Universidades, gobiernos y empresas
Orlando Delgado Selley
L
as universidades pueden jugar un papel relevante en la mejora de las condiciones sociales. Pueden ser parte de procesos de transformación social ofreciendo soluciones a problemas decisivos. Para ello hace falta que resuelvan adecuadamente grandes desafíos, como el de la calidad y pertinencia de lo que se enseña, la necesidad de ampliar la movilidad internacional de estudiantes y profesores, y el mantenimiento de la estabilidad interna. Otros retos que enfrentan las universidades, como contar con los recursos necesarios para su funcionamiento o ampliar sustancialmente su capacidad de admisión de nuevos estudiantes, exigen la participación de los agentes estatales.
Esta semana en Río de Janeiro se han reunido más mil 100 rectores de universidades de Iberoamérica para reflexionar sobre estos temas. Todos ellos recibieron una iPad por haber asistido a este tercer Encuentro de rectores, obsequiada por el anfitrión de la reunión: el Banco Santander, a través de la entidad que creó hace casi 15 años para apoyar a las instituciones de educación superior: Universia. Por ello la reunión se abrió y cerró con un discurso del presidente de este banco y presidente también de Universia: Emilio Botín. Cabe reconocer la relevancia del aporte de este grupo financiero español al desarrollo de importantes iniciativas universitarias. Lo notable es la ausencia de los gobiernos.
La relación entre gobiernos y universidades no ha sido fácil en América Latina. La autonomía ha sido el dique que ha protegido a las universidades de embates gubernamentales inadecuados. Ello, sin embargo, ha producido, en algunos casos, una cierta separación del quehacer universitario de los problemas sociales más acuciantes. El tema de la responsabilidad social de las universidades latinoamericanas ha ganado pertinencia justamente por el alejamiento de la investigación académica de lo social, al tiempo que se vinculaba con el funcionamiento industrial. La cercanía de las universidades con empresas no es por sí misma criticable, lo es si se subordina a los intereses empresariales.
Así las cosas, en el tercer Encuentro de rectores de Río de Janeiro ha destacado la capacidad de una empresa financiera para encabezar a los rectores, amparados en la oferta de recursos que permiten sortear las dificultades que genera la escasez de recursos fiscales. Es evidente que Santander tiene una visión específica de lo que debe hacerse para que las universidades contribuyan al desarrollo de sus países, acorde con la importancia de sus filiales en América Latina.
Santander tiene una opinión política que corresponde a su definición ideológica, la que se evidenció en este encuentro por su distanciamiento del gobierno de Brasil, derivado de haber publicado que si Dilma se reeligiera la Bolsa brasilera se derrumbaría. Ello llevó a que la presidenta señalara que “es inadmisible para cualquier país… aceptar cualquier nivel de interferencia de cualquier integrante del sistema financiero en la actividad electoral y política” (Folha de Sao Paulo, 29/7/14, p. A10).
No obstante, este tercer encuentro produjo un importante documento: la Carta de Río 2014, que contiene diez claves estratégicas, 11 propuestas para las universidades iberoamericanas y un compromiso que consiste en buscar que los planteos de la carta se conviertan en decisiones de los gobiernos que propicien inversiones públicas y privadas en educación e investigación y en desarrollo e innovación. Se comprometen, además, a impulsar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Sin negar la relevancia de lo alcanzado se ha construido una relación particular entre los rectores de más de mil 200 universidades de América Latina y de la península ibérica con una gran empresa financiera. Relación que se cultiva con los recursos aportados por Santander, que en este encuentro estableció la meta de dedicar 700 millones de euros en el periodo 2015-2018, lo que fue aplaudido de pie por los rectores presentes.
Los gobiernos serán invitados a sumarse a lo definido en Río, cuando debieran haber sido los promotores de iniciativas de este tipo que tendrían que apoyar las empresas. La política de educación superior, independientemente de su pertinencia, la establece una empresa financiera con rectores, al margen de las definiciones gubernamentales.
