Siria: la cuenta regresiva

Siria: cuenta regresiva

29 AGOSTO 2013 7 COMENTARIOS

Las armas químicas en Siria, una “línea roja” muy difusa para Obama.

Estaba cantado desde que Barack Obama habló de su famosa línea roja. Había que ser muy ingenuo para no darse cuenta entonces que el supuesto uso de armas químicas “por el régimen de Assad” sería el pretexto para atacar a Siria, equivalente a las inexistentes armas de destrucción masiva de Irak. ¡Qué falta de imaginación! Siempre las mismas burdas mentiras. Recuerden el ya lejano incidente del golfo de Tonkin, patraña utilizada por Washington para iniciar la guerra contra el Vietnam heroico.

Obama y sus compinches toparon en más de una ocasión con el veto ruso y chino en el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU pues ambas potencias quedaron escarmentadas después de la utilización de su voto para triturar a Libia. Ello y que Siria es un hueso muy duro de roer es lo que ha retardado la intervención directa yanqui. Pero la presión de Israel y de los halcones le ha doblado, otra vez, el brazo al predicador de la Casa Blanca, arrastrándolo a otra agresión de corte nazi, al margen del CS y, por consiguiente, del derecho internacional como ya hizo contra Trípoli e hicieron sus antecesores contraSerbia e Irak.

No hay una sola prueba de que Damasco haya usado armas químicas en el barrio capitalino de Al Ghuta. La “noticia” vino de los escuadrones yanquis de la muerte en Siria, financiados por las democráticas Arabia Saudita, Qatar y demás petromonarquías del Golfo Pérsico. Operan bajo el nombre de Ejército Sirio Libre y están formados por franquicias de Al Qaeda, como los asesinos de Al Nusra y mercenarios jordanos, iraquíes, libios y chechenos, entre otros. Es más, la urgencia del ataque parece responder al temor de que los recién llegados inspectores de la ONU emitan un dictamen contrario al discurso machacado sin parar por la jauría mediática.

¿Quién que no esté en el limbo puede creer que el presidente Bashar al Assad, un político sagaz y curtido cometa la estupidez de usar armas químicas a solo unos kilómetros del hotel donde se alojan los inspectores de la ONU precisamente cuando ha logrado voltear el curso de la guerra civil a su favor?

El servilismo ante Estados Unidos del multimillonario Cameron y el incoloro Hollande contrasta con la independencia de varios líderes de Nuestra América, donde los tenemos de la talla de Evo Morales. Cuando pretendieron doblegarlo en su vuelo de regreso a Bolivia se pudo apreciar cristalinamente su altura de estadista y confirmar la insignificante estofa moral e intelectual de casi todos los gobernantes europeos.

El secretario John Kerry sermonea sobre la “obscenidad moral” de Assad al usar armas químicas “contra su propio pueblo”. ¿Habrá olvidado Kerry que fue su gobierno el que facilitó la inteligencia y las fotos de satélites a Saddam Hussein para guiar sus proyectiles con armas químicas contra las tropas iraníes? ¿Habrá olvidado el uso masivo de uranio empobrecido en Faluya (2004) por su ejército y en Basora por sus cómplices británicos? En Faluya hoy nacen niños sin cabeza, con un solo ojo, sin brazos, con las vísceras fuera del vientre, con leucemia. Los niños de Faluya sufren más deformaciones al nacer que sus iguales de Hiroshima y Nagasaki, donde, por cierto, Estados Unidos achicharró en segundos a cientos de miles de civiles japoneses sin ninguna justificación militar. ¿Se inmutó siquiera Obama ante el uso de fósforo blanco por Israel contra los densamente poblados barrios palestinos de Gaza durante la Operación Plomo Fundido?

El señor que ordena personalmente cada objetivo de los drones que casi siempre matan inocentes no puede venirnos con historias de moral y tampoco de democracia cuando el propio ex presidente Carter ha dicho que “Estados Unidos no tiene una democracia funcional”.

Lo que persigue el imperialismo es balcanizar al mundo árabe para evitar movimientos democráticos, proteger a Israel y quedarse con los hidrocarburos y el agua de la región. Como en Irak exacerbar el baño de sangre confesional o como en Libia entregarlo a los asesinos de las milicias fundamentalistas. El pecado de Siria es no someterse a Washington, apoyar a la heroica resistencia de Hezbolá y junto a esta e Irán oponerse a los planes de dominación imperialista en la región. También, sembrar el veneno terrorista en el mundo islámico para desbordarlo a las zonas musulmanas de Rusia y China, sostenes del mundo multipolar detestado por los neoconservadores.

Obama inicia una irresponsable e innecesaria provocación contra Moscú, Teherán y Pekín de consecuencias inimaginables.

Apuntes del curso "La libertad segun l@s zapatistas"

Apuntes del curso La libertad según l@s zapatistas

Gilberto López y Rivas

F

ue un privilegio asistir como alumno del curso de primer gradoLa libertad según l@s zapatistas, que se desarrolló paralelamente en varios territorios de los gobiernos autónomos, así como en el Centro Indígena de Capacitación Integral –Unitierra, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 12 al 17 de agosto.

Por sus múltiples significados políticos, estratégicos, programáticos y tácticos en la actualidad trágica de un país devastado por el gobierno de traición nacional y sus asociados corporativo-represivos (incluyendo el crimen organizado), el curso impartido por indígenas de las distintas etnias que conforman los gobiernos autónomos zapatistas constituye un llamado urgente a la conciencia nacional, a los hombres y las mujeres con dignidad y entereza para organizarse, resistir y luchar por un mundo mejor donde se mande obedeciendo a los pueblos a partir de siete principios: 1. Servir y no servirse. 2. Representar y no suplantar. 3. Construir y no destruir. 4. Obedecer y no mandar. 5. Proponer y no imponer. 6. Convencer y no vencer. 7. Bajar y no subir; y con base en la máxima ética que rige al EZLN: Para todos, todo, para nosotros, nada, esto es, el polo opuesto de conducta con que actúa la clasepolítica mexicana.

A lo largo de esta semana memorable, acompañados de nuestroVotán, el tutor o corazón-guardián del pueblo y de la tierra, y de nuestros libros de texto para lectura-consulta-discusión, los educandos nos adentramos en el estudio de la historia del gobierno autónomo. Se recordaron los años arduos de la clandestinidad, con la llegada de las Fuerzas de Liberación Nacional a la selva Lacandona, el 17 de noviembre de 1983; los 10 años de preparación que anteceden a la declaración de guerra; el proceso lento pero ampliado de toma de conciencia sobre el papel a jugar cuando cada tanto surgen hombres y mujeres que piensan por los demás, que se rebelan para exigir tierra y libertad.

Se rememoró el establecimiento de 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), una vez que se consumó el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés y, posteriormente, los maestros y maestras explicaron las condiciones y los problemas que llevaron a la creación de las cinco juntas de buen gobierno, el 8 de agosto de 2003. Los alumnos aprendimos cómo se organiza el gobierno en los ámbitos comunitarios, municipales y zonales. Con giros lingüísticos y una gran capacidad de síntesis y conceptualización, nuestros mentores mostraron el recorrido de construcción y fortalecimiento de su autonomía mediante una práctica colectiva de hombres, mujeres, niños y ancianos, con aciertos y errores, desechando lo que no funciona y cambiando lo necesario. Si algo sale mal, nosotros lo mejoramos, ¡tan sólo han pasado 19 años en que venimos construyendo nuestra autonomía, contra 520 años de opresión!

En la conducción, participación y contenido temático del curso, se destacaron los alcances y las conquistas de las mujeres en los gobiernos autónomos, en las comisiones de educación, salud, proyectos productivos, en los cambios que tienen lugar en la cotidianidad, las labores domésticas y el cuidado de los hijos, así como en el deporte y los eventos públicos. Aquí también, las maestras recordaron cómo en la clandestinidad se inició la integración de las mujeres en las milicias, en las filas de los insurgentes, haciendo de manifiesto la paridad de género actual en los tres niveles de gobierno. Los machistas, que los hay, se enfrentan ahora con las autoridades autónomas, con las asambleas y con el derecho de las mujeres a denunciar cualquier maltrato. Si la mujer tiene cargo, el compañero tiene que cuidar los hijos, hacer la comida, lavar la ropa, me comentó mi Votán.

