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Multinacionales
Dinero público que no cuida: ¿a qué empresas se está rescatando?
30/06/2020 | Erika González, Miguel espada y Alfons Pérez
Iberia y Vueling han recibido más de 1.000 millones de euros en préstamos avalados por el Estado. Air Europa también se ha beneficiado del respaldo estatal a través de un crédito de 130 millones con aval público. Y OHL, la constructora investigada por corrupción, se ha hecho con otro crédito de 140 millones gracias a las medidas económicas adoptadas durante la crisis por el covid-19. La compañía de Villar Mir llevaba dos años sin conseguir ningún tipo de préstamo de los bancos, pero siendo avalista el Estado es otra cosa.
Estos son solo algunos ejemplos de las grandes empresas que han accedido al plan de choque económico que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses. En total, se van a destinar 100.000 millones de euros para avalar los préstamos que otorgan los bancos al tejido empresarial y a los autónomos. Por comparar con el presupuesto dedicado a otras medidas, el tan debatido ingreso mínimo para la ciudadanía, en sus múltiples formas, oscila entre 5.000 millones de euros al año, en el caso de la propuesta del Gobierno, y 10.000 millones según otras versiones más amplias y garantistas.
El Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías.
En el marco de ese gigantesco respaldo público al sector privado, el Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías, y quienes emiten este tipo de deuda no son precisamente pymes. Acabamos de conocer el listado de las empresas a las que el Estado puede inyectarles presupuestos millonarios, entre ellas nos encontramos a la casa de apuestas Codere, el fabricante de armamento Maxam, la cadena El Corte Inglés y otras compañías que van desde constructoras hasta inmobiliarias. Ninguna de estas corporaciones encaja en el relato oficial, con el que se insiste en que el apoyo público se está centrando en las empresas y autónomos más débiles y con menor capacidad de afrontar la actual crisis socioeconómica. ¿Cuál es el engranaje que ha hecho posible el rescate de grandes empresas con un amplio historial de impactos sociales y ambientales?
El paradigma neoliberal desprestigió, hasta hacerla desaparecer, la idea de que pudiera existir una banca pública para satisfacer las necesidades financieras de la población. Pero no ocurrió lo mismo con la financiación para las grandes empresas. Según los gobiernos y sus economistas de cabecera, se necesitan instituciones estatales que concedan créditos con condiciones ventajosas —menores intereses, mayores plazos de devolución, garantías públicas— para compensar “la insuficiencia de soluciones en los mercados privados”. Esta es la razón de ser del principal organismo del que dispone el Estado español para respaldar la actividad empresarial, el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El ICO se presenta como un banco público, creado en 1971 y adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los créditos y apoyos financieros que ofrece se gestionan habitualmente a través de bancos comerciales como Bankia, BBVA, Caixabank, Santander y Sabadell, entre otros. Con esta colaboración público-privada los bancos obtienen un beneficio, pues se quedan parte del margen que existe entre el interés del crédito que obtienen del ICO y el que fijan ellos en los préstamos que ofrecen a las compañías. El ICO es la institución encargada de gestionar los avales multimillonarios y la compra de pagarés que ha aprobado el Gobierno durante el confinamiento por la covid-19.
En los últimos años ha ido ganando peso el presupuesto del ICO dirigido a favorecer la internacionalización empresarial, que ha crecido de apenas un 4% en 2012 hasta representar más del 50% en 2018. Se siguen así las directrices hegemónicas para “salir de la crisis”, ofreciendo una financiación favorable para la expansión global de las compañías españolas. En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas.
En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas. Sin condicionantes socioambientales ni de respeto a los derechos humanos
Disfrutar de todos estos apoyos públicos no tiene condicionantes socioambientales ni procedimientos para responsabilizar a las entidades que violen derechos humanos. Porque el tipo de proyectos financiados de los que se ha podido obtener información, a través de organizaciones sociales y medios de comunicación, no son precisamente inocuos. Por ejemplo, en 2019, el ICO otorgó dos créditos para la construcción de autovías e infraestructuras viales en Colombia donde participa Sacyr: uno de 50 millones de dólares para el consorcio Unión del Sur y otro de 65 millones destinado al proyecto Autopista al Mar. La presencia de Sacyr en Colombia ha sido denunciada por sobrecostes e irregularidades en sus obras. Y ya se están produciendo reclamaciones de las comunidades locales por la posible destrucción de ecosistemas esenciales para su actividad campesina con la construcción de estas infraestructuras.
