martes, 30 de marzo de 2021

EEUU: La reforma migratoria, ilusion perenne de los indocumentados

La reforma migratoria, ilusión perenne de los indocumentados

Por Ilka Oliva Corado | 30/03/2021 | EE.UU.

Fuentes: Rebelión

Automáticamente desde el mismo día en que Biden tomó posesión como presidente de Estados Unidos, el ánimo en la comunidad indocumentada cambió. Del miedo y el terror durante el gobierno de Trump, pasó a sentir de nuevo la ilusión que tuvo en el gobierno de Obama, que le prometió la reforma migratoria.

Hay cosas que no cambian porque así está cimentado el sistema a beneficio de unos pocos, en el caso de los indocumentados para quienes los emplean y pagan salarios de miseria, sacarlos de las sombras sería verlos como trabajadores con derechos lo cual los obligaría a pagar un salario justo. De ahí que muchos de los mismos latinos que un día fueron indocumentados y lograron su residencia en el país, no estén de acuerdo en esta reforma migratoria que ofrece Biden. Sí, la peor cuña es la del mismo palo.

En Estados Unidos, el que puede se aprovecha de los indocumentados, pero más de los indocumentados latinoamericanos que son los que hacen el trabajo más pesado. Jardinerías, empresas de construcción, empresas de mantenimiento, el trabajo agrario, todo el que sabe que el latino deja el pellejo en el trabajo, que lo hace bien y en poco tiempo, pero que no reniega del salario, porque baja la cara debido a su condición de indocumentado. Y ese que abusa no precisamente es gringo, puede ser asiático, africano, europeo, latinoamericano. Cualquier negocio o empresa es sostenida por los hombros de los indocumentados latinoamericanos. Por donde se le busque, las bases las sostienen ellos.

Esto no es nuevo, lo relativamente nuevo son las migraciones en masa de familias centroamericanas. Primero eran los hombres del hogar, luego las mujeres y desde hace cinco años son familias completas. En la frontera sur de Estados Unidos se veía a mexicanos y centroamericanos, desde hace unos años es Latinoamérica y el Caribe, es India, es África, es Asia; personas de diferentes continentes buscan llegar al país por la vía del desierto o cruzando el río Bravo. Antes uno que otro cubano, hoy haitianos amontonados en la línea fronteriza.

La situación en Centroamérica y México es de vida o muerte, debido a la corrupción de sus gobiernos, por eso son familias completas las que salen de sus lugares de origen, dejándolo todo. Es espantoso solo de imaginarlo y terrible el vacío que dejan en sus países y lo que tienen que vivir en la travesía. Para enfrentarse posteriormente a un sistema que los denigra por no tener un papel que los acredite como seres humanos con derechos laborales.

La propuesta de Biden es muy similar a la Obama, Biden fue vicepresidente en el gobierno de Obama. En el tiempo de Obama empezaron las migraciones de niños que viajaban solos, en este gobierno de Biden los números se han multiplicado, son miles de niños viajando solos. La crueldad del sistema se vivió en el gobierno de Trump, que los trató como criminales desde que cruzaron la frontera, haciendo de las separaciones familiares una herramienta para mantener contentos a sus seguidores.

Biden cuenta con la primera mujer vicepresidenta del país, quien también ha abogado por los derechos de los migrantes indocumentados, uniéndose a la propuesta de la reforma migratoria. Pero, ¿de qué trata la propuesta? De lo que se ha sabido es que primero van los soñadores, los que están protegidos por el programa de Acción Diferida (DACA) dado por Obama y todos los que tienen TPS ( Estatus de Protección Temporal), ellos obtendrían la residencia permanente inmediatamente y la ciudadanía en 3 años. Los trabajadores agrícolas que puedan comprobar que llevan en este trabajo al menos cinco años, también pueden arreglar sus papeles por la misma vía. El resto de indocumentados que cumplan con los requisitos, (toda la revisión de antecedentes penales, por ejemplo) tendrán un permiso temporal de cinco años y en ese plazo solicitar la residencia permanente y tres años después la ciudadanía.

La gran mayoría de indocumentados ni está en DACA, ni tiene TPS ni son trabajadores agrícolas. Esa gran mayoría se queda para el final. Es gente que lleva 20 años cargando cemento en los lomos, cortando grama de sol a sol, limpiando nieve, casas, centros comerciales, hospitales, oficinas. Cuidando adultos mayores. Sirviendo en restaurantes. Son tan trabajadores esenciales como los que están en el primer grupo.

