Astillero

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La Guardia Nacional, va // Arreglos con opositores // Espiral de criminalidad // 15 años presos, sin culpa

Julio Hernández López

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el domingo las Islas Marías sólo acompañado por un pequeño grupo de colaboradores. Horas después el mandatario difundió en redes sociales una imagen de su visita al centro de reclusión y anunció que ese territorio dejará de ser prisión.Foto tomada de Twitter

A

l gobierno federal le urge la protocolización legislativa de la Guardia Nacional. Aun cuando en los hechos se mantiene una red de vigilancia y acción militares similar a la aplicada por administraciones anteriores (las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), el nuevo gobierno federal está enfrentando una espiral ascendente de violencia criminal en varias partes del país, sin que hasta ahora Palacio Nacional pueda apretar el puño con licencia constitucional.

Esa espiral ascendente puede tener su origen en la natural inercia de descomposición institucional que obviamente no podrá frenarse o corregirse sustancialmente en unos cuantos meses de nuevo gobierno. También puede provenir de la taimada lectura de jefes del crimen organizado que estén aprovechando el descontrol o la discontinuidad propias del paso de una administración federal a otra, más si la recién entrada es de un signo distinto a las anteriores y con otro enfoque de los problemas. Y, desde luego, el incremento de los índices de criminalidad puede contar con el incentivo de factores de poder, desplazados o en vías de desplazamiento, que así busquen boicotear las expectativas morenistas.

Pero una fotografía colocada en Twitter en mediodía dominical dio cuenta de la avanzada expectativa del obradorismo en cuanto a alcanzar prontos acuerdos entre bancadas legislativas que permitan la aprobación de dicha Guardia Nacional. El jefe político del Senado, Ricardo Monreal, dialogando con la priísta Claudia Ruiz Massieu Salinas, el panista Mauricio Kuri, el dueño de Movimiento Ciudadano que es Dante Delgado y un apartidista, llegado a nombre del PAN pero ahora coordinador de la bancada perredista, Miguel Ángel Mancera.

Se habló de que estos coordinadores de oposición habrán de presentar una propuesta por escrito para tratar de destrabar el proceso legislativo que requiere mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales, suma aritmética que no alcanza Morena con sus aliados estables, por lo cual requiere el apoyo numérico de las bancadas menos pequeñas. Es decir, del PAN, que sigue jugando a ser la única oposición constante al obradorismo; del PRD, que cada vez se hace más pequeño e intrascendente, o el PRI, que está apostando a colaborar negociadamente con Morena.

Con la chiquillada todavía más chiquita, hablará Monreal hoy: los aliados PT y Pvvem (iniciales del Partido Verde Velasquista Ecologista de México) y el PES al que graciosamente se le respeta que tenga fracción parlamentaria aunque desapareció como partido político nacional. Así pues, los reportes a Palacio Nacional van en el sentido de que todo avanza para la aprobación de la Guardia Nacional, con algunos ajustes para congratular a los partidos opositores pero con la esencia militarista deseada y exigida por dicho Palacio. Gulp.

En otra pista del espectáculo, el Partido Acción Nacional se aferra a la bandera de las estancias infantiles y sostiene que luchará en las cámaras y en las calles en defensa de dichos establecimientos cuyo funcionamiento ha sido trastocado por la decisión presidencial de entregar dinero a los padres de familia para que decidan si lo entregan a la estancia de su gusto o lo manejan a discreción. En ese esquema de lucha panista se inscribe la reciente renuncia de Clara Torres, quien ocupaba de manera informal la dirección de estancias en la Secretaría del Bienestar. A los panistas, y a los opositores al obradorismo, les cayó de perlas el video en el que AMLO responde a una mujer en Sinaloa, que demandaba más respuestas sobre el tema: ya, ya, ya, ya.

En tanto, protestan en Coatzacoalcos por el desbordamiento de la violencia, al igual que en Morelos. En Iztapalapa son ejecutadas seis personas. En Guerrero liberan a dos activistas sociales que habían sido secuestrados y en Morelos liberan a tres de seis indígenas encarcelados durante 15 años sin culpa comprobada y con un proceso amañado. ¡15 años presos! ¿Quién responderá y pagará, en términos judiciales y económicos, por esa terrible injusticia?

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