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El viernes pasado
concluyeron en La Habana las deliberaciones de la Primera
Conferencia sobre Estudios Estratégicos organizado por el Centro de
Investigaciones de Política Internacional dependiente del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales (ISRI) del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba. Fueron tres días de productivas discusiones en los cuales se pasó
revista a distintos aspectos de la coyuntura geopolítica internacional y el
papel que en la misma juegan los países de América Latina y el Caribe.
Algunas reflexiones preliminares habían sido
expuestas en un posteo anterior; a continuación se exponen algunas de las
conclusiones más relevantes de la conferencia:
a) Necesidad
de una respuesta mucho más tajante de nuestros países en relación a la
agresión informática, el espionaje y los ciberataques lanzados por
diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos. De hecho,
cuando Google, Yahoo, Skype, Facebook y otras grandes compañías del mundo
de la Internetreconocieron públicamente que transferían sus archivos a
los organismos de espionaje y seguridad de Estados Unidos todos esos
programas deberían haber sido eliminados inmediatamente de los organismos
gubernamentales de la región y reemplazados, en la medida en que ello fuera
posible, por sucedáneos del software libre. Paralelamente tendría que haberse
lanzado una gran campaña para desalentar su empleo en las organizaciones
no-gubernamentales y el público en general, cosa que apenas se está haciendo
en Brasil, víctima preferencial de esos ataques junto con Alemania y Francia,
según recientes revelaciones. Varios expertos coincidieron en señalar que los
programas convencionales de anti-virus revisan y limpian todos los archivos
de computadoras localizadas en tanto en El Cairo como Buenos Aires o
Bangalore, pero que la labor se hace en Estados Unidos y que simultáneamente
con la remoción o no de los virus esos archivos son copiados y mantenidos en
gigantescos servidores controlados por el gobierno de Estados Unidos, donde
son almacenados y revisados primeros por robots informáticos y, cuando
aparecen contenidos, emisores o destinatarios sospechosos, por humanos.
Conclusión: se impone acelerar el tránsito hacia el software libre y, además,
desechar todas las computadoras hechas en Estados Unidos o por firmas
norteamericanas radicadas en terceros países, de donde se desprende la
importancia de desarrollar una industria latinoamericana de producción de
hardwares de diverso tipo (computadoras de mesa, laptops, tabletas,
etcétera).
b) Otra
de las conclusiones se focalizó sobre La silenciosa y permanente
agresión militar del imperialismo y el papel de la UNASUR. Uno de
los graves problemas que enfrenta la región es que pese a estar cercada por
76 bases militares estadounidenses los gobiernos de la UNASUR no
han sido capaces hasta ahora de consensuar una hipótesis de conflicto
realista para la región. Hipótesis que debe responder a una pregunta bien
simple: ¿quién es nuestro más probable agresor o quién es el que ya nos está
amenazando? No obstante la abrumadora presencia de tantas instalaciones
militares estadounidenses diseminadas a lo largo y a lo ancho de toda América
del Sur esa respuesta todavía no ha sido siquiera esbozada y continúa siendo
un tema tabú al interior de la UNASUR. Obviamente que la
heterogeneidad del mapa sociopolítico sudamericano conspira contra una tal
iniciativa. Hay gobiernos que han asumido como su misión convertirse en los
“Caballos de Troya” del imperio y obedecer incondicionalmente las directivas
emanadas de Washington: en Sudamérica tal es la situación de Colombia, Perú y
Chile, con la muy probable adición a esta lista del gobierno del Paraguay.
Hay otros que pugnan por asegurar su autodeterminación y resistir a los
designios y presiones del imperialismo: casos de Bolivia, Ecuador y
Venezuela. Y otros, como Argentina, Brasil y Uruguay, que navegan a media
agua: apoyan tibiamente a los segundos en sus proyectos continentales pero
comparten con los primeros su vocación de instaurar en sus países un
“capitalismo serio”, engañoso oxímoron que enturbia la conciencia de
gobernantes y gobernados por igual. El resultado es la enorme dificultad de
llegar a un acuerdo para, por ejemplo, exigir algo tan fundamental como el
retiro de las bases militares extranjeras de América del Sur; o para mantener
a esta parte del continente como una zona libre de armas nucleares, cosa que
ahora es imposible de certificar. ¿Cómo saber cuáles son las armas que el Pentágono
instala en sus bases? Hay sospechas muy fundadas de que en algunas que posee
en Colombia, como Palanquero, o en la de la OTAN en Malvinas (base
que cuenta con apoyo logístico y presencia militar estadounidense) puede
haber armas de destrucción masiva. Pero la verificación in situ ha
probado ser, al menos hasta ahora, imposible porque ni siquiera existe un
acuerdo sobre la necesidad o conveniencia de llevar a cabo una inspección.