De algo a nada, se escuchan los comentarios de indocumentados que aunque no entren en los primeros tres grupos tienen la ilusión de que en el gobierno de Biden los dignifiquen, porque es gente que paga impuestos, que ha hecho su vida en el país, que ve a al país como propio, como su hogar. Sorprendará a muchos saber que los migrantes indocumentados pagan impuestos, porque la visión que se tiene dentro del país y también fuera es que son personas que llegan a servirse del sistema, como lo dijo Trump en sus discursos una y otra vez, pero no es así. Con el ITIN Number, (Número de Identificación Personal del Contribuyente) los migrantes sin número se seguro social pueden pagar sus impuestos, aunque sus empleadores no les paguen con cheque sino en efectivo. Entonces, si esta comunidad paga impuestos, ¿por qué se le niega el derecho a la regularización de su estatus en el país?

Esta propuesta elimina el tiempo de espera de 3 a 10 años, que castiga a los inmigrantes por haber vivido de forma irregular en el país. Ninguna persona que reúna los requisitos puede ser deportada mientras dure el proceso.

Realmente es una propuesta esperanzadora, pero falta que sea aprobada en el Congreso donde los republicanos se oponen. Y donde la gran mayoría demócrata se opuso a que el gobierno les diera una ayuda económica a los indocumentados en este tiempo de pandemia.

Lo que también ha cambiado desde el momento de la toma de posesión de Biden, fue el ambiente fascista y racista del ciudadano común. En el gobierno de Trump, desde el primer día, la persona menos imaginada sacó su racismo a flote, despotricando por doquier su odio. Fueron de terror esos 4 años. Esa misma gente que ahora en el gobierno de Biden ha metido la cola entre las patas.

La comunidad indocumentada espera que ahora sí, este gobierno cumpla ya que Obama les falló. Otros, incrédulos, prefieren no emocionarse porque ya saben cómo funciona el sistema y dicen que hasta no ver no creer. Lo cierto es que la lucha está en el Congreso y ahí se espera el apoyo definitivo de la vicepresidenta Kamala Harris al momento de tomar una decisión por la reforma migratoria.

Pero mientras son peras o son manzanas, la frontera sigue siendo frontera, con o sin muro en tiempo de republicanos y demócratas. Y el indocumentado también…

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com
Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

Mexico: El extravio de Morena

El extravió de MORENA (I)

Por Aldo Fabián Hernández Solís | 26/03/2021 | México

Fuentes: Rebelión

MORENA se planteó fundar una nueva política, hacer de la política un “noble oficio” al servicio de los demás, ese horizonte de trasformación yace cancelado. Las prácticas detestables de la política tradicional, han echado raíces en el partido y se promueven desde las más altas esferas.

Los tiempos de campañas son episodios de luz para apreciar las lacras de la política. El oportunismo, la ambición vulgar, los acuerdos oscuros, las campañas sucias y la lambisconería en busca de un puesto, son el pan de cada día.

El extravió ideológico queda patente en que el actual presidente del partido fue un participe del Pacto por México, egresado del ITAM, oportunista de última hora y si faltaba asistente de la secta NXIVM. ¿Qué tiene este historial que ver con las luchas populares o con una formación política de izquierda? Si hoy está con la 4T es por su ambición vulgar y su oportunismo. Porque su proyecto no es otro que el llegar alto, lo más que se pueda.

MORENA aunque hoy ya nadie lo diga, tenía como principio estar contra la reelección de legisladores y alcaldes, reforma también del “Pacto por México”. Hoy en masa legisladores y alcaldes, buscan su reelección o el siguiente cargo para seguir “sirviendo”. Esta omisión de principios se pasa por alto, para tener contentos y activos a los “destacados” militantes. Una traición a los principios que saldrá cara.

Hoy MORENA se enfrenta a las elecciones intermedias sin presentar un proyecto legislativo ni de gobierno estatal. Se reciclan candidatos de larga trayectoria, pero también de malos resultados, aquellos que tienen como principio vivir de la política y cuya meta es el alto cargo.

Los oportunistas que llegaron de última hora en el 2018 se han empoderado y conocedores de la política vulgar, juegan a ganar. Las campañas siguen siendo asuntos de dinero y de grupo. Muchos de los candidatos son parte de la élite y se asumen como tal. La renovación política que propuso MORENA parece cancelada.

Así, el partido que debería estar dando la batalla de las ideas en este proceso de cambio, que debería impulsar la organización popular y ser canal de las demandas populares, hoy es una agencia de colocación. La mentalidad de muchos se centra en 2024 y no en la trasformación. La continuidad del proyecto puede frustrarse si el partido naufraga como instrumento de lucha del pueblo, para volverse botín de grupos, eso es lo que está sucediendo.

Si han avanzado las malas prácticas, los oportunistas y ambiciosos vulgares, significa que la militancia de base y sus comités han perdido espacio y voz (siempre precaria). Han sido desplazados por una estructura institucional que no les da cabida y por una dirigencia acostumbrada a la negociación y a los acuerdos de altos vuelos, que en nombre de la “militancia” hace todo sin la militancia.