Los 100.000 millones de euros de avales públicos se han puesto en marcha a través de diferentes tramos, cuatro hasta la fecha. El primero y el tercero han repartido las ayudas a partes iguales entre pymes y autónomos, por un lado, y grandes empresas, por otro. No es fácil conocer las empresas que están siendo agraciadas con estos avales estatales porque el ICO no publica a quién ofrece financiación ni para qué. Hemos podido conocer algunas de las compañías avaladas indagando en sus comunicados y en noticias de prensa, ya que están obligadas a publicar cualquier operación de préstamo relevante. Así es como hemos llegado a las aerolineas Iberia y Vueling, que pertenecen a International Air Group (IAG). IAG es una corporación británica que tiene como principales accionistas a las líneas aereas de Qatar y a diversos fondos de inversión transnacionales.
Cuando el objetivo declarado es apoyar fundamentalmente a pymes y autónomos, cabe preguntarse qué sentido tiene sostener con fondos públicos compañías con accionistas puramente financieros, que cuentan con capacidad sobrada para aportar recursos. Tampoco se entiende el aval del Estado para inyectar dinero a una empresa como Air Europa, que iba a ser comprada por Iberia e iba a pagar a sus dueños, el grupo Globalia, 1.000 millones de euros. La explicación quizás hay que buscarla en las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que aseguró que iba a hacer todo lo posible para que Iberia tuviera liquidez. Por cierto, la financiación que está ofreciendo ahora el Estado no se dirige únicamente a cubrir necesidades puntuales de dinero a corto plazo, son operaciones que están vigentes durante un periodo de cinco años.
Si los criterios económicos para acceder a la financiación pública son discutibles, los ambientales son inexistentes. Y es que se está rescatando a uno de los principales sectores responsables del cambio climático. En cuanto a la fiscalidad, lo único que se exige es que no tengan la sede social en un paraíso fiscal, pero esto difícilmente puede ser útil para evitar la evasión de impuestos si no hace referencia a la existencia de filiales en esos territorios. Como limitaciones a posteriori se encuentra la de no repartir dividendos durante un tiempo, algo bastante obvio si el objetivo de estas ayudas es paliar necesidades urgentes de liquidez. Paradójicamente, quienes sí imponen criterios son los intermediarios necesarios para la operación: la banca comercial privada. El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial.
El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial.
Además de la citada línea de avales, ¿qué pasa con la compra de pagarés de grandes compañías? Según lo aprobado por el Gobierno, el ICO también puede comprar deuda a corto plazo emitida por las empresas hasta un presupuesto máximo de 4.000 millones. El Banco Central Europeo ya adoptó en marzo una medida similar dentro de su renovado programa QE (Quantitative Easing) de compra de activos: es el llamado programa de compras para la emergencia de la pandemia y abrió la puerta a comprar pagarés de empresas. La inyección de dinero europeo tiene dos condiciones, que el domicilio de la empresa esté en la Unión Europea y que esta tenga una buena calificación crediticia otorgada por Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch u otra de las principales agencias de calificación. Solo en su primer día de compras, el BCE se gastó 1.500 millones de euros en pagarés.
En esta versión local del programa europeo existen algunas diferencias importantes, como el hecho de que el Gobierno está avalando y comprando deuda de empresas con mayor riesgo de impago. Y sobre todo la imposibilidad de crear euros por el Estado español, porque eso es competencia exclusiva del BCE. Dado que no se puede crear dinero, la financiación milmillonaria tiene que salir de los presupuestos generales si no es devuelta. En un contexto de fuerte crisis, habrá un porcentaje nada despreciable que no se podrá recuperar y que dejará las arcas públicas aún más precarias.
La lista de grandes compañías a las que el Estado puede comprar pagarés es pública. Si tenemos en cuenta su currículum, podemos hablar de un rescate antisocial y antiecológico
Existe, eso sí, una novedad en relación a la actividad habitual del ICO: la lista de grandes compañías a las que el Estado puede comprar pagarés es pública. Si tenemos en cuenta su currículum, podemos hablar de un rescate antisocial y antiecológico. Además de Codere (Operibérica), Maxam, Sacyr y la inmobiliaria Renta Corporación, nos hemos encontrado en ese listado a empresas como:
1) El Corte Inglés, la empresa que puede traspasar más deuda al Estado: hasta 1.200 millones de euros. En su historial aparece el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, donde varios de sus proveedores estaban alojados. La ausencia de medidas de seguridad en el edificio hizo que colapsara dejando más de 1.100 víctimas mortales.
