Escenario complicado para Ecuador
Análisis
10/03/2020
Marcha del movimiento de mujeres, 8 de marzo, Quito
Caída del precio del barril de petróleo, ley de fomento productivo y participación de las exportaciones nacionales.
En la actualidad, el derrumbe del precio del barril de petróleo encendió las alarmas en el país. Una alarma que, sin embargo, fue anunciada desde el momento de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo en agosto de 2018 con la cual se limitaron los ingresos del Estado para realizar sus actividades, entre ellas las de redistribución en la economía a partir de inversión pública, gasto social (que a largo plazo es una inversión),etc. De esa manera, dicha ley no solo abrió la puerta para una complicación por el lado impositivo (impuestos), sino también por el lado de los ingresos petroleros.
En la Ley de Fomento Productivo de agosto de 2018 se realizaron una serie de modificaciones a la capacidad del Estado de obtener ingresos. En ese sentido, varios debates se realizaron sobre la temática de impuestos y cómo se realizó una remisión que no necesariamente benefició a microemprempresarios:
El total recaudado por la deuda es de USD 1 268 millones y los intereses, multas y recargos tendrían un valor máximo similar y se benefició a 350 mil contribuyentes. No obstante, si a 203 Grupos Económicos se les realizó una remisión por USD 987 millones, implica que el 0,06% de beneficiarios de la condonación son Grupos Económicos, pero su monto de remisión corresponde al 78% del total. Por otro lado, el monto del 99,94% restante asciende al 22% (Báez, 2019).
Sin embargo, la situación no se detiene allí y los ingresos efecto de la exportación de petróleo también fueron afectados. En efecto, la Ley de Fomento Productivo en su artículo 45 transformó la ley de hidrocarburos que especificaba “una participación de al menos el 50% de los ingresos extraordinarios que se generen por la diferencia de precios” por el siguiente párrafo:
Participación del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo.- En los contratos de participación de exploración y/o explotación de hidrocarburos, el porcentaje de la participación del Estado se ajustará en función del precio de referencia y el volumen de producción. A medida que el precio de referencia se incremente, también la participación del Estado se incrementará para controlar los beneficios de la contratista por los excedentes en los precios de venta, en ningún caso la participación del Estado será inferior a la participación original establecida en el contrato.
En la práctica, dicha ambigüedad elimina el piso mínimo de la renta petrolera pero se necesitaría analizar contrato por contrato cuánto es el monto de lo que el país está percibiendo. A pesar de esta situación, un primer acercamiento a esta problemática es observar el nivel de participación nacional en el total de exportaciones. Un análisis desde el 2002 hasta 2018 permite observar las distintas trayectorias en materia petrolera en el país. Desde esa perspectiva se observa como hasta 2005 la participación nacional en las exportaciones petroleras fluctuaba en alrededor del 20% y la mayoría de estas últimas eran realizadas por compañías privadas. Por consiguiente, es muy probable que el país no haya accedido a un gran monto por la renta petrolera a pesar de un aumento en los precios. Esto se transforma desde 2006 en la que la participación nacional es cada vez mayor hasta casi duplicarse y sobrepasando el 40% en ciertos años. Una situación que se observa sobrepasada desde 2011 en que la participación nacional representa más del 70% hasta 2016. A partir del año 2017 el nivel empieza a disminuir hasta que en 2018 se ubica en un 63%.
Gráfico 1. Participación de exportación nacional en el total de exportaciones 2002-2018.
Fuente: BCE-EP Petroecuador, Secretaría de Hidrocarburos, y Compañías Privadas.
Elaboración: Instituto de Investigaciones Económicas-UCE.
Según los últimos datos disponibles hasta octubre de 2019 se observa que la situación no se ha transformado y la participación nacional en la exportación del petróleo se mantiene con un nivel menor en comparación a años anteriores con un 63%.
Gráfico 2. Participación de exportación nacional en el total de exportaciones y precio promedio del crudo ecuatoriano 2017-2019*
Nota:* Datos a Octubre
Fuente: BCE-EP Petroecuador, Secretaría de Hidrocarburos, y Compañías Privadas.
Elaboración: Instituto de Investigaciones Económicas-UCE.
Esa disminución en la participación, acompañada de una disminución del precio del barril de petróleo explicaría el decrecimiento en el nivel de ingresos petroleros del sector público no financiero que después de un aumento del 46% entre 2017 y 2018 muestra un decrecimiento del 2,32% entre 2018 y 2019.
