AMLO y los agentes extranjeros
partir de una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 9 de diciembre el Senado aprobó una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional sobre los llamados agentes extranjeros
. Entre los aspectos principales de la reforma se asienta que los agentes foráneos podrán ser autorizados para internarse de manera temporal en el país para el intercambio de información
con las autoridades correspondientes
; carecerán de inmunidad diplomática y tendrán prohibido realizar detenciones o cualquier acción que ponga en riesgo su integridad.
Aunque las nuevas regulaciones no tienen destinatario explícito, por la coyuntura en que se producen –la detención y el posterior desistimiento de cargos por narcotráfico contra el ex secretario de la Defensa Nacional, general retirado Salvador Cienfuegos, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos− parecen dirigidas a limitar las actividades de lo que en el ya lejano 1974, los ex agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), VictorMarchetti y John D. Marks, llamaron la secta del espionaje
, una cofradía secreta y peligrosa que suele utilizar medios encubiertos y a menudo ilegales para favorecer los intereses del gobierno y las grandes corporaciones estadunidenses.
La misión de los agentes extranjeros es observar sobre el terreno y recolectar, analizar, almacenar, elaborar y entregar informes de inteligencia táctica, operacional y/o estratégica, que sea útil a quienes toman decisiones. Pero como ha quedado comprobado en casos recientes, agentes estadunidenses han participado, también, en la detención, el secuestro y/o el asesinato de narcotraficantes y funcionarios mexicanos.
A manera de ejemplo, en la coyuntura, son los casos de las detenciones en Estados Unidos del general Cienfuegos y del secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a partir de información de inteligencia obtenida en México que no fue notificada al gobierno de López Obrador. También están los casos del policía de la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), Víctor Vázquez, quien vistiendo un uniforme de la Marina mexicana y portando un fusil de uso exclusivo de las fuerzas armadas, participó en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, en 2014; el de los agentes estadunidenses que se hallaban en el interior del fraccionamiento Altitude, en la zona residencial de Cuernavaca, Morelos, cuando la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leyva por un grupo de élite de la Marina, en diciembre de 2009, y el del secuestro en Guadalajara, en 1990, del doctor Humberto Álvarez Machain, acusado por Washington de haber participado en la tortura y el asesinato del ex agente de la DEA Enrique Camarena; Álvarez fue trasladado en un avión privado
a El Paso, Texas, donde fue arrestado.
La reforma define a los agentes del extranjero como funcionarios del exterior que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o supervisión de leyes, y otras disposiciones de carácter técnico especializado o reglamentario. Al estar enmarcada dentro de la Ley de Seguridad Nacional, además del personal de la DEA (que cuenta con 58 agentes y 11 oficinas en México distribuidas en puntos estratégicos del territorio nacional), las nuevas regulaciones incluyen a los agentes de la CIA; la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, responsable de la Operación Rápido y Furioso; a la Oficina Federal de Investigación (FBI); la Agencia de Seguridad Nacional (NSA); la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA); el Cuerpo de Alguaciles (US Marshals Service) del Departamento de Justicia; el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y media docena de agencias más.
Los agentes federales acreditados en México operan bajo la cobertura de la agregaduría militar o como personal consular
de la embajada de EU, escudados por un pasaporte diplomático, y pese a lo establecido en la Constitución y al discurso oficial, todos portan armas cuando están trabajando y cuentan con tecnología altamente avanzada y sofisticada para interceptar llamadas telefónicas y hacer rastreo satelital. Entre sus tareas figuran, además, tener contacto con autoridades mexicanas y armar una red de contactos o informantes (soplones, incluidos policías y periodistas) que reciben paga (lo que tratándose de funcionarios públicos podrían caer en el delito de cohecho). De allí que entre las nuevas regulaciones figure la pérdida de inmunidad diplomática de los agentes extranjeros y el que puedan ser llevados ante un tribunal en México para enfrentar las consecuencias de sus actos. A ellos se suman agentes encubiertos
que actúan sin permiso de las autoridades locales, que además de las labores de información
(espionaje) llevan a cabo acciones subversivas o de desestabilización.
La reforma busca dotar a México de un marco legal claro en su cooperación con otros países en materia de seguridad y hacer efectivo el principio de reciprocidad en esas relaciones. Un segundo paso sería eliminar la tóxica cooperación
de la Iniciativa Mérida, suscrita en 2007 por George W. Bush y Felipe Calderón, diseñada en función de la agenda de seguridad de Washington y no de las prioridades nacionales de México. Calderón cedió soberanía en áreas estratégicas que tenían que ver con la inteligencia y la seguridad nacional, en tanto Bush logró colocar la relación con México en la óptica de su política militarista, incluido el control y adoctrinamiento policial y castrense de sus contrapartes locales.
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