2) Elecnor, una compañía de ingeniería que desarrolla proyectos de infraestructuras y energía en más de 30 países. Alguno de estos proyectos ha estado envuelto en graves violaciones de derechos humanos contra las comunidades locales. Entre los casos más graves está el Proyecto Integral Morelos en México, donde el pasado año fue asesinado uno de los principales líderes comunitarios que se enfrentaban al proyecto.
3) Cobra, una de las filiales del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que pretende ser referente mundial en infraestructuras industriales. Cobra se ha visto envuelta en diferentes conflictos laborales y ambientales, entre los que destaca la construcción de la hidroeléctrica Renace en Guatemala. Ya hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que obligó a la empresa a realizar una consulta previa, libre e informada a las 29.000 personas afectadas del pueblo indígena q’eqchi, aunque la obra ya estaba prácticamente acabada.
4) Jorge Pork Food, el segundo productor de carne porcina en España con 5,8 millones de cerdos sacrificados en 2018. El modelo de macrogranjas es otro sector enormemente controvertido por ser uno de los que más contribuyen a la crisis climática, además de deteriorar gravemente los territorios que ocupa y favorece la rápida propagación de virus y nuevas enfermedades.
Los Estados que respaldan con fondos públicos las actividades de grandes empresas son corresponsables de los daños que estas causan. El grado de responsabilidad es mayor cuanto más riesgo es transferido al sector público. Así que las exigencias del Estado para apoyar a las empresas han de ser aquellas que garanticen, al menos, una mayor justicia social y ambiental. Por eso, una primera medida es dirigir las ayudas públicas exclusivamente hacia empresas y actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales y que, a la vez, frenen la crisis ecológica que estamos viviendo. Algunas propuestas para avanzan en esta dirección:
I) Publicación de los avales y préstamos concedidos a empresas (no autónomos, solo personas jurídicas) a partir de un importe de un millón de euros. Sería un ejercicio de transparencia que supondría un gran logro para la ciudadanía, similar al logrado en su día con la contratación pública.
II) Creación de una regulación vinculante del apoyo público financiero en materia de derechos humanos y medioambientales, alineando dicho apoyo con los planes de lucha contra la crisis climática.
III)Exclusión de determinados perfiles de empresas:
III.a)Transnacionales que hayan obtenido cuantiosos beneficios en anteriores años. Si IAG obtuvo unas ganancias de 1.700 millones de euros en 2019, ahora tiene capacidad de sobra para afrontar la actual crisis.
III.b) Compañías que pertenezcan a grupos implicados o condenados por corrupción o delitos económicos graves.
III.c) Empresas del sector del armamento, el juego, la energía nuclear o fósil.
III.d)Corporaciones que tengan filiales en paraísos fiscales o en territorios con conflictos armados.
IV) Incorporación de un baremo que priorice empresas que apuestan por la transición energética, la protección laboral y la reinversión en la economía local, entre otros criterios.
V) Inclusión de claúsulas socioambientales para la matriz, filiales y proveedores que reciben financiación pública, con objeto de facilitar la supervisión de sus actividades y la rendición de cuentas.
VI) Impulso de sanciones económicas y apertura de procesos legales para responsabilizar a las compañías que hayan incumplido las cláusulas socioambientales y los derechos humanos.
El Gobierno está poniendo en juego grandes cantidades de dinero y garantías públicas para el sector privado que no han sido cuestionadas. En cambio, el rescate directo de las personas se ve envuelto en un intenso debate político y un escrutinio mucho mayor, aunque las cifras son infinitamente más pequeñas.
En un momento donde la emergencia sanitaria ha dejado al descubierto los trabajos socialmente necesarios para el sustento de la vida, los visibles y los invisibilizados, el primer paso debe ser garantizar que el flujo de dinero público cumpla con las propuestas apuntadas. El segundo paso, simultáneo quizás, es que este se dirija a las pymes que cumplan los requisitos, a los sectores que tengan una función social esencial en estos momentos y a las personas que lo necesiten.