Otro tema importante de las clases fue el de la resistencia, pues el mal gobierno no ha dejado en paz a los zapatistas ni un solo día. Saben bien que los medios son instrumentos poderosos de propaganda que mienten todo el tiempo; por ello, han creado sus propios medios de comunicación. Identifican a los partidos políticos de todos los signos como instrumentos de división y manipulación que promueven los ataques contra los pueblos zapatistas y sus gobiernos. Pero en este conflicto, los zapatistas asumen una política de no confrontación que ha redundado en su beneficio: hemos tratado de no alterarnos para evitar la violencia. Al no alterarnos, hemos salido ganando. Con nuestra paciencia, hemos logrado solucionar muchos problemas. Nuestra fuerza es nuestra organización, sin agredir a quien nos hace daño. Así, los maestros refieren cómo los hermanos partidistas se han convertido en unos dependientes de ayudas y programas gubernamentales, que abandonan los trabajos productivos y venden la tierra, mientras los zapatistas, de manera colectiva, trabajan en los terrenos recuperados y cuentan con sus propios recursos y ahorros. Paradójicamente, muchos partidistas terminan pidiendo ayuda a los zapatistas, acuden a sus clínicas, donde los tratan como seres humanos, y recurren a sus gobiernos para la impartición de justicia y solución expedita de conflictos. La resistencia de por sí la traemos. La resistencia nos ha dado la fuerza para construir la autonomía. Desde 1994, el mal gobierno nos quiso ver la cara; buscó formas de cómo atacarnos, pero hoy, ¡aquí estamos! Mete su política y nosotros nos organizamos y luchamos para todos. Así, nuestros educadores mostraron cómo resisten en lo ideológico, en lo económico, en lo político, en la cultura, que es la forma de vivir; demostraron cómo ni ejércitos ni paramilitares han impedido el desarrollo de sus autonomías”.

Muchos temas más fueron tratados, todos con profundidad, sentido del humor y franqueza, con orgullo por todo lo logrado, pero con modestia. Al término del curso llegó el momento de despedir a l@s maestr@s y votan@s, con un nudo en la garganta y abierto llanto de muchos. Para los egresados de la escuelita, el mundo no podrá ser el mismo.

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Restauracion priista con soga al cuello

Restauración priísta con soga al cuello

Víctor M. Quintana S.

E

l país en general y varios estados en particular sufren los perjuicios ampliados de la restauración priísta. En el ámbito federal, la fiebre reformista de Enrique Peña Nieto (EPN) quiere convencernos de que la única forma de ir hacia adelante es dar dos pasos atrás. Y en estados como Chihuahua, los gobernadores aliados o incluso aspirantes a suceder a Peña ni siquiera piensan en reformas, sino en desplantes e imposiciones que intentan maquillar como políticas públicas.

No es lo mismo el afán reformista y privatizador del salinismo en su apogeo histriónico de 1993 que 20 años después. No es lo mismo una sociedad que aun se creía los espejismos neoliberales, a una agotada en lo económico, en lo educativo, en lo nutricional, después de 30 años de imposición de las políticas de ajuste. No es lo mismo predicar las bondades del mercado cuando acaba de caer el Muro de Berlín, que cuando se han vivido seis años de muerte y de sangre, resultado en buena parte de la violencia generada por la aplicación de los dogmas libremercadistas.

Pero insisten. EPN y su partido acuden a lo que durante años les dio urticaria: el nacionalismo de Cárdenas o de los murales de Rivera, para convencer de las bondades de las privatizaciones que lograrán si consiguen pasar su reforma energética. Como únicos actores posibles de la salvación del sector energético ven a las empresas trasnacionales. Hay, diría Alain Touraine, una visión sesgada que concibe la modernización sólo como racionalización, como maximización de la ganancia. Para ellos, el resto de actores sociales, como los obreros, los campesinos, los indígenas, los jóvenes y en general el pueblo de México, no se distingue por su racionalidad, sino por su emoción, su sentimiento, su lealtad al pasado, por eso hay que arrasar con todo ello. Ni EPN ni su partido ni sus aliados consideran al pueblo de México como sujeto, como actor con facultad y posibilidad y derecho a discutir, a decidir, que es la otra parte de la modernización. Por eso se le escamotea información, se le da a cuentagotas –como la iniciativa de reforma sin leyes reglamentarias-, se rechaza consultarle, mucho menos someter a plebiscito su proyecto (contra) reformista. Lo mismo pasa con la reforma educativa: a los maestros disidentes los presentan como los irracionales, los intransigentes, en aras de la absoluta racionalidad de la OCDE y de los organismos empresariales que ignoran todo sobre laeducación pública en México.

Si el autoritarismo y el racismo de la inteligencia predominan en los proyectos de reforma de EPN, en entidades como Chihuahua la imposición del priísmo restaurado es mucho más elemental y autoritaria. Si aquella es un salinismo minus, una versión disminuida de los científicos porfirianos, ésta es una versión reloaded del caciquismo de los jefes políticos. Tan sólo dos hechos de represión de los días recientes revelan la impotencia que resulta de ejercer el poder por el poder.

En Chihuahua no es cosa común ver los antimotines en las calles. El hecho más recientes fue en 1997, cuando el gobierno de Francisco Barrio mandó a reprimir a los indígenas de la comunidad de Monterde en la capital. Pero lo que no se había hecho en 16 años, se superó en sólo tres días. El viernes por la noche la policía estatal la emprendió a toletazos contra dos contingentes que se manifestaban: uno, de choferes de autobús amenazados con el desempleo, con la puesta en marcha del Vivebús, nuevo sistema de transporte colectivo. Otro, de ciudadanas y ciudadanos muy diversos que protestaban por la construcción de una réplica del mausoleo fúnebre de Francisco Villa, que costaría al erario más de 8 millones de pesos, cuando el original está a unos 500 metros de ahí. La policía y los agentes de tránsito empezaron a retirar con grúa los autobuses de los choferes y atacaron a quienes trataron de impedirlo. Detuvieron a 10 personas, jóvenes y choferes, mismos que luego fueron liberados ante la presión de los padres de familia, de organizaciones como el #YoSoy132 y activistas derechohumanistas.

La escena se repitió más encarnizada el lunes 26, al comenzar a operar el Vivebús. Centenares de usuarios que no alcanzaron su lugar en el camión, o que no lo vieron llegar a su lugar de origen y que perdieron su día de trabajo, se manifestaron espontáneamente en varias paradas del trayecto. Frente al palacio de gobierno, la manifestación adquirió más intensidad, y aquí de nuevo brillaron más los toletes que la inteligencia para reparar la mala planeación de las rutas. De nuevo, los golpeados y los detenidos fueron los jóvenes. Diecisiete de ellos fueron conducidos a los separos policiacos y liberados 12 horas después, luego de una intensa presión de las organizaciones sociales. La versión oficial de los hechos hace recaer la responsabilidad del colapso del lunes a la perfidia de los partidos, organizaciones y personas críticas del gobierno del estado, y no a la incompetencia para operar el nuevo sistema de transporte y la insensibilidad para atender las bien fundadas quejas de los usuarios y camioneros.

La restauración priísta hace agua por todos lados. A nivel federal, no se llega aún al primer Informe de gobierno y ya se anda superando la proporción de homicidios dolosos que se dio en el Calderonato; las previsiones de crecimiento económico difícilmente superan ya el uno por ciento; la reforma educativa impuesta, pactada en las cúpulas, se tambalea por la contestación callejera; la reforma energética muestra su carácter entreguista y racista detrás de su escenografía nacionalista. En estados como Chihuahua, el PRI gobierna con imposiciones, caprichos, berrinches, ineficiencia y múltiples denuncias de corrupción. El gobernador se jacta en las páginas de los periódicos de haber desarticulado los cárteles y ellos le responden sembrando el terror y la muerte en varios sitios del estado.

Ni democracia, ni modernización, ni crecimiento económico, ni justicia, ni paz: la restauración priísta está y, lo que es peor, nos tiene con la soga al cuello.