La 4T avanza y da importantes batallas, el liderazgo de AMLO le da coherencia a un proyecto y mantiene cierta unidad política en un amplio bloque, pero la continuidad y alcances del proyecto se juega en el partido.

Mexico: Morena-notas sobre el partido y sus afrentas-

MORENA: notas sobre el partido y sus afrentas

Las medidas adoptadas por el Instituto Nacional Electoral parecen tener el propósito de reducir a sus niveles mínimos las posibilidades de que MORENA repita las mayorías parlamentarias con las cuales emergió vencedor en los comicios de 2018.

Ricardo Orozco

30/03/2021

Opinión

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En la medida en que los comicios más grandes en la historia del México contemporáneo se aproximan, la disputa política entre el Instituto Nacional Electoral, por un lado; y el partido político con representación legislativa mayoritaria en el Congreso General, el Movimiento de Regeneración Nacional, por el otro; se hace cada vez más evidente, subiendo sistemáticamente el tono de la discusión pública. Al respecto, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, insiste en afirmar que el Instituto sólo está cumpliendo con su función en tanto que autoridad ciudadana en materia electoral, de manera autónoma, objetiva, imparcial y en cumplimiento del marco legal y constitucional vigente. Y sin embargo, las medidas adoptadas por dicho Instituto, por lo menos en los últimos días, parecen indicar lo contrario y tener el propósito de reducir a sus niveles mínimos las posibilidades de que MORENA repita las mayorías parlamentarias con las cuales emergió vencedor en los comicios de 2018.

A propósito de ello, sin duda habría que reconocer, por otra parte, que MORENA, en más de una ocasión, se ha colocado a sí mismo en la línea de fuego del Instituto y en posiciones de extrema vulnerabilidad que, a la postre, han desencadenado dinámicas ante las cuales el partido no ha contado con la entereza ética y la madurez política como para resolverlas. El caso más emblemático de este tipo de tropiezos es, por su puesto, el de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Ahí, antes que esperar a que alguna determinación del INE resolviera el destino de la candidatura del abanderado de MORENA, debió de ser el propio partido el que tuviese la iniciativa —basada en una valoración de carácter ético, más que político—, de resolver primero las acusaciones en su contra, por violencia de género, y sólo entonces, después, concretar sus aspiraciones a gobernador.

Al final no ocurrió así y, en última instancia, fue el Instituto presidido por Lorenzo Córdova el que resolvió la improcedencia de su candidatura, junto con la de medio centenar más de aspirantes a diversos cargos de elección popular abanderados por el partido del presidente de México. Ahora bien, para dejar las cosas en claro, habría que decir explícitamente, sin duda, que haber bajado de la contienda a Salgado Macedonio fue, sí o sí, un acierto. Hasta cierto punto, el INE le hizo un favor a dicho partido, toda vez que, en algún sentido, neutralizó el que sería, quizá, su principal peso muerto a cargar durante los siguientes seis años, la principal fuente de discordia entre el partido y la mayor y más disruptiva potencia social con presencia en México y el resto de América: la de las mujeres que se movilizan.

Que la decisión haya sido tomada por el INE y no por el propio partido, no obstante lo anterior, permanecerá por un largo tiempo en la memoria del electorado femenino como un error de indolencia política que seguro no será sencillo olvidar ni sanar.

Sobre el resto de las candidaturas y precandidaturas de MORENA (alrededor de cincuenta), anuladas por el Instituto Nacional Electoral, lo que no habría de perder de vista, más allá de si la normatividad propia del partido político en cuestión no reconoce la figura de las precampañas (en la medida en que sus candidaturas son electas por encuesta, y, en ese sentido, no es necesario que se lleven a cabo procesos internos de precampaña), es que, al haber sido elegidas por el partido a través de dinámicas encaminadas a resaltar sus capacidades de movilización y su popularidad efectiva entre el electorado, en general; y entre la militancia de MORENA, en particular; el INE, de un plumazo, privó a ese instituto político de sus figuras, precisamente, más emblemáticas, más carismáticas, populares y/o reconocidas. Pero no sólo, pues esos perfiles que fueron vetados de participar en los próximos comicios eran, asimismo, los que, en teoría, resultaban ser, en palabras del presidente del partido, Mario Delgado, los más comprometidos y leales con la plataforma electoral propuesta para los siguientes años.