Apostar por una redistribución de la riqueza o garantizar el modelo de acumulación. Esta es la disyuntiva estratégica a la que nos enfrentamos para responder a una crisis socioeconómica que no ha hecho más que empezar.
22/06/2020
Erika González (OMAL-Info), Miguel Espada (Ecologistas en acción), Alfons Pérez (ODG)
https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/dinero-publico-que-no-cuida-a-que-empresas-se-esta-rescatando-
Estos son solo algunos ejemplos de las grandes empresas que han accedido al plan de choque económico que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses. En total, se van a destinar 100.000 millones de euros para avalar los préstamos que otorgan los bancos al tejido empresarial y a los autónomos. Por comparar con el presupuesto dedicado a otras medidas, el tan debatido ingreso mínimo para la ciudadanía, en sus múltiples formas, oscila entre 5.000 millones de euros al año, en el caso de la propuesta del Gobierno, y 10.000 millones según otras versiones más amplias y garantistas.
El Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías.
En el marco de ese gigantesco respaldo público al sector privado, el Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías, y quienes emiten este tipo de deuda no son precisamente pymes. Acabamos de conocer el listado de las empresas a las que el Estado puede inyectarles presupuestos millonarios, entre ellas nos encontramos a la casa de apuestas Codere, el fabricante de armamento Maxam, la cadena El Corte Inglés y otras compañías que van desde constructoras hasta inmobiliarias. Ninguna de estas corporaciones encaja en el relato oficial, con el que se insiste en que el apoyo público se está centrando en las empresas y autónomos más débiles y con menor capacidad de afrontar la actual crisis socioeconómica. ¿Cuál es el engranaje que ha hecho posible el rescate de grandes empresas con un amplio historial de impactos sociales y ambientales?
El paradigma neoliberal desprestigió, hasta hacerla desaparecer, la idea de que pudiera existir una banca pública para satisfacer las necesidades financieras de la población. Pero no ocurrió lo mismo con la financiación para las grandes empresas. Según los gobiernos y sus economistas de cabecera, se necesitan instituciones estatales que concedan créditos con condiciones ventajosas —menores intereses, mayores plazos de devolución, garantías públicas— para compensar “la insuficiencia de soluciones en los mercados privados”. Esta es la razón de ser del principal organismo del que dispone el Estado español para respaldar la actividad empresarial, el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El ICO se presenta como un banco público, creado en 1971 y adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los créditos y apoyos financieros que ofrece se gestionan habitualmente a través de bancos comerciales como Bankia, BBVA, Caixabank, Santander y Sabadell, entre otros. Con esta colaboración público-privada los bancos obtienen un beneficio, pues se quedan parte del margen que existe entre el interés del crédito que obtienen del ICO y el que fijan ellos en los préstamos que ofrecen a las compañías. El ICO es la institución encargada de gestionar los avales multimillonarios y la compra de pagarés que ha aprobado el Gobierno durante el confinamiento por la covid-19.
En los últimos años ha ido ganando peso el presupuesto del ICO dirigido a favorecer la internacionalización empresarial, que ha crecido de apenas un 4% en 2012 hasta representar más del 50% en 2018. Se siguen así las directrices hegemónicas para “salir de la crisis”, ofreciendo una financiación favorable para la expansión global de las compañías españolas. En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas.
En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas. Sin condicionantes socioambientales ni de respeto a los derechos humanos
Disfrutar de todos estos apoyos públicos no tiene condicionantes socioambientales ni procedimientos para responsabilizar a las entidades que violen derechos humanos. Porque el tipo de proyectos financiados de los que se ha podido obtener información, a través de organizaciones sociales y medios de comunicación, no son precisamente inocuos. Por ejemplo, en 2019, el ICO otorgó dos créditos para la construcción de autovías e infraestructuras viales en Colombia donde participa Sacyr: uno de 50 millones de dólares para el consorcio Unión del Sur y otro de 65 millones destinado al proyecto Autopista al Mar. La presencia de Sacyr en Colombia ha sido denunciada por sobrecostes e irregularidades en sus obras. Y ya se están produciendo reclamaciones de las comunidades locales por la posible destrucción de ecosistemas esenciales para su actividad campesina con la construcción de estas infraestructuras.