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Principios y modos zapatistas

Principios y modos zapatistas

Neil Harvey *

L

a escuelita zapatista realizada en Chiapas entre el 12 y 16 de agosto tuvo una doble función: por un lado, se dirigió a los estudiantes que llegaron de afuera como parte de una nueva iniciativa política del EZLN iniciada con la marcha silenciosa del 21 de diciembre de 2012. La escuelita es un esfuerzo de los zapatistas para dar a conocer, desde su propio análisis y testimonios, su experiencia en la construcción de la autonomía comunitaria, municipal y de zona, con el fin de que estas lecciones sean útiles en otros espacios.

Representa en parte la continuación de los informes presentados en el Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, en 2007, pero con mayor profundidad y con nuevos métodos de organización. La asignación de un hombre o mujer de las bases de apoyo a cada estudiante como sus guardianes, permitió que la interacción fuera más directa y enriquecedora, mientras las presentaciones y sesiones de preguntas demostraron la disponibilidad de compartir no sólo avances, sino también limitaciones, errores y, sobre todo, nuevas formas de corregirlos.

Al mismo tiempo, la escuelita ha tenido un impacto al interior de las comunidades zapatistas al promover la discusión y elaboración de cuatro libros y dos dvd sobre los gobiernos autónomos, la autonomía y las mujeres, y la resistencia, dejando una importante herramienta para laeducación autónoma y la nueva generación de jóvenes zapatistas. En el proceso se va consolidando la centralidad de los siete principios de gobierno zapatista: obedecer y no mandar; representar y no suplantar; bajar y no subir; servir y no servirse; convencer y no vencer; construir y no destruir, y proponer y no imponer.

La escuelita entonces es un espacio de diálogo, una oportunidad de conocer y compartir no únicamente los principios zapatistas, sino también sus prácticas o modos. Pero, ¿qué son los modos zapatistas? Si bien resisten la definición, es posible valorar la forma en que se expresan en las decisiones y acciones de los miembros del EZLN.

Dichos modos se manifiestan en la práctica, es decir, en la capacidad de responder de una manera incluyente y creativa a los problemas que se presenten. Por medio de su práctica, los zapatistas dan sentido a los siete principios ya mencionados.

Durante la escuelita se presentaron cinco temas: gobierno autónomo, mujeres, resistencia, justicia y democracia. En cada uno, las prácticas revelan diversos procesos de análisis, consulta y reflexión que sustentan este modo zapatista de responder a nuevos retos y problemas.

Por ejemplo, la creación de las juntas de buen gobierno (JBG) a escala regional respondió a los problemas de desequilibrio entre los municipios autónomos que se habían formado a finales de 1994. Como resultado de esta reorganización, se permite la mejor distribución de apoyos solidarios entre todas las comunidades y municipios zapatistas.

En cuanto a la participación de las mujeres, en las JBG se ha ido logrando una representación más equitativa (por ejemplo, la composición de la JBG de La Realidad pasó de una a 12 mujeres entre 2003 y 2011), pero todavía hay limitantes basadas en el machismo en muchas comunidades, que no permiten la participación plena del sectorfemenino en el trabajo organizativo. Frente a este problema, los zapatistas están tratando de cambiar esa actitud enseñando que el machismo no viene de la cultura indígena, sino de los colonizadores, y que fueron los patrones y finqueros quienes impusieron la idea de que la mujer no tiene los mismos derechos que los hombres, de tal manera que ahora vencer el machismo no implica ir contra la costumbre indígena, sino resistir juntos, hombres y mujeres, este tipo de dominación y construir nuevas formas de convivencia.

La autonomía también se construye en la resistencia a las muchas estrategias contrainsurgentes que se han desatado en Chiapas. Ejemplos notables son la decisión de reconstruir cinco Aguascalientes después de la destrucción del Aguascalientes en Guadalupe Tepeyac por parte del Ejército, en 1995, y la forma en que se enfrentan los problemas económicos actuales mediante la creación de nuevos bancos zapatistas que permiten solventar elevados gastos médicos a una tasa de interés de 2 por ciento, o fomentar nuevos trabajos colectivos que permiten a los jóvenes quedarse en sus comunidades y así evitar la migración.

En cuanto a la justicia, los zapatistas plantean la rehabilitación como la mejor manera de establecer condiciones reales de mayor seguridad y evitar la corrupción asociada con el pago de multas que se da en el sistema oficial. La rehabilitación muchas veces se logra con el trabajo colectivo y el aprendizaje de un oficio que permite la reintegración comunitaria en vez de la continuación de delitos. También es importante señalar que las autoridades zapatistas buscan que las partes en disputa logren acuerdos para evitar mayores problemas.

Finalmente, el modo zapatista de practicar la democracia busca la más amplia participación posible. Por ejemplo, la JBG de La Garrucha cuenta con 24 autoridades electas en voto secreto. Su periodo es de tres años, pero el trabajo se reparte entre tres grupos de ocho, quienes se turnan cada 10 días. Tampoco se limita la democracia a elecciones, sino que es algo que se promueve en cada espacio y tiempo. Por ejemplo, las propuestas de las JBG para implementar cualquier proyecto tienen que ser presentadas y discutidas en las asambleas de cada comunidad de la zona. Desde ahí se pueden modificar las propuestas e incluir otras consideraciones.

Los modos zapatistas se manifiestan así en sus formas de gobernar y crear alternativas viables. Son las prácticas las que mantienen abiertos los espacios necesarios para que todos puedan participar como iguales en la discusión y aplicación de los diversos proyectos, y así seguir construyendo, corrigiendo y avanzando. Estos son los modos zapatistas.

*Profesor-investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México, campus Las Cruces

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Heroes, villanos y observadores

Héroes, villanos y observadores

Orlando Delgado Selley

E

stamos enfrentando tiempos muy revueltos. La reforma educativa propuesta por el Ejecutivo, avalada por integrantes del Pacto por México y aprobada por los legisladores de ambas cámaras, ha generado reacciones masivas de protesta. La reforma energética, que apenas inicia su ruta legislativa, ha provocado el rechazo claro de grupos relevantes de la sociedad mexicana. La propuesta de reforma fiscal, que pronto será anunciada, generará también enfrentamientos sociales de importancia.

Otra reforma que ha sido planteada, sigue en discusión en la Cámara de Diputados y no debe perderse de vista, es la financiera. Tuvo un arranque que parecía indicar que lograría una rápida aprobación entre los diputados, pero fue detenida logrando que el asunto se debatiera con mayor amplitud. Se organizaron eventos en ambas cámaras, en los que participaron diferentes actores que serían afectados en caso de aprobarse la iniciativa presidencial. Estos debates evidenciaron la necesidad de considerar con detalle la propuesta, introduciendo cambios relevantes al planteamiento del Ejecutivo y del Pacto por México.

Entre estos cambios está la reconsideración de la función del Banco de México (BdeM). Sin proponérselo, la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha apoyado este planteamiento. En el simposio anual organizado la semana pasada por el Banco de la Reserva Federal (Fed) de Kansas City, en Jackson Hole, que reúne a banqueros centrales para discutir sobre política monetaria, dijo que en muchos aspectos, los banqueros centrales han sido los héroes de la crisis financiera global. Comparada con la políticamonetaria convencional, la política monetaria no convencional de los recientes años ha sido audaz y de mayor escala. Estas excepcionales acciones ayudaron a que el mundo no cayera en el precipicio de otra Gran Depresión.

Estas políticas monetarias no convencionales han sido el relajamiento cuantitativo del Fed, la compra de activos en gran escala del Banco de Inglaterra y, tiempo después, las operaciones de refinanciamiento de largo plazo del Banco Central Europeo. Las políticas instrumentadas por el Fed y por el banco central inglés tuvieron el propósito explícito de impulsar el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos. El FMI ha estimado que, además de reducir las tasas de largo plazo de los bonos de la Tesorería estadunidense, impulsaron el crecimiento del PIB en más de uno por ciento.

Por eso, Lagarde les llama héroes. Obviamente, ha habido villanos. Ubicados en las posiciones de mando de las grandes entidades financieras globales, así como en intermediarias de tamaño medio e incluso pequeño, que arriesgaron los recursos de su clientela, mientras ellos se asignaban remuneraciones astronómicas. Unos cuantos están en la cárcel. La mayoría dejó sus empresas y viven con lujo. Junto a héroes y villanos, hubo banqueros centrales, gobernantes y legisladores que, en la coyuntura económica de mayor dificultad en los últimos 50 años, se escudaron en políticas monetarias convencionales que eran incapaces de incidir en el curso de la crisis y en su impacto en las condiciones de vida de la población.

