El Ecuador 2015: el agotamiento de un modelo en un contexto de crisis mundial

El Ecuador de 2015: el agotamiento de un modelo en un contexto de crisis mundial

François Houtart

25/08/2015

Opinión

Para analizar una situación, evidentemente compleja, vinculada con una coyuntura internacional caótica que escapa a la capacidad de acción de cualquier país, especialmente del Sur, se debe salir de explicaciones simples reduciendo los procesos sociales a un voluntarismo colectivo o personal, que desembocan sobre acusaciones mutuas, sin excluir la utilización de la violencia institucional o espontánea.

Tampoco se puede negar la lucha de intereses económicos, que tanto al nivel nacional, como internacional, dominan el panorama, orientando las políticas y colonizando las mentes. También, hay varias maneras de concebir la lucha contra la hegemonía del capital y sus pertinencias pueden solamente ser juzgadas por sus resultados. Por eso en una primera sección se analizará el contexto local y global y en una segunda, los eventos de agosto 2015.

En este texto se trata de elaborar hipótesis destinadas a ser discutidas. La utilización del término modelo no contiene ningún sentido axiológico en sí mismo. Es un objeto social articulado en función de una lógica, que actores sociales adoptan para finalidades que ellos determinan. Cuando hablaremos de un modelo de modernización de la sociedad, no cuestionaremos la intención de cambiar una sociedad para su progreso, pero trataremos de analizar el contenido del concepto de modernidad y sus consecuencias sociales.

1° El contexto de las protestas de agosto 2015

La doble dimensión, nacional y mundial, del contexto es bien clara. En el conjunto del continente se nota en cada país elementos específicos que caracterizan las etapas de un agotamiento del modelo. Sin embargo los efectos de la crisis global afectan a todos y tal vez constituyen el elemento más importante.

1. Al nivel nacional  

El paro sindical y el “levantamiento” indígena de agosto 2015, fueron el resultado de una situación que se deterioró ya desde hace bastante tiempo. Después de un periodo de caos político que caracterizó en Ecuador la salida progresiva de la era neoliberal, se elaboró en 2008, una constitución y el país conoció una estabilidad, que permitió la elaboración de planes de desarrollo, de restablecer un papel activo del Estado; de reconstruir los servicios públicos y de dar un mejor acceso de los más pobres a la salud y a la educación.

• El cambio económico y social

Gracias a mejores precios de las commodities y a una política fiscal nueva, transformaciones socio-económicas fueron posibles. Hubo medidas sociales importantes en favor del trabajo formal, un aumento del salario mínimo; avances en el seguro social; reconocimiento del trabajo de las amas de casa que para quienes se afilien, tienen derecho a una pensión jubilar mínima y también inversiones importantes en los sectores de la salud y de la educación. Grandes obras públicas para acceder a la soberanía energética están en ejecución. Ecuador cuenta con centenares de kilómetros de carreteras nuevas.

Sin embargo, a poco más de dos años del segundo mandato del presidente Rafael Correa, protestas se generalizaron en el país, no solamente en las varias ramas de la derecha, sino también en los sectores populares. Muchos elementos intervienen para explicar tal situación. Entre ellos un factor central: el agotamiento de un modelo de modernización de la sociedad que ha tenido logros sociales importantes y ha permitido inversiones públicas e numerosas, pero que no transformó el modo de acumulación y sus contradicciones fundamentales: grave destrucción ambiental; proletarización de los campesinos; desintegración de la culturas indígenas; urbanización poco controlada. Se trata, como expresa el presidente Rafael Correa, de un “capitalismo moderno” basado en una nueva matriz productiva que posibilite acelerar las exportaciones de productos fósiles (petróleo, minas) y agrícolas (banano, azúcar, palma, brócoli, agro-combustibles por medio de monocultivos); disminuir las importaciones; asegurar la soberanía energética; remplazar el petróleo que está llegando a su pico por la extracción minera y el agro-negocio.