La silenciosa pero muy efectiva ingerencia de Washington sobre las fuerzas armadas latinoamericanas se traduce también en la insólita continuidad de los programas de “formación y adiestramiento” de militares y -¡cuidado con esto!- de fuerzas policiales en la región. Incluso en gobiernos claramente enfrentados con el imperialismo norteamericano la inercia de tantas décadas de formación en la Escuela de las Américas y otras del mismo tipo torna difícil sustraerse a la presión militar para continuar con esos programas. Pero cuando la costumbre y los incentivos crematísticos no son suficientes la Casa Blanca apela a la extorsión. Si un país decide no enviar sus oficiales a tomar cursos de formación en Estados Unidos en represalia Washington puede interrumpir el suministro de equipo militar a los países del área, sea bajo la forma de donaciones o ventas subsidiadas. De ese modo el gobierno desobediente podría después ser acusado de “no colaboración” en la guerra contra el narcotráfico o el terrorismo, entre otras cosas por no contar con los equipos y armamentos adecuados para la tarea. Y es lógico pensar que quien se adiestra en Estados Unidos es entrenado para combatir a quienes ese país considere como sus enemigos. Y ya sabemos quienes son éstos para el imperio: precisamente los gobiernos y las fuerzas antiimperialistas de la región. En suma: los cursos, las armas y las doctrinas militares conforman una trinidad inseparable. Los países que envían a sus oficiales a entrenarse en Estados Unidos están también dejando en manos de ese país decidir quienes son los enemigos a combatir y cómo hacerlo. En la misma línea debe señalarse la absurda sobrevivencia del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca desahuciado en los hechos por la colaboración brindada por Washington a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas; o la continuidad de las periódicas reuniones de los Comandantes en Jefe o de la Junta Interamericana de Defensa; o la realización de operaciones conjuntas con fuerzas de Estados Unidos, siendo que éste es el único enemigo regional a la vista. Todo lo anterior se complementa, en el plano jurídico, con la aprobación en casi todos nuestros países de una legislación antiterrorista sólo inspirada en la necesidad de proteger la sigilosa ocupación de los Estados Unidos del territorio latinoamericano y de criminalizar a las fuerzas políticas y movimientos sociales que se oponen a los avances del imperialismo.
c) También
surgió de la conferencia la necesidad de estudiar sistemáticamente al
imperialismo norteamericano. Es preciso revertir una peligrosa
tendencia muy presente en las fuerzas políticas y los movimientos
antiimperialistas de la región y que se sintetiza en una consigna rayana en
el suicidio: “al enemigo no se lo estudia sino que se lo combate.” Se exalta
el fervor militante, lo que está bien, pero se subestima la necesidad de
conocer científicamente, minuciosamente, al imperialismo, lo que está
mal. Sin estudiar a fondo a Estados Unidos como centro nervioso
del sistema imperialista; sin conocer cómo funciona; sin saber cuáles
son los dispositivos mediante los cuales establece su predominio a escala
mundial y quiénes son sus agentes operativos en los planos de la
economía, la política y la cultura; desconociendo cuáles son sus estrategias
y tácticas de lucha, sus artificios propagandísticos y sus concepciones ideológicas,
y quiénes sus peones locales se torna casi imposible librar una batalla
exitosa contra su dominación. Por eso tenía razón José Martí, uno de los
grandes héroes de nuestras luchas antiimperialistas, cuando para fundamentar
su diagnóstico sobre los ominosos designios de Estados Unidos le dijo a su
amigo Manuel Mercado que “viví en el monstruo, y le conozco las
entrañas.”
