Riesgos y prevenciones
Orlando Delgado Selley
L
a fuerza de la naturaleza con la que fueron azotados diversos estados del país puede hacer pensar que los problemas causados por fenómenos naturales son inevitables, lo mismo que sus consecuencias. En realidad, el mundo ha evolucionado lo suficiente para hacerse cargo de estas eventualidades y reducir al mínimo sus impactos sociales y económicos. El último Informe sobre el Desarrollo Mundial 2014, elaborado por el Banco Mundial y que se ha hecho público estos días en Washington, se dedica precisamente a discutir el problema del riesgo y las oportunidades económicas, políticas y sociales que plantea su control.
El informe del Banco Mundial ofrece una perspectiva integral para administrar eficientemente el riesgo, planteando que su manejo responsable y efectivo no sólo brinda seguridad, sino que es un medio para el progreso social en cualquier país, pero particularmente en los países en desarrollo ya que genera posibilidades de desarrollo. Si lo que ocurre es lo contrario, es decir, si se desestiman irresponsablemente los riesgos, se incrementan las posibilidades de que frente a contingencias los mayores daños se concentren entre quienes tienen menores recursos para enfrentarlas.
Se trata, por supuesto, de la capacidad de las diversas partes de la sociedad para construir un entorno en el que se compartan las responsabilidades y los costos de administrar todo tipo de riesgo. Al gobierno le compete la mayor responsabilidad, ya que tiene un papel crítico en el manejo de los riesgos sistémicos, desarrollando un ambiente en el que de manera efectiva se compartan con el sector privado las acciones preventivas, que incluyan a los hogares y las diversas instancias estatales. Al gobierno le compete, además, estar preparado para enfrentar eventualidades y canalizar oportunamente las ayudas necesarias.
La tragedia provocada por Ingrid y Manuel ha puesto de relieve la profunda incapacidad de las diversas instancias gubernamentales mexicanas. Incapacidad presente en las diferentes formaciones partidarias, que parece corresponder a visiones compartidas de la clase política que conciben la función gubernamental de manera profundamente mezquina. Consecuentemente, en lugar de que hubiésemos aprovechado las dificultades de nuestra condición geográfica para impulsar programas para administrar los riesgos de manera que se privilegie justamente su control, lo que hubiera redundado en mayores ritmos de crecimiento económico, lo que se hizo fue que gobernantes y empresarios privados lucraran con la ausencia de mecanismos de administración de riesgos.
Existen riesgos que no pueden manejarlos adecuadamente los individuos. Demandan acciones compartidas por los diferentes estratos de la población, en función de su posición en el impulso de proyectos de desarrollo. Para ello se requiere capacidad política para llevar a cabo procesos de planeación realistas, que se hagan cargo de la distribución de los costos involucrados en esa administración de riesgos. Estos procesos deben identificar riesgos, poniendo en primer lugar la manera en la que deben ser atendidos, con el fin de enfrentarlos en caso de que ocurran con la participación de los sectores público y privado.
Le compete al Estado garantizar que se cumplan con esas responsabilidades compartidas. Los particulares al llevar a cabo proyectos de inversión que alteren las condiciones naturales de los flujos pluviales, por ejemplo, están obligados a incorporar mecanismos de protección para los usuarios de esos proyectos. Las contingencias económicas se ha probado que ocurren, lo mismo que las naturales. El cambio climático ha incrementado sensiblemente la posibilidad de que ciclones, huracanes y tormentas tropicales pongan en jaque a países enteros.
Los riesgos son altos, pero controlables. Consecuentemente debemos exigir que se tomen las medidas que correspondan y que, por supuesto, si por la preminencia de intereses particulares se evade administrar el riesgo los responsables, independientemente del partido político al que pertenezcan en ese momento, deben ser juzgados por la sociedad política y penalmente.