Estos importantes actores económicos y políticos, que pudieron mitigar algunas de las consecuencias más negativas de la crisis, permanecieron como observadores. Al mantener una visión convencional de la política monetaria, que se dedicaba a atender solamente la evolución de los precios, impidieron que la política fiscal cumpliera con propósitos anticíclicos. El Banco de México, el gobierno federal anterior y la Legislatura de 2009-2012, se desentendieron de la necesidad de modificar el restrictivo marco legal del BdeM, para permitirle que actuara como la nación lo requería y la evolución de la crisis demandaba.

En estos tiempos revueltos hay que detener reformas que atentan contra el interés nacional, alejándose de la tentación de transar la aprobación de una reforma por el retiro de otra. Las grandes movilizaciones que se han dado y las que veremos en los próximos días, permiten impulsar cambios que favorezcan el interés nacional, como una reforma financiera que verdaderamente contribuya a expandir y abaratar el crédito

Perder el control del petroleo

Perder el control del petróleo

Alejandro Nadal

H

ace unos días se llevó a cabo una importante reunión en las oficinas de La Jornada a la que asistieron los más altos funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) y los directivos, reporteros y colaboradores del periódico. El titular de la Sener hizo una presentación sobre la mala situación en la que se encuentra Pemex. Su mensaje central fue que la paraestatal no tiene los recursos para asegurar el abasto de energéticos y petroquímicos de la economía mexicana. Esa es la versión oficial en una cápsula publicitaria: se necesita liberar a Pemex de la situación en la que se encuentra. Es una tesis que distorsiona y evita ir al corazón de los problemas.

Detrás de la presentación del secretario de Energía están las contradicciones de política macroeconómica que el neoliberalismo mantiene en México. Eso es lo que hay que cambiar, no el control económico y patrimonial del petróleo mexicano. Pero como para el neoliberalismo la inversión extranjera directa es la solución a todos los problemas nacionales, lo que busca la reforma energética es abrir las puertas que la expropiación cerró en 1938 a las compañías trasnacionales. Y la herramienta para hacerlo está en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Lo único que se requiere es borrar un par de palabras en los artículos 27 y 28 constitucionales.

El secretario de Energía considera que permitir a Petróleos Mexicanos firmar contratos de utilidad compartida no es privatizar. Piensa que el petróleoseguirá siendo de los mexicanosporque la Constitución así lo dispone en su artículo 27. Y aquí es donde hay que insistir en el punto medular: el TLCAN define (en su artículo 1139) a la inversión extranjera como aquélla en la que existe propiedad de un inversionista en territorio de una de las partes del tratado o cuando la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. Y eso es exactamente lo que busca el gobierno, que vengan empresas transnacionales a invertir en exploración, extracción, refinación y petroquímica. De acuerdo con el TLCAN eso equivale a abrir el sector a la inversión extranjera directa, lo que acarrea serias consecuencias, pues el capítulo XI del TLCAN otorga más protección a las empresas que a los gobiernos.

Según el titular de la Sener eso no es problema porque la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Esgrime como argumento un fallo de la Suprema Corte (amparo en revisión 1475/98) y en el artículo 133 de la propia Constitución que establece que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma son la ley suprema de toda la unión. A la letra de ese artículo, en la medida de la contradicción entre un tratado y la Constitución, prevalece la última.

Pero aquí viene la parte medular de la reforma energética: precisamente lo que busca el gobierno con ella es eliminar la contradicción al permitir los contratos de utilidad compartida en el sector energético. La eliminación de la restricción contenida en el artículo 27 establecerá la plena concordancia de la Constitución y el TLCAN: la inversión extranjera directa entrará por la puerta grande (que estuvo cerrada desde 1938) al sector energético mexicano. Este es el núcleo de la reforma energética al desnudo. Por supuesto que se trata de privatizar y de entregar el control del petróleo, gas y sector eléctrico a las empresas trasnacionales.

La entrada de la inversión extranjera directa en el sector energético será un parteaguas en la historia de México. No sólo se aplicarán las disposiciones del capítulo XI del TLCAN (que prohíben el uso de importantes instrumentos de política industrial), sino que las reservas al capítulo VI sobre energía quedarán en entredicho. Ese capítulo VI elimina las restricciones a las exportaciones de bienes energéticos, pero excepcionalmente México podrá restringir las exportaciones con el único propósito de reservarse para sí mismo el comercio exterior de esos bienes (Anexo 603.6 del TLCAN). Sólo que habrá que ver en qué situación se encuentran ahora las excepciones que México pudo introducir en el TLCAN, una vez que se permita la inversión extranjera directa en el sector energético.

El capítulo XI del TLCAN sobre inversiones define un régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje. Los funcionarios de la Sener afirman que un contrato puede estipular que sean los tribunales mexicanos los competentes en caso de un conflicto sobre la interpretación del documento. Puede ser, pero la realidad es que el gobierno mexicano llegará de rodillas a lasnegociaciones con las empresas trasnacionales al momento de discutir un contrato de utilidad compartida y no estará en posición de imponer ninguna condición. Cristalizadas las inversiones en la matriz económica mexicana, será todavía más difícil romper o modificar el patrón de subordinación económica. La reforma energética corona un proceso que arranca hace ya 20 años y es en grave detrimento de México.

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Juegos malabares

Juegos malabares

León Bendesky

E

n plena temporada de reformas tramitadas por el gobierno, que abarcan al mismo tiempo demasiados planos de esta sociedad, la economía y el papel del Estado, hay imágenes que dicen mucho de las condiciones en las que se ha puesto al país.

En las planas de los diarios se ven a la par las notas sobre la fuerte desaceleración de la economía y la creación de empleos, junto con vistas de las calles y el Zócalo de la capital y otras ciudades colmados de gente que protesta; por ahora, en especial, los maestros.

Las reformas deben tener un objeto político claro, una visión sistémica, una secuencia determinada, un orden y plazos definidos una capacidad efectiva de realización. Requieren una base de acuerdos no cupulares que las hagan sostenibles.

Pero no es así. Se amontonan provocando una creciente disonancia entre los involucrados y confusión entre los ciudadanos, agravada por las enormes distorsiones de la comunicación oficial y sus ecos oportunistas en la gran mayoría de los medios de comunicación.

Las caídas de la producción y del empleo han sido muy fuertes y aun no se establece un consenso de la magnitud que tendrá este año. De ello corresponde la responsabilidad a la administración de las finanzas públicas y en particular al ejercicio del gasto del gobierno. Las razones no son claras y eso abre la puerta a distintas interpretaciones y no solo a las de carácter técnico y supuestamente neutrales. A esto se suma la especulación financiera que provoca la dinámica del mercado interno y que se enreda con las crecientes salidas de capitales generados por los cambios en la política monetaria de Estados Unidos.

La Reserva Federal de EU anuncia que pronto reducirá su intervención en los mercados, del orden de 85 mil millones de dólares mensuales, con lo que mantiene bajas las tasas de interés para alentar la recuperación económica. Ante la perspectiva de tasas más altas los capitales salen de los países emergentes para colocarse en dólares. El Banco de México ha señalado que intervendrá para frenar la depreciación del peso. Lo que habrá es una mayor volatilidad que no mejorará las perspectivas de crecimiento del producto.

Los maestros en la calle protestan por una ley que se centra en su evaluación y carga sobre ellos el peso de la crisis educativa, pero que ignora el muy largo y sistemático deterioro general y calculado de la educación pública. Una posición razonada del gremio fue expuesta ayer con claridad en este mismo diario por el profesor Pedro Ramírez Vázquez y amerita una reflexión ciudadana de la política educativa seguida durante décadas como parte de una gestión macroeconómica y social impuesta desde 1980 y en el marco de un control sindical con los peores modos corporativos del país.