¿En dónde deja parado a MORENA este escenario? Al parecer, luego de haber destinado tantos recursos en la construcción y afianzamiento de sus mejores perfiles, el partido se encuentra en la encrucijada de tener que recurrir a sus mejores segundas opciones. El tema de fondo ahí es que, por lo menos hasta donde se alcanza a observar, resolver este problema no comenzará, transitará y se agotará simplemente con abanderar a los segundos lugares de las encuestas ya realizadas con anterioridad, pues en esos procesos participaron tanto outsiders del partido —queriendo repetir la fórmula que en 2018 llevó a un enorme número de personas no militantes a ocupar cargos de elección popular— como perfiles contrarios a la agenda personalísima de Mario Delgado y de los intereses facciosos que lidera al interior del partido. De ahí que, en el peor de los escenarios, si los recursos de apelación de las candidaturas y precandidaturas inhabilitadas por el INE no proceden, lo que se pueda llegar a observar al interior de MORENA sea una nueva lucha encarnizada por el reparto de posiciones entre las distintas facciones que se disputan el control del partido y de su proyecto de gobierno.

Si se suma este escenario a la problemática que significa, para el proyecto de nación que intenta construir López Obrador, el que el INE colocara candados a la sobrerrepresentación legislativa, lo que se aprecia para MORENA en los meses por venir es que, sin duda, tendrá que remar a contracorriente y desde una posición de debilidad, no de fuerza, en unos comicios en los que, además, se debe disputar el reparto del poder político ante una coalición de partidos que, por lo menos el plano de la aritmética pura, es fuerza suficiente para reducir los márgenes de acción de MORENA en la segunda mitad del sexenio lopezobradorista.

En términos reales, el costo político de llegar a ese contexto sería enorme tanto para el proyecto de gobierno de López Obrador como para el grueso de las bases sociales de las que se nutre éste, y un poco más allá. Y es que, en efecto, si se ponen en perspectiva, por una parte, el principal argumento que emplea el INE para atacar la sobrerrepresentación de MORENA en el Congreso federal; y por la otra, el discurso enarbolado por un amplio sector de las clases medias de la sociedad (que, derivado de la contingencia sanitaria, han visto a sus propias condiciones de clase descender, aproximándose a los estratos más explotados y pauperizados del colectivo nacional), en el fondo ambos son una y la misma cosa: el reclamo abierto de que MORENA necesita contar con contrapesos efectivos en el gobierno. El problema con ambas posiciones viene, sin embargo, cuando se cobra conciencia de que los contrapesos efectivos en la política nacional no son exclusivamente formales, dentro de los causes propiamente institucionales, en términos de representatividad legislativa, sino que son, asimismo, fácticos.

Es decir, para el INE y el núcleo poblacional más férreamente opuesto al proyecto de gobierno de López Obrador (en muchos sentidos distinto del proyecto de la 4T, en tanto que ésta es una configuración ideológica más diversa, heterogénea y conflictiva que las aspiraciones del titular del ejecutivo federal), el verdadero problema de los últimos dos años es que MORENA no tiene contrapesos efectivos, que restrinjan sus márgenes de maniobra. En esa visión de las cosas, por supuesto, está demás señalar la ingenuidad que supone el creer que los contrapesos se dan sólo en las instituciones representativas y no, por decir lo menos, en el marco de desarrollo de la actividad productiva, en donde la creciente concentración de la riqueza, de la producción y de la circulación mercantil por parte de grandes corporaciones privadas (reducidas en número a un par de monopolios nacionales y extranjeros) tiene la capacidad suficiente como para desestabilizar, bloquear y ahogar economías nacionales enteras.

Piénsese, para dimensionar el peso de esta oposición fáctica, tan sólo, en los casos de los gobiernos progresistas de América y las enormes dificultades por las que atravesaron para sobreponerse a un empresariado indolente con las condiciones de vida del grueso de la sociedad en la que amasan sus fortunas. En casos extremos, como los de Bolivia y Venezuela, poco importaron las mayorías legislativas cuando los capitales privados cerraron filas para proteger sus propios intereses. México, en esa línea de ideas, no está exento de ser objeto de tales prácticas.

¿No es precisamente eso lo que señala en cada conferencia matutina López Obrador? ¿No es ese el problema fundamental ante el cual se enfrenta el gobierno federal, respecto del rol político asumido por el empresariado en México? ¿No responde a esa necesaria defensa de sus intereses la enorme cantidad de recursos, de denuncias, de apelaciones, de acusaciones en la prensa que el empresariado nacional y extranjero en el país ha promovido desde el instante en el que la presidencia de Obrador decidió corregir algunas de las dinámicas más perniciosas del mercado nacional y sus tendencias a la concentración de la riqueza? ¿No es esa la oposición que hoy día financia y moviliza a la coalición de las derechas unidas en Va por México?

