El respeto a garantías no es práctica diaria, lamenta el presidente de la CEAV
Estados, reacios a atender víctimas de violaciones a derechos: Jaime Rochín
Sólo 18 entidades han reformado sus normas para proteger a los afectados por abusos
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de enero de 2015, p. 7
Miércoles 7 de enero de 2015, p. 7
El Estado mexicano aún no ha cubierto la deuda histórica con las víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades y violencia del crimen organizado. En particular, los gobiernos locales no les dan prioridad ni quieren atenderlas, manifestó en entrevista el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón.
En conversación con La Jornada,aseveró que esa desatención se refleja en que durante décadas las víctimas fueron testigos mudos de sus tragedias y en una crisis de derechos humanos, porque el respeto a las garantías de las personas
no llega a ser una práctica diaria en el ejercicio de las autoridades de todos los niveles y ni siquiera en el conocimiento de los ciudadanos.
Para ejemplificar el tamaño de la tragedia de la violencia en México, expresó que aún hay víctimas de la represión al movimiento estudiantil de 1968. Además,
las de muchos acontecimientos en la historia reciente del país, como los asesinatos y desapariciones en Tlatlaya e Iguala.
Todavía, alertó, no se investiga las
víctimas paralelasa los normalistas de Ayotzinapa: los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas en Iguala y que ahora forman parte del reporte de víctimas en Guerrero.
Resaltó que aun cuando ya está en vigor la Ley General de Víctimas, que obliga a los estados a contar con legislación propia, sólo 18 entidades han reformado su marco legal o aprobado una ley específica. De éstas, apuntó, sólo dos, Nuevo León y Coahuila, cuentan con comisiones que atiendan a las víctimas.
Es preocupante. No necesariamente es causa y efecto, pero llama la atención que las entidades con mayor índice de víctimas, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, no tienen una ley armonizada con la General de Víctimas: estado de México, Baja California y Distrito Federal.
Sus índices, advirtó, están en rojo, y si no cumplen
hay que decirlo. Le estarían fallando a los ciudadanos.
– Si la ley los obliga, ¿por qué no lo hacen?
– Primero, por desconocimiento. Segundo, la mayoría de las entidades no quieren generar recursos para atender a las víctimas.
“Les voy a poner un caso: el procurador de una entidad, durante una reunión, respondió, cuando le señalamos las obligaciones de la ley General de Víctimas: ‘Yo quisiera cumplir con la ley, pero no me es posible’. ¿Por qué? Porque tendría que renunciar a otras operaciones.
“La deuda histórica con las víctimas no es de un solo funcionario o de un gobierno, sino del Estado. Por ello, los servidores públicos no deben tomarlo como ‘es algo que no es mi bronca’. Falta visión sobre la obligación de atender la tragedia que viven muchísimas personas y el abandono de las víctimas.
– ¿Es omisión deliberada de los gobernadores?
– Sí, porque en algunos casos los congresos ya cumplieron, pero faltan los recursos y es ahí donde se atoran.
La principal obligación del Estado es generar seguridad a los ciudadanos para que puedan convivir, vivir, trabajar, tener una vida familiar pacífica. Para eso pagamos impuestos más o menos, para poder vivir tranquilos, y eso no se está cumpliendo.
Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, durante la firma de un convenio de colaboración el pasado 22 de diciembreFoto Carlos Ramos Mamahua
– ¿Subyace también un problema de educación ciudadana?
– Tal vez suene trillado, pero si cada vez hay más delitos y quienes denuncian no encuentran justicia, verdad, reparación e incluso ellos mismos terminan inculpados, como en algunos casos de violencia sexual, y no exigimos al Estado que lo atienda, llegará el momento en que le pasará a alguien muy cercano a nosotros y a nosotros mismos.
“Es muy importante que la ciudadanía se sensibilice y los gobiernos entiendan que es parte fundamental de su función, y que cuando reparamos y atendemos a una víctima compensamos la ausencia del Estado en el cumplimiento de sus deberes.
“Además –expuso–, prevalece el desconocimiento sobre la protección a los derechos humanos, aún con la reforma a la Constitución en la materia.
Un presidente municipal, un policía municipal, es garante de los derechos humanos, según la Constitución. Todas las autoridades, pero esto no ocurre así, indicó.
El miércoles, en su celda de alta seguridad, fue asesinado el presunto homicida de Marisela Escobedo, José Enrique Jiménez.
El presidente de la CEAV relató que, cuando esa instancia, que cumple un año de constituida, comenzó sus trabajos, el caso del homicidio de la madre de Rubí Frayre Escobedo ya había sido dado por concluido.
No hemos recibido petición de los familiares para darle seguimiento. Con este hecho reciente (el asesinato de Jiménez) solicitamos información al gobierno de Chihuahua para estar al tanto de cualquier necesidad que surja.
– ¿Y no pueden actuar de oficio?
– No tenemos esa atribución. En casos relevantes sí buscamos a las víctimas para saber si requieren asesoría. Ofrecimos acompañamiento a la familia de Moisés Sánchez Cerezo, el periodista desaparecido en Veracruz, e insistimos en que la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión (de la Procuraduría General de la República) atraiga el caso y lo investigue.
– ¿Y con los padres de las víctimas de Ayotzinapa?
– Lo que los familiares nos han pedido insistentemente es acompañarlos en la exigencia de la búsqueda incesante con vida de sus familiares y hemos hecho ese llamado a las instituciones públicamente y por escrito.
“Por el momento, los familiares de Alexander Mora Venancio no han aceptado asesoría. Con quienes sí hemos trabajado es con el equipo de futbol Los Avispones, quienes pidieron el registro como víctimas.
“Del caso Ayotzinapa hay inscritas 177 personas como víctimas directas e indirectas, y el 23 de diciembre se registró a 65 víctimas más, directas e indirectas, del ataque contra el camión de futbol de Los Avispones e iniciamos el proceso de reparación del daño.
“De las 177 víctimas, muchas son personas encontradas en las fosas de Iguala. Los familiares pidieron registrar a sus desaparecidos. Hay víctimas paralelas a los normalistas.
La pregunta es: ¿qué pasa con esas fosas? ¿Quiénes son? Esto también debe investigarse.