Es notoria la falta de presencia de la SEP en las disputas de que ha desatado la reforma. Lo que ocurre entonces es el más evidente control ejercido por la autoridad presidencial sobre los legisladores del PRI, eso sí, de una férrea disciplina. Además se abre un amplio espacio para aquellos que ven el la educación un campofértil para la privatización y la influencia ideológica contra lo público y lo laico. La educación pública de calidad y con suficiente cobertura es un cimiento clave de una sociedad decente. No es ese el camino que ofrece la reforma que culpa a los maestros y los criminaliza.

La ley de educación se aprobó en el Congreso y eso no lleva al final del conflicto magisterial que pronto puede verse agravado con el asunto de la reforma energética. Esta, por su parte, se ha planteado sobre una base de catastrofismo en la industria petrolera nacional y en donde se esconden muchos aspectos de la gestión de Pemex: el uso que se hace con sus abundantes utilidades, la corrupción rampante, las cargas fiscales excesivas.

La apertura que se propone tiene bases endebles en materia operativa, financiera y de gestión. Encubre un proyecto presentado como la salvación de la industria pero sin una estrategia clara de desarrollo de los recursos, de su industrialización y sus lazos con el resto de la producción agrícola, industrial, de servicios, con el financiamiento, el desarrollo de personal calificado y la protección ambiental.

Todo se sustenta en los contratos de utilidad compartida con las empresas petroleras como una panacea para el renacer de un Pemex fénix, pero con una política energética general coja y disfuncional. Así que las premisas básicas: bajar precios y aumentar el empleo y el producto nacional son bastante improbables. Pero la voluntad de escuchar, ponderar y adaptar las propuestas de reformas son, hasta ahora nulas. Las decisiones están tomadas.

La reforma de las telecomunicaciones independientemente de sus carencias no acaba siquiera de asentarse ante la reciente posposición del nombramiento de los nuevos comisionados del flamante Ifetel (y la Cofeco).

Todo va quedando trunco, sin realización efectiva y en las sombra están otras reformas que se han planteado como cruciales como son la financiera y la fiscal que se gestionarán en el Congreso con los mismos métodos. Ausente está la siempre pospuesta reforma del Estado. En este primer año de gobierno se juega el curso del sexenio y lo que se ve no es alentador sea de un modo o del otro.

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Petroleo: la gran transa

Petróleo: la gran transa

John Saxe-Fernández

E

n medio de titulares en Estados Unidos sobre elfin del monopolio estatal(artículos 27 , 28 y Pemex) o que ya era hora de que llegara la muerte, del monopolio de 75 años (en Forbes México se anunció que las petroleras... ya se frotan las manos), Enrique Ochoa, subsecretario de Energía, que parece cabildero de esas petroleras, confirmó a los reporteros extranjeros en la ciudad de México que, literal: (El plan de Peña Nieto) permite a firmas privadas como Exxon Mobil y Chevron extraer crudo por primera vez desde 1938, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitucion. Para calmar dudas de que el plan va en serio y, en efecto, aniquila la nacionalización petrolera, agregó que aunque el gobierno retiene la propiedad del petróleo, el plan es “suspender (lift) las restricciones para que las firmas registren el valor de sus contratos ante la Securities and Exchange Commission (SEC)”.

Ochoa fue claro: (Según la propuesta las compañías recibirían una porción de las ganancias en un modelo de riesgo compartido que también les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas bajo las normas de la SEC a través de contratos de riesgo o de utilidades compartidas (que) contienen un interés económico de largo plazo, por lo que la SEC los incluye para definir el porcentaje que la compañía puede usar para registrar las reservas de un proyecto dado. Mientras Bloomberg destacaba que para Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, los contratos propuestos son similares a los usados en Ecuador e Irán ¿para aplacar la crítica ya que ambos son integrantes de la OPEP? El orden de magnitud de la transa/acción lo calibró Citigroup (dueño de Banamex y de un importante bloque accionario de Exxon Mobil) asi:permitir a las firmas registrar algunas reservas les facilita financiarse, pero quitar esas restricciones es algo secundario. Lo importante es la propuesta del gobierno (mexicano) de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938. Bloomberg agregó que si hasta ahora el petróleo y toda la cadena productiva, refinación y distribución ha sido la propiedad legal del pueblo mexicano desde 1938 eso cambiaría. Ahora otras firmas podrían hacerlo corriente arriba (exploración y extracción) hasta agotar el recurso, interviniendo además corriente abajo, en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización. La meta es que las grandes firmas le entren a todo, hasta a la combinaciónpetroeléctrica que, aseguran especialistas, tiene mayor potencial para las ganancias que cada actividad por separado, algo que ha venido practicándose en México como actividad nacional desde tiempos de Cárdenas en petróleo y de López Mateos en electricidad. Lo que ahora se busca es terminar de desactivar y luego extranjerizar, las sinergiasy ganancias petroeléctricas.

La apertura es estación de paso a más extranjerización y descontrol nacional, como en Ferrocarriles, agroindustrias, banca, etcétera. Dar curso a lacompetencia internacionalsignifica que las refinerías y gasolineras de estas firmas, se desplazarían –como CocaCola– por todo México (hasta el último rincón) –un negociazo con nuestro gas petróleo– alimentando y enviando fuera un enorme flujo de riqueza. Es todo un saqueointegral articulado paso a paso de tiempo atrás; una gran transa cuyo diseño por el Banco Mundial cumple la tecnocracia desde 1983, paso a paso, permitiendo: 1) contratos de riesgo, 2) que existainversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en filiales separadas, 4) la competencia interna e internacional frente a Pemex y 5): privatizar Pemex.

En Brasil los resultados de unrecetario similar los sintetizó Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras en entrevista con Carmen Aristegui: el cambio de la ley fue malo para Petrobras y pésimo para Brasil. Brasil, que tenía ciento por ciento de la propiedad del petróleo pasó a tener 10 por ciento de impuestos. Por ser el sector tan estratégico y redituable, una vez que se abre no se tiene más control. La apertura tiende a crecer cada vez más, las compañías, muy poderosas, presionan a la prensa, a la sociedad, presionan de tal forma que es difícil controlar (y) aunque esta apertura sea gradual, no tiene control.

Ya Lázaro Cárdenas advirtió a la nación que la presencia de las compañías petroleras en México ha hecho mucho daño al país. La serie de crímenes y asesinatos dirigidos por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones, su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior, son dolorosa experiencia de la nación mexicana, que ha pagado muy caro su vieja política de facilitar la inversión de capitales extranjeros para el desarrollo del país que habían usado algunos gobiernos anteriores como el de Calles y, por supuesto, el de Porfirio Díaz.

jsaxef.blogspot.com

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..Y EPN dice...el petroleo soy yo

..Y EPN dice... el petróleo soy yo

Claudia Sheinbaum Pardo

L

a propuesta de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de energía establece la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras puedan extraer, procesar, transportar y comercializar petróleo y gas natural. Además, plantea la apertura de un mercado eléctrico para la generación y habilita la participación privada mediante contratos con la CFE, en la trasmisión y distribución de electricidad. Aun cuando los detalles de la propuesta se harán más explícitos en las leyes secundarias, la exposición de la reforma propuesta contiene ya la mayor parte de lo que el PRI visualiza como el nuevo modelo de la industria energética nacional. Para exponer sus alcances, vale la pena recordar la situación actual. Veamos el caso del petróleo y el gas natural.

En la actualidad, por mandato constitucional, la cadena productiva de los hidrocarburos (desde la extracción hasta su comercialización) le corresponde exclusivamente a Pemex. Sin embargo, desde 2004 con los llamados contratos de servicios múltiples y a partir de 2010, con los contratos integrales, Pemex ha contratado empresas privadas para la extracción de hidrocarburos, pagándoles una cantidad fija y una variable que no es más que el equivalente en efectivo de un porcentaje de la producción. Esto, como lo hemos dicho en diversos foros, significa entregar una parte de la renta petrolera a los privados y representa una violación a la Constitución y a las limitaciones a este tipo de contratos que lograron establecerse en la reforma de 2008 (prohibición explícita tanto a la asociación de Pemex con empresas privadas como el pago asociado a la producción).

Por otro lado, hasta ahora Pemex mantiene la exclusividad para importar, exportar, refinar, transportar y vender el crudo y la mayor parte de los petrolíferos (gasolina, diesel, turbosinas, principalmente, ya que la distribución y comercialización de GLP también está concesionada). En el caso del gas natural, Pemex mantiene hasta ahora la exclusividad para procesarlo y transportarlo, pero desde 1995 está privatizada su distribución y comercialización para venta directa.