Hasta ahora, MORENA, es cierto, cuenta con mayorías legislativas suficientes (por sí mismo o negociando alianzas con otros partidos), como para hacer avanzar reformas legales de peso y trascendencia media; necesarias, en todo caso, para permitirse tener mayores márgenes de acción en problemáticas que requieren de consensos mayores, por fuerza incluyentes de sus principales opositores. Y el partido, también es verdad, ha aprovechado esas mayorías y los niveles de legitimidad relativamente amplios de los cuales goza el actual sexenio para mostrarse intransigente en algunas decisiones. Sin embargo, es falso que no cuente con contrapesos u oposiciones efectivas, reales, en su actuar cotidiano. El tema está en que esas oposiciones no avanzan primordialmente en el Congreso, sino que se dan en los circuitos mercantiles, con el gran empresariado nacional y extranjero como sus principales actores.

El costo político para MORENA de llegar a unas elecciones federales nadando a contracorriente y desde una posición de debilidad, enfrentando, además, candados a la sobrerrepresentación que favorezcan el robustecimiento de tres fuerzas políticas conservadoras (desde el centroderecha, en donde se halla el Partido de la Revolución Democrática; hasta la derecha neoliberal, representada por Acción Nacional y la facción dominante del nuevo priísmo), por eso, sería un costo que no quedaría confinado a sus propias estructuras, pues si algo muestran las experiencias de gobiernos progresistas en América cuando tuvieron que plantarle la cara a escenarios similares es que, ante dichas situaciones, la inmovilidad y la inoperatividad suelen erigirse como los rasgos dominantes para el partido en el poder, en la medida en que las restricciones se vuelven tan constrictivas que resulta sumamente difícil poder avanzar en la agenda propia.

En casos extremos, el fortalecimiento forzado de esos supuestos contrapesos formales a los partidos y los gobiernos progresistas dominantes se tradujo en contraofensivas (como en el caso venezolano y, más tardíamente, en el argentino), en procesos de destitución (eufemismo para referir a golpes de Estado que no se quieren reconocer como tales), como sucedió en Brasil y Bolivia o, en última instancia, en dinámicas de restauración militarizada, como también aconteció en Paraguay. En cada uno de estos ejemplos, en los cuales el gobierno de México debería de reconocerse, para no cometer errores similares, se dio una combinación de esos factores: Brasil vivió una contraofensiva del capital, un proceso de destitución y un intento de restauración militarizada. Nada, absolutamente nada en el escenario político mexicano indica que no sea posible llegar a ese plano de la disputa por el poder luego de los comicios de junio próximo, si los resultados para las fuerzas de la oposición no le son benéficos o si, en su defecto, apuntan a agravar aún más su propia crisis (su derrota moral y política, acusó en 2018 López Obrador).

Ricardo Orozco, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, @r_zco

Universidad Nacional Autónoma de México

https://razonypolitica.org

Argentina: " En la segunda ola de COVID-19, es la deuda o la vida "

En la segunda ola de COVID-19, es la deuda o la vida”

El gobierno, que reconoció la deuda macrista de 2018 como legal, trata de conseguir una forma más o menos digerible, de pagarla.

Sergio Ortiz

30/03/2021

Opinión

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Las estadísticas cantan y los sanitaristas coinciden en que el país sufre la segunda ola del COVID-19. En ese marco sería capitulador y/o criminal que Argentina pague la sospechosa deuda externa con dólares que no tiene.

El 26 de marzo dejó una certeza, avalada por la mayoría de los sanitaristas e infectólogos: está la segunda ola del coronavirus. Sólo ese viernes hubo 143 muertos y casi 13.000 contagios, un aumento exponencial respecto a semanas anteriores.

Otra vez la CABA y el conurbano están a la cabeza de esos tétricos registros, con muchas provincias juntas a la par. La mirada se volvió muy preocupada sobre las camas críticas, ocupadas entre el 55 y 58 por ciento. Hay un margen para impedir un colapso de ese renglón decisivo, que marca la diferencia entre la vida y la muerte de muchos pacientes.

La gravedad no podía solucionarse con la vacunación sino atenuarse. Y algo de eso debe haber ocurrido porque ese viernes luctuoso 3.3 millones de argentinxs ya tenían la primera dosis. Aunque les falta la segunda, se puede colegir que sino se hubieran puesto esas vacunas, el saldo habría sido peor.

Como lo informó Alberto Fernández en su segunda cadena nacional, el 18 de marzo, hay demoras y limitaciones para hacerse de las vacunas. El total de lo contratado con laboratorios y organizaciones internacionales como Covax son 65 millones de dosis, pero han arribado 5 millones.

Esa cifra se engrosará con un millón de Sinopharm, de China, que la ministra Carla Vizzotti espera que aterricen en Ezeiza el miércoles 31. Luego llegarían otros dos millones de esa marca.