En síntesis, es un proyecto que busca crear de manera rápida y eficaz el progreso del pueblo ecuatoriano, con un liderazgo dinámico y la adopción de conocimientos y de tecnologías avanzadas. De verdad, el Ecuador es probablemente el país de América Latina que supo aprovechar lo mejor de los logros de este modelo. Además que jugó un papel protagónico para la integración latino-americana y la imagen del país al exterior se transformó de manera positiva.

Socialmente, se desarrolló una clase media con un consumo importante de bienes importados; se realizó una salida de la pobreza de casi dos millones de personas, con programas eficaces, pero de tipo principalmente asistencialista que crean más clientes que actores sociales; se redujo el poder político de la antigua oligarquía capitalista, se eliminaron los partidos políticos tradicionales denominados como partidocracia. Al mismo tiempo, nuevos grupos capitalistas “modernos” económicamente eficaces se reforzaron, con procesos acelerados de acumulación en los sectores de las finanzas; de la construcción; del comercio; de las telecomunicaciones; del agro-negocio y de los intermediarios con los nuevos inversionistas, especialmente chinos. Poco a poco se constituyó una derecha “moderna”, que está tanto dentro de la oposición como dentro del gobierno; se aumentó la recaudación fiscal por medio del IVA y la creación de nuevos impuestos, pero todavía moderada para los más ricos y sin tocar ciertos intereses extranjeros y se recuperó mayor participación de las ganancias de las empresas extractivas para financiar los programas sociales. En la agricultura, el Gobierno apoyó los monocultivos de exportación de alta productividad, pero también destructores del ambiente y del tejido social rural, pero descuidó la agricultura familiar campesina e indígena, a pesar de que produce más del 60 % de la alimentación del país y garantiza su soberanía alimentaria.

La derecha ecuatoriana que se opone al actual gobierno es plural: la antigua oligarquía que no tiene mucho peso político y la nueva que está divida en tres ramas principales: CREO con el banquero y exministro Guillermo Lasso; el Partido Social-Cristiano (hoy Madera de Guerrero) con Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil y SUMA con Mauricio Rodas alcalde de Quito, en funciones. Cada una de estas ramas está vinculada con intereses económicos específicos. Así, la oposición de derecha no tiene un liderazgo ni un programa único y se caracteriza principalmente por su oposición al presidente Correa y tiene por estrategia infiltrar los movimientos de protesta.

La derecha que está dentro del Gobierno acepta la lucha contra la pobreza que amplía las bases del mercado; el trabajo formal; el seguro social; aún pagar un cierto nivel de impuestos, a condición que la estabilidad política les permite proseguir en ciertos sectores de la economía un proceso de acumulación acelerado.

Varios líderes indígenas se acercaron a personalidades de esta derecha, con la finalidad de exigir en un frente común, la dimisión del presidente Correa, como ocurrió en el pasado con otros mandatarios. Fueron rechazados por la CONAIE. Además, no hay duda que los servicios secretos de los Estados Unidos (CIA y otros) sean activos para fomentar el desorden, como siempre, pero no pueden ser considerados como la primera causa de los procesos socio-políticos que conoce el país en este momento. La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso.

Por otra parte, ciertos grupos sociales (médicos, trabajadores del petróleo, jubilados, universitarios) han defendido intereses corporativos  frente a reformas necesarias, pero a menudo impuestas desde arriba, por deseo de eficacia, muchas veces sin real diálogo y en varios casos de manera arbitraria,  obligando a dar pasos atrás para rectificar errores. En el caso de las leyes sobre la herencia y la especulación, el malentendido fue tan profundo, que la derecha logró provocar en una buena parte de la clase media baja y aún de campesinos e indígenas, una reacción de rechazo contra medidas destinadas a repartir mejor la riqueza. Hubo, en este caso,   evidente déficit de comunicación, debido a un flujo de información desde arriba, sin suficiente atención a las reacciones de los que la reciben. Fue uno de los efectos de un liderazgo demasiado exclusivo, que ve en una enmienda de la constitución para la reelección, la única manera de asegurar la continuidad del modelo.

