Atraco constituyente

Atraco constituyente John M. Ackerman

F ilemón Tacuba, Jonathan Morales, Octavio García, Génesis Urrutia, Leobardo Arroyo, estudiantes de Guerrero y de Veracruz, justicia ya, ni una gota más de sangre estudiantil a manos del narcogobierno. Desde el primer día de su gestión, Miguel Ángel Mancera ha buscado minar la tradición de conciencia política y organización social tan arraigada en la Ciudad de México. En lugar de apoyar a los pueblos en defensa de su tierra, los jóvenes movilizados por la educación pública, los ciudadanos que exigen justicia por los estudiantes de Ayotzinapa y los maestros que defienden una educación crítica y de calidad, Mancera prefiere favorecer a las inmobiliarias, los oligarcas, los centros comerciales, los Walmarts, los Starbucks y la privatización de las multas y de los servicios públicos. Mancera insiste en ratificar todos los días su traición a los principios elementales de la izquierda y de la democracia. Frente al reciente despido arbitrario de 21 profesionales de educación primaria en la Ciudad de México en castigo por su activismo, tanto Mancera como Alejandra Barrales, ex secretaria de Educación Pública del Distrito Federal y ahora presidenta del PRD, han guardado un silencio cómplice. El jefe de Gobierno también cierra de manera sistemática e ilegal el acceso del pueblo indignado a la Plaza de la Constitución. En contraste, el pasado viernes, 7 de octubre, Mancera abrió el Zócalo capitalino de par en par para un insultante despliegue de poder autoritario. Con el pretexto de honrar otro aniversario del importante Plan DNIII-E, que normalmente se conmemora en el Campo Marte, el centro de la Ciudad de México fue ocupado por miles de soldados y con gran estruendo intimidatorio aterrizaron tres helicópteros militares en el Zócalo. La propuesta de Mancera para la nueva carta magna de la Ciudad de México constituye la cereza en el pastel de la consolidación autoritaria en la capital. El documento que ha presentado a la recién instalada Asamblea Constituyente está plagado de trampas que buscan terminar de arrebatar de los ciudadanos la rectoría sobre la ciudad y entregarla de manera definitiva a los poderes fácticos. En materia de derechos sociales y servicios públicos, la enorme abstracción del texto permitirá la consolidación del actual proceso de precarización social y de privatización de absolutamente todo lo público. Por ejemplo, las dos páginas dedicadas al derecho a la educación no obligan al gobierno a garantizar el acceso a una educación pública de calidad a todos los niños y jóvenes de la ciudad, sino que empujan hacia la creación de cada vez más escuelas patito por el sector privado. El documento también afirma que la Ciudad de México debe tutelar el derecho humano al trabajo, pero no define mecanismo alguno para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un trabajo digno y socialmente útil, plasmado en el artículo 123 de la Constitución federal. Y los mecanismos de consulta para los megaproyectos y los nuevos desarrollos, así como su posible fuerza vinculatoria, se remiten a las leyes secundarias. Mancera se niega a someter la nueva constitución a un referendo popular y manda la elaboración de todos los detalles finos con respecto a la administración de la ciudad y la tutela de los derechos a una serie de leyes constitucionales que él mismo elaborará y serán aprobadas por la actual Asamblea Legislativa bajo el control de los partidos del Pacto por México. Asimismo, con el miedo a la soberanía popular que caracteriza al jefe de Gobierno, propone en el decimoctavo transitorio prohibir la justa aplicación de la revocación de mandato a su propio gobierno. El miedo no anda en burro. En contraste, están redactadas con gran precisión y fuerza normativa las partes de la Constitución diseñadas para garantizar los intereses privados y frenar el crecimiento vertiginoso del nuevo partido ciudadano Morena. Por ejemplo, el artículo 21, G, 3 daría total libertad al gobierno a ceder cualquier equipamiento o vía pública para el uso de los particulares. Y en un atraco imperdonable, el artículo 34 propone ampliar la cantidad de diputados plurinominales en el Congreso local nombrados por los jefes de los partidos, de 26 a 33, y reducir la cantidad de diputados electos directamente en los distritos, de 40 a 33. Esta modificación en la integración del Congreso tiene el evidente propósito de reducir la fuerza del voto popular, que hoy favorece a Morena, para mantener el control sobre el Poder Legislativo en manos de los partidos del Pacto por México. Otra reforma con la misma intención es el despropósito de repartir diputados plurinominales a los llamados candidatos independientes. Estos candidatos no son en realidad independientes, sino que siguen las órdenes de sus patrocinadores. Pero más allá de su verdadera naturaleza, su necesaria pluralidad ideológica hace absurdo otorgarle representación proporcional al colectivo de independientes. Por ejemplo, con la fórmula que propone Mancera, el voto por un eventual candidato independiente de izquierda en Coyoacán contaría simultáneamente, para fines de cálculos de representación proporcional, como un voto por el eventual candidato independiente de ultraderecha en las Lomas de Chapultepec, o viceversa. Se trata de otra artimaña que busca defraudar la soberanía popular y eliminar la hegemonía de la izquierda en nuestra gran capital. Hay que frenar el atraco. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman Subir al inicio del texto