Las demoras llevaron a una decisión polémica, aunque acertada, de privilegiar la primera dosis en más gente antes que completar con la segunda a un contingente limitado. La medida fue consensuada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) con las provincias y sus ministerios; Clarinete y la escuadra mediática opositora no podrán adjudicarla a una “infectadura” del FdT.

En esa cadena nacional AF puso el dedo en la llaga: el faltante de vacunas es el resultado del acaparamiento de las naciones ricas. Estados Unidos, con una población de 330 millones de habitantes, tiene amarrocadas 1.300 millones de dosis. Otro dato: AstraZeneca tenía ocultas en Italia 29 millones de vacunas para enviarlas a Londres, pasando por encima a la Unión Europea.

Con Donald Trump o Joe Biden, la “mayor democracia del mundo” es el peor ejemplo de inhumanidad. “Es el capitalismo y el imperialismo, estúpido”, deformo y parafraseo a Bill Clinton.

Vacunas y cuidados

La pandemia no tiene visos cercanos de finalizar, pero hay opiniones diversas sobre la segunda ola. Las pesimistas creen que puede ser peor que la primera, por las cepas más contagiosas y agresivas, como la británica o la de Manaos. También por la mencionada desigualdad de distribución global de vacunas, que pone en situación más vulnerable a naciones pobres. Estas pueden realimentar las infecciones en las capitales ricas que se creían a salvo tras su acaparamiento de esos insumos.

Otros sostienen que el Segundo Tiempo (sin copyright a Mauricio Macri) va a ser más aliviado por el avance de la vacunación y la inmunidad de rebaño.

Ese futuro más positivo demorará en llegar, porque tal inmunidad demanda un 70 por ciento de vacunados, meta lejana en el mundo y ni hablar en nuestra nación. Encima se nos vienen los primeros fríos, cuando no habitamos ambientes ventilados. El bicho se frota las antenas y quiere hacerse un banquete que le dispute el ranking de lutos a Brasil.

Es de sentido común acelerar y ampliar la campaña de vacunación. Se dijo que con las vacunas no valen las fronteras ideológicas, algo parcialmente cierto. En el fondo no lo es, porque son mercancías fabricadas por empresas cuyos capitales persiguen el lucro. Y están en países de distintos sistemas sociales y políticos, con leyes y procederes diferentes.

Hay que comprar todas las vacunas que se consigan, pero se puede confiar en que Moscú y Beijing -una capital de un país que fue socialista y otra de uno que sigue siéndolo - cumplirán sus compromisos sanitarios, económicos y políticos con Argentina. En cambio hay que desconfiar de Pfizer, estadounidense, que “ya se portó muy mal con nosotros”, según el exministro Ginés González García. Y no lo hizo sólo acá sino también en Perú y Brasil, al reclamar a los estados contrapartes que le garantizaran su impunidad ante posibles negligencias, con leyes específicas, bienes del Estado, reservas de sus bancos centrales y recursos naturales.

¿Qué bancada de diputados en el Congreso reclamó al gobierno de los Fernández que privilegiara los convenios con Pfizer? Acertó. Los macristas del PRO y sus aliados de Juntos por el Cambio.

Además de poner el hombro a las vacunas, los argentinos debemos extremar los cuidados, cosa que no se hace. Hay muchísimos malos ejemplos. Si se confirma la segunda ola, el gobierno nacional y los provinciales deberían resolver un Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como en marzo de 2020, que duró dos meses con rigurosidad.

No es una medida stalinista, aunque fue bien empleada por China, el país que mejor luchó y venció al coronavirus. Gobiernos capitalistas de Francia, Alemania y el Reino Unido se vieron obligados a confinar a las poblaciones de sus capitales y varias provincias, ante tantos contagios y muertes.

Algo similar habrá que hacer aquí, aunque no lo quiera el oficialismo y mucho menos la oposición. Sin demagogia y con ideología, se llegó a un punto crítico donde la cuarentena de la Formosa de Gildo Insfrán es mejor ejemplo que el “Viva la Pepa” de la CABA del “Guasón” Rodríguez Larreta.

Rol del Estado

Volver al aislamiento, con variantes de plazos y zonas, es una necesidad que puede urgir a las autoridades en el corto plazo. La idea de un toque de queda nocturno de 23 horas a 6 de la mañana, que dejaron trascender desde Salud, es una sábana corta que no cubrirá la desnudez sanitaria. Las aspirinas no solucionan un cáncer y aquel toquecito contra el tránsito de noche se parece a un Geniol. No es una idea genial.

El Estado deberá tener autoridad para decisiones importantes, comprendidas y aceptadas por la población, e implementadas aunque un sector social se oponga, con la cabeza llena de rulos hechos por la runfla de Magnetto.