Los 100.000 millones de euros de avales públicos se han puesto en marcha a través de diferentes tramos, cuatro hasta la fecha. El primero y el tercero han repartido las ayudas a partes iguales entre pymes y autónomos, por un lado, y grandes empresas, por otro. No es fácil conocer las empresas que están siendo agraciadas con estos avales estatales porque el ICO no publica a quién ofrece financiación ni para qué. Hemos podido conocer algunas de las compañías avaladas indagando en sus comunicados y en noticias de prensa, ya que están obligadas a publicar cualquier operación de préstamo relevante. Así es como hemos llegado a las aerolineas Iberia y Vueling, que pertenecen a International Air Group (IAG). IAG es una corporación británica que tiene como principales accionistas a las líneas aereas de Qatar y a diversos fondos de inversión transnacionales.
Cuando el objetivo declarado es apoyar fundamentalmente a pymes y autónomos, cabe preguntarse qué sentido tiene sostener con fondos públicos compañías con accionistas puramente financieros, que cuentan con capacidad sobrada para aportar recursos. Tampoco se entiende el aval del Estado para inyectar dinero a una empresa como Air Europa, que iba a ser comprada por Iberia e iba a pagar a sus dueños, el grupo Globalia, 1.000 millones de euros. La explicación quizás hay que buscarla en las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que aseguró que iba a hacer todo lo posible para que Iberia tuviera liquidez. Por cierto, la financiación que está ofreciendo ahora el Estado no se dirige únicamente a cubrir necesidades puntuales de dinero a corto plazo, son operaciones que están vigentes durante un periodo de cinco años.
Si los criterios económicos para acceder a la financiación pública son discutibles, los ambientales son inexistentes. Y es que se está rescatando a uno de los principales sectores responsables del cambio climático. En cuanto a la fiscalidad, lo único que se exige es que no tengan la sede social en un paraíso fiscal, pero esto difícilmente puede ser útil para evitar la evasión de impuestos si no hace referencia a la existencia de filiales en esos territorios. Como limitaciones a posteriori se encuentra la de no repartir dividendos durante un tiempo, algo bastante obvio si el objetivo de estas ayudas es paliar necesidades urgentes de liquidez. Paradójicamente, quienes sí imponen criterios son los intermediarios necesarios para la operación: la banca comercial privada. El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial.
El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial.
Además de la citada línea de avales, ¿qué pasa con la compra de pagarés de grandes compañías? Según lo aprobado por el Gobierno, el ICO también puede comprar deuda a corto plazo emitida por las empresas hasta un presupuesto máximo de 4.000 millones. El Banco Central Europeo ya adoptó en marzo una medida similar dentro de su renovado programa QE (Quantitative Easing) de compra de activos: es el llamado programa de compras para la emergencia de la pandemia y abrió la puerta a comprar pagarés de empresas. La inyección de dinero europeo tiene dos condiciones, que el domicilio de la empresa esté en la Unión Europea y que esta tenga una buena calificación crediticia otorgada por Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch u otra de las principales agencias de calificación. Solo en su primer día de compras, el BCE se gastó 1.500 millones de euros en pagarés.
En esta versión local del programa europeo existen algunas diferencias importantes, como el hecho de que el Gobierno está avalando y comprando deuda de empresas con mayor riesgo de impago. Y sobre todo la imposibilidad de crear euros por el Estado español, porque eso es competencia exclusiva del BCE. Dado que no se puede crear dinero, la financiación milmillonaria tiene que salir de los presupuestos generales si no es devuelta. En un contexto de fuerte crisis, habrá un porcentaje nada despreciable que no se podrá recuperar y que dejará las arcas públicas aún más precarias.
La lista de grandes compañías a las que el Estado puede comprar pagarés es pública. Si tenemos en cuenta su currículum, podemos hablar de un rescate antisocial y antiecológico
Existe, eso sí, una novedad en relación a la actividad habitual del ICO: la lista de grandes compañías a las que el Estado puede comprar pagarés es pública. Si tenemos en cuenta su currículum, podemos hablar de un rescate antisocial y antiecológico. Además de Codere (Operibérica), Maxam, Sacyr y la inmobiliaria Renta Corporación, nos hemos encontrado en ese listado a empresas como:
1) El Corte Inglés, la empresa que puede traspasar más deuda al Estado: hasta 1.200 millones de euros. En su historial aparece el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, donde varios de sus proveedores estaban alojados. La ausencia de medidas de seguridad en el edificio hizo que colapsara dejando más de 1.100 víctimas mortales.