El proyecto, que identifica modernización de la sociedad con el “buen vivir”, ha generado progresivamente un malestar generalizado a pesar de sus logros indiscutibles. Por una parte, grupos políticos que habían hecho una alianza con el Gobierno de Alianza País, perdieron su cuota de poder y se separaron. Por otra parte, movimientos sociales que defienden la naturaleza; los derechos obreros afectados por la nueva matriz productiva; la posibilidad de organizar sindicatos en el sector público; la plurinacionalidad; los territorios y la identidad en tanto que pueblos de los indígenas, fueron considerados como obstáculos al proyecto modernizador. El nuevo código integral penal (COIP) y ciertos decretos presidenciales, como el decreto 16 sobre las organizaciones sociales, son los instrumentos utilizados para limitar sus acciones. Simultáneamente, se crearon movimientos paralelos favorables al gobierno, con una base frágil aunque numerosa, porque fue construida en gran parte sobre ventajas económicas inmediatas o como fruto del modelo de modernización, que hoy en día entra en crisis.

• Cambio en la gestión política

Al mismo tiempo, se desarrolló en el país un aparato de Estado bastante amplio, utilizado en varios casos como instrumento partidario para asegurar la continuidad del proyecto en el cual la influencia del ejecutivo es predominante. Se trata de un Estado administrado por una organización política pluriclasista (Alianza País), donde las fuerzas de derecha empezaron a ocupar un espacio siempre mayor en sectores estratégicos, especialmente desde el segundo mandato presidencial.

El conjunto de estos procesos más son el fruto de lógicas sociales, que de cálculos individuales, aún si ellos existen. Son connaturales al ejercicio de un poder que persigue la eficacia y objetivos políticos desde arriba, aún con un apoyo popular fuerte. No son determinismos, sino condicionamientos que siempre pueden revertirse con otra concepción del poder.

• Los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas tienen su especificidad también en esta realidad. En 2007, al inicio del nuevo sistema político que produjo una Constitución muy avanzada que incluye los derechos de la naturaleza; ratifica los derechos colectivos de los pueblos indígenas y reconoce al Ecuador como Estado Plurinacional. Hubo un apoyo de la CONAIE, (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, considerada como un verdadero gobierno de las nacionalidades) y que fue protagonista del levantamiento indígena de 1990.

Poco a poco vino la decepción frente a la no aplicación de la Constitución en materia de territorios, de conducción de la educación bilingüe; la ausencia de reforma agraria; las nuevas leyes y códigos que favorecen los monocultivos; la desposesión del control comunitario del agua en general y de la de los páramos en particular, sin hablar del desprecio, los insultos, y la deslegitimación sistemáticos de parte del poder. En las políticas sociales se consideraron a los indígenas como pobres, como campesinos, o ciudadanos, pero no como comunidades, pueblos, nacionalidades. La gran marcha del 8 de marzo 2012 no fue entendida lo suficiente por el poder político. El proyecto modernizador apareció más y más como destructor de la identidad indígena. No era necesariamente su objetivo, sino el resultado, aún de parte de personas bien intencionadas, pero con una gran dificultad de entender en su esencia la realidad y la perspectiva indígena.

La aceleración de la disolución socio-cultural de las comunidades y pueblos indígenas por la urbanización; la desestructuración del tejido social rural propio; el sistema educacional; los medios de comunicación; la sociedad de consumo; la individualización de la propiedad; la folklorización de la cultura y de las cosmovisiones, son factores, que añadidos a la política oficial, han creado dentro de muchos indígenas un sentimiento de verdadera desesperación y desengaño. Por otra parte, un buen número de indígenas entraron en el sistema y se va conformando también una “burguesía” indígena, con reacciones similares a las de la nueva clase media en ascenso.

Para las organizaciones indígenas, la visita el Papa Francisco añadió un elemento coyuntural a este estado de cosas, por la invisibilización de los pueblos indígenas y de sus líderes, situación muy diferente a la de 30 años antes, donde un encuentro del Papa Juan Pablo II con más de 300.000 indígenas tuvo lugar en Latacunga. En esa ocasión, Monseñor Leonidas Proaño fue proclamado “el obispo de los indígenas”. En 2015, el único que recordó su memoria fue el Presidente de la Republica en su discurso de bienvenida al Papa. En el resto de los tres días de visita, el silencio fue total.

