tenemos al día de hoy una persona hospitalizada en León porque a raíz de que se metieron a su casa y se llevaron a su hija de 17 años, le dio parálisis facial y la tuvieron que intubar, está muy delicada de salud».
«Otra persona -explica el activista- se llevaron a su esposo que era el sustento de la casa, y tiene a dos hijos con discapacidad, y así, la mayoría de los desaparecidos en Guanajuato son hombres que eran los que proveían el sustento económico a sus familias y en el momento en el que se los llevan, las familias se caen económicamente: han tenido que vender casas, coches, todo su patrimonio porque han perdido sustento económico y el estado, la Fiscalía, nadie las ha apoyado, nadie apoya a los niños, a los huérfanos, nadie los ha apoyado».
Y es que otro tema sensible para el estado de Guanajuato, es que según la Secretaria de Gobernación, ya se han creado 29 comisiones de búsqueda estatales, y hay solamente tres pendientes, que son precisamente la de Guanajuato, Yucatán y Aguascalientes. Esta situación mantiene en la indefensión y ciertas incertidumbres a la población de la entidad, pues a los familiares de desaparecidos «no se les permite acceder al fondo de víctimas, están en una completa desprotección y en constante violación de sus derechos humanos», dice Gutiérrez.
«Es necesario que nos escuchen, es importante que alguien atienda a las víctimas; esperamos que sí podamos trabajar con el gobierno del estado, que se puedan establecer mecanismos para la rendición de cuentas, para la investigación adecuada, para la búsqueda, para la información que se maneja en torno a personas desaparecidas, al tema de las fosas y de la identificación; esperamos se pueda trabajar de manera conjunta el gobierno y la sociedad civil, ojalá que sí podamos empezar, sino, sí tenemos qué buscar quién nos escuche y atienda a las familias que están desprotegidas», comenta el director de «Sembrando Comunidad».
Desde 1991 a 1995 en que Guanajuato fue gobernado por Carlos Medina Placencia, hasta el actual mandatario Diego Sinhue Rodríguez, pasando por Vicente Fox Quesada (1995-1999), la entidad se volvió un bastión del Partido Acción Nacional. En últimas fechas, ha trascendido que el gobernador se resiste en asistir a las juntas de seguridad matutinas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, con las cuales se busca crear una estrategia conjunta entre administraciones locales y el gobierno federal.
Al respecto, José Gutiérrez comenta: «Creo que es un tema político y es por la coyuntura que se vive entre el gobierno del estado y el gobierno federal. La verdad es que nosotros en Guanajuato venimos padeciendo ya desde hace mucho tiempo una falta de una política criminal adecuada, venimos de una propuesta del ‘Proyecto Escudo’ que costó más de 2 mil millones de pesos, que no dio resultado, sufrimos políticas que no han servido en el estado sobre todo porque se hacen desde arriba sin escuchar a las personas».
Y añade: «Entonces nos toca a nosotros como sociedad civil empujar las estrategias adecuadas para atender el problema de la violencia en el estado, porque creemos que la pura visión del estado no es suficiente pera la situación en la que se encuentra Guanajuato con los homicidios, las extorsiones, las personas desaparecidas, la crisis de derechos humanos que vivimos en el estado da para que la federación, el estado y los municipios se coordinen, se pongan a trabajar en estrategias adecuadas y caminando codo a codo con la sociedad civil».
Reunión con el gobernador de Guanajuato
Luego de mes y medio de buscar audiencia, el colectivo “Sembrando Comunidad”, integrado por familias de desaparecidos en Guanajuato, logró reunirse con el gobernador de la entidad, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
El jueves 16 de enero, el Ejecutivo local los escuchó. Acompañados de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, llevaron no sólo sus demandas, sino todo el dolor que padecen quienes buscan, buscan, buscan y no encuentran ni a sus seres queridos, ni justicia, ni comprensión, tampoco eficiencia de las autoridades… No encuentran nada.
En entrevista, José Gutiérrez, director general de “Sembrando Comunidad”, indicó sobre la reunión: “Se llegaron a puntos necesarios para empezar a atender el problema de las personas desaparecidas en Guanajuato, venimos de un contexto de negación de las fosas, de las personas desaparecidas y es importante visibilizar a las víctimas, visibilizar la situación que estamos viviendo en Guanajuato”.
Gutiérrez informó también que se acordó una mesa en la que se trabajará con el secretario de gobierno local, Luis Ernesto Ayala, que podría comenzar actividades el 6 de marzo en temas legislativos de desaparición, para la Ley General de Víctimas; otra mesa de investigación y búsqueda, para atender algunas cuestiones a la Fiscalía, y una más para atención a víctimas, y darle seguimiento a la criminalización y a los niños que se quedan sin papás, niños que se quedan sin sustento.
Para tales fines, Gutiérrez afirma que el gobierno destinará un fondo de 10 millones de pesos para atender a familias de víctimas que tienen grandes problemas en materia de educación, salud, vivienda, entre otros temas que no pueden costear.
Sin embargo, y más allá de las políticas públicas y soluciones, una labor importante de “Sembrando Comunidad”, es la sensibilización de las autoridades sobre el problema que aqueja a quienes buscan a personas no localizadas. “Era necesario que el gobernador escuchara a las familias, el dolor de una madre de buscar a su hija, escuchara el pesar y el infierno que vive una mujer que busca a su esposo, de un padre que busca a su hijo y criminalizar a las víctimas, de nada le sirve a Guanajuato, a las instituciones y muchísimo menos, a la sociedad”.