Aun con todo el problema de compartición de renta que implican este tipo de contratos, es Pemex (al menos en teoría con base en su experiencia, planeación, decisión del consejo de administración, proceso de licitación, etcétera) quien decide si se contrata, a quién y bajo qué condiciones, o si es Pemex mismo quien realiza determinada actividad.

La propuesta que manda EPN al Senado presenta una situación completamente distinta. Si es aprobada la propuesta, será el Ejecutivo federal y no Pemex quien otorgue los contratos de extracción de gas y petróleo, con pago posible en especie, es decir, en petróleo o gas. Además, le da también al Ejecutivo federal la facultad para otorgar permisos de refinación, transporte y comercialización. Por si esto fuera poco, obliga a Pemex a tener contratos y permisos con el Ejecutivo Federal para llevar a cabo sus tareas. Veamos la redacción tal cual (página 12 del documento disponible en Internet)...el Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado... (párrafo 3); ...contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos (párrafo 2)…. ...dar certeza a nivel Constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal (último párrafo).

Esto significa que el Ejecutivo decidirá, frente a una reserva de petróleo o de gas natural, a quién le da el contrato para explorar y explotar: si a Exxon, o a Shell, o a BP o a Slim o a Pemex. Y definirá también las condiciones de dicho contrato: si lo pagan en petróleo o en su equivalente en efectivo y qué porcentaje. Asimismo, el Ejecutivo federal decidirá si le otorga a Pemex o a cualquier otra empresa privada el permiso para refinar, transportar, distribuir e incluso comercializar las gasolinas o el diesel. Es decir, Pemex pierde la exclusividad de extraer, procesar, transportar, distribuir, comercializar y aún no sabemos, pero probablemente también la de exportar e importar hidrocarburos, y sólo podrá hacerlo si tiene un contrato o un permiso con el Ejecutivo federal. Aun cuando nombren una comisión para realizar la tarea de otorgar contratos y permisos (probablemente usen a la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos), ésta dependerá directamente del Secretario de Energía y del Presidente ¡Vaya poder!

Por eso decimos que esta reforma está hecha a petición de las grandes petroleras, a quienes no les interesa ser contratadas por medio de Pemex, sino directamente por el gobierno federal para llevarse una parte de la renta, compartir el mercado de los petrolíferos con Pemex y probablemente exportar petróleo. En los hechos, aun cuando no lo nombren así, son concesiones con cara de contratos de toda la cadena de hidrocarburos que enajenan la riqueza nacional y de paso la soberanía. Por si fuera poco, la decisión de a quién, cómo y por cuánto tiempo tendrán estos contratos y permisos será decidido por su alteza serenísima. Esto recuerda al viejo estilo del autócrata Luis XIV. EPN nos dice: El petróleo soy yo. O sea, más corrupción, menos riqueza para la nación generada con recursos de la nación y pérdida de soberanía. No debemos permitirlo.

Twitter: @Claudiashein

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• anacronismo

Petroleo mexicano: en las garras del TLCAN

Petróleo mexicano: en las garras del TLCAN

Alejandro Nadal

E

l petróleo mexicano dejó de ser un elemento clave en la estrategia de desarrollo del país a mediados de los años 70. Desde entonces, el recurso fue utilizado primero para apalancar un endeudamiento excesivo y después para pagar las cargas financieras que se fueron acumulando. Pero la promesa de que algún día las cosas podrían cambiar seguía con vida mientras los recursos energéticos siguieran protegidos por la Constitución. Eso es lo que está a punto de cambiar para siempre.

La iniciativa del gobierno para permitir los contratos en materia petrolera no dice ni media palabra sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Puede ser por ignorancia y descuido. A nadie le extrañaría eso. Pero también puede ser porque no se quiere alertar al pueblo de México sobre los peligros que acechan si se impone la iniciativa privatizadora y el espacio energético cae en las garras de las empresas trasnacionales protegidas por el TLCAN.

En su capítulo sexto sobre energía y petroquímica básica, el TLCAN buscó eliminar las restricciones al comercio sobre energéticos y petroquímica básica. Pero el anexo 602.3 reservó para el Estado mexicano una serie de actividades estratégicas: exploración y explotación de crudo y gas natural, refinación y procesamiento de gas, así como la petroquímica básica. La reserva incluyó todo lo relacionado con comercio exterior y distribución de esos productos, además de la generación y distribución de energía eléctrica.

En la medida en que la iniciativa del gobierno abre las puertas a la participación de empresas extranjeras en las actividades mencionadas en este anexo, las reservas mexicanas dejarán de tener sentido y se convertirán en una reliquia legal. Veamos por qué.

El TLCAN estableció un régimen muy favorable a lainversión extranjera. El capítulo decimoprimero consagra los derechos de las empresas extranjeras que invierten en cualquiera de las partes y restringe radicalmente el ámbito de aplicación de política industrial y tecnológica. En el artículo 1106 se impide el establecimiento de requisitos de desempeño sobre la inversión extranjera directa: por ejemplo, no se le puede exigir mantener un determinado porcentaje de contenido nacional en sus operaciones, relacionar sus exportaciones con sus importaciones o transferir tecnología.

El artículo 1109 permite todas las transferencias relacionadas con la inversión foránea, incluidasganancias, dividendos, ganancias del capital, pagos por regalías, gastos por administración y otros montos derivados de la inversion. Finalmente, el artículo 1110 estipula un régimen de solución de controversias que escapa a la jurisdicción nacional. Con razón se puede decir que el TLCAN confiere mayores derechos a los inversionistas que a los estados signatarios. Todo esto recuerda el caso de Metalclad Corporation hace 10 años.

¿Qué tiene que ver esto con la iniciativa privatizadora del gobierno? El propio capítulo decimoprimero define a la inversión extranjera (artículo 1139) en términos que incluyen la participación de empresas concontratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra parte, incluidos (...) los contratos de construcción y de llave en mano y los contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. Por inversión de una parte también se entiende la “inversión propiedad o bajo control directo o indirecto de un inversionista de dicha parte”.

Es decir, los contratos en materia de energéticos que solapa la iniciativa privatizadora del gobierno serán para fines jurídicosinversión extranjera directa. Por lo tanto, podrán acogerse a la protección que brinda el capítulo decimoprimero del TLCAN. Y ese es un hecho de enormes implicaciones que el gobierno parece no querer tomar en cuenta.

Para empezar, a ninguna de las empresas titulares de contratos se le podrá imponer requisitos de desempeño. Así, los eslabonamientos industriales quedarán intactos y la generación de empleo directo e indirecto será muy pobre pues la industria petrolera y petroquímica es muy intensiva en capital. Así, una de las justificaciones de la iniciativa oficial (la creación de empleos) resulta ser totalmente falsa. Y sin eslabonamientos, la industria petrolera no genera tampoco crecimiento (como lo ha demostrado la industria maquiladora). Otra gran justificación de la iniciativa que se revela falsa.

Es cierto que al gobierno no le interesa la política industrial. Pero lo grave es que ningún gobierno en el futuro podrá utilizar el potencial de la industria petrolera para construir eslabonamientos más estrechos y avanzar en la industrialización. El petróleo se irá agotando sin haber avanzado en la industrialización.

El dominio que van a imponer las grandes empresas petroleras sobre los recursos de hidrocarburos será un candado que pasa por el TLCAN y el pueblo de México no podrá quitárselo fácilmente. El gobierno miente cuando afirma que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. El control económico sobre este recurso estará en manos de empresas extranjeras y las implicaciones para México serán funestas.

