..Y EPN dice... el petróleo soy yo
Claudia Sheinbaum Pardo
L
a propuesta de
reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de energía
establece la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras
puedan extraer, procesar, transportar y comercializar petróleo y gas natural.
Además, plantea la apertura de un mercado eléctrico para la generación y
habilita la participación privada mediante contratos con la CFE, en la
trasmisión y distribución de electricidad. Aun cuando los detalles de la
propuesta se harán más explícitos en las leyes secundarias, la exposición de la
reforma propuesta contiene ya la mayor parte de lo que el PRI visualiza como el
nuevo modelo de la industria energética nacional. Para exponer sus alcances,
vale la pena recordar la situación actual. Veamos el caso del petróleo y el gas
natural.
En la actualidad, por mandato constitucional, la cadena productiva de
los hidrocarburos (desde la extracción hasta su comercialización) le
corresponde exclusivamente a Pemex. Sin embargo, desde 2004 con los llamados
contratos de servicios múltiples y a partir de 2010, con los contratos integrales, Pemex ha contratado empresas privadas para la
extracción de hidrocarburos, pagándoles una cantidad fija y una variable que no
es más que el equivalente en efectivo de un porcentaje de la producción. Esto,
como lo hemos dicho en diversos foros, significa entregar una parte de la renta
petrolera a los privados y representa una violación a la Constitución y a las
limitaciones a este tipo de contratos que lograron establecerse en la reforma
de 2008 (prohibición explícita tanto a la asociación de Pemex con empresas
privadas como el pago asociado a la producción).
Por otro lado, hasta ahora Pemex mantiene la exclusividad para importar,
exportar, refinar, transportar y vender el crudo y la mayor parte de los
petrolíferos (gasolina, diesel, turbosinas, principalmente, ya que la
distribución y comercialización de GLP también está concesionada). En el caso
del gas natural, Pemex mantiene hasta ahora la exclusividad para procesarlo y
transportarlo, pero desde 1995 está privatizada su distribución y
comercialización para venta directa.
Aun con todo el problema de compartición de renta que implican este tipo
de contratos, es Pemex (al menos en teoría con base en su experiencia,
planeación, decisión del consejo de administración, proceso de licitación,
etcétera) quien decide si se contrata, a quién y bajo qué condiciones, o si es
Pemex mismo quien realiza determinada actividad.
La propuesta que manda EPN al Senado presenta una situación
completamente distinta. Si es aprobada la propuesta, será el Ejecutivo federal
y no Pemex quien otorgue los contratos de extracción de gas y petróleo, con
pago posible en especie, es decir, en petróleo o gas. Además, le da también al
Ejecutivo federal la facultad para otorgar permisos de refinación, transporte y
comercialización. Por si esto fuera poco, obliga a Pemex a tener contratos y
permisos con el Ejecutivo Federal para llevar a cabo sus tareas. Veamos la
redacción tal cual (página 12 del documento disponible en Internet)...el
Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y
con los sectores social y privado... (párrafo 3); ...contratos para la
exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos
de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en
efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos (párrafo 2)…. ...dar certeza a nivel Constitucional
para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento
de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte,
almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus
derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los
sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo
Federal (último párrafo).
Esto significa que el Ejecutivo decidirá, frente a una reserva de
petróleo o de gas natural, a quién le da el contrato para explorar y explotar:
si a Exxon, o a Shell, o a BP o a Slim o a Pemex. Y definirá también las
condiciones de dicho contrato: si lo pagan en petróleo o en su equivalente en
efectivo y qué porcentaje. Asimismo, el Ejecutivo federal decidirá si le otorga
a Pemex o a cualquier otra empresa privada el permiso para refinar,
transportar, distribuir e incluso comercializar las gasolinas o el diesel. Es
decir, Pemex pierde la exclusividad de extraer, procesar, transportar,
distribuir, comercializar y aún no sabemos, pero probablemente también la de
exportar e importar hidrocarburos, y sólo podrá hacerlo si tiene un contrato o
un permiso con el Ejecutivo federal. Aun cuando nombren una comisión para
realizar la tarea de otorgar contratos y permisos (probablemente usen a la
recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos), ésta dependerá directamente
del Secretario de Energía y del Presidente ¡Vaya poder!
Por eso decimos que esta reforma está hecha a petición de las grandes
petroleras, a quienes no les interesa ser contratadas por medio de Pemex, sino
directamente por el gobierno federal para llevarse una parte de la renta,
compartir el mercado de los petrolíferos con Pemex y probablemente exportar
petróleo. En los hechos, aun cuando no lo nombren así, son concesiones con cara
de contratos de toda la cadena de hidrocarburos que enajenan la riqueza
nacional y de paso la soberanía. Por si fuera poco, la decisión de a quién,
cómo y por cuánto tiempo tendrán estos contratos y permisos será decidido por
su alteza serenísima. Esto recuerda al viejo estilo del autócrata Luis XIV. EPN
nos dice: El petróleo soy yo. O sea, más corrupción, menos riqueza para la
nación generada con recursos de la nación y pérdida de soberanía. No debemos
permitirlo.
- anacronismo
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