Deudas, mentiras y corrupcion

Deudas, mentiras y corrupción Víctor Quintana

A menos de dos meses de concluir su administración, César Duarte está gobernando para desgobernar. Parece que la consigna antes de entregar el gobierno a Javier Corral es ¡Al diablo con todas las instituciones!. Si le ganaron el estado, hay que entregarlo en la ruina: financiera, administrativa y de seguridad. El gobernador saliente y su lacayo en la presidencia estatal del PRI, Guillermo Dowell, no cejan en su intento de hacer tortuoso el segundo proceso de alternancia que vive el estado de Chihuahua desde 1992. Apenas había el Instituto Estatal Electoral declarado improcedente el recurso por el cual el tricolor demanda se anule la elección para el gobierno del estado, cuando Dowell, con toda terquedad y cerrazón, apeló a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara. Muchos de sus correligionarios han criticado abiertamente esta decisión por inútil, absurda y por su falta de civilidad política. Al paso que van estas dos figuras del peor priísmo en el estado, dentro de un año estarán apelando a la FIFA o a la Santa Sede, comenta la socarronería chihuahuense. Pero no es el litigio electoral la mayor piedra en el zapato para el gobierno que encabezará Corral. Es, entre otros problemas, la espiral de endeudamiento y la quiebra técnica y real del erario chihuahuense. Una deuda que hasta hace poco llegaba a 42 mil millones de pesos, que aumentó en 236 por ciento durante el sexenio duartista, y que coloca a Chihuahua como la tercera entidad más endeudada en números absolutos y la primera en cuanto a porcentaje de deuda con relación al PIB. A esta deuda deben sumarse 6 mil millones de pesos más autorizados a principios de julio por el Congreso estatal bajo la forma de bursatilización de los excedentes del fideicomiso carretero. Ante esta resolución de la mayoría parlamentaria priísta y sus aliados, la organización Mexicanos contra la Corrupción interpuso una demanda de amparo. Logró la suspensión provisional, pero no la definitiva, ante el juzgado primero de distrito. Así, a pesar del histórico precedente de acción de la sociedad civil contra un acuerdo de los legisladores, la deuda del gobierno de Chihuahua andará frisando los 50 mil millones de pesos. Aun si este endeudamiento quedara en firme luego de que se resuelva el fondo del asunto, los recursos que de él provienen no resolverán el problema inmediato de las finanzas chihuahuenses. Para fin de año el déficit entre ingresos y egresos del estado será de cuatro mil 590 millones de pesos, lo que deja la operación gubernamental al borde de la parálisis. Desde ahora no se cuenta con recursos para llenar el tanque de las patrullas de la Policía Estatal y diversos proveedores de la industria de la construcción reclaman se les paguen mil 500 millones de pesos que se les adeudan. Por si fuera poco el colapso de las finanzas públicas, el gobierno de Duarte mal acaba también en un área especialmente sensible para los habitantes de la capital del estado: el transporte urbano. La improvisación, el ceder ante los concesionarios de la CTM que son empresa y sindicato a la vez, el capricho del gobernador impuesto sobre la racionalidad técnica, todo esto ha hecho que el sistema de movilidad urbana Vivebús se convierta en un juego en que todos pierden: usuarios, choferes, concesionarios, y el propio gobierno. Tan empantanado está el asunto que, apoyado por la CTM, que se opone a toda modernización del transporte que afecte a su pingüe negocio, Duarte ha decidido darle reversa a la historia y volver al sistema de transporte antiguo, ineficiente y contaminante. Cuando en la mayor parte de las ciudades del país se están retirando de circulación los microbuses, en Chihuahua, donde nunca han existido, Duarte abre un concurso para licitar las concesiones de rutas microbuseras. Es la metástasis de la agonía del priísmo-duartismo. Así se pueden recorrer las principales áreas de gobierno, o mejor dicho, los principales servicios que el gobierno ofrece o debe ofrecer a la población, y por todos lados se encuentra lo mismo: agudas carencias presupuestales, obras suspendidas, planteles cerrados… Pocos gobiernos priístas han hecho tanto en tan poco tiempo por hacer polvo las instituciones. Las han debilitado, desacreditado, tornado inútiles para la ciudadanía. Si en 1986 y en 1992 se dijo que Chihuahua era un laboratorio de la alternancia democrática, ahora parece que se está convirtiendo en el laboratorio de lo que pueden hacer un individuo y un partido cuando se aferran al poder y prefieren hundir el buque antes de que lo aborden los contrarios. Cualquier parecido con la desinstitucionalización, la quiebra de las paraestatales Pemex y CFE, que ha propiciado el gobierno de Enrique Peña Nieto con sus reformas, no es coincidencia. Los caprichos de ellos por sobre el interés de la República. P.S. Al momento de cerrar estas líneas dos diputados priístas del Congreso de Chihuahua admitieron haber engañado al juez de distrito con el argumento de que los recursos de la bursatilización serían aplicados para pensiones y no, como estipula la ley, para infraestructura e inversión. El pantano se hace más profundo. Subir al inicio del texto