2) Elecnor, una compañía de ingeniería que desarrolla proyectos de infraestructuras y energía en más de 30 países. Alguno de estos proyectos ha estado envuelto en graves violaciones de derechos humanos contra las comunidades locales. Entre los casos más graves está el Proyecto Integral Morelos en México, donde el pasado año fue asesinado uno de los principales líderes comunitarios que se enfrentaban al proyecto.
3) Cobra, una de las filiales del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que pretende ser referente mundial en infraestructuras industriales. Cobra se ha visto envuelta en diferentes conflictos laborales y ambientales, entre los que destaca la construcción de la hidroeléctrica Renace en Guatemala. Ya hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que obligó a la empresa a realizar una consulta previa, libre e informada a las 29.000 personas afectadas del pueblo indígena q’eqchi, aunque la obra ya estaba prácticamente acabada.
4) Jorge Pork Food, el segundo productor de carne porcina en España con 5,8 millones de cerdos sacrificados en 2018. El modelo de macrogranjas es otro sector enormemente controvertido por ser uno de los que más contribuyen a la crisis climática, además de deteriorar gravemente los territorios que ocupa y favorece la rápida propagación de virus y nuevas enfermedades.
Los Estados que respaldan con fondos públicos las actividades de grandes empresas son corresponsables de los daños que estas causan. El grado de responsabilidad es mayor cuanto más riesgo es transferido al sector público. Así que las exigencias del Estado para apoyar a las empresas han de ser aquellas que garanticen, al menos, una mayor justicia social y ambiental. Por eso, una primera medida es dirigir las ayudas públicas exclusivamente hacia empresas y actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales y que, a la vez, frenen la crisis ecológica que estamos viviendo. Algunas propuestas para avanzan en esta dirección:
I) Publicación de los avales y préstamos concedidos a empresas (no autónomos, solo personas jurídicas) a partir de un importe de un millón de euros. Sería un ejercicio de transparencia que supondría un gran logro para la ciudadanía, similar al logrado en su día con la contratación pública.
II) Creación de una regulación vinculante del apoyo público financiero en materia de derechos humanos y medioambientales, alineando dicho apoyo con los planes de lucha contra la crisis climática.
III)Exclusión de determinados perfiles de empresas:
III.a)Transnacionales que hayan obtenido cuantiosos beneficios en anteriores años. Si IAG obtuvo unas ganancias de 1.700 millones de euros en 2019, ahora tiene capacidad de sobra para afrontar la actual crisis.
III.b) Compañías que pertenezcan a grupos implicados o condenados por corrupción o delitos económicos graves.
III.c) Empresas del sector del armamento, el juego, la energía nuclear o fósil.
III.d)Corporaciones que tengan filiales en paraísos fiscales o en territorios con conflictos armados.
IV) Incorporación de un baremo que priorice empresas que apuestan por la transición energética, la protección laboral y la reinversión en la economía local, entre otros criterios.
V) Inclusión de claúsulas socioambientales para la matriz, filiales y proveedores que reciben financiación pública, con objeto de facilitar la supervisión de sus actividades y la rendición de cuentas.
VI) Impulso de sanciones económicas y apertura de procesos legales para responsabilizar a las compañías que hayan incumplido las cláusulas socioambientales y los derechos humanos.
El Gobierno está poniendo en juego grandes cantidades de dinero y garantías públicas para el sector privado que no han sido cuestionadas. En cambio, el rescate directo de las personas se ve envuelto en un intenso debate político y un escrutinio mucho mayor, aunque las cifras son infinitamente más pequeñas.
En un momento donde la emergencia sanitaria ha dejado al descubierto los trabajos socialmente necesarios para el sustento de la vida, los visibles y los invisibilizados, el primer paso debe ser garantizar que el flujo de dinero público cumpla con las propuestas apuntadas. El segundo paso, simultáneo quizás, es que este se dirija a las pymes que cumplan los requisitos, a los sectores que tengan una función social esencial en estos momentos y a las personas que lo necesiten.
Apostar por una redistribución de la riqueza o garantizar el modelo de acumulación. Esta es la disyuntiva estratégica a la que nos enfrentamos para responder a una crisis socioeconómica que no ha hecho más que empezar.
22/06/2020
Erika González (OMAL-Info), Miguel Espada (Ecologistas en acción), Alfons Pérez (ODG)
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