Evidentemente la alternativa no consiste en crear “reservas” a las que Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, les llama “jardines zoológicos”, sino de reconocer los derechos históricos de los pueblos que fueron desposeídos de sus territorios y de sus culturas al inicio por un capitalismo mercantil y colonial triunfante y más tarde por la integración en un capitalismo globalizado. La alternativa en este caso consiste en reparar la injusticia histórica para permitir a los pueblos indígenas vivir el Sumak Kawsay y mantener sus identidades con las bases materiales suficientes. Apoyar la agricultura indígena; la educación bilingüe; la justicia autóctona; las organizaciones indígenas urbanas; definir los territorios, son algunas de las medidas que podrían contribuir a una transformación que mira al futuro.

Es en este contexto que se deben interpretar las reacciones de las organizaciones indígenas históricas que muchos perciben como irracionales o exageradas.

• Otros elementos de tipo social y político

Se tendría que abordar también muchos otros aspectos de la situación del Ecuador, como el uso de las comunicaciones por el poder, si bien no se ha suprimido la libertad de prensa, como se dice en ciertos medios de la derecha, la hiper-comunicación de tipo vertical al servicio del modelo modernizador,  empieza a cansar en vez de convencer. También se puede señalar la dificultad de promover la participación, ya porque está institucionalizada desde arriba, o porque la organización política tiende a monopolizar los roles, las decisiones y también porque la descentralización está pensada más como una regionalización del poder central que como una autonomía local.

Como en el resto del mundo, los movimientos sociales ecuatorianos han perdido la fuerza que tenían en los 90s. Hubo el efecto de la crisis económica; los errores políticos debidos a preocupaciones inmediatas, a menudo electorales; la pérdida de objetivos a largo plazo; la invasión de la sociedad de consumo; la absorción del liderazgo por los partidos y organizaciones políticas nuevas y su burocratización y adicionalmente, la cooptación individual y grupal por el aparato de Estado. Por estas razones los movimientos sociales se encuentran en una relación desigual mayor frente al Estado.

1. Al nivel internacional

Los factores externos juegan un papel crucial en la situación actual del Ecuador y son esencialmente debidos a la crisis internacional que desde 2012 empezó a afectar los países del Sur y en particular a América Latina. La base material, la más importante del proyecto de progreso social sufre de las consecuencias de la crisis del capitalismo mundial, que es mucho más que una crisis financiera y económica, sino realmente una crisis de civilización. No se trata de un fenómeno pasajero, como no cesan de afirmarlo los líderes europeos desde 2008.

La coyuntura internacional se degrada. No solamente el petróleo pasó en algunos meses de cerca de 100 dólares el barril a 37 dólares (para el Ecuador en agosto 2015), sino que la crisis europea se profundiza y China al ver que su economía se contrae, desvalúa su moneda. La dolarización de la economía ecuatoriana permite que la inflación sea relativamente lenta, sin embargo real, pero disminuye su competitividad frente a economías vecinas que desvalúan su moneda (Perú, Colombia, Venezuela).

El resultado para el Ecuador es la necesidad de recurrir al endeudamiento que se acelera rápidamente, a pesar de ser por el momento relativamente modesto en comparación con los de EE.UU, Bélgica, Japón. La necesidad de financiamiento exige nuevas relaciones con los antiguos enemigos, Banco Mundial, Goldman Sachs, aún si los términos de las transacciones son diferentes, o con nuevos acreedores: China, Tailandia, Catar, Arabia Saudita. También el Gobierno ve la necesidad de disminuir el ritmo de las inversiones públicas y pedir la colaboración del sector privado. Se anuncian políticas similares a la “austeridad” en Europa que inevitablemente van afectar los ingresos y el empleo.