Otras fases de aislamiento volverían a enfriar la economía, que no está nada caliente, aunque desde Página/12 y C5N pinten una recuperación espléndida, en coincidencia con Miguel Acevedo, titular de la UIA y directivo de Aceitera General Deheza. Es uno de los exportadores, subfacturadores, no liquidadores de dólares y responsable de aumentos de precios de alimentos.

La pandemia y su oleaje han dejado en cueros al presidente Fernández, su vice CFK, el ministro Guzmán y los legisladores oficialistas y opositores que votaron el Presupuesto 2021. Este no contempló ningún Ingreso Familiar de Emergencia que al menos en 2020 se pagó tres veces a 9 millones de personas. Esta ley tiene cero IFE para 2021 cuando el COVID-19 nos está llenando otra vez los hospitales y cementerios.

Ese pago no fue incluido para que el dibujo de Presupuesto diera menos déficit fiscal, ante los ojos del establishment, la UIA y sobre todo del FMI, durante la renegociación de la deuda (ahora se le dio largas al asunto, ¿para después de las elecciones de octubre?).

¿Tanto miedo le tiene el gobierno al látigo del Fondo? Debería tener en cuenta a EE UU, que en tiempos de Trump votó una ayuda estatal para la pandemia de 1.9 billón de dólares, luego aumentado en 900.000 millones, tras la victoria de Biden. Para este año la administración demócrata aprobó un paquete similar de 1.9 billón de dólares, al margen de lo que opine el Buró de Kristalina Georgieva.

¿Por qué Argentina no puede disponer una ayuda estatal, más modesta que la del Capitolio, para amortiguar el parate económico? Claro que puede, con una condición: no seguir los consejos “made in USA”, repetidos por las clases dominantes, sus mafias mediáticas y judiciales, y la oposición colonizada y amarillenta.

El 24 de marzo pasado la vicepresidenta dijo en Las Flores “que no podemos pagar la deuda porque no tenemos plata”. En 2021 este gobierno pagará 4.000 millones de dólares al FMI y al Club de París. Eso podría amenguarse con los nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG) que dispondría el Fondo para diversos países, por la crisis. De ellos 4.300 millones serían para Argentina. Aún sin estos dólares, aquella suma podría pagarse, pero con tremendos sacrificios de la población.

El gobierno, que reconoció la deuda macrista de 2018 como legal, trata de conseguir una forma más o menos digerible, de pagarla. Un periodista afín a Cristina, como Horacio Verbitsky, escribió ayer que con los DEG “sería posible cumplir con todos los pagos de este año, pero no los de 2022 y 2023 que llegan a la astronómica suma de 37.000 millones de dólares”.

Como el 24 de marzo fue el día de los Derechos Humanos, además de marchar presté oídos a las palabras de Hebe de Bonafini y Norita Cortiñas. Por separado, cuestionaron la deuda y los acuerdos con el FMI. Las dos Madres, de extraordinarios y diversos pañuelos blancos, fueron unánimes. Las traduzco: en la segunda ola de COVID-19, es “la deuda o la vida”.

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twitter: @Sergioortizpl

https://www.alainet.org/es/articulo/211608

Mexico: Corrupcion y delitos de cuello blanco

Zebadúa deberá acudir como testigo del caso Robles

César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2021, p. 7

El juez de control del centro de justicia penal con sede en el Reclusorio Sur, Alejandro Ganther Villar, aprobó que Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), comparezca como testigo en el proceso que enfrenta su ex jefa Rosario Robles Berlanga.

Como lo adelantó La Jornada el domingo anterior, el ex funcionario fue requerido para responder a las preguntas que haga el Ministerio Público Federal para corroborar sus dichos en los que imputa a la ex funcionaria haber cometido desvíos de recursos en las dependencia que dirigió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como a las que formule la defensa, pues busca demostrar que fue él quien organizó y dirigió la llamada estafa maestra, y por la cual se acusa a Robles de cometer ejercicio indebido del servicio público.

Al término de una audiencia que se extendió (por dos recesos, uno de viernes para sábado y otro de ese día al domingo), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el impartidor de justicia citó para dictar auto de apertura al juicio oral de la ex secretaria de Estado; sin embargo, hay un amparo que primero deberá resolverse de fondo, ya que la defensa impugnó el auto de vinculación a proceso por considerar que el delito que se imputa a su cliente ya se encuentra derogado.

Sobre lo sucedido en la audiencia, el abogado Epigmenio Mendieta informó: Logramos la inclusión de Emilio Zebadúa. Para nosotros se convierte en un testigo muy importante, pues consideramos que radica en él la responsabilidad de la firma de los convenios y, en su caso, si había alguna irregularidad previa a la firma él tendría que haberla comunicado a Rosario Robles. Esa información no existe. La revisión que se hace de la cuenta pública se realiza dos años después de que se ejerció el presupuesto.