Cuauhtémoc Cárdenas Monumento a la Revolución. México, D. F., 19 de agosto del 2013. Estamos reunidos hoy para reafirmar nuestra convicción patriótica, revolucionaria y progresista, así como nuestra decisión de lucha, ante la amenaza oficial, entreguista y neoliberal, de reformas constitucionales y legales, con el claro objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y manejo de su riqueza petrolera, puntal de su independencia  El pasado día 12, el titular del Ejecutivo federal remitió al Congreso la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, en sus párrafos sexto y cuarto respectivamente. A esto se reduce hasta ahora la propuesta de reforma energética del Ejecutivo, nada se dice de las adecuaciones necesarias de leyes secundarias que tendrían que llevarse a cabo de aprobarse esta iniciativa, la que no por reducida e incompleta deja de ser atentatoria contra la soberanía y el desenvolvimiento autónomo de la Nación. Al presentar esta propuesta y enviarla al Congreso, el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse, se ofrecería a los usuarios electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificará el régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo competitivo (¿frente a quién?, habría que preguntarse, pues los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son actualmente menores que los de Statoil de Noruega, ExxonMobil de EEUU, ENI de Italia, Petrobras de Brasil, Chevron de EEUU, entre otros), que el organismo tendrá una nueva estructura administrativa con un gobierno corporativo, que tendrá mayor (no plena) autonomía de gestión (y nada se menciona de la autonomía presupuestal), que mejorará las condiciones de transparencia y rendición de cuentas (¿y por qué no desde ya?) y que en las compras y proyectos de Pemex habrá mayores contenidos nacionales. Con estos cambios, expresa el Ejecutivo, se logrará una mejor restitución de reservas, la producción de crudo se elevará a 3 millones de barriles diarios en 2018 y a 3.5 millones en 2025 y la de gas pasará de 5 700 millones de pies cúbicos diarios a 8 000 en 2018 y a 10 000 en 2025. Otros impulsores de la iniciativa oficial agregan a estas supuestas bondades, que se generará medio millón de nuevos empleos para 2018 y dos y medio millones más para 2025, que el gas natural doméstico resultará también más barato al consumidor y que la economía mexicana crecerá un punto porcentual más en 2018 y 2 más en 2025. Todos estos supuestos logros suenan a cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay una cifra que los sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiriera de esos montos de producción, de mayores o menores, en los horizontes de 2018 y 2025. La propuesta de reforma del sector energético que ahora se presenta con una visión nacionalista y progresista, corresponde a la de un país que busca el rescate y ejercicio pleno de su soberanía (no una nación que día a día ceda soberanía y acreciente su dependencia), que cuente con una industria energética conductora del crecimiento económico y de la industrialización (no al servicio de intereses ajenos), con organismos operadores (en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) saneados de corrupción, que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia. Las reformas que se proponen se enmarcan en una política petrolera con losobjetivos siguientes: • Prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos. • Para obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente a una perspectiva de autosuficiencia a corto plazo del cliente principal de las actuales exportaciones mexicanas de crudo, disminuir gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso, para transformarlo industrialmente en el país. • Desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales. • Aumentar la capacidad de refinación: de inmediato en 600 mil barriles diarios (capacidad de refinación que podría estar disponible en 2017) e iniciar nuevas instalaciones, en 2017, con capacidad del orden de 300 barriles diarios más. • Fomentar nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la construcción de gasoductos. • Incrementar la exploración y reposición de reservas, como mínimo del 100% de los volúmenes extraídos y exportar sólo los volúmenes que excedan las necesidades internas y la propia reposición. • Crear estímulos para fomentar el uso de vehículos automotores que no utilicen combustibles con origen en los hidrocarburos: existen ya vehículos que utilizan baterías de hidrógeno y electricidad para su locomoción. • Un primer paso para disminuir el consumo de combustibles con origen en los hidrocarburos, debiera ser la obligación de adicionar etanol a las gasolinas en porcentajes de 10 a 15%, lo que no demanda cambios en los motores de combustión interna actuales. De manera concreta, nuestras iniciativas pretenden alcanzar los siguientes objetivos: • Conceder autonomía presupuestal y de gestión de Pemex y CFE. o Se otorga esta autonomía para ejercer los recursos aprobados en función del  Plan de Negocios de Pemex y las necesidades energéticas del país. o Sacar a Pemex y a la CFE del presupuesto federal y del control de la Secretaría de Hacienda a través de: ß Transformar a Pemex y a la CFE en empresas públicas; y ß Un nuevo gobierno corporativo para Pemex. • Se reintegra verticalmente Pemex en una sola entidad, desapareciendo los organismos subsidiarios. • Reducir la carga fiscal de Pemex. o Se establece un nuevo régimen fiscal para Pemex que genere recursos adicionales para inversión productiva y para revertir la descapitalización a la que ha estado expuesto, permitiéndole así cumplir con sus objetivos. • Impulsar a la transición energética. • Apoyar al desarrollo e investigación tecnológica. • Fortalecer la arquitectura institucional de sector. o La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora  de Energía (CRE) pasan de ser organismos desconcentrados a organismos  descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía  de gestión, operativa y funcional. o Se amplían las facultades de la CNH en materia de supervisión, verificación y vigilancia de Pemex. • Dar nuevo destino de los recursos provenientes del petróleo. o Se crea el Fondo para excedentes petroleros. o Los ingresos excedentes que la Nación obtiene de su riqueza natural, podrán ser utilizados por resolución expresa de la Cámara de Diputados o en su caso la Comisión Permanente del Congreso, para ß Proyectos prioritarios de Pemex, el IMP y la CFE; ß Proyectos de infraestructura para transporte masivo de personas, con el fin específico de contribuir al ahorro de combustible y a la transición energética; y ß Proyectos prioritarios educativos y de salud. La reforma a la  Ley de Petróleos Mexicanos tiene como propósito convertir a Pemex en una  empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión, y un gobierno corporativo más ágil e independiente. Al sustraerse Pemex del control de la Secretaría de Hacienda, sus presupuestos serán enviados cada año, directamente, al  Proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación, sin que puedan ser modificados por Hacienda. Los proyectos de la empresa pública, al contar ya con autonomía presupuestal, se desvincularán de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. La transformación de Pemex pasa necesariamente por el cambio de su régimen fiscal actual. En 2012, la producción de crudo promedió 2 548 000 barriles diarios. Las ventas totales alcanzaron ese año el máximo histórico de un billón 647 mil millones de pesos ($1 647 000 000 000). Los impuestos pagados registraron igualmente su máximo histórico, llegando a 900 mil millones de pesos. En las pasadas dos administraciones la carga fiscal sobre utilidades de Pemex llegó a 110%. Pemex generalmente registra ganancias antes de impuestos, pero al aplicarle su particular y único régimen fiscal, se generan obligadas e inducidas pérdidas contables. El segundo párrafo, fracción primera del artículo 7 de la Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, establece que “[A] cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley federal de derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por $634 525 000 durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de $4 453 880 000”.  Este régimen fiscal resulta confiscatorio y es económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación ni nacional ni internacional, ni en la industria petrolera ni en ninguna otra rama de la actividad productiva. Con este régimen de pago por adelantado de impuestos, habría que ver quiénes son los particulares que van a celebrar contratos de utilidad compartida (o despojo seguro) con el Estado, de los que se nos habla en la presentación de la iniciativa oficial. Los cambios que se proponen en el régimen fiscal de Pemex toman en cuenta la necesidad de dotar de mayores recursos de inversión a la empresa y también de mantener un flujo aceptable de los ingresos fiscales que recibe Hacienda. Así, para reducir la carga fiscal de Pemex se modificará la  tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos, llevándola del 71.5 al 62.5 en un periodo del 2014 al 2018, modificándose al mismo tiempo el  límite del monto deducible de costos, gastos e inversiones deducibles por barril de petróleo crudo equivalente, que pasará de 6.50 a 8 dólares, y en el caso del gas natural no asociado se aumenta el límite de 2.70 a 3 dólares por cada mil pies cúbicos. Con el propósito de que Pemex cuente con un mayor flujo de efectivo, Pemex estará pagando lo correspondiente a derechos anticipados mensualmente y no ya diario y Estos cambios en el régimen fiscal de Pemex se estima le aportarán un recurso adicional de 150 mil millones de pesos en 2014, que irán aumentando anualmente en 30 mil millones más, que sumados a los 280 mil que ha venido invirtiendo en los últimos años, le permitirán un manejo más desahogado de su encomienda. Se está igualmente proponiendo elevar el derecho para la investigación científica y tecnológica de 