Como colectivo, “Sembrando Comunidad”, presentó su primer informe denominado: “Diagnóstico del desempeño de la Fiscalía del Estado de Guanajuato en las investigaciones de personas desaparecidas”, del cual, resaltan algunos datos.
En primer lugar, a pesar de que el colectivo está integrado por más de 50 familias que han recurrido a las autoridades, la Fiscalía local sólo registra 22 carpetas de investigación; en segundo término, de estas 22 averiguaciones, sólo una cuenta con el procesamiento correcto de la escena de desaparición.
Entre las razones que la Fiscalía menciona ante esta problemática, dice el informe del Colectivo, es que las copiadoras no funcionan, que no encuentran la carpeta, que no tienen tiempo para sacar copias o que no es necesario que las familias tengan una copia de la carpeta de investigación, que basta con nombrar un asesor jurídico.
“Las carpetas que si tenemos -dicen las familias- las que si han entregado, están en desorden, con documentos que pertenecen a otras carpetas y en algunos casos incompletas” .
Además, el Colectivo denuncia que las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato no reciben de inmediato las denuncias, y hacen comentarios sobre los desaparecidos como: “al rato regresa”, “a la mejor se fue con el novio”, “si en 3 días no regresa viene y pone la denuncia”. Esto, dicen las familias, “impide una búsqueda adecuada y las acciones inmediatas que son de vital importancia en la búsqueda de personas desaparecidas y vulnera los derechos de las víctimas y ofendidos”.
El informe también determina que en el cien por ciento de los casos de denuncia, “los protocolos ayudan en la correcta atención de las víctimas, en las formas adecuadas de recolectar información y las acciones inmediatas de difusión de información para la localización de las personas desaparecidas”, protocolos que no se cumplen en Guanajuato.
Aunado a ello, José Gutiérrez dice que “Guanajuato no ha actualizado sus cifras y aparecemos con cero fosas, porque haciendo una documentación en los medios de comunicación como la que nosotros hemos hecho, se tienen identificadas al menos 23 fosas en Guanajuato… Fosas sí hay, pero en la reunión que teníamos con la Fiscal regional aquí en Guanajuato nos decía que ellos no les llaman fosas, ellos les llaman ‘entierros ilícitos’ y así lo manejan ellos, pero cuando llegamos al Semefo y pedimos información, tienen varias carpetas que en la parte de adelante dicen fosas, entonces ahí el tema fue de total indiferencia y falta de profesionalismo”.
Luego entonces, queda de manifiesto que la Fiscalía de Guanajuato no sólo ha presentado numerosas carencias en el tema de atención e investigación sobre desaparición en el estado, sino también, es parte del problema al hostigar a las personas que se encuentran en busca de sus seres queridos.
“Tenemos varios casos documentados de personas que han ido a pedir información a la Fiscalía y al día siguiente son amenazadas y al día siguiente los buscan, les piden que dejen de ir a la Fiscalía y que dejen de preguntar por su familiar, siendo que las únicas personas que se han enterado de esto son precisamente personas de la Fiscalía”, comenta Gutiérrez.
Asimismo, el activista señala que la reunión con Diego Sinuhé Rodríguez es importante para poner en el debate la seriedad en la búsqueda inmediata de alguien reportado como no localizado. “Se deja de criminalizar a las víctimas. Cuando desaparecen a las personas, incluso víctimas de homicidio, el discurso que se quiere dar a la sociedad es de: ‘es que en algo andaba’, ‘estaba en malos pasos’, incluso en el caso de algunas mujeres desaparecidas les dicen: ‘es que ha de andar con el novio, al rato regresa’, y no les reciben la denuncia de inmediato” .
Asimismo, José Gutiérrez comentó que no descartan la opción de viajar a la Ciudad de México para buscar audiencia con las autoridades federales; sin embargo, apuntó que en ocasiones carecen de recursos económicos, debido a que el dinero que logran recaudar es destinado al mismo apoyo para las familias del Colectivo que tanto lo necesitan.
Es por ello que el siguiente paso andado por los familiares de desaparecidos en Guanajuato fue el pasado 21 de enero, cuando miembros de «Sembrando Comunidad», asistieron a la Procuraduría de Derechos Humanos en Irapuato, para interponer 15 quejas sobre la ineficiencia de la Fiscalía en el estado.
José Gutiérrez, mencionó al respecto que dos de las quejas fueron por la negativa de las autoridades al acceso de las carpetas de investigación y las 13 restantes, por la falta de protocolos y la vulneración a los derechos humanos de las víctimas.
Por lo anterior, «Sembrando Comunidad» espera una respuesta positiva de la Procuraduría de Derechos Humanos local, ya que, informa José Gutiérrez, en 2019 se realizaron 37 recomendaciones en el tema pero la situación en la Fiscalía no ha cambiado.
Ahora, a los familiares que buscan a sus desaparecidos o al menos justicia en su memoria, les resta esperar resultados: que el gobernador cumpla, que la Procuraduría cumpla, que la Fiscalía mejore su trabajo, que en verdad comience la colaboración con las autoridades el 6 de marzo... Muchas cosas habrán de esperar.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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