Tribunal electoral: agandalle oficialista

Tribunal Electoral: agandalle oficialista Pablo Gómez

La Sala Superior del Tribunal Electoral siempre ha sido de consigna aunque no siempre haya funcionado como tal. Ernesto Zedillo nombró a cuatro priistas de los siete magistrados que lo componen, pero uno de ellos (Orozco) se juntó con otros tres y jugó el papel de díscolo en algunos lances importantes como el del Pemexgate, cuando se obligó al PRI a pagar mil millones de pesos por haberse robado de la paraestatal petrolera una cantidad igual. El dato duro en la coyuntura era que el PRI ya había perdido la Presidencia. Con o sin mayoría automática priista, el tribunal ha jugado un papel de legislador. Cuando no le conviene acatar la letra de la ley, se inventa otra norma y aplica su criterio. Ese es uno de los más graves defectos del más alto tribunal electoral del país. El Senado ha escogido a siete magistrados y magistradas de otras tantas ternas enviadas por la Suprema Corte, de las cuales sólo dos de ellas estuvieron integradas sólo por mujeres y cinco exclusivamente por hombres. La paridad era imposible por el número impar de los integrantes del tribunal, pero ¿por qué sólo dos mujeres? La Corte, como siempre, no se esfuerza en dar explicaciones, pero la cuasi paridad entre hombres y mujeres que estaba al alcance fue descartada en sucesivas votaciones arregladas de antemano mediante criterios preestablecidos. Así se las gastan los togados en los días corrientes. De los siete integrantes de la Sala Superior tenemos otra vez cuatro oficialistas. Esta es la composición ideada originalmente por Zedillo desde cuando ese tribunal se integró como órgano del Poder Judicial. El TEPJF se permite inventar normas legislativas que son de inmediato aplicadas por él mismo. Luego, lo peor, es que el Instituto Nacional Electoral acata los mismos dictados judiciales aunque no conformen jurisprudencia, como si fueran parte integrante de la legislación del Congreso de la Unión. Ese Tribunal puede anular cualquier elección actuando como instancia única y de alzada, es decir, sin revisar ningún fallo anterior y resolviendo lo que nadie le pidió. Así ha funcionado dicho órgano del Poder Judicial, con escándalos concretos, pero sin que en el Congreso imponga un criterio de moderación al poder asignado a siete personas. ¿Por qué el PAN y el PRD han admitido el exceso de facultades del Tribunal y su nefasta composición? Esa es una buena pregunta pero no tenemos a la mano forma de responderla satisfactoriamente. Por su parte, al PRI le importa muy poco que digan que unos magistrados, como unos consejeros ciudadanos, son oficialistas disciplinados. El cinismo de la clase política tradicional mexicana carece de límites. Una vez, el PRD tuvo que hacer una proposición completa para integrar el IFE porque se le había marginado de las negociaciones debido a su exigencia de que cada uno de los tres partidos pudiera objetar las propuestas de los demás. El PAN había dado su consentimiento (Germán Martínez y Molinar) para resistir la decisión de Madrazo y Gordillo de imponer un IFE nefasto encabezado por Ugalde, pero negociaron en lo más oscuro de San Lázaro a cambio de un consejero más para el PAN. Como coordinador de la bancada del PRD (2003-2006) me sostuve hasta el final en la exigencia, aunque poco después fui criticado por integrantes de la dirección del partido por romper con la tradición de tomar lo menos y ceder lo más. Pero, ¿para qué queríamos dos consejeros electorales en el IFE si el PRI estaba tomando la mayoría? Ese partido ni siquiera tenía al Ejecutivo Federal, pero el PAN buscaba acuerdos contra una izquierda en ascenso los cuales terminaron favoreciendo al candidato Calderón. En verdad, ningún partido debería tener a un solo consejero de su lado. Cuando fui senador (2006-2012) se llegaron a “innovaciones”, por ejemplo, para meter al Tribunal a Penagos que ya había sido rechazado en su terna original pero devuelto por la Corte en otro trío con el fin de lograr su inclusión. Beltrones arregló esa maniobra con la aquiescencia del PAN, el PRD y la petición de Convergencia. Penagos era el cuarto elemento de entre siete magistrados. La idea priista siempre fue que si no se tenía una mayoría automática en el órgano administrativo se podía arreglar cualquier cosa en sede jurisdiccional. Esa sapiencia es elemental pero el problema sigue siendo ¿por qué las oposiciones la han admitido? Hoy tendremos cuatro magistrados oficialistas (Mata, Soto, Fuentes y Vargas), dos panistas (Otálora y Rodríguez) y uno propuesto por el PRD (Infante). Eso es agandalle disfrazado de “pluraridad”. Pero no es pluralidad lo que se requiere sino imparcialidad, que es cosa diferente. El nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación traerá problemas al país porque su método de integración es el peor posible y porque predomina el gobierno, cuyos intereses normalmente se decantan a favor de la parcialidad del aparato electoral, la coacción del voto y la simulación. Lo precario de nuestra democracia se expresa también en la inconsistencia de las instituciones. En particular, los tribunales siguen siendo de consigna en los asuntos más relevantes y políticamente decisivos para el poder establecido.