En la perspectiva del proyecto de modernización del país se trata de medidas razonables para salvar lo esencial, especialmente si se piensa que la crisis será pasajera. Se entiende que otra lectura de la realidad sea considerada como un real peligro. La reacción gubernamental será tanto más fuerte cuando existe la convicción profunda de poseer la verdad y que existen logros reales.

2° Los eventos de agosto 2015

Las protestas y las violencias que explotaron en agosto 2015, fueron precedidas por varios eventos que contribuyeron a preparar un terreno favorable a un deterioro de la situación. No podemos ser exhaustivos, sino señalar algunos elementos.

La decisión de explotar el petróleo del Yasuní es uno de ellos. Sin duda, por varios factores, la comunidad internacional no respondió a las expectativas y el Presidente Correa declaró que esta decisión fue la más difícil de su mandato. También, él afirmo que solo una infinitésima parte de este parque nacional seria afectada por la explotación minera, que tecnologías recientes minimizarían los impactos ambientales y que las comunidades locales recibirán una parte importante de las ganancias. Sin embargo, grupos económicos nacionales también tenían interés a pasar al plan B. La resistencia de jóvenes, especialmente de medios urbanos, fue el fruto de una creciente consciencia ecológica, que encontramos en muchas partes del mundo. En 2014, cuando organizaron una colecta de firmas pidiendo una consulta popular, la Comisión electoral deslegitimó el proceso y anuló centenares de miles de firmas, con argumentos jurídicos formales discutibles (formato de los formularios, etc.) junto a objeciones justas (repetición de firmas). Una delegación de ellos se fue a Lima para testificar frente a un Tribunal Internacional de Opinión y el bus en el cual viajaban fue parado por razones “técnicas” provocando un retraso del viaje.

La exploración minera en el valle de Intag por la compañía nacional chilena CODELCO junto con la empresa nacional ENAMI fue otro caso que tuvo una oposición fuerte de una parte importante de la población local. No era la primera vez. La lucha comenzó en la década de los 90as cuando la empresa japonesa Bishimetales consiguió la concesión de una parte del territorio el valle. La resistencia de los habitantes logró expulsar a la empresa en 1997. En 2004, el estado ecuatoriano volvió a permitir la entrada de otra multinacional, la canadiense Ascendant Copper. Las 76 comunidades del valle expulsaron la compañía. El actual Gobierno inicio el proyecto Llurimagua, con las dos empresas citadas. El 14 de septiembre 2014, los comuneros de Intag bloquearon el acceso a la mina. La respuesta de las autoridades fue la ocupación militar del lugar y el apresamiento de sus líderes para agotar con el tiempo las protestas.

A finales del 2014, la sede de la CONAIE por el Estado en comodato, fue objeto de una decisión ministerial de recuperación para fines sociales (alojamiento de jóvenes drogados). Esta decisión contó con el apoyo presidencial, que acusó la organización de tener actividades políticas incompatibles con su estado de movimiento social y también de desorden administrativo. La medida provocó reacciones nacionales e internacionales fuertes. Finalmente la orden de desalojo fue retirada, algunos días antes de la visita del Papa en julio 2015, pero los siete meses de incertidumbre devinieron en muchas insatisfacciones y movilizaciones.

El primero de mayo 2015, la tradicional marcha del Trabajo se dividió en dos. La primera organizada por los movimientos sociales tradicionales y la otra por el Gobierno y organizaciones afines. De tamaño bastante similar, las dos marchas tenían sin embargo condiciones de realización bastante diferentes. Los participantes de las provincias de la marcha oficial fueron transportados gratuitamente y recibieron alimentación distribuidas por las autoridades. En la otra manifestación, por primera vez, una de las consignas fue “Fuera Correa fuera” y algunos grupos de la derecha se juntaron a ella. Al final hubo violencias de parte de grupos de jóvenes encapuchados que no pudieron ser controlados por los organizadores de la marcha.