Pero el desconocimiento del imperio no es atributo exclusivo de la militancia antiimperialista. Lamentablemente en la academia de nuestros países el estudio de los Estados Unidos es una materia que brilla por su ausencia. Se cuentan con los dedos de una mano los centros de investigación que se dedican a estudiar a nuestros opresores, mientras que en Estados Unidos son alrededor de trescientos los centros y/o programas de enseñanza e investigación que tienen por objeto investigar nuestras sociedades. Estas preocupantes realidades deberían suscitar una rápida reacción de las fuerzas antiimperialistas de la región, recordando lo que con tanta razón observara Lenin al decir que “nada hay más práctico que una buena teoría”. Una buena teoría sobre el imperialismo contemporáneo que debe articular la tradición clásica, sobre todo la teoría leninista del imperialismo, con las novedades que asume el fenómeno un siglo después de que el revolucionario ruso escribiera su libro sobre el tema. Novedades entre las cuales no es precisamente la menor el desplazamiento del centro del sistema imperialista desde las potencias coloniales europeas a los Estados Unidos; novedades, también conviene subrayarlo, que lejos de refutar las previsiones y los análisis de Lenin no hicieron sino ratificarlos pero bajo nuevas formas que no pueden ser ignoradas si lo que se pretende es librar un eficaz combate contra tan perverso sistema.[1] Necesidad, por lo tanto, de estudiar seriamente el funcionamiento del “complejo militar e industrial” norteamericano, y su insaciable voracidad. Es este entramado de gigantescos oligopolios lo que constituye el corazón de la clase dominante norteamericana y, por extensión, de la burguesía imperial. Para el “complejo militar e industrial” la paz equivale a la bancarrota: sin guerras no hay ganancias y sin ganancias no se puede financiar a la clase política de Estados Unidos. Perversa articulación entre la rentabilidad de la industria armamentística –una industria que sólo provoca destrucción y muerte- y las necesidades de los políticos norteamericanos de costear sus carreras políticas que inevitablemente terminan colocando a los vencedores al servicio de sus financistas. No sorprende, por lo tanto, constatar que las ventas de las industrias del “complejo militar-industrial” hayan aumentado en un 60 % entre 2002 y 2012, desde el comienzo de la gran contraofensiva militar después del 11-S hasta nuestros días. Dato adicional: ¿se acuerdan que hace unos seis meses parecía que el mundo enfrentaba un inminente ataque atómico lanzado por Corea del Norte? ¿Qué pasó con eso? ¿Ahora los norcoreanos ya no ponen en jaque al planeta? Después se dijo que parecía que la obstinación de Irán de continuar con su programa nuclear ponía en peligro la paz muncial, y más tarde el problema de las “armas químicas” de Siria parecía colocarnos, otra vez, al borde de una Tercera Guerra Mundial. Conclusión: para la rentabilidad de sus negocios el “complejo militar-industrial” necesita garantizar que siempre haya crisis, y si no las hay las inventa, y si no las inventa las construye mediáticamente. Para eso está la prensa hegemónica que, cual la puta de Babilonia, se presta solícita a difundir esas patrañas que amedrentan a la población al paso que estimulan la producción de nuevos y cada vez más letales armamentos.
d) Diversas
ponencias de la conferencia señalaron la continuidad de la política
de la Casa Blanca hacia América Latina y el Caribe. En este
sentido hubo un consenso prácticamente unánime en señalar la identidad
existente entre las políticas latinoamericanas de las administraciones de
George W. Bush y Barack Obama, razón por la cual conviene dejar de utilizar
ese nombre –“administración”- y hablar mejor del “régimen de Washington”,
para señalar de este modo la sistemática violación de la legalidad
internacional y los derechos humanos practicada por el gobierno
norteamericano, de cualquier signo.[2]En lo que toca a Cuba si algo hizo
el “régimen” norteamericano fue intensificar el bloqueo financiero, comercial
y económico contra la isla, ajustando aún más los controles establecidos por
la legislación estadounidense. No deja de ser sorprendente que no haya
todavía surgido una queja universal en contra de la ilegal e inmoral extraterritorialidad
establecida por la Enmienda Torricelli a la
Ley Helms-Burton.Según esta monstruosidad jurídica -diseñada
exclusivamente para perjudicar a un solo país en el mundo: Cuba- el gobierno
de Estados Unidos está autorizado para aplicar sanciones a cualquier empresa
nacional o de un tercer país (por ejemplo, una británica, japonesa o sueca)
por el sólo hecho de comerciar con Cuba o iniciar emprendimientos económicos
con la Isla, por ejemplo, en la explotación del petróleo. En otras
palabras, Estados Unidos “legaliza” al imperialismo mediante la
despótica imposición de la ley estadounidense por encima de la de todos los
países del globo. ¡Imaginemos lo que ocurriría sin país cualquiera
pretendiera hacer algo igual, por ejemplo, universalizar su legislación
prohibitoria de la pena de muerte y sancionara a aquél que, como Estados
Unidos, aún la aplicara! Para quienes todavía dudan de que vivimos bajo un
sistema imperial los ejemplos anteriores bastan y sobran para convencerlos de
lo contrario.