0.65 a 1% del valor del petróleo crudo y el gas natural extraídos en el año. Con ello se incrementarán los ingresos del Instituto Mexicano del Petróleo, cuyo Comité de investigación y desarrollo tecnológico se faculta para emitir dictámenes que permitan estrechar la relación entre el IMP y Pemex para fomentar la adopción de tecnologías de punta, la formación de recursos humanos y las alianzas estratégicas con instituciones de investigación científica, tanto nacionales como del exterior. Cambia también la composición del Consejo de Administración de Pemex. Salen de él el Secretario de Hacienda y cuatro representantes más del Ejecutivo, quedando sólo el Secretario de Energía, que continúa presidiéndolo; salen igualmente los cinco representantes sindicales, que dejan así de ser juez y parte. Además de su presidente, el Consejo estará integrado por el Director de la Comisión Federal de Electricidad (es indispensable una adecuada coordinación dentro del sector energético) y siete consejeros profesionales, que al igual que el Director General de la empresa, serán designados por el jefe del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República. La Comisión Nacional de Electricidad se establece también como una empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión, mediante la reforma de la  Ley del servicio público de energía eléctrica. Su Junta de Gobierno se modifica: formarán parte de ella el Secretario de Energía, que la preside, y el de Economía, el Director General de Petróleos Mexicanos y seis consejeros profesionales, que serán, al igual que el Director, nombrados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado. En el año 2008 se expidió la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que al reformarse se convertirá en la  Ley de energías renovables. El objeto de esta ley (Artículo 1º.) es “…regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad  con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.” Al regular en esta ley secundaria el aprovechamiento de recursos renovables y  de las tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica con fines distintos a la prestación del servicio público, se colocó a la estrategia de transición energética, por una parte, en un espacio reducido y en continuo riesgo de parálisis por invasión de la esfera del servicio público, desalentándose a los sectores privados para la producción de estas energías, lo que va en contra de la lógica y las necesidades de la transición; por la otra, contradictoriamente, en un marco regulatorio para que sean las empresas privadas las que se hagan cargo y monopolicen el desarrollo de las energías renovables. En la nueva  Ley de energías renovables se ha considerado pertinente reformar la actual definición de generador, que se debe reducir, de acuerdo a la fracción I del  artículo 3° de la Ley del servicio público de energía eléctrica, a quienes generan para autoabastecimiento, cogeneración o para la pequeña producción. En la Ley de energías renovables, de aprobarse, se mandata a la CFE para que invierta y desarrolle en la producción de energías de fuentes renovables, y se establece que la capacidad de los proyectos autorizados a los generadores no rebase la que desarrolle la CFE, en una perspectiva hacia el 2024, cuando se deberá estar generando al menos un 35% del total con energías limpias. Con objeto de fomentar el desarrollo de estas energías por pequeños productores y empresas del sector social, la ley establece que la generación que produzcan sea recibida por el Sistema Eléctrico Nacional, independientemente de las capacidades desarrolladas vía autoabastecimiento y cogeneración. En resumen, nuestra propuesta incluye la modificación de doce leyes secundarias o reglamentarias y la expedición de la Ley del Fondo de excedentes petroleros. No se plantean reformas constitucionales, porque para los fines que se persiguen de modernizar el sector energético y lograr de él una cada vez mayor y mejor contribución al desarrollo independiente del país, no se consideran necesarias. De aquí, nuestros compañeros legisladores llevarán las iniciativas para las reformas de estos ordenamientos a la Comisión Permanente del Congreso, la que al iniciarse en próximo periodo de sesiones ordinario, las remitirá al Senado. ¿Por qué la iniciativa del Ejecutivo se ha reducido hasta ahora a dar a conocer las reformas que propone de los artículos 27 y 28 de la Constitución y nada sobre leyes secundarias? ¿Por qué la campaña propagandística oficial se ha centrado en el 27 y nada se menciona del 28? El titular del Ejecutivo, lo decía antes, en su iniciativa de reforma energética se limita a plantear modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales. En el discurso, se hacen sólo referencias vagas a posibles reformas de leyes secundarias. Más allá de la denominación, tampoco señala cómo serán en la práctica los  contratos de utilidad compartida. ¿Se comparte la utilidad en dinero, se comparte en producto, se establecerán límites a las proporciones del Estado y las de los particulares? En un sentido todo queda claro, en otro nada se define. El alud propagandístico se concentra en el 27, pero la reforma más grave, la más perjudicial, es la que derivará de la reforma al 28: con ella, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos (y consecuentemente el manejo y cuidado de las reservas), hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte. Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena productiva del petróleo, substituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera, por particulares. Esto es, se está ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que decidan cómo se manejen y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos. El cambio en el 28 constitucional cancelaría la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad (ni siquiera alcanzan la calidad de prioritarias), abriendo la posibilidad de que el Estado llegara a deshacerse de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, al dejar sin materia lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, que dice:  “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Esto es, al no ser ya estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que los manejan, hoy Pemex y CFE, podrían, de acuerdo con la Constitución modificada, dejar de ser de propiedad gubernamental. Pemex y CFE, todo lo que posean, podrían ser vendidos, privatizados. La iniciativa del gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. Es una iniciativa que va contra el interés general de los mexicanos. Es, sin lugar a dudas, una iniciativa lesiva a los interesas de la Nación, una iniciativa antipatriótica. ¿Dónde pues cabe pretender sustentar esta retrógrada reforma en la figura de Lázaro Cárdenas? Es falaz la utilización que se hace del nombre de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la Nación en el siglo XX. Ofende a quienes verdaderamente se identifican con sus ideas y su obra. Ofende la inteligencia y el sentido Nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas. Nadie más lejos de mentir al pueblo mexicano. Nadie más lejos del oportunismo demagógico. Se dice que el gobierno puede contar con los votos en las Cámaras del Congreso para sacar adelante sus iniciativas. Puede ser. Pero eso, desde ningún punto de vista debe Primero, el debate hay que llevarlo a todos los foros posibles y darlo en todos los foros en que haya oportunidad, así los organicen o convoquen nuestros adversarios políticos. Apoyemos, desde las trincheras a las que tengamos acceso, toda iniciativa y toda medida que busque frenar y echar abajo las propuestas oficiales de reformas del 27 y 28 Apoyemos la consulta que organiza Alianza Cívica, sobre reformas en materias energética y fiscal. Nos dará, en unos cuantos días, una visión certera del sentir de la Para terminar: el artículo 35 constitucional, reformado el 9 de agosto del 2012, en su fracción VIII, nos dice que los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar en las consultas populares, que pueden ser convocadas por nosotros, los ciudadanos, si lo hacemos, por lo menos, en cantidad equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que hoy seríamos 1 630 000 electores. Como este artículo no está reglamentado por una ley secundaria, habría que montar el proceso a partir solamente del texto constitucional, por lo que la consulta popular tendría que realizarse concurrente con la próxima elección federal, el primer domingo de julio del 2015. Pongámonos en el escenario más desfavorable: que por mayoría, el Congreso apruebe, con el voto en contra de los legisladores patriotas, las reformas propuestas por el Ejecutivo de los artículos 27 y 28 constitucionales. Propongámonos entonces, pero empecemos a organizarnos desde ahora, me arrogo la facultad de convocarlos, para que oportunamente tengamos el millón 630 mil electores inscritos en la lista nominal, y muchos más, estoy seguro que podemos, para presentar a las autoridades nuestra demanda para que convoque a una consulta sobre si mantienen vigencia o no las reformas al 27 y 28 constitucionales, consulta que tendría que realizarse concurrente con la próxima elección federal que renueve la Cámara de Diputados. Convoquémonos para echar para atrás las reformas del 27 y 28, si se diera la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas. Lo podemos hacer y el pueblo va a responder. Les digo, yo, desde ahora, dejaré otros asuntos y me lanzo de lleno a preparar  esta campaña. Sé que muchos compañeros, por todo el país, acompañarán este esfuerzo. Recojamos firmas por toda la República, registrando al mismo tiempo los números de credenciales de electores y buscando notarios que lo certifiquen, para llegar oportunamente al IFE y que estrenemos el artículo 35 constitucional, reformado en agosto del 2012, con la primera consulta popular realizada en nuestro país, apoyada en lo que dispone nuestra Constitución, la misma que permitió la Expropiación del 18 de marzo de 1938.