Otro caso fue el anuncio de los dos proyectos de ley ya citado, uno sobre las herencias y otro sobre la especulación. Provocaron una fuerte reacción de las diversas derechas tradicionales y modernas, bajo el argumento de que se trataba de un ataque a la familia. Una parte de la clase media se juntó al movimiento. Manifestaciones diarias se organizaron en el norte de la capital y hubo una tentativa, por elementos de la derecha, de ocupar la plaza de la Independencia (sede del Palacio presidencial). Rafael Correa al regresar de una reunión en Bruselas como presidente pro tempore de la CELAC Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe), retiró provisionalmente los dos proyectos de ley, para pacificar las tensiones en la víspera de la visita del Papa Francisco. Sin embargo, la presencia del Papa fue solamente un paréntesis en la confrontación política y a pesar de las explicaciones más precisas sobre la aplicación de las leyes, la oposición a éstas, disminuyó ligeramente, pero no desapareció.

El primer elemento de las protestas fue la decisión de los dirigentes del FUT (movimiento obrero sindical histórico) de realizar un paro indefinido a partir del 13 de agosto, con varias demandas laborales y políticas (retirar las enmiendas a la constitución, que incluyen la reelección presidencial). Por su parte, la CONAIE decidió llamar a un levantamiento indígena, iniciando el dos de Agosto una marcha desde el Sur del país para llegar a Quito el 12 de Agosto. La organización indígena tuvo planteamientos claros: el objetivo de la movilización no era pedir la dimisión del presidente (él tiene que terminar su mandato) ni de tumbar el gobierno y se rechazaba toda alianza con la derecha. Se hizo un llamamiento a marchar de manera pacífica.

El Gobierno preocupado por la situación todavía tensa después de la visita del Papa, llamó a un “diálogo con los de buena fe”, y empezó a nivel nacional a organizar reuniones con varios sectores de la población. En un mes y medio, centenares de grupos y organizaciones nacionales y locales fueron contactados. De hecho, los debates se realizaron en gran parte con organizaciones más o menos afines al Gobierno. Aun así, se han revelado muchas críticas generalmente dirigidas a la falta de reconocimiento de parte de los organismos y de los mandatarios del Estado. Las organizaciones indígenas y sindicales tradicionales no aceptaron participar a estas iniciativas, estimando que no había condiciones para el diálogo pues éste se reducía generalmente a la socialización de decisiones tomadas o de proyectos gubernamentales. 

El paro sindical, en principio indefinido, no tuvo éxito masivo, aunque en la capital las actividades sí se redujeron y el centro de Quito se paralizó.  Se debe recordar que la huelga es ilegal en los servicios públicos, donde los sindicatos no son permitidos. El levantamiento indígena que empezó en el Sur del país se trasformó en una marcha recibida en el camino por simpatizantes y opositores, sin incidentes mayores, pero no fue comparable con los levantamientos del pasado. Varios exdirigentes de la CONAIE y un cierto número de organizaciones indígenas y gremiales nacionales y locales se pronunciaron contra la marcha. Estos hechos permitieron al Gobierno de hablar de un fracaso.

Sin embargo, la marcha del 13 de agosto fue impresionante. Hubo decenas de miles de personas. Los indígenas estaban a la cabeza. Dentro de la marcha hubo también un buen número de banderas negras de la derecha. Varios de estos grupos se mostraban verbalmente agresivos contra las fuerzas del orden. Los eslóganes eran netamente hostiles al presidente Correa. Jóvenes encapuchados estaban presentes en varios lugares, a pesar de un servicio de seguridad organizado por los movimientos sociales.

Los partidarios del Gobierno y miembros de Alianza País estaban en la Plaza Grande, frente al palacio presidencial, donde una tarima había sido instalada con un grupo musical. Unas diez mil personas, muchas de origen popular, estaban presentes en la plaza y en las calles vecinas, protegidas por un impresionante operativo de la policía y del ejército, que tenía la misión de impedir enfrentamientos. En la plaza, la guardia presidencial estaba presente y también un grupo de combatientes Shuar vestidos de negro, que actuaron en la última guerra contra el Perú.