El litigante agregó que es necesaria su declaración porque en él radicó la estrategia para la construcción de todo lo que tenía que ver con las firmas de los convenios con las distintas universidades. De ahí en fuera, todos los documentos que ofrecimos nos fueron admitidos y estaré al pendiente del auto de apertura a juicio oral que no se puede, por una suspensión que tenemos; sin embargo, el juez preguntará mediante un oficio al juez federal si está en condiciones de dictar el auto o hasta que se resuelvan los amparos y la revisión correspondiente estaría en condiciones de dictar la apertura.

Aseguró que el juez de control aceptó 38 datos de prueba y 12 testimonios para la siguiente etapa del juicio, pero no se autorizó la comparecencia del actual auditor superior de la Federación, David Colmenares, para explicar el estado procesal del caso, como tampoco se aprobó como testigo al ex subsecretario de Sedesol, Javier Guerrero.

Sí deberán comparecer quienes ocuparon el cargo de oficial mayor en Sedesol durante las gestiones de José Antonio Meade (28 de agosto de 2015 a septiembre de 2016) y Luis Miranda Nava (de septiembre de 2016 a enero de 2018).

En cuanto a la petición de reparar el daño, quedará como la hizo el Ministerio Público Federal y, en caso de sentencia, el juez de control decidirá si resulta procedente. La FGR exige el pago de más de 5 mil 500 millones de pesos.

S iguiente

Mexico: Protestas por el asesinato de mujer salvadoreña y feminicidios

Protestas en Quintana Roo y la Ciudad de México por la muerte de Victoria Salazar

▲ Ciudadanas de Tulum, Quintana Roo, marcharon ayer de la avenida Satélite a la explanada del palacio municipal en repudio a los feminicidios cometidos en la entidad, entre ellos el de Victoria Esperanza Salazar, a manos de policías estatales.Foto Rosario Ruiz / La Jornada Maya

P. Vázquez y R. Ruiz

Corresponsal y La Jornada Maya

Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2021, p. 22

Cancún, QR., Integrantes de colectivos feministas, mujeres y otros ciudadanos salieron ayer a las calles de Tulum, Chetumal, Holbox y Cancún para protestar por la brutalidad policiaca que el sábado cobró la vida de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, y por los recientes feminicidios en la entidad.

En Tulum, unas 300 mujeres demandaron justicia por el asesinato de Victoria, de 36 años de edad y madre de dos niñas, quien tenía residencia permanente en México y decidió vivir en esa ciudad, donde cuatro oficiales de la Policía Quintana Roo la detuvieron y murió luego de ser sometida.

El Colectivo Feminista Tulum reclamó justicia para la víctima, pero también frenar la violencia policial.

La manifestación se inició a las 18 horas en el cruce de las avenidas Satélite y Tulum, se dirigió a la explanada del palacio municipal, donde las participantes pintaron consignas en contra del alcalde perredista Víctor Mas Tah.

A su paso, las activistas gritaron: ¡Policía feminicida!, ¡no murió, la mataron! y ¡Victoria, escucha, esta es tu lucha! A la marcha pacífica se unieron algunos hombres y fue custodiada por personal de Protección Civil municipal y de Derechos Humanos del estado.

En tanto, al menos 200 mujeres vestidas de negro con vivos morados se concentraron alrededor de las 17 horas en Cancún, exigieron al gobernador panista, Carlos Joaquín González, que deje de ser tibio y sea contundente en investigar y castigar a los responsables de los cuatro feminicidios que se han cometido este año y los 15 perpetrados en 2020.

Las participantes, pancartas en mano, gritaron consignas, cantaron y demandaron justicia.

Durante la movilización escribieron en las paredes y la puerta del palacio municipal (la cual fue protegida con madera) los nombres de las víctimas de feminicidio y las mujeres desaparecidas; además, demandaron al mandatario que no se olvide de ellas.

También pintaron de rojo las manos de la estatua de Benito Juárez y colocaron ofrendas florales.

En Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, también se manifestaron por el asesinato de Karla, taxista que el sábado apareció flotando en el agua con huellas de tortura y el cuerpo cercenado.

En las calles de Chetumal, capital del estado, un grupo de 50 mujeres del Colectivo Marea Verde demandó justicia para Victoria y todas las víctimas de feminicidio.

Por la tarde, frente a la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, colectivos feministas realizaron una protesta por el asesinato de la mujer salvadoreña. Horas antes, elementos de seguridad capitalinos resguardaron el inmueble con vallas.

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