Otro rasgo que demuestra la enfermiza persistencia de la agresión en contra de Cuba está dado por el hecho de que Washington continúa utilizando transmisiones ilegales de radio y televisión convocando al pueblo de la Isla a subvertir el orden constitucional vigente y a rebelarse en contra de su gobierno, con el objeto de lograr el largamente acariciado “cambio de régimen”. Dichas transmisiones no sólo divulgan propaganda sediciosa sino que, además, interfieren en el normal funcionamiento de las emisoras de radio y televisión cubanas. Se estima que el costo de estas actividades ilegales patrocinadas por Washington se eleva a unos 30 millones de dólares anuales. Un informe reciente de la Auditoría del Gobierno estadounidense referido exclusivamente a las actividades de la USAID y el Departamento de Estado reveló además que entre 1996 y el 2011 esas agencias destinaron 205 millones de dólares para promover el derrocamiento del gobierno cubano. Muchos millones más fueron seguramente apropiados por la CIA, la USAID, el Fondo Nacional para la Democracia y otras instituciones afines para promover tan siniestros objetivos. Por lo visto le asistía toda la razón a Noam Chomsky cuando interrogado a fines del 2008 sobre su pronóstico acerca de la inminente inauguración del “régimen de Obama” respondió sarcásticamente que éste sería apenas el tercer turno de la Administración Bush. Tenía razón, como lo demostró la historia, aunque se quedó corto: si se computa el número de muertes civiles ocasionadas por los aviones no tripulados norteamericanos, los “drones”, el inverosímil Premio Nobel de la Paz superó con creces el saldo luctuoso de su predecesor. ¡Ah!, a seis meses de las elecciones presidenciales venezolanas el muy distraído Obama todavía parece no haberse enterado que el triunfador de esa contienda fue el candidato chavista Nicolás Maduro y sigue sin reconocer oficialmente su victoria y alentando, de ese modo, los planes desestabilizadores de la oposición fascista en la República Bolivariana de Venezuela. Y los cuatro luchadores antiterroristas cubanos que purgan en las cárceles del imperio su osadía de pretender desmontar la máquina terrorista instalada en Miami -y protegida por el “régimen de Washington” – podrían ser puestos inmediatamente en libertad si Obama ejerciera las atribuciones del perdón presidencial que le confiere la constitución. Pero no lo hace. En cambio, sigue apadrinando a terroristas como Luis Posada Carriles o el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya extradición es solicitada por la justicia de ese país por su responsabilidad en la masacre de 67 personas durante las jornadas de protesta popular que provocaron su caída.
[1] Sobre el tema consultar dos obras de nuestra autoría, de descarga
gratuita en la web: Imperio &
Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri (Buenos
Aires: CLACSO, 5º edición, 2004, “Premio Extraordinario de Ensayo de
“Casa de las Américas”), especialmente el capítulo 8 y la compilación que
efectuara con el título de Nueva Hegemonía
Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales (Buenos Aires: CLACSO, 2004), po. 133-154. Pueden encontrarse el
primero deestos libros en:https://docs.google.com/file/d/0Bx2YC3gJbq2TMjExMTU0MGUtMjY2ZC00ZDg0LTljOWUtODIyMDZkNzM4YTRh/edit?usp=drive_web
[2] Ver la nota en nuestro blog: www.atilioboron.com.ar o también enhttp://www.cubadebate.cu/opinion/2013/09/19/the-obama-regime/
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