Al llegar la marcha cerca de la plaza de la Independencia, en vez de seguir el trayecto previsto hasta la plaza San Domingo, un grupo de jóvenes encapuchados de las izquierdas radicales bastante desprestigiadas -entre otros- por el uso de la violencia, empezó a tirar piedras y cocteles Molotov contra la policía y el ejército que controlaban el ingreso a la plaza de la Independencia. Es un hecho que una parte de la juventud de la CONAIE se dejó influir por ellos. Miembros de la marcha cayeron en provocación. Dos líderes de la organización indígena se juntaron a los jóvenes. La policía y el ejército reaccionaron duramente, lanzando gas lacrimógeno. Otro líder, el presidente del ECUARUNARI fue herido por la policía y trasladado bajo custodia a un hospital. Su compañera, Manuela Pick, periodista y antropóloga franco-brasilera fue también vejada y así mismo trasladada bajo custodia primero a otro hospital y después a un lugar de detención del Ministerio del Interior. Su visa fue cancelada. Eso provocó una campaña internacional de protesta. Una jueza dictaminó su libertad al considerar que su detención fue ilegal. Ella fue liberada, pero dos días después un juez negó el pedido de acción de protección, con lo cual al quedar en indefección, tuvo que abandonar el país.

La marcha se desarrolló sin otros incidentes hasta la plaza San Domingo, pero varios manifestantes se dirigieron después hasta la plaza San Francisco, donde hubo nuevos enfrentamientos, la policía utilizó perros y caballería para dispersar a los manifestantes. Todo eso provocó heridas en ellos y en policías.

 A la noche, el presidente Correa se dirigió a los de la Plaza Grande, con un discurso particularmente duro, el cual condenó a los manifestantes de la marcha; afirmó que la violencia hacía parte de su estrategia; denunció que la coalición de los indígenas y sindicatos era con la derecha; habló de una tentativa de desestabilización del Gobierno por parte de una minoría y reiteró insultos contra los dirigentes indígenas. El discurso fue obviamente una expresión de exasperación. Cuando se sabe que las malas noticias se acumulaban en otros frentes, se puede entender. El precio del petróleo continuaba su descenso; China y Rusia, pero también los países vecinos seguían devaluando sus monedas; el déficit comercial se acentuaba; el presupuesto estatal debía ser seriamente reducido. A esto se añadió amenazas de erupción del volcán Cotopaxi, vecino de Quito y previsiones pesimistas para el fenómeno del Niño.

 En las provincias, con acciones de las bases de la CONAIE también se produjeron incidentes durante toda una semana mediante la realización de marchas, bloqueos de carreteras y tomas de edificios públicos, particularmente entre Loja y Cuenca protagonizados por el pueblo Kichwa Saraguro y en el Oriente (Amazonía): como ocurrió en Macas, donde el Gobernador fue retenido en su sede por indígenas Shuar y Achuar tradicionalmente armados de lanzas. La reacción policial fue dura y al final, los indígenas amazónicos optaron por retirarse para evitar la espiral de violencia. En Quito los indígenas han acampado en carpas en el Parque del Arbolito más de una semana y desde allí las marchas continuaron cada dos días hacia el centro histórico de la ciudad, sin incidentes y con mayor control por parte de las organizaciones.

Durante la primera semana de las protestas, un centenar de policías resultaron heridos. Hubo un centenar de detenciones y también decenas de heridos entre los indígenas y otros manifestantes y serias brutalidades contra mujeres indígenas.

 En varias ocasiones hubo sesiones de evaluación de parte de la organización indígena y de los sindicatos. Se reconoció que la declaración de un levantamiento indígena había exigido una mejor preparación y que un paro indefinido no era realmente factible en las circunstancias socio-económicas del país. Los líderes que trataron de ir hasta la plaza de la Independencia fueron criticados. Los que pretendían que la salida de Rafael Correa tenía que ser el objetivo de las protestas fueron reprochados, porque esta posición entraba en contradicción con la posición original de la CONAIE. Sin embargo, después de la primera semana de protestas se decidió seguir con marchas en la capital y acciones específicas en otras partes del país, pero tratando de conservar su carácter pacífico.

