Este es un espacio para la difusión de conocimientos sobre Ciencia Política que derivan de la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.
domingo, 11 de agosto de 2013
Interes nacional y mercado no son lo mismo
AGENDA CIUDADANA Interés nacional y mercado no son lo mismo
Lorenzo Meyer 8 Ago. 13
PUNTO DE PARTIDA
No deja de ser simbólico que fuese The Wall Street Journal el que nos informara el 2 de agosto cuál será la esencia de la propuesta de Enrique Peña Nieto para modificar la Constitución en materia petrolera. Que Pemex requiere de una gran reforma, ni duda -¿qué rama de la economía mexicana no la requiere?-, pero privatizar en favor de empresas extranjeras aún más la actividad petrolera mexicana no es necesariamente la mejor de las alternativas.
EL VALOR DE LO SIMBÓLICO
Permítase un de tour para abordar el tema. En términos materiales, la lucha mexicana de un siglo por recuperar las 243 has. de "El Chamizal" no se justifica. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que podría llamarse la formación de capital de autoestima nacional, la inversión valió la pena. Veamos.
A partir de 1867 los gobiernos mexicanos iniciaron una larga batalla legal y política para obligar a Estados Unidos a devolver a México un terreno que se encuentra entre Ciudad Juárez y El Paso y que, a raíz de una mudanza que hizo el Río Bravo, ya no correspondía al límite fijado en los tratados de 1848 y 1853. Frente a los más de 2.3 millones de km2 que significó la pérdida territorial mexicana en la guerra contra Estados Unidos de 1846-1848, más la venta forzada de otros 76,845 km2 en 1853 (La Mesilla), las 243 has. de El Chamizal equivalían a sólo el 0.000099% de lo que ya no se tenía. Y sin embargo, México se empeñó en un gran esfuerzo político para reclamar esa pequeña porción sin valía económica. Y es que, frente a la catástrofe del 1848 y sus secuelas, había un gran valor simbólico en obligar a Estados Unidos a devolver esta insignificante porción de territorio.
En el caso de la actividad petrolera en general, se aplica la misma lógica que con El Chamizal pero con una gran diferencia: en este caso las consideraciones económicas sí son importantísimas, pero no son menos las simbólicas y las políticas, pues se trata de salvar -y aumentar- el capital de autoestima, de confianza en la capacidad nacional de sacar adelante en México y por mexicanos a esta gran empresa, así como de mantener el capital generado como resultado de la lucha finalmente exitosa que se dio entre los gobiernos de la Revolución Mexicana (del maderista al cardenista) y los gobiernos y empresas de las grandes potencias, para lograr que la nación recuperara no sólo la propiedad sobre el petróleo aún en el subsuelo sino el control mismo sobre su extracción, transformación y destino final, tal y como quedó plasmado por la reforma constitucional de 1960 y que explícitamente ordenó que: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos...".
El fondo del argumento para sostener que aún hoy, en pleno periodo neoliberal, tiene sentido una reforma petrolera que preserve a la industria petrolera como una actividad que debe llevarse a cabo de acuerdo a la letra y al espíritu del artículo 27 -como una responsabilidad exclusiva de una gran empresa pública que opera en función del interés colectivo y de largo plazo- no es distinto del que se empleó para insistir por un siglo y usando todos los argumentos legales posibles frente a la gran potencia del norte: que la soberanía sobre El Chamizal no era un tema negociable.
Es evidente que en la actual etapa de nuestra historia, hay un déficit de políticas e instituciones relacionadas con nuestra vida y desarrollo como colectividad nacional que mantengan o reaviven el orgullo, la confianza y la identificación de los mexicanos con logros colectivos. En otras condiciones, ese orgullo y confianza podrían tener como base un sistema democrático realmente legítimo y funcional, una justicia expedita y honrada, una educación o un sistema de salud pública de gran calidad; un aparato de administración pública y de seguridad efectivo, una economía sólida y en crecimiento o una estructura social equitativa en su distribución de cargas y beneficios. Sin embargo, en ninguno de esos campos ni en otros similares, hay razones objetivas para cimentar la confianza, pero un Pemex regenerado podría hacerlo.
El 38 del siglo pasado fue uno de esos raros momentos de nuestra historia donde un proceso político culminó en una creación neta de confianza de los mexicanos en ellos mismos. De manera menos espectacular, el haber echado fuera de la actividad de exploración y extracción de petróleo en los 1960 a las empresas extranjeras que Miguel Alemán había admitido mantuvo lo políticamente ganado durante el cardenismo.
LA EMPRESA PRIVADA
Si la gran empresa privada extranjera y nacional está deseosa de incrementar su participación en la actividad petrolera es porque la sabe muy redituable. Entonces, ¿por qué insistir en privatizar lo que puede ser una fuente de ingresos para el conjunto de la nación? La respuesta más frecuente y contundente es la ineficacia y corrupción de Pemex.
La empresa privada puede ser tan ineficaz y corrupta como la que más dentro y fuera de México. Los ejemplos abundan y no es necesario recurrir al mundialmente famoso caso de Enron, sus gasoductos, generación de energía eléctrica y gusto por la especulación, la doble contabilidad y los sobornos, con los nacionales basta. Ahí están los bancos mexicanos que tuvieron que ser salvados por el Fobaproa para ser luego entregados a capitales externos y que hoy mal sirven al interés del crédito nacional. La pésima y dolosa administración que llevó a Mexicana de Aviación al desastre, la televisión que distorsiona la realidad en detrimento del interés general, la exitosa empresa de comunicaciones que impone en México tarifas superiores a las que prevalecen en el sistema internacional, etcétera. La experiencia mexicana nos demuestra que privatizar no elimina la corrupción, simplemente la transforma.
GOBERNAR BIEN
El problema de Pemex es el del país: la pésima calidad de su administración, su corrupción. El problema no es sólo el peso que tiene un sindicato ejemplo de corrupción sino el aparato administrativo que le impone cada sexenio. El cambio del PRI por el PAN, a inicios de este siglo, mantuvo e incluso aumentó esos dos grandes problemas.
Privatizar una parte mayor del espectro de lo que es la industria petrolera mexicana puede resultar muy rentable para las empresas que entren a ese campo y para quienes hagan la negociación de esa entrada, pero no necesariamente para el interés general. El corrupto entramado que hoy caracteriza a Pemex simplemente se trasladará a los contratos con los nuevos socios y sus condiciones. Lo que renovaría la confianza del ciudadano mexicano en su destino común no sería ver más Halliburtons o Exxons en México, sino el resurgimiento de una gran empresa petrolera nacional, administrada con honestidad y sentido de gran proyecto nacional. Esa es la reforma que se requiere y que se podría tener si lo que prevaleciera fuera una visión de estadistas, de largo plazo y no meros políticos y corto plazo.
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