Tabla 1. Operaciones del sector público no financiero (base devengado) 2017-2019*
-millones de dólares-
-millones de dólares-
Nota: *datos de octubre en todos los años
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público no Financiero y Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Instituto de Investigaciones Económicas-UCE.
Ante esta situación es sumamente complicado el momento que vive el país, pues ante la reducción del precio de barril de petróleo experimentado en 2015 (casi del 50%) tenía como escudo el nivel de participación nacional, algo que ante esta nueva disminución del precio de barril de petróleo y, con la información antes mencionada, se observa que no ocurre. Por lo tanto, la economía del país se torna sumamente delicada ante este shock externo que condiciona, pero que tiene como eje la toma de decisiones de políticas económicas al interior del país. En ese sentido, la aprobación de la Ley de Fomento Productivo es uno de los principales apremiantes para que la economía ecuatoriana se encuentre en esta encrucijada.
Por consiguiente, también resalta que en el Presupuesto General del Estado del año 2018 se estimó en USD 41,92 y hasta octubre de 2018 llegó hasta los USD 63; lo mismo, pero en un menor nivel ocurrió en 2019 cuando se estimó un precio del barril de petróleo de USD 50,05 pero este se mantuvo hasta octubre de ese año en USD 56 aproximadamente ¿Qué ocurrió con estos excedentes? De ahí la pregunta ¿En qué se invirtieron? Y a eso debe añadirse ¿En qué se utilizaron los recursos de las deudas con organismos internacionales? Estos cuestionamientos se contrastan con los resultados obtenidos en la economía, en que se muestra un deterioro de varios indicadores esenciales para el país en temática de empleo sobre todo,[1] pero que no se observa en el conjunto de la población, pues ciertos sectores de la élite económica ven acrecentar sus ingresos y su participación en la distribución total, como ocurre con las utilidades del sector financiero en estos últimos tres años.[2]
Ante esta situación ya se empieza a vaticinar algunas medidas como incrementar la producción petrolera, situación que no sería necesaria de mantener el nivel de renta petrolera. Por otro lado, es muy probable que el eje de ajuste que ha tomado el gobierno despliegue nuevamente sus alas y políticas de recortes sociales, despidos, restricción de la demanda estén en la mira. Posiciones que agravarán la situación económica del país, de por sí ya deteriorada.
De tal manera que las posibilidades de emerger de esta situación se encuentran en recuperar la renta petrolera como una de las principales actividades para sortear esta complicada situación. Por otro lado, la situación impositiva también está presente. Así, en lugar de pensar en quitar subsidios que benefician al conjunto de la población es preciso hablar de aquellos que benefician exclusivamente a los ingresos más altos que, por ejemplo, en el caso del gasto tributario ascienden a USD 2 184 millones y a este se debe agregar los montos por evasión tanto del impuesto a la renta que alcanzan los USD 2 300 millones en 2004 (última cifra disponible según CEPAL) y al IVA con USD 2 800 millones en 2015.[3] A esto se suma la deuda de los 500 principales deudores que a diciembre de 2019 ascendía a USD 2 571 millones.
Tabla 2. Ranking 500 principales deudores SRI varias tomas –USD millones.
Y de igual forma, la posibilidad de financiamiento se encuentra en que existan operaciones entre Banco Central y el Estado, lo cual también implica recular en la ley de fomento productivo, modificando el inciso 5 del artículo 40 que modificaba el Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero que mencionaba: “Las entidades financieras públicas, con recursos de inversión doméstica del Banco Central del Ecuador, no podrán invertir en emisiones de entidades públicas.”
Desde luego, esta obtención de ingresos tiene como filtro destinar estos recursos a políticas redistributivas y que se encaminen a una reforma tributaria progresiva a los ingresos más altos, así como a reformas laborales que expandan la demanda, lo cual implica políticas no precarizadoras del empleo y el trabajo. Estas, posiciones que no son del accionar histórico de las élites empresariales en el país.
Notas
[1] Ver: https://coyunturaisip.wordpress.com/2020/01/23/empleo-en-ecuador-2019-la-poblacion-menos-asegurada-en-los-ultimos-nueve-anos/ y https://coyunturaisip.wordpress.com/2020/02/02/el-retroceso-en-los-indicadores-laborales-del-plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-incluyendo-el-trabajo-infantil/
[2] Ver: https://coyunturaisip.wordpress.com/2020/03/04/el-ascenso-de-la-desigualdad-en-ecuador-el-indice-de-palma-se-encuentra-en-su-nivel-mas-alto-en-cuatro-anos/
https://www.alainet.org/es/articulo/205171
No hay comentarios:
Publicar un comentario