Varios miembros del Gobierno, en acuerdo con la posición del Presidente, dijeron que un diálogo con quienes estaban al frente del desorden y el caos no era posible.

Cuando se reflexiona en función del futuro, parece claramente que el primer paso es evitar que continúe la violencia, que puede desembocar en pérdidas de vidas y profundizar una polarización. El momento amerita eventualmente una mediación del exterior. Un segundo paso sería construir espacios de diálogo basados en una lectura realista de la situación, en el que, por una parte, se descarte las maniobras de la derecha por parte de las organizaciones indígenas y sindicales y, por otra que el Gobierno reconozca la legitimidad de las protestas.

3° Un proceso local inserto en una lógica de conjunto mundial

Las reflexiones de Bolívar Echeverría, uno de los mejores pensadores ecuatorianos de la posguerra, cuyo pensamiento se sitúa dentro de la corriente de la escuela de Frankfurt, nos permiten entender que no se trata de un fenómeno puramente ecuatoriano, ni de un proyecto “maquiavélico” de una organización política particular, como Alianza País y menos aún todavía de un solo hombre, como el presidente Correa.  Es la concepción occidental de la modernidad que está en cuestión, porque, según este pensador, desde el inicio del siglo de las Luces, ella fue absorbida por la lógica del capitalismo. Karl Polanyi, historiador del sistema económico, desarrolló ideas similares, afirmando que el capitalismo desvinculó la economía de la sociedad, permitiendo a este último imponer la ley del valor a todos los aspectos de la vida colectiva.

Se puede pensar que la caída del socialismo del siglo XX fue debida en gran parte al hecho que no se cambió esta visión del desarrollo humano, considerando el progreso como lineal, fruto de la ciencia y de las técnicas; y el planeta como una reserva inagotable de recursos naturales. Por la misma razón, la China y el Vietnam adoptaron políticas económicas de mercado, ignorando las externalidades, es decir las consecuencias ambientales y sociales. En el Ecuador, la misma ausencia de visión holística caracteriza a la concepción de la “nueva matriz productiva”: exportar sin tomar suficientemente en cuenta las externalidades, es decir los daños ambientales y sociales.

Evidentemente, no se trata de proponer un retorno al pasado, sino de redefinir una nueva modernidad, implicando un cambio de paradigma, con aplicaciones concretas y procesos de transiciones, para responder a las necesidades de la humanidad y del planeta, en el caso, aplicadas a la situación del Ecuador, lo que se puede llamar el Bien Común de la Humanidad o también el “Buen Vivir”.

Como en otras partes del mundo, muchos piensan que el único modelo posible en la coyuntura actual, es un mejoramiento del capitalismo (social y verde). Por una parte la fuerza del sistema, a pesar de la crisis, es enorme (se ha visto en Grecia) con la combinación del capitalismo de monopolio y de las instituciones financieras y comerciales internacionales. Por otra parte, el pensamiento económico y social de los movimientos y líderes políticos nuevos no va mucho más allá que en la formulación de una nueva forma de desarrollismo sin crítica de la modernidad capitalista. Ellos también han tenido un apoyo popular real, que empezó a disminuir solamente con el cambio de la coyuntura económica mundial y también en ciertos casos, por errores y fallas internas. Se debe añadir la ausencia de una referencia creíble después de la caída del socialismo en Europa y de los cambios de los socialismos asiáticos. En esta perspectiva, proponer otro paradigma parece ser una ilusión.

Sin embargo, otro pensamiento es posible y se manifiesta indispensable frente a la crisis sistémica del capitalismo y a la gravedad de la destrucción ambiental. Las transiciones no pueden ser pensadas como adaptaciones del sistema a nuevas exigencias sociales, culturales, ecológicas. Se debe dar pasos hacia a un nuevo paradigma, elaborados de manera práctica en los diversos dominios de la vida económica, social, cultural y económica, con una visión de conjunto (holística) y en función de la exigencia ética de producir, reproducir y mejorar la vida.

Quito, 23 de agosto del 2015

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